El 80% de la población de Chile, distribuida en seis regiones, enfrenta la peor sequía de los últimos 60 años.
Diez mil animales muertos, US$620 millones en pérdidas económicas y 50 mil puestos de trabajo en situación de riesgo, son apenas la punta del iceberg de la falta de agua, que cada vez se hace más intensa, ante la pasividad e impotencia de un gobierno atrapado en la ideología de los automatismos del mercado.
Las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y la Región Metropolitana son las más golpeadas.
Las dos primeras ya fueron declaradas zonas de catástrofe.
El presidente chileno Sebastian Piñera ha calificado la ‘megasequía’ como un »terremoto silencioso», mientras que los consabidos «expertos» han calificado la sequía extrema como una »tormenta perfecta» y han atribuido su origen a los bajos niveles de precipitaciones experimentados por el país del sur durante 11 años consecutivos, debidos al fenómeno del cambio climático.
Si bien son factores indiscutibles, lo que Piñera y esos expertos omiten, es que la superposición de las condiciones climáticas con las políticas neoliberales vigentes desde hace cuarenta años, impiden respuestas eficaces provenientes del Estado, así como planificación para enfrentar la crisis, medidas de mitigación y resguardo del bien común.
En efecto, Chile es el único país del mundo donde el agua es propiedad privada, un recurso que se transa en el mercado.
De hecho, para este año, la Dirección de Aguas programó 38 remates de derechos de aguas de ríos y esteros, el 97% de ellos en la Región del Biobío, incluyendo los ríos Queuco y Renaico.
A modo de ejemplo, uno de los atractivos turísticos más importantes de la región metropolitana Chile que ha sido afectado de manera directa es la Laguna Aculeo.
Se encuentra a 70 kilómetros de distancia de Santiago y era famosa por sus aguas para practicar deportes náuticos.
Actualmente, solo se observa huesos de animales muertos, tierra y polvo. Muchos usuarios en redes sociales han compartido fotos de la evolución de la Laguna Aculeo, que en mayo de 2018 se secó por completo.
En diciembre, Chile será sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El presidente Sebastián Piñera se propone presentar avances concrectos en relación a la ‘megasequía’ ante sus pares internacionales durante la COP25.
Serán, en todo caso, pura retórica. De hecho, el Gobierno chileno implementó un plan de emergencia para 2019 y 2020, pero contra ningún avance, se observan solo retrocesos.
En el ranking mundial de estrés hídrico, por ejemplo, se ubica dentro de los 18 países en riesgo extremo de carencia de agua.
El Agua en Chile
Chile es un país que posee una diversidad climática y realidades diferentes de norte a sur en torno al agua, siendo afectado por sequías e inundaciones principalmente. La sequía en Chile ha dejado cerca de US$620 millones en pérdidas económicas y 50 mil puestos de trabajo están en situación de riesgo.
Chile está dentro de los 30 países con mayor riesgo hídrico al 2025, según el Instituto de Recursos Mundiales (2015).
A marzo de 2015, un total de 194 comunas en el país (56% del total) han sido decretadas en emergencia agrícola por sequía.
La agricultura utiliza más del 70% del agua en Chile y en el mundo, siendo el principal consumidor de agua dulce .
Dadas las condiciones áridas y semiáridas que prevalecen en gran parte del país, la agricultura de regadío es muy importante.
Alrededor del 40% de la superficie cultivable (1,2 millones de hectáreas) es de regadío, en comparación con el promedio de 13,7% en el conjunto de América Latina.
La eficiencia del uso de agua en agricultura está en el orden del 30%, es decir, de cada 100 metros cúbicos, los cultivos se benefician con 30 mientras los otros 70 se devuelven al sistema.
En contraste, si bien existen programas para mejorar la eficiencia del uso de agua en la agricultura, aún existen subsidios para el riego y el gobierno proyecta ampliar el área de regadío.
Según antecedentes entregados en la Política Nacional para los Recursos Hídricos 2015 , Chile posee actualmente un déficit de agua de 82,6 m3/s, el cual aumentará a 149 m3/s al año 2030.
Indice
- Análisis: “Te pillamos po’, compadre” (las causas de la megasequía)
- El Agua en Chile, de la escasez a la crisis
- ¿Quién da más por el Renaico y el Queuco? El insólito remate de ríos y esteros en plena crisis hídrica
- “Usted sabe cuánto cuesta un litro por segundo”: El encendido debate entre el presidente de Agropetorca y Rodrigo Mundaca
- Cabildos por el Agua: La Necesidad de Entender la Exigencia de Derogar el Código de Aguas
- CODEHS llama a la nacionalización del agua
Análisis: “Te pillamos po’, compadre” (las causas de la megasequía)
por René Garreaud (*)
Ya estamos a mitad del 2019 y, pese a un par de tormentas muy mediáticas, pareciera que este año la megasequía de Chile central[1] cumplirá una década. Pese a que el epicentro de este fenómeno se ubica, por ahora, entre las regiones de Coquimbo y del Maule (con un 60-70% de déficit), las lluvias se encuentran por debajo de lo normal hasta la región de Los Lagos (Fig. 1).
Figura 1: Déficit de precipitaciones al 22 de julio de 2019. Pese a que se aprecian puntos de escasez, principalmente, entre las regiones de Valparaíso y del Maule, también se pueden ver algunos hitos hacia el sur. Fuente: Dirección Meteorológica de Chile, Dirección General de Aguas y Agrimet.
Como en años anteriores, la falta de precipitaciones es una consecuencia directa del escaso número de sistemas frontales cruzando la zona central de nuestro país, lo que a su vez se debe a una anormal presencia de altas presiones en sectores subtropicales del Pacifico sur oriental (frente a las costas de Chile) y de bajas presiones sobre la periferia Antártica (Fig. 2).
