Miguel Lawner, destacado arquitecto nacional, lleva décadas ligado a potentes proyectos urbanos, de vivienda y construcción en el sector público y fue uno de los artífices de la construcción del emblemático Edificio de la Unctad, hoy Centro Cultural Gabriela Mistral.
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Dirigió otros planes que forman parte de la historia de construcciones sociales en Chile, incluido el periodo que ejerció como Director Ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano durante el gobierno de Salvador Allende. Profesor en la Universidad de Chile y en universidades de Dinamarca y República Federal Alemana, la ex RFA.
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Es sumamente crítico de las políticas públicas en materia de vivienda y asegura que existen las condiciones para que el Estado recupere la potestad de la construcción social en Chile, que en su momento permitió, entre otras cosas, construir hospitales de alta calidad en todo el país.
Dice que desde la dictadura, pasando por gobiernos de la Concertación, “el país se hizo de un paquete habitacional deleznable. Nunca en la historia de las políticas habitacionales se había hecho algo tan mal construido”.
Plantea la necesidad de una profunda reforma en materia de vivienda, pero opina que para que resulte, se requiere de una gran movilización social, empezando por los pobladores.
– ¿Cuál es su mirada del esquema de construcción de hospitales, escuelas, viviendas que aplica hoy el Estado?
Ocurrió una tragedia durante la dictadura, cuando se impuso que el Estado renunciara a una potestad que era tener la responsabilidad de las políticas de construcción social en el país. Ahora, el Estado es rehén de las inmobiliarias privadas. Ellas ponen los precios que quieren, establecen las condiciones, y el Estado está obligado a aceptar eso, a funcionar a partir de lo que las inmobiliarias o empresas constructoras dicen.
– ¿Eso tiene que ver con el mecanismo de licitaciones?
Claro, porque son muy abiertas, y fijan las condiciones en base fundamentalmente a consideraciones financieras y no técnicas realmente.
– ¿Y solo los que tienen el dinero para construir pueden optar?
Así es. Y los marcos que colocan son de tal naturaleza que los costos son un disparate, las licitaciones llegan a niveles monstruosos de costos. Por algo la actitud primera de este Gobierno en cuanto a construcción de hospitales, por ejemplo, fue acabar con las licitaciones. Pero no se colocó nada en sustituto, ese fue el problema. Mira, Chile tuvo dos entidades ejemplares: la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y después la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.
– ¿Qué se construyó bajo el alero de esas instituciones?
Para empezar, prácticamente todos los hospitales que puedes ver hoy, de Arica a Magallanes, todos en pie, salvo contadas excepciones mínimas. Fueron construidos por la Constructora de Establecimientos Hospitalarios. El Hospital José Joaquín Aguirre, El Peral, el San Borja Arriarán, el San Juan de Dios, muchos más a lo largo del país. ¿Quién se quejó alguna vez de que las cosas no funcionaran bien? ¿Quién se quejó de que no se construían hospitales o quedaban mal?
La única razón para terminar con esa buena labor del Estado, es que la dictadura y sus funcionarios, en base a este modelo privatizador, hizo abdicar al Estado de su responsabilidad y traspasar esto a empresas privadas para que tuvieran altas ganancias.
Si lo mejor es tener una entidad del Estado, una sociedad anónima, sin fines de lucro, que pueda hacer proyectos, trabajar de manera autónoma y generar capacidad técnica. La Sociedad llevaba a arquitectos e ingenieros a recorrer las principales obras hechas en Europa y Estados Unidos para interiorizarlos de las últimas innovaciones y había un personal altamente calificado, remunerado honorablemente.
Se hacían los proyectos con todas las especificidades técnicas, se aprobaban y ahí entraba la iniciativa privada, dentro de un marco claramente establecido. Había algo muy importante: siempre en terreno existía la ITO, Inspección Técnica de Obra. Adjudicada la propuesta e iniciada la obra, el Estado constituía una inspección técnica en terreno, permanente, en toda la jornada, y no se avanzaba nada sin la constatación de la ITO. Hoy las inspecciones las hace el mismo contratista, la empresa privada, y se puede adulterar. Hay un modelo de beneficio al capital, no de la sociedad.
