Durante las últimas horas se dieron a conocer nuevos antecedentes que vinculan a miembros del Ejército con la firma AC Inversions, acusada de realizar una masiva estafa con fondos de inversión que podría tener hasta 5.000 víctimas. De hecho, el Ejército recomendó en enero a sus personal no invertir en empresas como AC Inversions.
Según informó La Segunda, fuentes ligadas a la investigación indicaron que AC Inversions tenía entre sus filas a captadores que eran miembros de la institución castrense, información que fue refrendada por el abogado querellante, Mauricio Daza.
«La vinculación con el Ejército es una de las líneas de investigación que se está siguiendo, porque el nombre de esa rama fue utilizada para captar clientes bajo conceptos como ‘confianza’ y ‘familia militar'», explicó el jurista.
«Esto es como una bola de nieve. Comenzó a crecer primero desde el Ejército y luego se fue haciendo cada vez más grande: salió a los familiares de los militares y –naturalmente- a medida que se veía que había éxito, al mundo civil», explicó el jurista.
Consultado por los uniformados hasta ahora identificados, Daza indicó que «en un comienzo, el cabo de la Unidad de Finanzas Renzo Muñoz (quien pasó a retiro en 2014). Hay otros y se está trabajando en identificarlos».
«Podemos decir que gran parte de los clientes son miembros activos de las Fuerzas Armadas», subrayó.
Otras fuentes citadas por La Segunda indican que en AC Inversions los militares que ingresaban fondos tenían una tasa preferencial de rentabilidad en torno al 10 por ciento, mientras que al resto de los clientes se les ofrecía una de entre 2,5 y 7,5 por ciento.
Ejército recomendó en enero a funcionarios no invertir en empresas como AC Inversions
Meses antes de conocerse el caso de AC Inversions, el Ejército había solicitado a sus integrantes abstenerse de participar en empresa denominadas «Forex» (de especulación de valores), ya que las operaciones podrían revestir ilícitos.
Como informó Ahora Noticias, una circular del comandante en jefe de la Sexta División de Iquique, general Miguel Alfonso Bellet, advirtía en enero que un «numeroso personal militar mantiene inversiones en empresas Forex, recomendando además, comunicar al personal abstenerse de participar en este tipo de situaciones que podrían estar asociados a ilícitos», basándose en información entregada por la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE).
«Conforme a antecedentes que obran en poder de este Comando Divisionario, la institución ha tenido que adoptar, en fechas recientes, medidas disciplinarias con personal que ha presentado conductas alejadas a los principios institucionales», continúa el texto.
En el documento se explica que se adoptarán «medidas necesarias para dimensionar si mantienen bajo mando personal involucrado en este tipo de situaciones, debiéndose accionar oportunamente para evitar que estas atenten a la imagen y prestigio institucional».
PDI reconoció haber desestimado denuncias previas contra AC Inversions
El director general de la PDI, Héctor Espinosa, reconoció este viernes que desde hace un par de años existían denuncias contra la empresa «AC Inversions» ante la policía civil, pero que fueron desestimadas por la institución al no tener todos los antecedentes necesarios.
Espinosa explicó que «yo le puedo decir responsablemente que efectivamente, hace un par de años, se recibió un correo donde daba unos antecedentes respecto a una posible empresa que estaba trabajando, que no la mencionaba».
«Sin embargo, se analizaron los antecedentes y no se pudo incursionar más porque no había ningún indicio que hiciera presumir que había algún ilícito», agregó.
Hasta el momento, ya hay más de 2.100 personas denunciantes por la estafa piramidal la empresa, con un fraude que se estima podría llegar a los 50 mil millones de pesos.
Otro caso de afectado por la estafa es el de Ricardo Díaz, quien invirtió 27 millones de pesos. Lo hizo junto a su familia utilizando el dinero que les dejó de herencia su padre al fallecer, siguiéndolo otras personas y ahora lo único que quiere es recuperar lo entregado.
