A partir del 18 de octubre de 2019, la lucha del pueblo chileno por democracia y justicia social experimentó un gigantesco salto de calidad al convertirse en movilizaciones y protestas nacionales de millones en todas las regiones, ciudades y pueblos del país, incluyendo el “barrio alto” de Santiago, en las que se expresó el descontento, el malestar y la rabia contra el modelo neoliberal, y el reclamo de demandas sociales y políticas sin solución durante décadas.
Junto al alza del pasaje del metro, detonante inmediato del estallido social, estaban las alzas de la luz, el gas y otros servicios, el cierre de empresas, los despidos, los bajos salarios, la precariedad del empleo, la corrupción y los abusos, es decir, las promesas incumplidas de tiempos mejores del gobierno de Piñera. Se agregaban los incumplimientos de cambios democratizadores y reformas económicas y sociales que nunca se llevaron a cabo en los gobiernos de la Concertación, que transformaron la esperanza popular en descrédito del andamiaje institucional de la Constitución pinochetista, alejamiento y desconfianza de la política y disminución de la participación social y política ciudadana.
Entre los símbolos del inédito levantamiento popular estuvieron la bandera mapuche, la figura de Salvador Allende, las canciones de Víctor Jara y Los Prisioneros, y parte de sus multifacéticas expresiones fueron los caceroleos, concentraciones, marchas, paros nacionales, cicletadas, fogatas y barricadas que cortaron calles y carreteras, actividades artísticas y culturales, las performances del colectivo feminista LAS TESIS, velatones, miles de cabildos y asambleas, plebiscitos, instalación de campamentos en lugares céntricos, celebraciones de Año Nuevo. La explosión popular fue mayormente pacífica y plena de energía y dinamismo, siendo su dimensión solo comparable a las protestas nacionales de los años 80 contra la dictadura.
Un potente hito del estallido social fue el exitoso Paro Nacional del 12 de noviembre, convocado por la Mesa de Unidad Social, la CUT y organizaciones de pobladores, estudiantes, mujeres, y diversos otros sectores sociales.
Ese día se paralizaron casi totalmente las actividades productivas y de servicios del país tras la plataforma del Bloque Sindical de la Unidad Social, que exigía salario mínimo líquido de $500.000 para trabajadores públicos y privados, plenos derechos sindicales y fin de la subcontratación, pensión mínima equivalente al salario mínimo, canasta de servicios básicos protegidos (agua, luz, gas, teléfono, cable, internet), tarifa social de transporte y gratuidad en el pasaje de adulto mayor y pasaje estudiantil, eliminación de los TAG, reducción de la jornada de trabajo a 40 horas, acceso a la salud, educación y vivienda como derechos sociales, investigación, juicio y castigo de las violaciones de los derechos humanos, y nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente.
Pararon el gran comercio; el transporte público urbano, interregional y nacional; la casi totalidad de los puertos; el sistema financiero, los bancos, las AFP’s; Enap, Asmar, sindicatos salmoneros, pescadores artesanales, trabajadores de la construcción; los establecimientos educacionales, profesores, estudiantes, asistentes educacionales; el sector público: la Anef, los gremios de la salud, la Fenpruss, Fenats, Confusam; las ferias libres y persas; los trabajadores municipales y muchos Municipios; los terminales pesqueros; los camioneros de Coca Cola y otros.
Se realizaron cortes de calles y de rutas que ayudaron a la paralización, y marchas y concentraciones multitudinarias en todo el país, en la mañana y en la tarde.
Aunque la pandemia, la represión del gobierno y el salvataje del sector de “centroizquierda” morigeraron el movimiento, la explosión popular fortaleció al movimiento social, la solidaridad colectiva y la deslegitimación de los partidos del régimen, y surgieron nuevas formas de organización y de lucha vinculadas a la desobediencia civil y a la autodefensa frente a la represión.