– Con lo que me dice, se rompe el argumento de que el Estado es incapaz de hacerse cargo de este tipo de proyectos.
Absolutamente. Ese es el mito señalado por el neoliberalismo con el objeto de justificar su proyecto en el sentido de que el Estado supuestamente es ineficiente.
– ¿Ve viable que se puedan recuperar ese tipo de organismos, como el que construía hospitales?
Mira, le he planteado a la ministra de Vivienda que hagamos un proyecto, uno solo, un ejemplo piloto de construcción de viviendas sociales, que signifique recuperar las funciones que cumplimos con tanta eficacia. En salud se puede hacer lo mismo, de todos los establecimientos hagamos un piloto con la conducción del Estado en cuanto a un proyecto. Y veamos si funciona. Pero me dicen que no.
– ¿Por qué será la negativa?
Porque la presión del capital financiero, que es el que maneja los proyectos de esta naturaleza, lo hace imposible. En el campo de la vivienda y el desarrollo urbano, Michelle Bachelet me designó miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, trabajamos todo el 2014, y en mayo del 2015 entregamos un proyecto, una propuesta de desarrollo urbano, en políticas de suelo. Fue un muy buen informe, tuvimos una pelea seria con los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, y se impuso mayoritariamente el punto de vista nuestro, así quedó estampado. Bueno, no se ha hecho absolutamente nada, no se ha tomado una sola iniciativa. En circunstancias de que no todas las iniciativas requieren proyecto de ley.
– ¿Qué propuestas hubo?
Por ejemplo, en el caso de Santiago, en donde todo lo que es vivienda social se sigue construyendo en la periferia, cada vez más lejos, por el valor del suelo. La propuesta es fijar zonas de regeneración urbana, en lugares como Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Joaquín, Cerro Navia, Lo Prado, Renca, La Granja; todo un cordón que se llama peri-central, de comunas que están en torno del centro, que tuvo su desarrollo en los cincuenta y sesenta, mucho originado en el movimiento de pobladores, que tiene una construcción de unos sesenta años, y todo eso es un territorio riquísimo, muy bien ubicado para hacer programa de regeneración. Que el Estado fije esas áreas y trabaje con los habitantes de esas zonas.
Se propuso la creación de Servicios Regionales de Desarrollo Urbano, con atribuciones para hacer proyectos. Se habla de participación ciudadana en estas materias, pero no existe la institucionalidad para eso, y un servicio como ese permite la participación. Lo que pasa es que con el mecanismo del subsidio, cada persona anda con su papel en la mano, de su propiedad, y se tiene que entender personalmente con una inmobiliaria, y así no hay participación ni esfuerzo colectivo.
– ¿El Estado podría volver a construir hospitales tan buenos y durables como el J.J. Aguirre?
No tengo la menor duda. Sobre todo especializando profesionales, formados en abnegación, con la camiseta puesta en la institución, en el bien social.
– La vivienda social en Chile ¿es buena, mediocre, mala?
La dictadura no hizo nada hasta 1984. Ahí entraron en vigencia estos mecanismos que hemos hablado y se echó al lado al Estado. De ahí hasta como el 2004, lo que se hizo es una basura, el país se hizo de un paquete habitacional deleznable. Nunca en la historia de las políticas habitacionales se había hecho algo tan mal construido y sin urbanismo, sin estudio del entorno, de las necesidades sociales, equipamiento, de parques.
– Ponerse a hacer casas con el único objetivo de ganar plata.