«Luego de invertir yo, empezaron a invertir todos. Familiares, cercanos, mi padre, mi hermana, ‘era seguro’. Eran ‘seguros’ los dineros, la recepción y todo. Falleció mi padre y la plata que me dejó él yo la invertí netamente en este negocio, parte de los 27 millones, invertimos nuestro patrimonio, ese fue el patrimonio que invertí», indicó.
Declaró que «en realidad no fue una inversión, sino que fue un préstamo que le hicimos a esta empresa o a este señor, Patricio Santos. Bueno, de la formalización hoy lo que queremos es recibir lo que es nuestro patrimonio, el dinero que nosotros prestamos que sea devuelto».
Las opciones que quedan para las personas que se endeudaron y pidieron créditos para llevar dinero a AC Inversions, lo mejor es tomar la iniciativa e ir a hablar con los acreedores.
El superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Andrés Pennycook, dio cuenta que «existen derechos que se refieren a renegociar la deuda que tienen con sus acreedores. Estamos hablando de personas que han tomado deudas y que deben algunas cantidades que son grandes».
«Tienen que, de alguna manera, sentarse con sus acreedores, mostrando disposición al pago, estableciendo un nuevo plan de pago que sea realista y de acuerdo a sus capacidades reales de pago. Aquí estamos hablando de un procedimiento que es administrativo, que se hace frente a la Superintendencia, por el cual la persona que es deudor se acerca a la Superintendencia para renegociar con sus acreedores un plan de pago que sea realista de acuerdo a sus capacidades de pago», aseveró.
La formalización de los controladores de AC Inversions
En dependencias del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia, son formalizados a esta hora los controladores de la empresa AC Inversions, acusados de una estafa que involucra montos de unos 52 mil millones de pesos y al menos 2.100 víctimas.
Patricio Santos, Camilo Cruz y Rodolfo Dubó comparecen en una audiencia encabezada por la jueza Verónica Sepúlveda, por los delitos de estafa reiterada, infracción a ley de bancos y lavado de dinero.
La presentación de cargos es realizada por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, quienes han cobrado notoriedad pública por su rol en los casos Penta y SQM.
En medio de la audiencia, el fiscal Norambuena explicó que los delitos ocurrieron entre 2012 y 2016, mientras la empresa operaba a través de distintos nombres de fantasía.
Así mismo se indicó que los ejecutivos efectivamente realizaron inversiones en algún momento, pero éstas arrojaron pérdidas
En cuanto a la forma de operar, el persecutor explicó que «la captación de los clientes la realizan los imputados presentes en esta audiencia a través de diversos medios tales como Internet, por medio de la página web www.acinversions.cl; también lo hacían mediante el contacto a posibles clientes, a través de ejecutivos de captación, quienes contactaban a las víctimas incluso por vía telefónica».
«Concertados entre sí, comenzaron a ofrecer –a partir del año 2012 hasta el año 2016- falsas inversiones con una rentabilidad mensual del 2,5 al 10 por ciento mensual -como se ha dicho- sobre el capital, asegurando una rentabilidad a las víctimas, con la intención oculta de no devolver los dineros entregados ni la supuesta utilidad asegurada».
Y precisó que «el instrumento, mediante el cual se captaba los recursos, aseguraba un pago fijo que no era real y provenía de los fondos aportados por otras víctimas bajo engaño, en lo que se conoce tradicionalmente como una estafa piramidal».
Minutos antes de ingresar a la audiencia, el abogado Raúl Meza, representante de 10 víctimas, aseguró que el caso es «prácticamente idéntico» al de los «quesitos mágicos», donde representó a 600 personas.
«La diferencia está en los montos de inversión y en cuánto a las rentabilidades», explicó.
En Antofagasta ya se realizó la formalización del gerente de «AC Inversions» en la zona norte, Robinson Frez.
El imputado quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional durante los seis meses que durará la investigación, por los delitos de estafa y ejercicio ilegal de giro bancario.
