Las Facturas Secretas Pagadas con la Ley Reservada del Cobre

Trece facturas por más de $ 2.000 millones fueron emitidas a la Dirección de Inteligencia de la Defensa (DID) por parte de la empresa Powerti y hoy están siendo indagadas por la justicia en el marco del caso Factoring, que denunciado ya en el mes de enero, constituye en la prpáctica otra arista de los millonarios fraudes con la Ley Reservada del Cobre.

Los documentos aparecieron en la contabilidad de la empresa Powerti, la misma que es indagada por el millonario fraude al Ejército a través del factoring de varios bancos que suma $ 8.000 millones. Se trata de 13 facturas por más de $ 2.000 millones.

La PDI encontró que tres de ellas están archivadas en la carpeta de “ventas” con sus originales y copias y no, como corresponde, en manos de su cliente: el Estado Mayor Conjunto. Quien aparece recibiéndolas es Luis Miller, un ex asesor de la unidad de “Ciberdefensa”, quien a su vez conoce a los dos cerebros del fraude al Comando de Bienestar de la institución, Mauricio Lazcano y al dueño de Powerti, Eduardo Olmedo.

Los papeles cuestionados pertenecen a la misma firma que es investigada por la Fiscalía Centro Norte, en el marco del millonario fraude tanto al Ejército como a bancos de la plaza a través de la figura del factoring con documentos tributarios del Comando de Bienestar del cuerpo castrense, que involucra hasta ahora más de 8.000 millones.

De acuerdo a los datos obtenidos por The Clinic Online, las 13 facturas llegaron a la DID, dependiente del Estado Mayor Conjunto, entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012 por la cifra señalada.

Fuentes que conocen del caso, explicaron que el receptor de las facturas fue el ex coronel del Ejército Luis Miller. Se trata de un experto en informática que se retiró de la institución en 2008. En calidad de ingeniero en la materia fue recontratado como asesor en la Unidad de Ciberdefensa en el DID.

Lo coincidente, dijeron en el ministerio del ramo, es que dejó de trabajar en dicho lugar en enero de este año, precisamente cuando estalló el escándalo del factoring, donde está involucrado y formalizado por el fiscal Centro Norte José Morales, el ex comandante del Comando de Bienestar Maurico Lazcano.

Curiosamente, los protagonistas de esta historia, se conocen. Miller trabajó con Lazcano en la Academia de Guerra. En tanto el dueño de Powerti Eduardo Olmedo, también un ex oficial, conoce hace más de treinta años a Miller. Este último confirmó los vínculos.

Hay que recordar que el caso factoring se descubrió gracias a la autodenuncia hecha por el propio Lazcano como una manera de establecer la atenuante calificada que le permita obtener una rebaja de condena ante la eventualidad de un juicio.

Duplicados extraños

Consultado por este diario, el ex coronel Miller aseguró haber declarado ante los detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec). En la oportunidad reconoció que fue inquirido por qué Powerti mantenía en su contabilidad los originales y copias de al menos tres facturas, emitidas al EMC, en las cuales constaban sus datos como receptor y que en total sumarían más de 500 millones.

Sobre estas últimas, Miller negó que fuera su letra la que estaba estampada en los documentos. También se manifestó abierto a realizar una pericia caligráfica para probarlo. De ahí que ante los detectives indicó que nunca recibió plata de Powerti.

“La verdad sé que la persona que usted me habla está metida en el tema (Olmedo) y por eso me llamaron a declarar. No me he visto nunca involucrado en este tipo de temas”, indicó a The Clinic Online.

Reconoció ante la PDI que dentro de las funciones que desarrollaba en el DID, debía preparar las bases de licitación, evaluarlas y posteriormente exponía ante el comité de adquisiciones que tenía la última palabra.

En el caso factoring que afectó al Comando de Bienestar, Lazcano también preparaba las bases de licitación para que Powerti ganara el concurso con miras a crear softwares y así mejorar los sistemas administrativos. Lazcano lo hizo en dos oportunidades por más de $ 100 millones a través de una empresa familiar.

Esta última información consta en la reciente querella presentada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y publicada por The Clinic Online, donde el organismo reconoce esta operatoria.

El libelo dirigido en contra de Lazcano por los delitos de cohecho agravado, negociación incompatible y falsedad militar insiste en que el arreglo de las licitaciones se trata de corrupción.

La acción -además- está dirigida en contra del dueño de Powerti, Eduardo Olmedo y la gerenta de la firma Claudia Marín por el ilícito de soborno, ya que Lazcano recibió dinero de la empresa en momentos en que era funcionario público.

Contratos secretos

Olmedo, al ser inquirido por este diario, verificó su comparecencia ante la PDI, aunque declinó emitir comentario sobre su testimonio. Sin embargo, fuentes que conocen del hecho, aseguran que también fue consultado por la policía civil respecto a las facturas giradas a la DID y recibidas por Miller.

La versión es confirmada por el abogado Patricio Polanco, quien comparte el patrocinio en el caso con su colega Isidro Solís.

“Efectivamente la empresa Powerti prestó en el pasado algunos servicios, en general informáticos. Hubo licitación, se firmaron contratos, se pagó, punto”, indicó.

El abogado explicó que “entre el año 2011 y 2012, había un contrato propuesto y no puedo entrar en mucho detalle porque son temas de seguridad informática del Ejército que no son de público conocimiento y de hecho hay contratos de confidencialidad. Y se venía un siguiente contrato que implicaba la compra de determinados softwares por parte de la empresa, motivo por el cual rápidamente, cuando se estaba en el proceso de perfeccionar los contratos con el Ejército se factura, esperando que se validaran estos contratos cuestión que finalmente no ocurrió”.