La combinación de estas altas y bajas presiones -una estructura dipolar- ha estado actuando durante los últimos años, ocasionando la megasequía, y sus causas son develadas en un artículo recientemente publicado en el International Journal of Climatology[2].
En este trabajo, varias hipótesis emergieron del análisis de datos observados, las que luego fueron validadas con experimentos numéricos con modelos climáticos globales.
Figura 2: En los paneles superiores se muestran las presiones anormalmente altas (+) y bajas (-) distribuidas geográficamente frente a las costas de Chile y de la Antártica, tanto para la megasequia como para lo que llevamos del actual invierno. Fuente: NOAA-EEUU.
Históricamente, este dipolo de anomalías de presión ocurría durante los años de La Niña, lo que tenía como consecuencia bajas precipitaciones en el país; mientras que una fase opuesta (con mayores precipitaciones), ocurría durante los años de El Niño. Ambos fenómenos son parte de El Niño Oscilación Sur (ENSO, por sus siglas en inglés), un proceso cíclico y natural que ha tenido una presencia muy discreta en la última década.
¿Qué ha mantenido esta estructura dipolar durante la última década causando la megasequía? La respuesta es un marcado calentamiento en el Pacifico subtropical sur occidental (cerca de Nueva Zelanda), el que produce un patrón que favorece la presencia de estas altas y bajas presiones y la consiguiente sequía en Chile central (Figs. 2 y 3).
Cabe señalar que el origen de este calentamiento no está completamente claro, pero está parcialmente asociado a la Oscilación Decadal del Pacifico. Dado su origen, aparentemente natural, es posible que esta alteración se revierta en la próxima década, lo que aliviaría parcialmente las condiciones de sequía en el centro-sur de Chile.
Pero también hay un segundo elemento que favorece a la megasequía y que viene a confirmar resultados previos[3]: las perturbaciones humanas.
Estas alteraciones, principalmente la disminución del ozono estratosférico y el aumento de gases de efecto invernadero, han contribuido de manera secundaria a la mantención de la megasequía, pues ayudan a debilitar los vientos del oeste (“oestes») en los subtrópicos y los intensifica en latitudes más altas, disminuyendo la frecuencia de sistemas frontales en el centro-sur de Chile (Fig. 3).
Aunque esta componente humana es por ahora menor (cerca de un cuarto de la señal), se diferencia del elemento natural, pues se mantendrá durante todo el siglo 21, generando un gradual secamiento en la zona, cuya intensidad dependerá, exclusivamente, de la humanidad.
Figura 3: Anomalías de temperatura superficial del mar (TSM) y circulación atmosférica durante sequías en Chile central. Los colores celeste y azul indican TSM por debajo del promedio y los colores amarillos y rojos indican TSM por encima del promedio. El globo de la izquierda muestra el escenario de sequías históricas en Chile central, cuando el fenómeno de La Niña causaba el dipolo de altas y bajas presiones, reduciendo las tormentas que llegaban a nuestra región. En el globo de la derecha, se muestra el escenario de la megasequía 2010-2019, donde el calentamiento subtropical del Pacífico sur occidental mantiene el dipolo de presión sobre el Pacífico sur-oriental. También se muestra el impacto en los vientos del oeste (“oestes”) causados por la acción humana (forzamiento antropogénico).
(*) Profesor Titular del Departamento de Geofísica, Universidad de Chile. Subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, (CR)2
Fuente: Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, (CR)2
Referencias
[1] R. Garreaud, C. Álvarez-Garretón, J. Barichivich, J.P. Boisier, D.A. Christie, M. Galleguillos, C. LeQuesne, J. McPhee, M. Zambrano-Bigiarini, 2017: The 2010-2015 mega drought in Central Chile: Impacts on regional hydroclimate and vegetation. Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 1–21, https://doi.org/10.5194/hess-21-1-2017
[2] R. Garreaud, JP. Boisier, R. Rondanelli, A. Montecinos, H. Sepúlveda and D. Veloso-Águila, 2019: The Central Chile Mega Drought (2010-2018): A Climate dynamics perspective. International Journal of Climatology. 1-19. https://doi.org/10.1002/joc.6219
[3] Bosier, J.P., R. Rondanelli, R. Garreaud, F. Muñoz, 2016: Natural and anthropogenic contributions to the Southeast Pacific precipitation decline and recent mega-drought in central Chile. Geophys. Res. Lett., 43, doi:10.1002/2015GL067265
El Agua en Chile, de la escasez a la crisis
por Reinaldo Ruiz
“Las cifras que observamos son elocuentes. Se estima que sobre el 60% de todo lo que el país produce depende del agua, por lo que hasta ahora el objetivo de seguir creciendo agrega aún más presión sobre un recurso que se vuelve más escaso”, escribe Reinaldo Ruiz.
En su informe de Agosto de este año, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) clasifica a Chile como un país de alto estrés hídrico, primero en ese grupo ocupando el lugar Nº 18 entre 164 países. Los 17 países que están sobre Chile el Instituto los clasifica en situación de estrés hídrico extremo, y la mayoría se ubican en el medio oriente (Golfo Pérsico y la Península Arábica) a los que se suman la India y Pakistán.
Irónicamente, otras publicaciones observadas en el Instituto Igualdad han clasificado a Chile como un país privilegiado en términos de disponibilidad de agua per cápita, superando en casi nueve veces el promedio mundial. Sin embargo, debido a un conjunto de factores, entre los cuales se mencionan los efectos del cambio climático – que han elevado la isoterma cero alterando la natural acumulación de nieve en la cordillera-, la prolongada sequía y la creciente demanda por su uso, transformaron una situación de privilegio en una de alta vulnerabilidad que amenaza el desarrollo económico y social de hoy y de nuestro futuro cercano. Transitamos entonces de la abundancia a la escasez y lo que hoy realmente enfrenta el país es una crisis.