Los defensores del sistema intentaron despojar las demandas ciudadanas de su contenido contrario al régimen neoliberal. El Instituto de Estudios de la Sociedad (1) afirmó que en la movilización nacional de millones del 25 de octubre “cada quien clavó sus propias banderas, sin importar como podrían articularse entre sí las distintas demandas”, desconociendo así la potencia unificadora de la demanda de nueva Constitución.
El estallido no nació espontáneamente, había un acervo acumulado de luchas impulsadas por las fuerzas políticas de izquierda y progresistas y las organizaciones sociales clasistas. La consigna “Lucha como Gladys” reflejó la valoración popular de la política de los comunistas desde los inicios de la salida de la dictadura.
Las demandas reclamadas por millones de chilenos tenían origen en las luchas antidictatoriales y por el cumplimiento de las promesas de los gobiernos de la Concertación, por pensiones justas y No+Afp’s, empleos y salarios dignos, plenos derechos sindicales a los trabajadores, acceso a la educación, salud, vivienda, fin al sistema electoral binominal, Nueva Constitución, Verdad y Justicia, entre otras.
Eran herederas de la Revolución Pinguina del 2006, de las batallas del 2011 por el derecho a la educación gratuita y de calidad, de las marchas por el fin de las AFP’s, de las movilizaciones de las mujeres en 2018 y 2019, de los paros y protestas nacionales de la CUT y la Mesa de Unidad Social, de las construcciones políticas y sociales unitarias que dieron origen a la Nueva Mayoría, al pacto Unidad para los Cambios, y a la Mesa de Unidad Social, la cual surgió en agosto de 2019 agrupando a un centenar de organizaciones sociales. Toda esta dinámica reconfiguró las alianzas políticas y sociales.
Crisis social y política
El estallido generó una profunda crisis social y política, haciendo recordar que en tiempos sociales turbulentos “los de abajo” no están dispuestos a seguir siendo gobernados como antes, “los de arriba” ya no pueden gobernar como antes, y las masas populares se ven compelidas a intensificar su lucha por los efectos de la crisis y por la ingobernabilidad de las “alturas”.
El éxito del Paro Nacional del 12 de noviembre agudizó el aislamiento y la debilidad del gobierno, confirmó la fuerza de las demandas populares de Nueva Constitución y Asamblea Constituyente, y aceleró los intentos del gobierno y la derecha para llegar a un acuerdo con la oposición. Piñera declaró que estaba “dispuesto a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución”.
Diversos personeros políticos hablaron, implícita o explícitamente, del fin anticipado del periodo presidencial. El analista de derecha Hugo Herrera (2), afirmó que a la crisis social y política, “una crisis profunda que no se va a acabar ni en meses ni en años”, se suma una crisis de la figura presidencial.
Juan Manuel Ossandon advirtió el 8 de diciembre que Piñera “todavía no entiende la gravedad del problema”, y que el país “no acepta más parches” como soluciones, refiriéndose a las medidas de la “agenda social” del gobierno.
El ex presidente Ricardo Lagos ratificó la gravedad de la situación declarando que no se trataba de una crisis del gobierno de Piñera sino del Estado chileno, y que “hay un déficit de sectores de la izquierda (…) que no han sido claros con la condena a la violencia”, con lo cual contradecía las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y le ponía total fianza al gobierno.
Orlando Saenz (3) afirmó que el gobierno de Piñera sobrevivía debilitado, con escaso apoyo político, y “casi carente de un liderazgo enérgico”. Para recuperarse debía corregir las causas de la crisis y “desmantelar los grupos organizados que la detonaron”, pues si se ignoran las aspiraciones populares y “se deja incólumes a los grupos organizados que la utilizaron para sus propios fines”, la crisis reaparecerá.
La forma que adopte la movilización de la “mayoría silenciosa” y la articulación de un polo democrático que supere el actual ordenamiento izquierda–derecha u oficialismo–oposición, serán determinantes en el desenlace.
