A esta altura del partido, no queda ninguna duda de que estamos pasando por una crisis política mayúscula. La Fiscalía Nacional, producto de la investigación por fraude al fisco, ha roto -mediante costos asociados a la causa- los cerrojos de la “caja de pandora” en la que se resguardaron las bases fundacionales de la doctrina constitucional que nos rige. Cajita que durante 40 años fue celosamente custodiada, primero marcialmente y luego por los gendarmes de la herencia política, social y económica de la dictadura, aquellos que terminaron por “moldearse” a la forma de hacer y entender la política, en el marco estructural de la constitución del ‘80.
La transición pactada y “cocinada” a espaldas de una ciudadanía cuya lucha heroica y multifacética fue protagonista determinante en la caída de la dictadura, más el no cumplimiento del programa que dio el triunfo a la opción NO, consignó la fragilidad de los cimientos donde se esbozó el retorno a la democracia, sumado a la obsecuencia con que se legitimó lo que se suponía acababa de morir.
Este síndrome se manifiesta en la falta de voluntad y coraje político para develar el secreto impúdico que significó el saqueo al Estado de Chile, privatizando y entregando la gran mayoría de las empresas públicas, propiedad de todos los chilenos, a manos de conspicuos esbirros del pinochetismo en las postrimerías de la dictadura.
Pero también se manifiesta en la desnacionalización y enajenación de los recursos naturales; en la mantención del tribunal constitucional, supra poder que violenta la soberanía popular y mutila la democracia tal cual la concebimos la mayoría de los mortales; en la política de los acuerdos y de los consensos, relación incestuosa que beneficia al establishment y mantiene incólume el statu quo, morigerada de vez en cuando con tibias reformas cosméticas que no afectan la esencia de un modelo que no garantiza derechos; en la Educación y la Salud concebidas como negocios que definen de forma estructural al país como un gran supermercado, con lógica y argumentación neoliberal en el que todo se compra, todo se vende y transa en el mercado de capitales.
Nos hemos convertido en un país donde nos fuerzan a que veamos con naturalidad que exista acumulación y concentración de la riqueza en manos de unos pocos, que es la esencia intrínseca de un sistema económico perverso y cruel, como dijo el Papa Francisco.
Un país donde la inequidad, segregación y discriminación de las mayorías nacionales; la vigencia del Decreto- Ley de Amnistía por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado; el actual Código Laboral, traje hecho a la medida de los empresarios que atomiza y divide la organización sindical e impone supremacía mesiánica al capital; las pensiones indignas que reciben quienes han aportado toda su vida laboral al desarrollo y crecimiento del país, entre otras muchas cosas más, son todas herencias directas de la dictadura y de sus leyes de amarre.
Y mientras muchos nos desgastamos luchando por décadas para terminar con estas calamidades para nuestra sociedad, otros muchos se valieron del sistema binominal y el control mediático para forzarnos a creer que teníamos que avanzar hacia una mayor justicia “en la medida de lo posible”, pues “el país no estaba preparado” para grandes cambios y “se debía resguardar la democracia” manteniendo lo que para todo el mundo es impopular y extremadamente dañino.
Y hoy nos encontramos con que ese velo se ha corrido totalmente, dejando ver que, aunque teniendo todas las herramientas y habiendo creado todas las leyes posibles para forzarnos a vivir en una de las sociedades más desiguales del mundo, los defensores de esta “democracia pactada” igual metieron las manos e incurrieron en diversas irregularidades e ilegalidades, incluso en delitos tan graves y nefastos como defraudar al Fisco. Una canallada que verdaderamente indigna.
Quiero dejar claro que no caben aquí las componendas, ni nada que impida a la justicia investigar y condenar a quienes resulten responsables de los delitos que se investigan, pero también con mucha fuerza quiero decir que eso es solo una parte del problema: para ser más exacto, es la consecuencia de un problema mayor que lo estimula, lo avala y lo naturaliza.
Superar definitivamente la crisis política implica resolver de forma estructural la convivencia social y política de los chilenos, avanzar decididamente en la implementación y profundización de las reformas estructurales enmarcadas en el programa de la Nueva Mayoría.
Necesitamos internalizar y dotar a nuestras instituciones con democracia participativa y vinculante, con iniciativa popular de ley, con revocación de mandato para las autoridades electas que incurran en irregularidades, con plebiscitos comunales, regionales y nacionales, con descentralización real y efectiva, con elección directa de Intendentes, etc.
Para los efectos de avizorar el nuevo Chile, debemos generar voluntades mayoritarias y activas, dejando de lado los intereses particulares y poniendo en el centro los intereses colectivos de todas y todos quienes anhelamos una sociedad justa, igualitaria y democrática. El camino, la ciudadanía lo pide a gritos: la elaboración de una nueva Constitución Política, cuya vía de concepción sea una Asamblea Constituyente que sea representativa del más amplio espectro de nuestra sociedad.
Queda por preguntarse, ¿es tan sólo un tema que afecta al Estado y la administración pública centralizada? No, las municipalidades, los gobiernos y administraciones regionales, deben ser también observados. Pero eso da para otra columna de opinión.
(*) Jefe de la División de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
Fuente: Radio Cooperativa