Las cifras que observamos son elocuentes. Se estima que sobre el 60% de todo lo que el país produce depende del agua, por lo que hasta ahora el objetivo de seguir creciendo agrega aún más presión sobre un recurso que se vuelve más escaso. Las tasas de aumento de la demanda por agua y de crecimiento económico están absolutamente acopladas y crecen casi en paralelo. Para el sector exportador la hidrodependencia probablemente es aún mayor. Entre las regiones de Coquimbo y el Maule que hasta ahora exhiben los mayores déficits de precipitaciones y muy poca acumulación de nieve se producen dos tercios del PIB.
El caudal agregado de seis ríos, que son fundamentales para sostener la actividad agrícola en esas regiones (los ríos Choapa, Aconcagua, Maipo, Cachapoal, Teno y el Maule) entre los años 2010 y 2019 registra una disminución de 449m3/s en el mes de diciembre y 220,5m3 en el mes de julio comparado con los caudales medidos durante el período 1961-2010. Estas cifras equivalen a 38,8 y 19,1 millones de m3 menos durante cada día en los meses de Diciembre y Julio respectivamente.
Frente a esta crisis el Gobierno anunció la implementación de un Plan que contempla medidas de corto, mediano y largo plazo. Hasta ahora los detalles del plan no se conocen, excepto que se anuncian medidas que ya se están ejecutando, como la construcción de nuevos embalses, algunos de los cuales se iniciaron en el Gobierno anterior o son iniciativas que se han propuesto anteriormente, como la reutilización de aguas grises y el mejor uso de las aguas tratadas que son evacuadas por las plantas de tratamiento. Estos son elementos positivos del anuncio Presidencial porque se reconoce que la Política Hídrica tiene un fuerte componente de continuidad.
Tal vez lo novedoso de la declaración presidencial fue conocer que “estamos colaborando con Holanda, con Israel, vamos a colaborar con China, hemos tenido la colaboración del banco Mundial” para adoptar las mejores tecnologías para aprovechar mejor el agua. Los tres países con los que “estamos colaborando” tienen, respecto del agua, una característica común: han resuelto que el agua, como bien nacional de uso público, debe ser administrado, regulado, y asignado por el Estado, quien además, fija el precio que deben pagar por quienes la usan.
Un experto israelita incluso señala que “quizás el sistema hídrico de Israel constituya hoy en día el ejemplo más exitoso de socialismo práctico de todo el mundo”. Y en el caso de Holanda, se observa una situación similar. La ley del Agua de 2009 establece el ordenamiento jurídico e institucional para la gestión del agua y la gobernanza se realiza a través de 21 Autoridades Regionales, con amplias facultades para decidir sobre el uso del recurso en sus respectivos territorios, descentralizadas, con plena autonomía financiera y dirigidas por un Consejo cuyos miembros son elegidos democráticamente.
Respecto de las empresas sanitarias, el año 2004 el Parlamento Holandés aprobó una ley que prohíbe la participación privada en estas empresas y aunque el Estado las entrega en concesión sólo pueden participar en el proceso empresas públicas, la mayoría de ellas pertenecientes a los municipios. Así es como actualmente Holanda tiene el porcentaje de pérdida de agua más bajo del mundo, sólo un 6% comparado con cerca del 35% que se registra en Chile(NdR piensachile: Las empresas privadas que han administrado el agua potable en Chile, no hacen mantención y menos renovación en las redes que operan).
Siempre se ha dicho que las crisis son una oportunidad para realizar los cambios que se requieren. Esta es una crisis que no deberíamos desperdiciar. En el Instituto Igualdad creemos que nuestros principales desafíos, aparte de las inversiones que se requieren, están en primer lugar, en poner al día nuestro ordenamiento jurídico que reconozca que un bien tan esencial para nuestro desarrollo, que no tiene sustituto, no puede transformarse en sí mismo en un bien transable en el mercado y segundo, que necesitamos un nuevo orden institucional que asegure el agua para todos.
*Fuente: The Clinic
¿Quién da más por el Renaico y el Queuco? El insólito remate de ríos y esteros en plena crisis hídrica
por Macarena Segovia
Para este año, la Dirección General de Aguas programó 38 remates de derechos de aguas de ríos y esteros, el 97% de ellos en la Región del Biobío. Actualmente hay dos comunidades en dicha región que se encuentran movilizadas para detener estos remates de aguas que fueron recuperadas por el Estado, debido a que los privados que habían adquirido los derechos, no pagaron las multas por el no uso de los mismos.
Los vecinos y comunidades han levantado recursos ante la justicia para evitar la privatización de los ríos Queuco y Renaico, un mecanismo que está reglado por el actual Código de Aguas. “Los ríos de ninguna forma se tienen que intervenir, ni con proyectos, ni con venta, ni nada», sostiene Freddy Queupil, integrante de Salvemos los Ríos.
El 25 de septiembre, una decena de representantes de comunidades Pehuenches llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Concepción, con el fin de manifestar su oposición al remate de los derechos de aguas de dos esteros del Alto Biobío y de la privatización del Río Queuco.
Dos de los remates resultaron desiertos, pero uno fue paralizado por la Corte de Apelaciones de Concepción, que dictó una orden de no innovar, luego que la werkén de la comunidad de Butalelbun en Alto Bíobío, Carmen Paine, junto a Abel Marilao y el senador Alejandro Navarro, interpusieran un recurso de protección para bloquear el remate del río.
