Tras nueve años de investigación el juez Manuel Antonio Valderrama decidió cerrar el llamado «caso Riggs» sin procesar a ningún miembro de la familia Pinochet. La abogada dela parte querellante, Carmen Hertz, lo consideró como «un escándalo», y sostuvo que al ministro Valderrama y al Consejo de Defensa del Estado, «les faltó coraje» en la defensa de los derechos de todos los chilenos. «Nunca vamos a saber cuál fue el verdadero enriquecimiento ilícito de Pinochet y el destino de estas platas», remachó. Una nueva prueba de que en esta república neoliberal, el crímen sí paga.
El magistrado acumuló 388 tomos en la investigación para determinar el origen de la fortuna del dictador, que se apronta a su cierre. No obstante, el Consejo de Defensa del Estado y los abogados defensores tienen 15 días para pedir la reapertura de la causa y nuevas diligencias.
Una vez que esté ejecutoriado el cierre el juez dictará la acusación, luego la causa pasará al plenario y se dictará sentencia.
En definitiva fueron encausados por este caso sólo los militares en retiro, que arriesgan penas que van de cinco a 10 años de cárcel.
Se trata de los generales (r) Ramón Castro y Jorge Ballerino, quienes abrieron la primera cuenta de Pinochet en el banco Riggs, bajo el nombre de «John Long»; el general (r) Sergio Moreno Saravia, procesado por malversación de caudales y estafa, tras haberle traspasado a Pinochet 23.721 dólares correspondientes a gastos reservados desde la cuenta que mantenía en el Banco Riggs; y los coroneles en retiro Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan MacLean, quienes en calidad de secretarios privados cumplieron distintas funciones, como transferir dinero, abrir cuentas y cobrar cheques con el fin de ocultar los dineros malhabidos.
Pinochet fue sobreseído de esta causa tras su muerte y que el 20 de noviembre de 2007 la Corte Suprema revocó 15 de los 23 procesamientos dictados por el ministro Carlos Cerda por malversación.
Esta decisión benefició a la viuda Lucía Hiriart y a los hijos Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline, además de su albacea Óscar Aitken y el contador José Sobarzo. Luego fue revocado también el encausamiento del coronel en retiro Gustavo Collao.
A lo largo de la investigación se dictaron procesamientos por evasión tributaria y uso de pasaporte falso a familiares del dictador, que también fueron revocados.
Una auditoría contable realizada por el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile calculó la fortuna de Pinochet en 21 millones 320 mil 110 dólares, de los cuales 17 millones 866 mil dólares no estaban justificados o se desconocía su origen.
La abogada Carmen Hertz, una de las querellantes del llamado caso Riggs, referido a las cuentas secretas de Augusto Pinochet, consideró como «un escándalo» la decisión del ministro en visita Manuel Valderrama de cerrar la investigación sin procesar a ningún miembro de la familia del dictador.
«A lo largo de todos estos años de investigación, comenzando con el informe que entrega el subcomité de investigaciones del Senado (de Estados Unidos), que son dos -uno general y otro centrado en Augusto Pinochet- queda en evidencia que Pinochet se enriqueció ilícitamente a lo largo de los 17 años en que fue dictador en este país y con posterioridad, porque lo siguió haciendo durante toda la década de los 90», dijo Hertz a Cooperativa.
Pinochet «armó toda una trama de operaciones, que significa cuentas secretas a nombre de alias (‘Daniel López’ o ‘John Long’) en diversos bancos repartidos a lo largo del mundo, particularmente el Banco Riggs, el Banco Espirito Santo, el Citybank, el propio Banco de Chile, el Bank of America, entre otros; (también) crea una trama de sociedades espejo en paraísos fiscales, como en Islas Vírgenes, en Bahamas y en Islas Caimanes».
Bajo este esquema «hubo desvío de millones de fondos reservados del Ejército y de la Presidencia de la República a cuentas secretas que se pusieron o a nombre de Pinochet o a nombre de sus secretarios privados, que también usaban chapas»
Todo esto está acreditado a lo largo de la investigación de estos años, especialmente hasta el año 2008, cuando asume el ministro Valderrama», explicó la jurista, que se mostró crítica ante la gestión del magistrado.
«Aquí hay una causa que tiene más de 330 tomos, en la cual no se están investigando bolitas de dulce, sino hechos graves que no se siguieron investigando, como saber los montos que Pinochet recibió de las coimas por las transferencias de armas que realizó Famae, porque eso no se atrevió a tocarlo nadie más», advirtió la magistrada.
«En la arista de coimas por transferencia de armas se encuentran acreditadas irregularidades que no siguieron siendo investigadas, porque para investigar esa trama hay que tener mucho coraje y mucha independencia, que sí la tenía el ministro Carlos Cerda» y le faltó a Valderrama, opinó Carmen Hertz.
La abogada recordó que «Carlos Cerda procesó a todos los hijos de Pinochet y a su viuda, y los procesó porque estaba acreditado en la causa que había transferencias de plata, dineros que sacaron de las cuentas secretas, y estos procesamientos fueron dejados sin efecto por razones formales, nunca por razones de fondo».
«La familia, el clan Pinochet cometió muchos ilícitos», agregó la jurista, que consideró «un escándalo» que esto «no sea sancionado», porque «fuimos esquilmados por Pinochet y por su clan –porque la plata del Fisco sale de todos nosotros-» y «todo Chile sabe que está en los bolsillos de su parentela».
Hertz también criticó al Consejo de Defensa del Estado, «organismo que por ley tiene que velar por el patrimonio fiscal, y que en los últimos años no ha hecho nada» por este caso.
Dijo que ni siquiera tiene «certeza» de que el CDE vaya a apelar a la decisión de Valderrama, «dada la nula actividad de los últimos años, particularmente desde el año 2010».
«¿Para qué nos vamos a engañar? En un país en que los poderes fácticos siguen actuando y actuaron a tope durante los 90 y durante la década del 2000 por cierto que nunca vamos a saber cuál fue el verdadero enriquecimiento ilícito de Pinochet y el destino de estas platas», lamentó la querellante.