Sí, eso era. Los temporales de 1997 pusieron al descubierto las famosas casas Copeva, fueron la gota que rebalsó el vaso, mostraron la basura que se había hecho bajo el punto de vista constructivo, social y como espacio urbano. Esas malas construcciones se hicieron por todo el país. Conscientemente, además, se crearon guetos urbanos; no tenemos por qué negar que parte de la delincuencia tiene su origen en las condiciones de habitabilidad de un sector mayoritario de la población. El Ministerio de la Vivienda declaró que entre 1984 y el 2000, se construyeron aproximadamente 200 mil departamentos que son deficitarios. Eso en todo el país.
– El Estado recupera sus atribuciones. ¿Está en contra de que participe el sector privado?
No, en absoluto. Mira, te digo que nosotros no habríamos hecho el edificio de la Unctad (actual Gabriela Mistral) si no hubiésemos tenido el aporte y el trabajo de empresas constructoras privadas como Desco y Belfi. Pero el proyecto, la conducción, fue del Estado y ellos cumplieron un rol eficiente en cuanto a construir. Si los privados no tienen por qué meterse a comprar terrenos, a establecer cuestiones financieras, porque lleva al Estado a abdicar de planificar el desarrollo urbano. Hoy el Estado no dice nada. Los planos reguladores benefician a privados, siempre están llenos de excepciones…No estoy en contra de la iniciativa privada, pero que juegue el rol que tiene que jugar de construir. Mecanismo de financiamiento, planificación, proyectos, gestión, elección de terrenos, dónde y cómo se va a construir, le corresponde al Estado.
– Qué pasa cuando desde un Gobierno dicen “es que no hay plata” para hacer eso.
No es cierto que se necesite más plata, es más, estoy convencido que teniendo un organismo público para hacer hospitales, por ejemplo, se van a bajar mucho los gastos.
– Se habla de salud, educación, pensiones. ¿Es necesaria una profunda reforma en construcción y vivienda?
Exactamente. El subsidio habitacional, que es el instrumento financiero único existente para resolver la demanda habitacional de los sectores populares, juega exactamente el mismo rol que el boucher en educación. Eso fue diseñado expresamente para que la empresa privada pudiera trabajar con fondos del Estado y sacar grandes utilidades. Además, acaba con la fuerza del grupo. Porque tradicionalmente en Chile el movimiento de pobladores fue una fuerza avasalladora, gravitante, y con este instrumento individual, la gente no tiene interés en luchar colectivamente, cada uno resuelve con la constructora o la inmobiliaria.
– Pero hay paliativos, algunos cambios que regulan más.
Mira, hoy se enseña hasta en universidades usar ese término que me parece maldito: mitigar. Se sabe que el desarrollo urbano y la construcción de vivienda será conducido por el sector privado, entonces, las normas que se dictan son para mitigar los nefastos efectos de la preponderancia de las empresas privadas. Vamos mitigando, no planificando, vamos mitigando, no solucionando.
– ¿Usted cree que un programa de Gobierno debe incluir esta vez explícitas propuestas en materia de vivienda social y del papel del Estado en construcción pública?
Mira, la experiencia ha demostrado que los programas son letra muerta si detrás no hay un movimiento social grande, si no están las masas populares que lo hagan posible. ¿Por qué el cambio en educación se puso sobre la mesa? ¿Por qué se puso dentro del programa de Gobierno? Por las grandes movilizaciones estudiantiles. El día que los pobladores, la gente, dejen de estar sujetos por estos mecanismos perversos, como el subsidio habitacional individual, tomen conciencia de lo que hay que hacer para tener viviendas sociales dignas y buenas, y se movilicen masivamente, tengo la certeza de que ahí se podrán conquistar muchas cosas.
– ¿El tema de la vivienda social, de la construcción pública estatal, debe estar en la agenda de la movilización social?
No sacas nada sin movilización social. Las grandes batallas requieren de eso. La gente se tiene que movilizar si quiere viviendas buenas, dignas, si queremos planificación urbana, si aspiramos a que el Estado vuelva a construir magníficos hospitales y otras construcciones. La movilización social es lo fundamental.
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Fuente: ICAL
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