La orden de no innovar se dio en medio de un agitado contexto social en la zona, en donde distintas organizaciones por la defensa de las aguas en el Biobío se han movilizado en contra del proyecto de Carretera Hídrica, liderada por el empresario Juan Sutil Servoin, de la Corporación Reguemos Chile, que tiene como objetivo alimentar con nuevos recursos hídricos a los proyectos agrícolas afectados por la sequía entre la Tercera y Octava regiones.
Esta obra de infraestructura es similar al proyecto “Olmos” que, según las comunidades pehuenches de la Red Por la Defensa del Río Queuco, “desalojó a las comunidades indígenas donde se realizó el proyecto, sumiéndolas en la pobreza y afectando el desarrollo de su cultura ancestral”.
En este contexto es que la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción marcó un precedente para la asignación de nuevos derechos de aguas, sostenido en el Código de Aguas, que data de 1981 y que fue modificado en el año 2005, bajo el Gobierno de Ricardo Lagos.
Un “golpe para la fórmula de remate de aguas”, reconocen los entendidos en el tema, ya que por primera vez se frenó un remate con un recurso legal, basado en la propiedad que tienen de la tierra y el agua las comunidades indígenas.
El principal argumento del recurso era que “las aguas que se pretende rematar, son de propiedad ancestral de los indígenas de la zona. Como es sabido, la propiedad indígena ancestral ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional como una “especie de propiedad” (…) No solo eso, sino que el Río Queuco, es parte de la forma de vida, costumbres y filosofía (cosmovisión) del pueblo pehuenche”.
Es debido a este argumento que desde el Gobierno ven con preocupación la resolución, que podría marcar un precedente para una serie de conflictos sociales mediados por la crisis hídrica que vive nuestro país. Es más, la resolución ha logrado captar la atención al interior del Ministerio de Obras Públicas y en la DGA, debido a que más del 90% de los remates de agua programados para el 2019 se han centrado en la Región del Biobío.
Carmen Paine asegura que las comunidades van a “defender todos los ríos” y que esperan que los afluentes pasen a ser de su propiedad bajo la figura de “merced, al igual que las tierras recuperadas. Los gobiernos y empresarios han intervenido todos los ríos y aguas que están río abajo, pero con la delegación, en una semana echamos abajo el remate”.
Las razones de este remate no están muy claras, y, a pesar de que algunos vecinos apuntan a que la próxima instalación de la Carretera Hídrica podría estar generando más interés en adquirir derechos de aguas en la zona, el Seremi (s) del MOP, Aldo Careaga, señaló a Radio Biobío que, al ser derechos “no consuntivos”, no pueden ir a dar a la Carretera Hídrica, “están confundiendo las cosas”.
Pero dentro del mundo movilizado por defensa del agua apuntan a que el proceso de descarbonización para el 2040 hará que la matriz energética del país dependa de la energía producida por hidroeléctricas, que constituyen el principal fin de los señalados derechos no consuntivos. Razón por la que se podría estar “reactivando el mercado de los derechos de aguas en la zona”, el que se había visto “de capa caída desde HidroAysén”.
Cabe destacar que el remate del Río Queuco se abrió a partir de tres solicitudes por adquirir derechos no consuntivos de aguas, que datan del 2011. Según el archivo de la DGA Biobío, la Sociedad de Ingeniería e Inversiones Ignalux Ltda. presentó una solicitud, el 12 de enero de 2011, para obtener un caudal permanente de 250 m3 por segundos en una extensión de 1.354 mts; el 20 de enero del mismo año, Exploenergías Ltda. solicitó adquirir derechos por 60 m3/s en una extensión de 660 mts; finalmente Ricardo Pascual y Gustavo Navarrete solicitaron derechos de aguas por 55 m3/s en una extensión de 596 mts, el 21 de febrero de 2011.
Ignalux Ltda. está conectada con el rubro energético, a través de su socio Marco Cáceres Ule, inversionista en sociedades agropecuarias, hoteleras y forestales. Es socio de Energías Patagonia Ltda., Hidroenergías para Chile, Hidroeléctrica Energía Austral e Hidroeléctrica Cono Sur.
Según una publicación de Interferencia, en el 2015, Ignalux Ltda. solicitó tres derechos no consuntivos en el Río Biobío por un caudal de 2000 m3/s en cada una, y Exploenergías Ltda. tiene 46 solicitudes de derechos de agua a la DGA. Ricardo Pascual y Gustavo Navarrete también tienen intereses en el mundo de la energía, pues son socios de “Central Hidroeléctrica Pirinco II SPA”, a través de Inversiones Linkankura Ltda.
Pero estas no son las únicas empresas que pueden participar del remate. En el Código de Aguas se determina que otros organismos del Estado y otros privados también pueden participar de los remates de derechos del citado recurso, consuntivos, no consuntivos y de explotación de aguas subterráneas.
Roberto Quiñelén –profesor de cultura y cosmovisión mapuche de la Universidad Bolivariana, quien ha investigado el caso del Río Queuco– señala que el llamado a remate de los derechos de aguas “claramente es para poder utilizarlos para nuevas hidroeléctricas, hay una planta más abajo que se incorpora al sistema interconectado central y que utiliza las aguas del Queuco, y poco se habla de ella”. Detalla que el recurso es solo “una forma de demorar la venta de aguas”, pero que “si a esto no se le da un sentido de solución legal y no un parche, vamos a continuar con estos remates”.