Pronosticaba además el avance hacia una dictadura, pero “eliminado el factor militar como solución, no existe una institución que sea capaz hoy día de mostrar una capacidad de crear un gobierno autoritario mínimamente estable (…) probablemente eso emerja después de un gran conflicto social, de un gran quiebre social, de algo muy parecido a una guerra civil”.
El veloz avance del pueblo y la profundidad del contenido de su lucha hicieron que el gobierno quedara a la intemperie, con escasa autoridad y legitimidad, y sus pretensiones de prolongarse en el poder por 8 años se hicieron añicos.
El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”
Tras el Paro del 12 de noviembre, todos los partidos opositores habían rechazado públicamente la idea de Piñera de Congreso Constituyente, y se habían pronunciado por plebiscito, Nueva Constitución y Asamblea Constituyente, pero los días 13 y 14 se fraguó un acuerdo entre cuatro paredes, que excluyó a los comunistas y a la Mesa de Unidad Social.
Paralelamente, la derecha enfatizó mediáticamente la “condena a la violencia”, chantajeó públicamente con reponer el Estado de Emergencia y la vuelta de los militares a las calles, en medio de declaraciones y reuniones con el Ministro de Defensa.
Algunas figuras políticas avalaron públicamente las amenazas, ante lo cual los comunistas exigieron en una declaración aclarar “si la premura y la restricción de participación social y política con la que llegaron a acuerdo, estuvo mediatizada o no, por una supuesta amenaza militar. En otras palabras, si la disyuntiva a la Paz era una intervención militar o un nuevo estado de excepción establecido por el gobierno, incluyendo el Estado de Sitio. De ser así, se trataría de una grave coacción al derecho a opinión, a la participación y una afrenta a la democracia”.
En la madrugada del 15 de noviembre se dio a conocer el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, gestado literalmente entre gallos y medianoche, firmado por Renovación Nacional, la UDI, Partido Liberal, Evopoli, PDC, PR, PS, PPD, RD, Comunes y Gabriel Boric, quien firmó a título personal en medio de agudas tensiones que culminaron en la renuncia de un centenar de dirigentes de Convergencia Social.
No firmaron el acuerdo el PCCh, PH, FRVS, Pro, Convergencia Social.
El documento declaró el compromiso de restablecer la paz y el orden público, y el total respeto de los derechos humanos, pero no señaló ninguna medida concreta para poner fin a las violaciones a los derechos humanos. Planteó la realización de un plebiscito de entrada el 2020, sin voto obligatorio, para preguntar si se está de acuerdo o no con una nueva Constitución, y si ésta debe ser redactada por una Convención Constitucional –concepto que reemplazó el de Asamblea Constituyente– o una Convención Mixta Constitucional, con parlamentarios y delegados elegidos.
Nada se dijo de la participación del mundo social, cuya movilización dio origen al proceso constituyente, ni de elegir sus representantes, ni de privilegiar la participación de los pueblos originarios o las mujeres. Solo se estableció elegir delegados de partidos políticos, de acuerdo al mismo sistema de elección de diputados. Gracias a la presión popular posterior, se logró caminar hacia la posibilidad de tener paridad de género, escaños reservados a representantes de los pueblos originarios, y la participación de independientes.
Una Comisión Técnica paritaria entre gobierno y oposición, designada por los partidos que suscribían el acuerdo, determinaría los aspectos relativos a la materialización de lo antes señalado, y el o los proyectos de reforma constitucional y o legal serían sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un todo.
Lo más grave de todo es que estipulaba que los acuerdos sobre los contenidos de la nueva Constitución se deberían tomar por una mayoría de 2/3, lo que imponía nuevamente el veto antidemocrático de la derecha.
Violaciones a los derechos humanos y anticomunismo
Durante el estallido, Piñera declaró la guerra contra el pueblo, sacando los militares a la calle y decretando Estado de Emergencia y toque de queda, reeditando las violaciones masivas a los derechos humanos durante la dictadura.
