Por primera vez desde la reforma a la justicia, y con escasos precedentes en el sistema anterior, un Juzgado de Garantía, el 7° de Santiago, a instancias del Ministerio Público, representado para el efecto por el Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, formalizó a un ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon Valcárcel, por el delito de malversación de caudales públicos.
En rigor, se trata de dos generales, puesto que también fue formalizado por el mismo delito, el general (r) Jorge Serrano Espinosa.
A Gordon se lo investiga por el uso de $21.703.191 pesos en gastos de representación por parte del Departamento de Relaciones Públicas mientras él estaba al mando.
En rigor, se trata de la donación de más de 21 millones de pesos que el exdirector general le hizo en el 2011 a un subalterno, el general Serrano Espinosa, luego que la Contraloría objetara procedimientos administrativos llevados por este último en la repartición que se desempeñaba en ese entonces.
El 21 de junio de 2011, el entonces general director de Carabineros, Eduardo Gordon, giró desde su cuenta del Banco de Chile, a través de un depósito a la vista, $21.703.000 a nombre del director del Departamento de Relaciones Públicas de la época, exSecretario General y hoy director de Gestión de Personas, general Jorge Alejandro Serrano Espinosa.
La transacción de Gordon no contemplaba reembolso alguno del subalterno porque los recursos buscaban subsanar una deuda que había adquirido Serrano Espinosa luego de que en mayo de 2011 una auditoría de la Contraloría General de la República objetera egresos de distintas reparticiones dependientes del Departamento IV de Contabilidad y Finanzas.
Entre las entidades cuestionadas figuraba Relaciones Públicas por actividades que no se ajustaban a la normativa vigente en materia de gastos de representación, por ejemplo, lo desembolsado en la celebración de la fiesta de navidad de la institución del año 2010.
Aparte de ello, con fondos de representación, manejados discrecionalmente por el general director, se realizaron compras de refrigeradores, muñecas, carteras, jugueras y diversos enseres, supuestamente “para ser donados” a fundaciones sin fines de lucro, incluyendo la Teletón.
Entre las compras objetadas por Contraloría se cuentan especies, tales como zapatos, mesas de madera, un traje de vestir de dos piezas, una cartera de mujer, un juego de cucharas, juegos de loza, juegos de sábanas, una hielera de vidrio, muñeca infantiles, hornos microondas. Tales objetos regalados a una funcionaria activa de Carabineros a la fecha de los hechos.
A esto se suman los siguientes que regalos que habrían sido supuestamente entregados:
– 3 calientacamas y dos almohadas a radiodifusores de Chile
– Sándwichera y un hervidor a la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor
– Una muñeca Baby Alive para la Coporación Nacional del Cáncer
– Olla a presión y aspiradora al capellán general del Hogar de Cristo
– 10 lavadoras secadoras de marca Daewoo a la Fundación Teletón como aporte institucional, que nunca fueron entregadas a dicha fundación ni a la Sociedad Pro ayuda al Niño Lisiado.
– Toallas al Cuerpo de Bomberos de San Bernardo.
– 62 juegos de sábanas con colcha a Gendarmería de Chile
– Supuesta atención brindada al señor agregado de Defensa de Honduras
– Camisas y corbatas a autoridades con motivos de cumpleaños
– 4 cinturones a diversos personeros con motivo de cumpleaños y otros
– Espejo a la cónyuge del cónsul honorario de República Dominicana en Chile con motivo de cumpleaños
– 100 canastos de regalo de navidad al cuerpo diplomático y autoridades de gobierno
– Supuesta actividad por reunión de camaradería por el término de las actividades de fin de año, pero que en la realidad correspondería a una factura emitida por Distribuidora El Cielo Ltda. para la adquisición de licores, cervezas, whiskies, vinos, piscos, entre otros.
– Diversos regalo u obsequios a personas civiles por concepto de enlaces matrimoniales, entre otros
El primer problema es que la investigación determinó que dichas especies jamás fueron recibidos por los beneficiados.
El segundo problema es que la eclosión pública y judicial de esta estafa de segundo o tercer orden ocurre al unísono con el gravísimo caso de espionaje frustrado por implantación falsa de pruebas, denominado Operación Huracán, y el no menos grave megafraude perpetrado también por oficiales de alta graduación, conocido como «pacogate», que en la actualidad alcanza ya los $26 mil millones de pesos.
La investigación deberá determinar si se trata de hechos conexos, o aislados entre sí.
De hecho, al menos uno de los detenidos del pacogate, el coronel Francisco Reyes Momberg, ha vinculado a Gordon en la trenza delictual.
Los $ 21 millones que “donó” Gordon provenían, según publicó en su momento The Clinic Online, de un depósito a plazo que desde abril tenía el General en su cuenta personal y cuya procedencia está en entredicho luego de que trascendiera que el detenido coronel Francisco Reyes Momberg, estrecho colaborador de Gordon en su periodo de máxima autoridad uniformada, lo vinculara al mal uso de gastos reservados.
El tercer problema, es que la conjunción de casos ha redundado en una acelerada pérdida de prestigio y respeto de una institución esencial para el normal funcionamiento del orden público y la convivencia democrática.