Renaico en remate
La subasta de Queuco no es el único caso en conflicto, el 6 de octubre más de mil personas realizaron una marcha en la comuna de Renaico, en contra de la instalación de la hidroeléctrica de pasada “Agua Viva”, de Electro Austral Generación, ligada al empresario salmonero Isidoro Quiroga, conocido como el “Zar de las Aguas”, quien –según una publicación de Ciper– obtuvo entre 2008 y 2015 más de US$25 millones por la venta de derechos de aguas.
El proyecto, que busca alimentar el Sistema Interconectado Central, se encuentra paralizado, pese a que fue aprobado por el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en el 2017. Una de las razones sería que la empresa no cuenta con los derechos de aguas para utilizar el caudal del Río Renaico, frontera natural entre las regiones de La Araucanía y el Biobío.
La Dirección General de Aguas (DGA) citó para el 26 de agosto a un remate de derechos de aguas no consuntivos con fines hidroeléctricos, pero el remate no se realizó debido a que el llamado no había sido publicado en diarios de circulación nacional y local. Era tercera vez que la DGA intentaba subastar estos derechos, los que fueron perdidos por la misma empresa, luego que no pagara las multas de $82 millones anuales, producto del no uso de los derechos de aguas. Finalmente se programó un nuevo remate para el 20 de noviembre, el que ya fue convocado a través de los medios de prensa y el Diario Oficial.
Nicolás Fuentes, vocero de Salvemos el Renaico, explica que esta central de pasada es uno de los conflictos que tienen los vecinos y vecinas del Río Renaico, quienes llevan años de movilización debido al impacto de la industria forestal en el citado caudal.
Denuncia que han bajado los caudales del principal lugar de veraneo de la zona y que la preocupación por la contaminación de las aguas se vio agudizada después que se anunciara la instalación de “Agua Viva” en el origen del Río Renaico, un espacio que se había mantenido con aguas vírgenes, sin intervención.
La construcción de una bocatoma –utilizada para captar las aguas del río–, que generaría un espejo de agua que cubrirá 0,4 hectáreas y hasta 7 hectáreas, según Fuentes, junto a los “botaderos” –receptores de desechos de la central de pasada–, que serían instalados a 58 m y 25 m del Río Renaico, son algunas de las preocupaciones que aquejan a los vecinos movilizados. También destacan que la temperatura aumenta en “al menos 2 grados”, luego de ser procesada por las turbinas, lo que genera un impacto en la biodiversidad del río, así como la flora y fauna en sus alrededores.
Cabe destacar que la hidroeléctrica se construirá a 500 metros de la Reserva Nacional Malleco –la primera área silvestre protegida en Chile y Latinoamérica–, que posee uno de los bosques de araucarias más importantes del país.
Con el fin de frenar la instalación del proyecto, solicitaron al alcalde de Collipulli, Manuel Macaya, revisar la posibilidad de participar en el remate de los derechos de aguas e intentar adquirirlos, hasta revisar si la Conadi podía hacerse parte, debido a que está en territorio indígena.
“Pero no tenía sentido, porque son derechos para generación eléctrica y no tenemos, todos los años, $82 millones para pagar las multas por no usar los derechos”, resalta Nicolás Fuentes.
La construcción de una bocatoma –utilizada para captar las aguas del río–, que generaría un espejo de agua que cubrirá 0,4 hectáreas y hasta 7 hectáreas, según Fuentes, junto a los “botaderos” –receptores de desechos de la central de pasada–, que serían instalados a 58 m y 25 m del Río Renaico, son algunas de las preocupaciones que aquejan a los vecinos movilizados. También destacan que la temperatura aumenta en “al menos 2 grados”, luego de ser procesada por las turbinas, lo que genera un impacto en la biodiversidad del río, así como la flora y fauna en sus alrededores. Cabe destacar que la hidroeléctrica se construirá a 500 metros de la Reserva Nacional Malleco –la primera área silvestre protegida en Chile y Latinoamérica–, que posee uno de los bosques de araucarias más importantes del país.
Según la Ley 20.017, de 2005, que modificó el Código de Aguas, los derechos llevados a remate pueden ser consuntivos (para consumo humano o agrícola), no consuntivos (por lo general para hidroeléctricas) y de explotación de aguas subterráneas.
Las comunidades y municipalidades pueden ser parte de los remates, siempre y cuando aseguren la ocupación de los derechos adquiridos. En caso de no hacer uso de los derechos de aguas, son multadas por la DGA y, si las multas no son pagadas, el Estado recupera dichos derechos, los que vuelven a remate, si son solicitados nuevamente por un privado.
Fuentes reconoce que “el tema de los remates es bastante nuevo para nosotros, el único antecedentes es del Río Queuco, esa sería como la vía que tenemos, la única forma de paralizar los remates”.
Un ejemplo que podría ser seguido por Salvemos el Renaico, ya que según la reclamación interpuesta por la Unión Comunal de vecinos Marta González, ante el tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, en contra del Comité de Ministros del SEA, el servicio y la empresa solo realizaron una consulta Ciudadana en el 2014, pero no la Consulta Indígena indicada en el artículo 6° del Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Dependientes de la OIT.
Pero la ausencia de derechos de aguas no sería la única razón de la demora en la instalación de Agua Viva. Al interior del mundo empresarial aseguran que, debido al conflicto social, el rubro energético, especialmente el hidroeléctrico, “se ha vuelto inestable”, razón por la que varias empresas han desistido de sus proyectos.
Este sería el caso de Agua Viva. Al menos mientras esté en manos de Electro Austral, sería difícil su implementación en las regiones del Biobío y de La Araucanía. A pesar de la incertidumbre, la central de pasada aún es destacada en su página web, junto a los proyectos “Las Tórtolas” y “Arrayán” de la Región Metropolitana, “Centinela” en el Maule y “Molinos de Agua” en el Biobío.