La información del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 18 de noviembre, registró 23 muertos, miles de detenidos, 2.391 personas heridas en hospitales, 6 querellas por homicidio contra agentes del Estado, 7 querellas por homicidio frustrado, 66 por violencia sexual, 273 por torturas.
De las 2.391 personas heridas, 1.482 lo fueron por armas de fuego, 1.021 sufrieron heridas por golpes y gases, 222 sufrieron heridas oculares, con pérdida de visión total y parcial.
La información complementaria al 28 de diciembre registró 24 muertos, 359 víctimas de traumas oculares, 23 de ellos con pérdida total de 1 ojo, 3.500 personas formalizadas, 2.300 de ellas en prisión preventiva.
Confirmaban este balance los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, todo lo cual establecía que había razones fundadas para acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al Presidente Piñera.
Existieron pruebas de saqueos e incendios provocados o estimulados por la derecha, por acción u omisión de las fuerzas policiales y militares, primero para crear el clima que permitiera decretar el Estado de Emergencia y el toque de queda, y después para justificar la mantención de la represión y desvirtuar y dividir el movimiento exacerbando la condena a los actos de violencia.
Un ejemplo de dominio público fue el concejal Chahuán (RN) de La Calera, quien actuaba como organizador de saqueos, por lo cual fue detenido.
Como parte del cuadro, Mike Pompeo, Secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, anunció su ayuda a los gobiernos latinoamericanos enfrentados a protestas sociales, para que no sean secuestradas por Cuba y Venezuela y se conviertan en revueltas populares, expresándose una vez más la constante injerencia yanqui en la política chilena.
Piñera tomó debida nota y en una entrevista con el diario español El País, señaló que había recibido mucha información sobre la intervención de gobiernos extranjeros en la revuelta social en Chile.
El gobierno de Piñera trató de prolongar lo más posible el tiempo de gracia que consiguieron con la pandemia, el estado de emergencia, el toque de queda, los militares en la calle, la dictadura mediática, todo con vistas a contener y ojalá disolver la rebelión social iniciada en octubre, acogiendo el consejo de Orlando Saenz (4).
Según el historiador Marcelo Cassals, la tesis conspirativa de un enemigo externo, junto con desconocer las causas estructurales de la crisis, denota un esquema mental conservador de larga data, profundamente anticomunista, en el cual impera la lógica de mantener el orden público a cualquier precio.
Tal escenario parecía ajustarse a la conducta del gobierno, incluyendo la tesis conspirativa de Pompeo adoptada por Piñera. No habiendo condiciones ahora para un régimen autoritario, entonces hay que crear las condiciones, posición de un sector ultraderechista.
En septiembre del presente año Amnistía Internacional Chile denunció el riesgo de impunidad en miles de casos de violaciones a los derechos humanos vinculados al estallido social de octubre de 2019, pidiendo al gobierno coherencia en la materia, y acusando que se ha querido asociar el estallido social con hechos de violencia, olvidando las masivas manifestaciones pacíficas de protesta de millones de personas, cuyas demandas permanecen vigentes hasta hoy (5).
En los mismos días el Director General de Carabineros, Ricardo Yañez, formalizado por su responsabilidad en esas violaciones, intentó en varias oportunidades evadir la formalización de la justicia, antes de que se viera obligado a renunciar. En su formalización, la fiscalía enumeró 1.386 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social debido a la falta de acción de los altos mandos para contener la violencia policiaca contra los manifestantes.
Un grupo de diputados derechistas intentó recurrir al Tribunal Constitucional para que cesen en sus cargos parlamentarios del PC y del FA, por “incitar a la alteración del orden público”.
El Mercurio criticó el respaldo comunista a las movilizaciones, la petición de renuncia de Piñera, el apoyo a la Mesa de Unidad Social, la actitud de “estar con un pie en la calle y otro en la institucionalidad”, y el rechazo al Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución (6).