Se trata de la primera vez que en el sistema reformado se imputa a una ex máxima autoridad de Carabineros.
El fraude de las edades de la selección juvenil
En el antiguo sistema, se registran sólo dos casos de análoga gravedad.
El primero de ellos remite al año 1979, cuando el entonces subdirector de Carabineros, Eduardon Gordon Cañas, a la sazón Presidente de la Asociación Central de Fútbol, fue procesado por el escándalo de la adulteración de la edad de los jugadores de la selección nacional juvenil de fútbol, que compitió en el sudamericano de Paysandú, Uruguay.
En el verano de 1979 se descubrió que prácticamente toda la selección juvenil que disputaba ese torneo estaba excedida en la edad de la categoría y que había sido inscrita gracias a la adulteración de pasaportes en concomitancia con el Registro Civil, servicio público que en esos años sirvió también a los intereses de los organismos de seguridad.
De los 20 jugadores que viajaron al torneo, sólo José Luis Álvarez, Fernando Astengo y Óscar Meneses -los tres nacidos en 1960- cumplían con la edad. Estos dos últimos fueron llamados de emergencia en pleno campeonato para intentar tapar la trampa que se caía a pedazos.
Entre los ilegales había valiosas promesas como Roberto Rojas, Edgardo Fuentes, Osvaldo Vargas, Marcelo Pacheco, Óscar Rojas, Raúl Ormeño, Francisco Ugarte, Osvaldo Hurtado, Juan Carlos Letelier y Mariano Puyol. Todos habían nacido entre 1957 y 1959.
El escándalo fue tal que se escapó de las manos de la ACF y de la dictadura. El entrenador Pedro García, el coordinador Enrique Jorquera, la mayoría del plantel, funcionarios del Registro Civil y de una agencia de viajes fueron a dar a prisión en un proceso que motivó incluso la prohibición de informar durante buena parte del proceso.
Finalmente, el hilo se cortó por lo más delgado. Los ideólogos mayores de la trampa, entre ellos Gordon Cañas, libraron de polvo y paja, y funcionarios intermedios, como el entrenador, recibieron condenas de presidio menor.
Imputados en el caso degollados
Curiosamente Gordon Cañas y Gordon Valcárcel están emparentados entre sí, y con el general Humberto Gordon Rubio, ex director de la CNI, y como tal, imputado en varios crímenes de lesa humanidad.
Por el mismo delito fueron procesados dos ex directores generales de Carabineros, César Mendoza Durán y Rodolfo Stange, a quienes el Ministro en Visita, Milton Juica, imputó distintos grados de responsabilidad en el asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino Allende, secuestrados y degollados entre el 28 y 20 de mayo de 1985, en un período de agudas protestas contra el régimen de Pinochet.
La millonaria transacción por la que fue formalizado general Gordon ex director general de Carabineros
por Ivonne Toro.
Hoy, por vez primera, un ex Director General de Carabineros deberá cumplir con arraigo nacional y firma mensual. El fiscal Eugenio Campos investiga la entrega de $21 millones que en 2011 realizó el General Eugenio Gordon al General Serrano para subsanar un problema con Contraloría. La duda es de dónde sacó Gordon el dinero para estos fines
A mediados del año pasado el general Jorge Serrano Espinosa, que en diciembre pasó a retiro, fue trasladado desde la secretaría general de Carabineros a la gestión de personas. El cambio pasó desapercibido para la opinión pública, pero era una señal relevante: dejaba el tercer piso del edificio de Zenteno, el mismo donde se ubica la oficina del director general, Bruno Villalobos, y pasaba desde un cargo de confianza a ser sólo uno más en la jerarquía institucional.
Era el 21 de junio de 2017. Hacía seis años exactos, Serrano Espinosa había recibido una “donación” del entonces general director, Eduardo Gordon, por $21 millones para solucionar un conflicto administrativo. En el Alto Mando el episodio fue recordado a raíz de la investigación por el mega fraude institucional y la indagatoria paralela que se abrió sobre el eventual mal uso de gastos reservados.
La tesis era que los recursos entregados a Serrano Espinosa podría generar una nueva arista en la causa, lo que explicaba su repentino cambio de funciones.
La lectura del escenario pareció ser la correcta, al punto de que hoy el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó con arraigo nacional y firma mensual al general Gordon y a Serrano.
“El general director Eduardo Gordon, hizo entrega de un vale vista a Jorge Serrano por la suma cuestionada de 21 millones de pesos (…) lo que configura el delito de malversación de caudales públicos”, detalló el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, en la audiencia de formalización.
El préstamo
En mayo de 2011 una auditoría de la Contraloría General de la República objetó una serie de egresos de distintas reparticiones dependientes del Departamento IV de Contabilidad y Finanzas. Entre los reparos, figuraban gastos de Relaciones Públicas por actividades que, según el organismo fiscalizador, no se ajustaban a la normativa vigente en materia de gastos de representación. Según ha sostenido Serrano Espinosa ante el Ministerio Público, se trataba de recursos que habían sido gastados en actividades propias de la institución, como una celebración de navidad del año 2010, pero que no correspondían formalmente al departamento que dirigía.