El Estado vende el agua
El denominado “mercado del agua” ha estado en el centro de la polémica en los últimos años. Las dificultades para hacer una nueva reforma al Código de Aguas han llevado a que el proyecto arrastre años durmiendo en el Congreso, a pesar de los intentos de algunos parlamentarios y parlamentarias por agilizar la discusión, y aunque la crisis hídrica en Chile ha estado en portadas de diarios internacionales, el sistema de remate de aguas en manos del Estado es un área poco explorada por los especialistas y el mundo ecologista.
Pese a que la figura del remate de aguas siempre estuvo en el Código de Aguas de 1981, es con las reformas de 2005 que se intensifica su rol en el sistema del “mercado de derechos de aguas”. Antes de la reforma los nuevos derechos de aguas eran asignados al privado que los solicitara, a costo “0”, y solo en caso de que hubiera dos requirentes se pasaba a remate.
Los cambios bajo el Gobierno de Ricardo Lagos obligaron a que, cada vez que haya una solicitud de derechos de agua, pase a remate, en el que pueden participar otros oferentes, además de los solicitante. Asimismo, los remates se extendieron a derechos de explotación de aguas subterráneas.
El principal cambio fue la recuperación de los derechos de aguas que no son utilizados, con el fin de evitar la concentración y especulación con dichos derechos, que habían sido entregados sin costo durante la dictadura. De esta forma, si los derechos no son utilizados por la empresa, deben ser devueltos o pagar una multa anual por la no ejecución de los mismos, en cuyo caso es un juez quien “dispondrá, previo informe de la Dirección General de Aguas y teniendo a la vista las peticiones de los posibles interesados” la cuota y fecha del remate.
El informe “Remate de Derechos de Agua en Chile: ¿Qué pasó post Reforma del Código de Aguas del 2005?”, de Clapes UC, es el único que ha estudiado el caso de los remates de aguas. Este puntualiza que, desde la reforma, “una proporción mínima de los nuevos derechos otorgados fueron asignados vía remates” y un 57% de los remates convocados se declararon desiertos.
Entre junio 2005 y diciembre 2018 el número total de remates convocados fue de 134 y los derechos no consuntivos agruparon el 72,4% del total de caudales rematados durante 2005-2018.
En el estudio destacan que estas cifras solo corresponden a remates de nuevos derechos de aguas, ya que “no analizamos los remates cuyo origen es una condición de mora en el pago de la patente por no uso de derechos de aguas ya asignados.
A fines del 2017 existían más de 3.200 derechos de aguas con remates pendientes de realización, fruto de morosidad en el pago de la patente por no uso”.
Clapes UC destaca que esta modalidad de remate deja abiertos espacios para la especulación entre los que se presenten al remate, hasta al punto de pedir un pago por no presentarse al mismo. Pero dentro del mundo especialista en el rubro apuntan que esta medida también ha servido para intensificar el “mercado privado de aguas” y los traspasos y ventas de derechos de aguas entre privados.
“Los privados tienen una gran capacidad de organizarse, y los dedicados al agua son de los mejor articulados a nivel gremial”, indican desde dicho círculo a El Mostrador. Recalcan que las presiones sociales desde HidroAysén han llevado a disminuir la utilización del remate para la obtención de derechos de aguas y se ha priorizado “el trato entre privados”.
Cabe destacar que en el estudio de Clapes UC se puede observar que, entre los años 2012 y 2015, no se realizaron remates de aguas no consuntivas, dedicadas precisamente a proyectos hidroeléctricos. Además, entre el 2016 y 2018 no se asignó ningún derecho de aguas no consuntivo.
Para el año 2019, de los 38 remates programados por la DGA, 37 están situados en la Región del Biobío. Además de estos, solo un remate se programó para la Exploración de Aguas subterráneas, ubicadas en Diego de Almagro, Región de Atacama. La postura mínima era de $173 millones, y no llegaron postores. Además, para el año en curso se proyectaron 36 remates de derechos no consuntivos. En la DGA señalan que se puede deber a que muchos proyectos hidroeléctricos han sido desechados.
La abogada Manuela Royo explica que el sistema de remates es insuficiente para lograr moderar el mercado de aguas y subraya que “lo importante es concebir que el derecho al agua es un derecho humano y es fundamental. El Código de Aguas y la legislación interna no cumplen con los principios básicos del derecho humano al agua, eso siempre se debe considerar”.
Para Freddy Queupil, integrante de Salvemos los Ríos, la pregunta es por qué, en medio de una crisis hídrica, se rematan los derechos de aguas, en vez de entregarlos a las comunidades. “Los ríos de ninguna forma se tienen que intervenir, ni con proyectos, ni con venta, ni nada que les genere algún tipo de daño, esto a la larga va a significar extracción de afluente a extracción de agua”.
Asegura que el sistema de remate “responde básicamente a uno que está mal hecho. El sistema favorece la mercantilización de ese recursos y el derecho básico de consumo queda en segundo lugar. Frente a eso, hay claros ejemplos en el norte, donde la escasez es inmensa, pero quienes retienen las aguas son las empresas”.
Fuente: El Mostrador
“Usted sabe cuánto cuesta un litro por segundo”: El encendido debate entre el presidente de Agropetorca y Rodrigo Mundaca
El activista por el agua, Rodrigo Mundaca, y el presidente de la Asociación Gremial de Agricultores de la Provincia de Petorca (Agropetorca), Alfonso Ríos, protagonizaron un encendido debate en el matinal de TVN, “Muy Buenos Días”, a raíz de la sequía que afecta a nuestro país.
En el programa, Mundaca, quien regresó hace una semana de la ciudad alemana de Nuremberg, donde fue galardonado con el Premio Internacional de Derechos Humanos, criticó que el Estado tenga que comprar agua a privados para abastecer a la población.