La conclusión que se quería instalar es que los comunistas respaldaban la violencia y estaban contra el diálogo y los acuerdos.
Luis Eduardo Escobar planteó que la solución era el dialogo con quienes se movilizan y la solución de sus demandas, agregando que “desde tiempos inmemoriales, en ninguna parte del mundo se ha podido mantener un gobierno en pie indefinidamente en contra de la opinión mayoritaria de los gobernados, tarde o temprano, por las buenas o por las malas, esos gobernantes y sus gobiernos caen (…) en esa situación, pensadores como Platón y Santo Tomás de Aquino han justificado la rebelión legítima” (7).
El gobierno se negó sistemáticamente a escuchar a las organizaciones sociales, buena parte de las cuales estaban agrupadas en la Mesa de Unidad Social. Recién el 28 de noviembre, dos días después del segundo Paro Nacional, el Ministro del Interior se reunió con la Mesa de Unidad Social, y allí las organizaciones de trabajadores reiteraron sus demandas y propuestas y exigieron respuestas y soluciones que nunca se entregaron, razón por la cual Unidad Social clausuró el incipiente diálogo con el Ministro del Interior.
La decisión opositora de acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al presidente Piñera, estaba legítimamente enmarcada por la represión y las violaciones a los derechos humanos.
El Presidente de la República era el responsable político de sobrepasar las atribuciones que le concedía la Constitución al decretar estado de emergencia y toque de queda, desencadenando la brutal violación de los derechos humanos.
La aprobación de la acusación a Chadwick en la Cámara de Diputados fue, a juicio de algunos, una “ofrenda” del “partido del orden”: entregar a uno de los propios para proteger al Presidente.
Se advirtió que de ser aprobada la acusación a Piñera, corría peligro la estabilidad del Estado de derecho, y se arriesgaba un eventual quiebre democrático.
José Miguel Insulza señaló que “una salida prematura del presidente de la República (…) significaría una situación muy grave (…) que podría desencadenar situaciones mucho más complejas”. Parecidos fueron los argumentos de José Antonio Viera-Gallo, Jorge Burgos, Gutenberg Martinez, Eugenio Tironi y otros. Se insinuó nuevamente que podría desencadenarse un golpe de estado, tal como en vísperas del Acuerdo de Paz Social y Nueva Constitución.
La acusación a Piñera fue rechazada, aunque por estrecho margen: 79 a 73 votos, resultando decisivos los 8 votos de diputados de oposición que la rechazaron: Manuel Matta, Matías Walker, Miguel Angel Calisto, Jorge Sabag (DC), Fernando Meza y Carlos Jarpa (PR), y los independientes Pepe Auth y René Alinco.
Las especulaciones anticomunistas de la derecha y del propio Piñera, de Lagos y otras figuras, de que la acusación era obra del PC, evidenciaron una vez más, como a mediados de los 80, el temor a una salida de la crisis empujada por el pueblo, e hicieron recordar las maniobras de distinto tipo que entre 1998 y 2000 realizó el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y varios de sus ministros para salvar de la detención y juicio en Europa al dictador Pinochet.
Como parte de las movilizaciones, y a propuesta de un grupo de alcaldes y concejales progresistas, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) realizó el 15 de diciembre una consulta nacional, respaldada por la Mesa Nacional de Unidad Social, que pedía pronunciarse sobre las demandas sociales, incluyendo Nueva Constitución y Asamblea Constituyente.
De las 226 comunas participantes en la consulta, más de 30 incorporaron la pregunta sobre Asamblea Constituyente.
Los resultados indicaron en muchas comunas un crecimiento de la participación electoral, y también arrojaron un respaldo abrumador a una Nueva Constitución, y a una Asamblea Constituyente donde existió esta opción. En donde no estuvo, la gran mayoría se pronunció por una Convención Constitucional donde todos los constituyentes fueran elegidos.