Por lo mismo, lo que procedía por parte de Contraloría, era iniciar un proceso de contestación, un sumario y un juicio de cuentas, que probablemente concluiría con una devolución de Serrano Espinosa de los dineros.
Adelantándose a estos pasos, el funcionario solicitó un préstamo institucional y reintegró la primera semana de junio de 2011 la totalidad del dinero objetado: $21.703.191.
Ante Fiscalía, Serrano Espinosa explicó que ningún superior jerárquico le solicitó esta restitución. Tampoco se enteró si el director de Finanzas de la época, General Iván Whipple, ordenó un procedimiento administrativo. Lo que ocurrió posteriormente es lo que investiga el Ministerio Público.
Se sabe que Gordon citó a Serrano Espinosa y le informó que él asumiría la deuda, tras lo cual le entregó un vale vista por el monto respectivo.
¿De dónde provenían los fondos?
Lo que se sabe es que Gordon tenía un depósito a plazo por un monto cercano a los $21 millones en abril de 2011, que fue renovado en mayo y liquidado finalmente en junio de ese año. Según lo que ha dicho, se trataba de ahorros provenientes de sus años en el directorio de Codelco y de la mutualidad de Carabineros.
La explicación, sin embargo, está en entredicho por las declaraciones que ha realizado el coronel (r) Francisco Alejandro Reyes Momberg, quien fue brazo derecho de Gordon durante su mandato.
La quema del registro
Reyes Momberg fue uno de los primeros detenidos en la investigación que sigue la Fiscalía por el considerado mayor fraude de la historia. En uno de los interrogatorios, de fecha 30 de marzo de 2017, aseveró que manejó, con autorización de Finanzas, una “caja chica”, proveniente de gastos reservados con la que podía sustentar gastos sin pasar por los procesos administrativos.
“Para efectos del fisco, yo no era girador ni receptor de fondos públicos formalmente, no obstante aquello, por las demandas propias de mi función y apoyo al general director, administraba recursos en el hecho (…) Los orígenes de estos recursos eran fiscales y p rovenían de Finanzas. En la administración de los recursos de esa época estaba mi general Iván Whipple y en la Tesorería General estaba de jefe el coronel Riveros (Arnoldo), que es compañero mío. Yo concurría donde el General Whipple, le manifestaba la necesidad de recursos para el General Director. Él me los pasaba en dinero en efectivo o me los reembolsaba a mi cuenta corriente bancaria por el tiempo transcurrido no lo puedo determinar”, testifica.
Y añade un detalle:
“Cuando mi general Gordon se fue, toda la documentación que yo tenía de él la destruí. Esta acción no correspondía a una formalidad, no era parte de un procedimiento legal, ni nada. A mí me entregaban una cantidad de dinero si se hacía un trabajo, yo hacía firmar un recibo al trabajador y como no era dinero de una cuenta fiscal, no era parte de ningún archivo físico. Respecto a mi experiencia como funcionario público y con la finalidad que esos registros no fueran mal utilizados en contra de mi General Gordon es que decidí quemarlos. Esto lo realicé en las instalaciones de la casa de campo en La Reina”, señaló Reyes Momberg en el interrogatorio.
Fuente: La Tercera
Transparencia llama a Carabineros a «ordenar la casa» tras formalización de ex general director Eduardo Gordon
El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, sostuvo que «Carabineros tiene que ordenar la casa», ante la serie de situaciones judiciales que enfrentan ex funcionarios por el caso fraude, así como también los cuestionamientos de Contraloría por los gastos que la institución realiza.
Tras asistir al Reporte de Gestión Institucional 2017 del Ejército de Chile, encabezado por el Comandante en Jefe, Humberto Oviedo, explicó que la manera como se abordó las irregularidades detectadas en esa rama castrense –con un fraude $6.500 millones- es la que debe usar la policía uniformada:
«Claramente este es el fraude (el ocurrido en Carabineros con $26.700 millones) más relevante que hemos visto en la historia del país. Hemos conocido situaciones que hay que terminar de aclarar y en esa institución se deben tomar medidas mucho más concretas, de cara a la ciudadanía y sin eufemismos. En definitiva, Carabineros tiene que ordenar la casa».
Drago se refirió a la compleja situación que enfrenta la institución policial un día después de la formalización del ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, quien lideró la institución entre 2008 y 2011:
«Hemos conocido situaciones que hay que terminar de aclarar y en esa institución se deben tomar medidas mucho más concretas, de cara a la ciudadanía y sin eufemismos. En definitiva, Carabineros tiene que ordenar la casa»
También se conoció un informe de Contraloría que cuestionó traspasos por más $ 23 mil millones en la Dirección de Bienestar de la institución.
«Estos hechos no se condicen con los estándares de transparencia y probidad que la ciudadanía está exigiendo. Acá tiene que haber un cambio cultural (…) no hay que tratar de morigerar o maquillar las irregularidades. Lo mejor es tomarlas de frente, asumir la gravedad de la situación y tomar medidas de fondo», concluyó Drago.
Fuente: Emol