“¿Usted sabe cuánto cuesta un litro de agua por segundo en Petorca?”, le preguntó el dirigente al presidente de Agropetorca, quien se negó a responder. Ante esto, Mundaca le dijo “el gobierno de Piñera hace 3 meses atrás compró diez litros por segundo para sufragar la necesidad de agua de dos sistemas de de agua comunitario rural en 66 millones de pesos. La pregunta que habría que hacer hoy día es por qué el agua, que se entregó de manera gratuita y perpetua a particulares, el Estado tiene que ir a comprarla a esos particulares”.
Luego de esto, en el panel se comenzó a discutir la posibilidad de expropiar los derechos de agua para abastecer a la población, propuesta que no fue apoyada por Ríos, quien afirmó que ese tipo de sistemas han fracasado.
“Para quitarles el agua, sin derecho a indemnización, tienen que modificar la constitución porque la constitución garantiza el derecho de propiedad sobre las aguas (…) el Estado puede por causas de fuerza mayor expropiar, pero a diferencia de los códigos anteriores tiene que pagar caro. Hay otros sistemas que han fracasado en todo el mundo que pueden expropiar y quitarle los bienes a la gente. Chile, a Dios gracia, tiene un Estado de Derecho civilizado”, manifestó el dirigente gremial.
Luego de esto, el abogado Daniel Stingo llamó a terminar con el Código de Aguas debido a que no se puede seguir “naturalizando que la gente viva con camiones aljibe”. “El estado tiene que hacerlo con el dolor de la gente de derecha que alguna vez le expropiaron en la reforma agraria que nos contaba antes“, le dijo el jurista a Ríos.
1/3: Extracto del debate en #MuyBuenosDiasTVN entre el galardonado activista por los DDHH del Agua, Rodrigo Mundaca (Modatima) y el empresario Alfonso Ríos (AgroPetorca) sobre el Agua y Sequía en Chile.
Rodrigo Mundaca habla sobre la sequía en Petorca y cuanto cuesta el agua: pic.twitter.com/LrxGybYgCa
— Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) October 7, 2019
Fuente: El Desconcierto
Cabildos por el Agua: La Necesidad de Entender la Exigencia de Derogar el Código de Aguas
Frente a la crisis hídrica en el marco del cambio climático se realizó este lunes, en el frontis del Ministerio de Agricultura, el hito de lanzamiento de los Cabildos por el Agua, instancia que busca generar reflexión, propuestas y empoderamiento en torno a la gestión del agua en Chile a través de un proceso participativo durante octubre y noviembre.
Además se hizo entrega de una carta abierta dirigida al ministro Antonio Walker en la que se repudia su conflicto de interés al poseer derechos de aprovechamiento por más de 29 mil litros por segundo a través de su empresa Wapri S.A., y también se manifiesta el descontento y desacuerdo en materia socioambiental, particularmente por la promoción de la carretera hídrica que se realiza desde su ministerio.
El Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) es la organización gestante de este iniciativa que busca recoger las opiniones de las comunidades y los territorios sobre la gestión del agua, ante las respuestas insuficientes dadas por los gobiernos desde la vuelta a la democracia que no han sabido resolver el problema de la escasez de este elemento vital, la desregulación en la posesión de los derechos de aprovechamiento ni terminar con la legislación dictatorial del Código de Aguas de 1981 que permite que el agua se transe como cualquier bien a través de la “ley de oferta y demanda”.
Por el contrario, han permitido la profundización de las desigualdades de acceso y como consecuencia existen territorios donde las dependencias de la agroindustria, la minería y las actividades extractivistas de grandes grupos económicos concentran el uso del agua y las comunidades deben lidiar con la escasez, los síntomas de la sequía “selectiva”, la muerte de sus animales, el cese de sus actividades agrícolas y domésticas, y la migración forzada.
Debido al análisis anterior se hace necesario que las respuestas a la crisis hídrica emanen de las comunidades apuntando a la raíz del problema y es por esto que surgen los Cabildos por el Agua.
Camila Zárate, vocera del MAT zonal centro declaró que “Actualmente se habla mucho de crisis climática y la problemática que se vive en los territorios pero no hay un entendimiento real de cómo eso se está viviendo. Al contrario, vemos un gobierno que se está galardonando porque va a traer una COP25 a Chile pero resulta que hoy día mismo se está destruyendo el bosque esclerófilo de Paso Hondo, un bosque nativo que se requiere para enfrentar la crisis climática”. Además mencionó que “Entendemos que este gobierno no está dando el ancho, no le importa verdaderamente la situación que está viviendo en los territorios, y es en ese sentido es que queremos levantar un proceso democrático, territorial y de base que le haga frente a esta gran problemática a nivel nacional y establezca respuestas y alternativas desde las comunidades”.
Francisca Fernández, del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo e integrante del MAT, hizo referencia a que “El hito de lanzamiento de los Cabildos por el Agua vuelve a posicionar a la palestra la necesidad de entender que estamos luchando por la derogación del Código de Aguas. No queremos ningún tipo de reforma, queremos otro cuerpo normativo, y cuando hablamos de la derogación del Código de Aguas es para finalizar la privatización histórica de los bienes comunes como el acceso a la salud, la educación y la previsión.
Desde la región de los Lagos se hizo parte del hito la vocera de la Asamblea del Agua Osorno, María Barrera, quien recordó la situación vivida en dicha ciudad tras estar 11 días sin acceso al agua, recalcando que es una situación que se vive en otros territorios como Chihuayante y Puerto Octay, criticando el rol de las sanitarias y la contaminación que producen generando grandes malestares colectivos. También alertó sobre la amenaza de la minería en la zona, lo que agudizaría las problemáticas en torno al acceso al agua. Además extendió la invitación al Cabildo que realizarán en noviembre.