Los dos tercios y la derechización de la Concertación
Para Felipe Portales la aceptación del veto de la derecha a través del quórum de los 2/3, fue la continuidad del proceso de derechización de la Concertación desde fines de los 80, y respondía a la misma lógica con la que le regaló en 1989 a la derecha la mayoría parlamentaria (8).
En su columna, Portales citaba a figuras concertacionistas, empresarios y economistas. Edgardo Boeninger había señalado que la dirección concertacionista convergió a fines de los 80 con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (9).
Eugenio Tironi escribió:
“Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo”.
Alejandro Foxley declaró que “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo (…) Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, (…) que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar (…) de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile (…) que terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal” (12).
El entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, señaló que a Ricardo Lagos “mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (Foro de Cooperación de Asia Pacífico) como acá (en Chile), porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque, además, se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo”.
Pero el elogio más relevante fue el que le hizo Arnold Harberger, el segundo luego de Milton Friedman de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, quien señaló “estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente, Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica, es una bendición para el mundo” (13).
En contrapartida, los partidos PC, FRVS, PRO, Igualdad y PH, presentaron el “Acuerdo Soberano: Chile Decide”, una propuesta de 7 puntos que tuvo como base la plataforma del Bloque Sindical de la MUS, que contemplaba el fin a las violaciones a los derechos humanos, un salario mínimo de $510.000, pensión mínima equivalente y fin de las AFP’s, eliminación de los créditos CAE, una ley de rentas regionales y Nueva Constitución.
Por su parte, la Mesa de Unidad Social propuso una ruta para la Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente y con plebiscito para disensos, una Asamblea con 244 constituyentes, la inclusión de listas de independientes, voto obligatorio desde los 14 años, paridad de género y un 15% de escaños reservados para pueblos originarios o afrodescendientes.
El acuerdo del 15 de noviembre dejó tensionamientos en los partidos de la ex Concertación, que se reflejaron en la carta abierta de José Antonio Gomez, ex presidente del PR, a sus correligionarios, en la que rechaza el apoyo de ese partido al gobierno de Piñera; en la posterior renuncia de los dos parlamentarios que rechazaron la acusación constitucional a Piñera; y en las declaraciones de Camilo Escalona (22 diciembre) señalando que la derecha confunde la democracia con el gobierno de Piñera, que no es deber del PS proteger a Piñera, y que hubiera votado a favor de las 2 acusaciones constitucionales a Chadwick y Piñera.
En cuanto al plebiscito de octubre de 2020, Carmen Frei, vicepresidenta del PDC designada por su partido para coordinar la campaña “Yo Apruebo”, llamó a todos los partidos opositores a la unidad para enfrentar juntos la campaña, precisando que el llamado incluía a los comunistas (2 enero 2020).
La Convergencia Progresista (PS, PPD y PR) replicó este llamado, subrayando la necesidad de trabajar con la DC, el FA y el PC (3 enero 2020).
En la derecha también surgieron contradicciones.
Al surgir la posibilidad de la paridad de género y otras posibles modificaciones apoyadas por RN y Evopoli, la UDI congeló su participación en Chile Vamos, con el rechazo de RN a esa conducta de veto.
Las declaraciones de Allamand señalando que si no se aprobaba por 2/3 el texto de nueva Constitución en el Congreso, la Convención fracasaba y seguiría vigente la actual Constitución, no hizo más que agudizar los conflictos entre los partidarios del acuerdo.
José Antonio Kast manifestó por su parte que el acuerdo por la paz social y nueva constitución tenía “una base ilegítima” porque partió “de la violencia extrema”.