Aseveró que las facturas respecto de las cuales sospecha la PDI, “nunca debieron llevar las letras del ex coronel Luis Miller”.

“Son facturas que las llenaba la empresa Powerti, para que cuando se perfeccionara el contrato y fueran recibidas previa aceptación por el Estado Mayor Conjunto, cuestión que jamás ocurrió, quedaron ahí en la carpeta de ventas. Ésas solamente. Las facturas no tienen vía jurídica si no son aceptadas por el deudor”, insistió Polanco.

Sin embargo reconoció no tener tener claridad de si algunas de las facturas emitidas al EMC “pudieron ser factorizadas”. Es decir, pasadas a una entidad financiera que les entregó dinero en efectivo -previo descuento de un porcentaje- permitiéndoles tener plata fresca para seguir funcionando. En otras palabras una “bicicleta” financiera.

Se trata de la misma fórmula usada por Powerti con los documentos tributarios girados por el Comando de Bienestar del Ejército con los que se estafó a la institución y a los bancos. Estos últimos, vale recordar, se querellaron por estos hechos. Son los bancos Internacional, del Estado, de Chile, entre otros.

También existe una demanda civil del BCI -que también fue afectado- en contra del Ejército por más de $ 1.890 millones. La acción legal busca que la institución cancele ese dinero, aún cuando el deudor es Powerti que se quedó con la plata a través de hechos delictuales indagados por la fiscalía.

En todo caso, Polanco descartó anomalías y que desde el punto de vista de la investigación que lleva el fiscal José Morales las operaciones financieras “no están cuestionadas”.

“Nosotros hemos aportado todo. Las autorizaciones bancarias, las cuentas corrientes no solo de Powerti, sino de todas las empresas relacionadas. Ahí está la información. Pero respecto a los contratos (con el EMC) no necesariamente están disponibles”, concluyó.

Más lucas

En la misma Fiscalía Centro Norte se tramitan otras dos investigaciones por delitos cometidos tanto por personal del Ejército y proveedores civiles de la institución.

La primera de ellas es un fraude a la Dirección de Finanzas por más de 300 millones de perjuicio fiscal por la falsa compra de tóner, donde también se querelló el CDE.

La segunda, en tanto, apunta a la arista de las empresas privadas relacionadas con el milico-gate donde el CDE también presentó un libelo la semana pasada. Allí apunta a un fraude al fisco por más de $ 3.000 millones. La acción está dirigida en contra de los empresarios Francisco Huincahue, Raúl Fuentes Quintanilla, César Fuentes Campusano, Waldo Pinto y Pedro Salinas Reyes.

Este último caso tiene un correlato procesal en la justicia militar, donde se indaga un fraude a la Ley Reservada del Cobre por más de US$ 10 millones, tal como lo reveló la revista The Clinic. En él, están procesados por fraude al fisco, el ex coronel Clovis Montero, la sargento Millaray Simunovic, los suboficiales Claudio González y Miguel Escobar y el cabo Juan Carlos Cruz. El CDE y el SII son parte de la indagatoria.

Debido a la gravedad de los hechos y la posibilidad de que oficiales del alto mando estén involucrados, la semana antepasada el Pleno de la Suprema nombró como ministro en visita civil de la Corte Marcial, al magistrado Omar Astudillo quien hoy reasume sus funciones.

Fuente: The Clinic
http://www.theclinic.cl/2015/11/24/las-facturas-secretas-pagadas-con-la-ley-reservada-del-cobre/

Investigan a mayor (r) del Ejército por presuntas coimas y estafa por $6 mil millones

La fiscalía Centro Norte investiga una denuncia interpuesta por el Ejército de Chile por una estafa equivalente a 6 mil millones de pesos y el presunto pago de coimas al ex jefe de Informática del Comando de Bienestar de la institución, el mayor (r) Mauricio Lazcano Silva.

En la acción judicial, presentada el pasado 19 de enero, se establece la existencia de más de 100 facturas a nombre de la institución castrense por servicios informáticos que nunca se habrían prestado, además de dos licitaciones de plataformas digitales en las que se detectaron anomalías y el presunto pago de $200 millones en coimas al mayor (r) Lazcano, según informó «El Mercurio» en su edición de este miércoles.

Según complementa el matutino, horas después de que el Ejército interpusiera la denuncia, el propio oficial (r) acudió a dependencias del Ministerio Público junto a su abogado para «autodenunciarse» y entregar los antecedentes del caso.

Así, Lazcano relató que en marzo de 2013 conoció a Eduardo Olmedo, representante de la empresa Power-Ti, que había participado de licitaciones anteriores sobre softwares para Informática del Comando de Bienestar. En esa época, la institución debía unificar los sistemas informáticos por orden de Contraloría, ocasión en la que empezó una relación irregular ente el oficial retirado y Olmedo.

Desde entonces, el mayor (r) investigado habría recibido nueve pagos de $8 millones ($72 millones en total) de parte de la firma contra boleta ideológicamente falsa de familiares suyos.

A esto se suma el pago de 200 millones de pesos, según confesó el propio Lazcano, dinero que -aseguró- utilizó para pagar deudas.

En la investigación -que encabeza el jefe de la fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, José Morales- se estableció que Power-Ti hizo facturas a nombre del Ejército por sumas de entre 400 y 500 millones de pesos por servicios informáticos ficticios durante dos años. Luego, con la firma de Lazcano, iba a seis distintos factorings para que le pagaran.

Tras esto, las entidades bancarias llamaban al Ejército para corroborar si era real esta deuda con la empresa informática, y como el encargado de visar los pagos era Lazcano, se concretaba la estafa.

De acuerdo a la investigación, son cientos las facturas que se deben analizar, 46 de ellas recuperadas de los factorings.