Pedro Ulloa del Movimiento Juntos por el Agua de la comuna San Pedro de Melipilla, hizo referencia a la principal actividad de la zona, el cultivo de frutillas que abastece del 40% de esa fruta a la Región Metropolitana y en donde los pequeños agricultores no poseen derechos de aprovechamiento de aguas y éstos están concentrados en 4 empresas que tienen más del 80% de ellos. “San Pedro está siendo sobreexplotada por la agroindustria y la responsabilidad se le está sindicado a las personas que no tenemos derechos de aprovechamiento, se nos está culpando por la sobreexplotación a quienes somos la base productiva de la comuna” señaló.
Finalmente Camila Zárate explicó que cualquier organización puede levantar un Cabildo por el Agua, ya sean sindicatos, colectivos, junta de vecinos, APR, entre otros. Para ésto deben escribir a matzonalcentro@gmail.com señalando la intención de realización e indicar el lugar, la fecha y la hora del encuentro. Desde el MAT se le entregará el material de trabajo, la metodología y apoyo en la difusión y se estima que cada Cabildo tengo una duración de entre 2 a 3 horas.
Fuente: OLCA
CODEHS llama a la nacionalización del agua
Los sucesos de Osorno, en donde la población de esa ciudad se vio privada del agua durante varias semanas, al igual de lo ocurrido, después, en Puerto Octay, Chiguayante, Quemchi y otras localidades, —además de las sombrías predicciones acerca de la situación del país en este aspecto—, nos ha hecho cavilar profundamente acerca de si, en las actuales circunstancias, es o no oportuno para el Gobierno realizar en Chile la llamada Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP25 (‘Conference Of Parts’).
Contribuye a ello, la dictación del decreto que, por falta de agua, declara zona de emergencia climática a casi la totalidad de las regiones del centro del país, incluida la Metropolitana, y las dramáticas denuncias sobre lo que sucede en la región de O’Higgins en cuya localidad de Chanqueahue —también afectada por la escasez hídrica—, la empresa ‘The Coca-Cola Company’ adquirió los derechos de agua.
Sin embargo, no es lo único que ha sucedido: en Zúñiga, sector de San Vicente de Tagua-Tagua, se están vaciando los humedales; en Las Cabras, localidad del Valle de Quilicura, se arrasó con una enorme cantidad de hectáreas de bosque nativo y en Mostazal, se ha contaminado y secado el estero Los Troncos y la cuenca de Pilay.
Chile es la única nación del planeta en donde el consumo del agua se encuentra entregado a manos privadas, situación que nos irrita y avergüenza en extremo. El agua es el elemento central de la vida. Su apropiación en manos privadas implica una flagrante violación a los derechos fundamentales no sólo del ser humano sino de todos los seres vivos y, en consecuencia, una trasgresión a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Resulta inexplicable que nuestro Parlamento hasta el día de hoy haya sido incapaz de resolver un problema fundamental como lo es la devolución de la propiedad de ese elemento esencial al Estado chileno en su calidad de representante legal de la comunidad nacional.
Y resulta más inexplicable que, perseverando en esa dirección, el actual Gobierno haya insistido en realizar en Chile la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático a sabiendas que no podrá explicar a sus ilustres visitantes la explotación del líquido elemento por parte de propietarios particulares; menos, aún, que gran parte de su población viva en emergencia climática por la utilización desmedida de sus recursos naturales. Los antecedentes al respecto son escandalosos.
No hay que olvidar que la explotación sistemática de las napas subterráneas que alimentan el cauce del río Loa, por parte de la empresa estatal CODELCO, fue la causa del despoblamiento de una localidad donde vivía una población aymará de cuatro mil familias hasta dejarla reducida a menos de cuatrocientas personas.
Ni que, hace algunas semanas, se haya trasladado grandes cantidades de ganado desde Atacama a Ñuble para evitar que esos animales mueran de sed en provincias asoladas por la explotación de las minas y del cultivo de árboles frutales con enorme capacidad de absorción, factores determinantes, en definitiva, del consumo indiscriminado de agua.
Tampoco, que la población de Petorca haya emplazado a su alcaldía o que la empresa privada ESSBIO haya sido acusada de verter aguas servidas al río Biobio y pagar sobornos por el silencio.
Insistimos nosotros que no basta regular a través de la ley el uso de este líquido elemento ni, tampoco, establecer mayores controles a su consumo como parecen creerlo algunas autoridades; no basta igualmente con introducir reformas al Código de Aguas como suponen otras.
Estimamos nosotros que ha llegado el momento de resolver, de una vez por todas, el inmediato traspaso de la propiedad del agua a manos del Estado chileno para enfrentar con éxito la COP25 que se avecina. Una medida semejante nos reivindica ante la comunidad internacional que mira atónita a este país del sur en donde lo único que falta para completar el imperio de los negocios es la venta del aire que respiran sus connacionales y la venta o arrendamiento de este último al capital foráneo.
Llamamos, en consecuencia, al Parlamento a adoptar las medidas necesarias tendientes a recuperar para el Estado de Chile el dominio, la propiedad y, en consecuencia, el control absoluto del uso y empleo del agua para la comunidad nacional y la imposibilidad de otorgar concesiones a particulares que impliquen, en el fondo, el traspaso de la propiedad de ese elemento a manos privadas y hacemos nuestro el llamado que, sobre el particular ha formulado el Frente Amplio en estos últimos días.
Raúl Elgueta González, Presidente
Manuel Acuña Asenjo, Secretario General
Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales, CODEHS
