El diputado Hugo Gutiérrez dijo que la UDI y algunos parlamentarios están defendiendo “el estado de Cohecho más que el estado de Derecho”. En la siguiente entrevista dijo que hay argumentos constitucionales para anular la ilegítima normativa.
El diputado Hugo Gutiérrez (Partido Comunista), uno de los promotores de la iniciativa para declarar nula la Ley de Pesca porque “se dictó por medio de la coima” -hay procesos judiciales que demuestran que corporaciones pesqueras pagaron a senadores para aprobar ese proyecto- dice que el trámite de admisibilidad de esa medida estuvo “debidamente fundamentado” y que lo contempla la Constitución.
Es más, aseguró que “cuestionarla por inconstitucional es derechamente poner entre dicho a un poder del Estado”.
Sobre la queja de la derecha y empresarios que dicen que podría venir una lluvia de nulidad de leyes, el parlamentario asentó que “leyes que han sido dictadas en contravención del principio de probidad también tendrían que ser anuladas”.
En cuanto a temores que dicen personeros de la derecha, el mundo privado y algunos legisladores de la Nueva Mayoría, al tratarse la nulidad de la Ley de Pesca, Gutiérrez expresó que “la incertidumbre la generó la corrupción y el acoplamiento entre dinero y política, no nosotros con este proyecto de ley”.
El diputado del PC enfatizó que “estamos tratando de revertir es esa sensación de humillación que existe en la ciudadanía” e indicó que la preocupación “que podría tener el pueblo es a quién responden sus parlamentarios, (si) a ellos o a los grupos económicos”.
¿Es inconstitucional la admisibilidad de nulidad de ley de pesca?
La Mesa de la Cámara zanjó el punto al declarar admisible la moción presentada. Y esta decisión se tomó después de dos semanas de análisis del proyecto de nulidad de la Ley Longueira que presentamos como bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana (PC-IC), es decir, es una admisibilidad debidamente fundamentada. Estar en contra de esta decisión o cuestionarla por inconstitucional es derechamente poner entre dicho a un poder del Estado. Reitero, la presidencia de la Cámara fue enfática al decir que la moción de nulidad se ajustó a los procedimientos y normas estipulados en la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
– ¿Se cayó en un acto anticonstitucional?
No. Porque la misma Constitución establece el principio de probidad y transparencia de la función pública. El artículo octavo de la Constitución contiene la idea de que los órganos del Estado actúan válidamente en determinadas condiciones, con lo cual, da continuidad al principio de distribución de competencias a que alude al artículo séptimo.
Esto significa que la observancia del principio de probidad está estrechamente vinculada con el principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución, y la sanción que el artículo séptimo establece es la nulidad. Los parlamentarios somos sujetos activos de la función pública que es la de representar a la ciudadanía en la formación de las leyes, por tanto, estamos obligados a cumplir con lo estipulado en los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución.
– ¿Esto abre la posibilidad de que empiece una lluvia de nulidad de leyes? ¿Genera incertidumbre?
Cualquier parlamentario puede presentar un proyecto de ley con los requisitos que la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso establecen. Si hay leyes que han sido dictadas en contravención del principio de probidad también tendrían que ser anuladas y no deberíamos sorprendernos. Si hay otras leyes, como la Ley de Pesca, que se dictó por medio de la coima, también debería ser anulada.
En cuanto a la incertidumbre, esta fue generada en 1973, con el golpe de Estado. Durante ese periodo se realizaron una serie de decretos leyes según el parecer y conveniencia del dictador y de los grandes grupos económicos. Además, la incertidumbre la generó la corrupción y el acoplamiento entre dinero y política, no nosotros con este proyecto de ley.
Como bien dijo el Presidente de nuestro Partido, compañero Guillermo Teiller, nosotros hemos usado el derecho y no el cohecho para presentar este proyecto de ley, por tanto lo que estamos tratando de revertir es esa sensación de humillación que existe en la ciudadanía. La única incertidumbre que podría tener el pueblo es a quién responden sus parlamentarios, a ellos o a los grupos económicos.
– ¿Qué le parecen las críticas al PC por presentar la admisibilidad? ¿Y los apoyos?
En todo proceso o contingencia política existe la crítica, y eso es positivo para la política, porque se genera debate y reflexión en torno al quehacer legislativo. Ahora bien, distingo tres tipos de críticas, una es la crítica histérica e interesada de los defensores de los agentes corruptores de la política que ven en esto la pérdida de un negociado; otra, es la crítica del establishment que plantea que las cosas debieran seguir como antes y que temen a estas acciones legislativas sui generis porque se podría alterar el orden institucional legado por el dictador; y la última, es de quienes creen que el Parlamento es una estructura del sistema normativo, como lo es un tribunal, y que sólo cabría desplegar argumentos legales, cuando en realidad el Parlamento es una estructura del sistema político y los argumentos que le dan validez a su actuar son los argumentos políticos y principios constitucionales.
No entiendo a qué le temen, aquí sólo se ha declarado la admisibilidad de una moción parlamentaria, ahora viene el debate respecto al fondo del proyecto presentado. El Parlamento no puede negarse per se a la discusión de ningún tema, sobre todo si el tema posee el cuestionamiento y la connotación social que posee la ley de Longueira. Por último, creo que la UDI y algunos parlamentarios están defendiendo el Estado de Cohecho más que el Estado de Derecho, este último ya fue vulnerado mediante la coima y la falta de probidad y transparencia en el proceso de formación de la ley.
Los apoyos a esta moción de nulidad de la Ley Longueira son un reconocimiento a que el Parlamento está para debatir y sintonizar con la ciudadanía y el pueblo, para eso somos sus representantes. Si al 89% cree que la Ley Longueira es una ley espuria, estamos en la obligación de atender esa preocupación. Los apoyos también expresan un sentir de una parte importante de los parlamentarios que creen que debemos debatir y reformar la legislación en el ámbito pesquero, porque las pruebas de que aquí hubo influencia de manera indebida hacia los parlamentarios son cada día más abundantes. Hay una verdad material que no se puede desconocer.
¿Qué sigue ahora?
El proyecto entrará en un proceso de debate en las Comisiones de Pesca y Constitución. Luego del debate se votará la idea de legislar y luego seguro, esperamos, vendrá la aprobación del artículo. Pero mientras eso ocurre, lo mejor sería que en paralelo el Gobierno trabaje una nueva Ley de Pesca que resuelva los puntos críticos de los recursos hidrobiológicos en Chile. Así cuando se anule la Ley, entre a operar una nueva Ley de Pesca. Todo lo anterior dependerá del Ejecutivo y, por supuesto, de la ciudadanía.
En su opinión ¿cuál es el tema de fondo en este caso?
Son varios temas. Esta es una oportunidad para dar muestra de probidad y prevalencia del interés general en el Congreso. Reparar lo que se hizo mal y de forma espuria. También es importante dar una legislación y reglamentación al sector pesquero que ponga por delante los intereses del país y de un desarrollo sostenible. Debemos reconocer los vicios de legitimidad en la aprobación de la Ley de Pesca. Se debe instalar una mesa de trabajo para cambiar sustantivamente la Ley, donde tengan presencia interesados y afectados por ella, y también hayan garantes, representantes de la sociedad civil, que velen por el bien público y aseguren un diálogo simétrico entre los diferentes actores. Los ejes rectores del debate debieran ser la soberanía alimentaria, la sustentabilidad del recurso y la seguridad humana por sobre todas las cosas.
Fuente: El Siglo
http://www.elsiglo.cl/web/index.php/2015-04-16-16-23-22/779-ley-de-pesca-se-dicto-por-medio-de-la-coima