Sin embargo, tan movilizado y protagónico como el 18-O, el pueblo chileno conquistó una victoria de carácter histórico en el plebiscito constituyente del 25 de octubre de 2020, al obtener una mayoría aplastante en las 2 opciones consultadas: 5.886.421 votos (78,27%) para el Apruebo, y 5.646.427 votos (78,99%) para la Convención Constitucional, en una jornada marcada por la masiva concurrencia a votar (50,9% de participación) pese a la pandemia de COVID-19.
Aprendizajes
En vísperas del 5º aniversario del estallido social, es necesario en primer lugar enfrentar la manipulación mediática de las fuerzas que sustentan el modelo neoliberal para desterrar las falsedades y restituir la verdad.
Desde sus inicios, la derecha y los sectores que rechazan alterar el actual statu quo político, emprendieron una guerra comunicacional para adosar la imagen de violencia y actos delincuenciales a las manifestaciones pacíficas de millones de chilenos que han reclamado infructuosamente durante décadas solución a sus legítimas demandas de transformaciones para mejorar la vida de los chilenos.
Ahora se intensificó esta campaña; la llevan a cabo incansablemente los medios de comunicación, cuya abrumadora mayoría están en manos de la derecha y los grupos empresariales; lo dice cínicamente el general de Carabineros Ricardo Yañez al ser formalizado como uno de los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido.
Lo trata de instalar la encuesta CEP Nº 92 recién aparecida, cuyo perfil afin al modelo neoliberal es conocido, afirmando que disminuyeron las personas que apoyan el estallido -era que no tras la cantinela mediática del violentismo tantas veces repetida durante 5 años.
Al respecto, Alexis Cortés, director del Doctorado en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, señala que se trata de “la consolidación de un cierto relato público, que busca reducir el Estallido Social a una expresión netamente delictual, y es posible que las personas no quieran ser identificadas con lo que se denomina como el ‘octubrismo’, bien entrecomillas”.
Por su parte, Jorge Fábrega, investigador académico del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo, lo interpreta “como una desesperanza respecto de la capacidad del sistema democrático de hacerse cuenta y resolver el conflicto social”.
Con todo, siendo rigurosos, la encuesta CEP reconoce que hay un importante porcentaje de chilenos que no rechazan el estallido, un 47%, que considera que el estallido social fue bueno y muy bueno (17%), y regular (30%).
¿Por qué tanto interés en descalificar el estallido social?
Es necesario un profundo análisis crítico y autocrítico del estallido social que permita extraer aprendizajes para el futuro.
Hay que dilucidar las causas de la derrota del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, en que una mayoría se pronunció por el rechazo de la propuesta de nueva Constitución, dando paso a la arremetida y crecimiento de la ultraderecha, después que se había producido la gran victoria del plebiscito del 25 de octubre de 2020.
Pese a ello, la persistencia de las fuerzas que están por los cambios, y los logros unitarios para enfrentar las próximas elecciones del 26 y 27 de este mes, contrarrestan la política de la derecha, a la que se le abren permanentemente nuevos flancos debido a los acontecimientos de corrupción que la enlodan y que dejan a la vista el entramado de vinculaciones que posee con las instituciones de la justicia, con mandos policiales y militares, con medios de comunicación.
Los detentores del poder neoliberal saben que las demandas reclamadas en 2019 aún siguen sin solución, a pesar del esfuerzo del actual gobierno para llevar adelante reformas en beneficio de la gente, que en muchos casos han enfrentado la obstaculización y sabotaje de la derecha, a pesar de lo cual se pueden enumerar varios logros. Pero mientras se posterguen las soluciones seguirá habiendo terreno fértil para los reclamos, y en cualquier momento podrían volver a aparecer las protestas.
El estallido demostró que la movilización es la herramienta principal que tienen los sectores populares para lograr soluciones, como lo atestigua la apertura del proceso constituyente, la instalación de un gobierno de cambios, y la gran victoria del plebiscito del 25 de octubre de 2020, y reveló asimismo que los momentos de alza de la lucha popular siempre son resultado de la tenacidad y consecuencia de las fuerzas políticas y sociales transformadoras, de los que se atreven a empujar salidas populares en situaciones de crisis social y política.
