No pocas veces este medio ha sostenido que en las Fuerzas Armadas y de Orden, la corrupción es general. Y sistemática, cabe agregar, luego del informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos y operaciones de las mutuales vinculadas de las FF.AA y Carabineros, así como eventuales irregularidades u omisiones en su fiscalización.
Por 108 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó el Informe de la Comisión que investigó la operación de mutuales vinculadas a las FFAA y de Orden y Seguridad Pública y que constató la existencia de serias irregularidades; falta de transparencia y de fiscalización del funcionamiento de estas entidades; y conflictos de interés.
El texto constata prácticas irregulares y de conflicto de interés que involucran a los altos mandos de las FFAA y de Carabineros en torno a estas organizaciones.
El texto, rendido ante la Corporación por el diputado Leonardo Soto (PS), quien presidió la comisión, que sesionó entre los meses de junio y noviembre de 2018, deja constancia de las numerosas dificultades para obtener información completa y fidedigna, e incluso consigna la negativa de los comandantes en jefe de las FFAA y del General Director de Carabineros de entregar determinados antecedentes.
Sobresueldos
La Comisión constató que, durante muchas décadas, se desarrolló una práctica administrativa en las mutualidades de las FFAA y de Carabineros en orden a retribuir económicamente la participación de altos mandos en los Consejos Directivos mediante el pago de dietas, asignaciones o excedentes de las utilidades de la institución.
En otras palabras, sobresueldos.
El monto de esos lucros, emolumentos y estipendios fue, precisamente, uno de los antecedentes negados a la comisión, por los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
El informe plantea seguir la línea establecida por la Contraloría, en orden a que los representantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros que formen parte de los directorios de sus respectivas mutualidades u otras corporaciones relacionadas, no reciban una remuneración, estipendio, dieta o participación, en atención a que realizan dicha actividad por el solo hecho de desempeñar un cargo público.
«El cargo que ejercen conlleva dicha obligación adicional», acotó.
Un verde río revuelto
También concluyó que en la administración de la Dirección de Bienestar de Carabineros y de la Mutualidad de Carabineros existe un amplio campo de regulación difusa y de abundantes vacíos legislativos y de control, que han permitido durante años el desarrollo de diversos tipos de prácticas administrativas irregulares.
«Dichas irregularidades, detectadas por la Contraloría General de la República y ratificadas por las autoridades de Carabineros que asistieron a las sesiones de la Comisión, se traducen en que la División de Bienestar de Carabineros (Dibicar) no ha tenido ni tiene aún registros contables completos, fidedignos y confiables donde se contenga, por ejemplo, el detalle de la deuda millonaria que mantiene con la Mutualidad de Carabineros (Mutucar)», establece el texto.
Agrega que los excedentes totales, entre los años 2005 y 2016, ascenderían a $23 mil millones y fracción; sin embargo, esos recursos nunca ingresaron a la Dibicar y no hay registro de que hayan ingresado, ni contable ni extracontablemente.
¡Increíble!, pero cierto.
Solo se logró acreditar, unos $16 mil millones, de compensación, por deudas de la Dirección de Bienestar con la Mutualidad.
Por otra parte, la contabilidad, los estados financieros y la información que da cuenta del patrimonio de inmuebles con los que cuenta cada institución, Dibicar y Mutucar, adolece de altos niveles de imprecisiones y numerosas inconsistencias y contradicciones.
De acuerdo a los estados financieros, la avaluación de los bienes raíces de la Dibicar ascenderían a $57 mil millones, pero según el avalúo fiscal, ascendía a $124 mil millones.
Evidentemente, en uno y otro caso, alguien se quedó con la diferencia.
Asimismo, aparecen transacciones comerciales entre Mutucar y Dibicar que presentan características inusuales y generan dudas sobre el cumplimiento del principio de probidad administrativa, y el resguardo del interés general de la institución.
El informe asigna responsabilidad directa a los generales que estuvieron a cargo de la Dirección de Bienestar entre los años 2005 y 2016.
Descuentos indebidos
La Comisión investigadora también detectó irregularidades que afectan a trabajadores civiles del Hospital Militar de Santiago y de la Central Odontológica del Ejército, que son obligados a afiliarse a la mutualidad del Ejército y de la Fuerza Aérea y financiar un seguro de vida, sin tener derecho a ningún beneficio.
Sobre el punto, estima necesario que la Contraloría analice en detalle la situación, a la luz de la normativa aplicable; emita un dictamen que defina con claridad si dichos funcionarios pueden ser obligados a afiliarse a la mutualidad y tolerar descuentos de sus remuneraciones sin acceder a beneficios, y disponga la devolución de los dineros descontados indebidamente.
El Fondo al fondo
Respecto del denominado Fondo de Ayuda Mutual (FAM) de la IV División del Ejército, en Aysén, la comisión investigadora constató que se trata de una iniciativa privada; que no había fondos fiscales concernidos, y que no obedece a la figura de mutualidad ni de sistema de bienestar alguno.
El cierre del fondo obedeció a la existencia de un déficit irremontable, lo cual se saldó con importantes pérdidas de más de cien funcionarios que lo integraban.
Pero eso no es todo.
Rescate con fondos públicos
La Comisión determinó que, en forma compensatoria para los afectados, se les encomendaron tareas por la vía de honorarios, comisiones de servicios y viáticos, por trabajos que no pudieron acreditarse.
«La finalidad consistió en permitirles recuperar el dinero perdido como ahorrantes en el fondo de ayuda mutual», concluyó el informe.
La Comisión adjudica responsabilidad directa al comandante en jefe del Ejército de la época, general Oscar Izurieta, quien tenía el deber de realizar el control jerárquico de todo el personal de tal manera que se respete estrictamente la legalidad vigente y el principio de probidad administrativa.
Asimismo, consideró vulneratorio de ese deber básico constatar, en un oficio de diciembre de 2016, que el general indujo a sus subalternos a buscar una solución con fondos públicos de los problemas privados del personal uniformado afectado por la FAM.
Propuestas
Entre las propuestas planteadas, el informe de la comisión considera:
– Evaluar la mantención o eliminación del sistema de seguro colectivo obligatorio para todo el personal de las FFAA y de Orden y Seguridad;
– Fortalecer la regulación, con mayores niveles de participación, transparencia, control y rendición de cuentas de las mutualidades de las fuerzas armadas y de orden y seguridad;
– Analizar la situación de adscripción obligatoria de los trabajadores civiles del Hospital Militar y Centro Odontológico del Ejército al sistema de mutualidades, y
– Generar un sistema de fiscalización de mayor rigor, del funcionamiento de estas entidades.