El estallido deja como aprendizaje que se requiere mayor capacidad de conducción de la lucha de los sectores populares por parte de los partidos políticos de izquierda, cuya mayor fortaleza provendrá de su unidad más férrea, de su mayor presencia e influencia en el mundo social y sindical, y de la evidencia de realizaciones en beneficio de la gente impulsadas por sus representantes.
Es muy relevante la simpatía y apoyo popular al alcalde Daniel Jadue, reconocido por sus realizaciones en beneficio del pueblo: farmacias populares, escuela abierta, universidad popular, librería popular, salud en el barrio, inmobiliaria popular, gestión de medicamentos para el coronavirus. Esa es la razón por la cual se lanzó en su contra una guerra jurídica, política y mediática, que lo mantuvo detenido largo tiempo pese a las múltiples evidencias de su inocencia.
La izquierda tiene como desafío elevar el combate al apoliticismo del movimiento social y sindical y al anticomunismo, y defender el derecho del pueblo a la movilización en las calles sin dejarse arredrar por la embestida mediática de la derecha y los sectores gatopardistas para neutralizar la lucha, dispuesta a los acuerdos y entendimientos que beneficien al pueblo pero sin comprometer la movilización como la variable determinante.
(*) Sociólogo.
En marzo de 2020 se presentó la publicación del Grupo de Análisis de Coyuntura y Tendencias titulada “Dos Años de Gobierno de Piñera: Levantamiento Popular y Crisis del Orden Neoliberal”, que no alcanzó a circular debido a la pandemia. El análisis que sigue se basa en el artículo original del autor “Levantamiento popular y crisis del orden neoliberal” que fue parte de esa publicación.
Santiago, octubre de 2024.
Notas:
(1) En su libro “Primera persona singular. Reflexiones en torno al individualismo”.
(2) En su libro “Octubre en Chile”.
(3) Protagonista de la conspiración golpista contra el gobierno de la Unidad Popular desde Patria y Libertad, reconocida en su libro “Testigo privilegiado”, 2016, asesor económico de Pinochet, después candidato a senador independiente dentro de la Concertación. Columna “Hacia la dictadura”, El Libero, 8 de noviembre.
(4) Orlando Saez afirmó que la pandemia “(…) puede significar una verdadera segunda oportunidad para que el gobierno de Sebastián Piñera recupere el liderazgo y el prestigio que ha perdido en el lamentable camino que escogió para enfrentar la asonada subversiva con que trataron de abatirlo (…) no solo le otorga la más legítima e irrebatible razón para prohibir y controlar las pobladas movilizadas sino que convierte esa prohibición (…) en una obligación ineludible (…) otorga el prolongado lapso de tiempo que permitirá rediseñar el disparatado proceso constitucional que, de haberse intentado en la forma y plazos con que fue programado, habría conducido ciertamente al colapso final de la democracia chilena”.
(5) El organismo indicó que de los 10.142 casos investigados de violaciones a los derechos humanos perpetradas entre octubre de 2019 y marzo de 2020, apenas 43 han terminado en sentencias condenatorias.
(6) Crónica de El Mercurio del 1º de diciembre, titulada “En la antesala del XXVI Congreso del conglomerado: lo que busca el Partido Comunista tras el estallido social”.
(7) El Mostrador, 7 diciembre.
(8) Columna “La profunda derechización de la Concertación”, El Mostrador, 8 de diciembre de 2019.
(9) “Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”. Edit. Andrés Bello, 1997, Santiago.
(10) “La irrupción de las masas y el malestar de las élites. Chile en el cambio de Siglo; Edit. Grijalbo, Santiago, 1999; pp. 36, 62 y 162.
(11) Cosas; 5-5-2000.
(12) La Segunda; 14-10-2005.
(13) El País, España; 14-3-2007.
