Tenía que venir un evento cataclísmico, como el cambio climático, para demostrar la falacia de la «eficiencia» del sector privado, y el mito de que trae inversión, en servicios de utilidad pública otrora provistos por el Estado, como el agua y la electricidad.
Tras la suspensión prolongada de la energía en una extensa área de Santago, no sólo los airados reclamos apuntaron a ENEL, sino que se anuncian acciones legales masivas en contra de la empresa, y autoridades políticas, como el Ministro de Energía, Andrés Rebolledo, y el diputado de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, Lautaro Carmona, abogaron por la necesidad de introducir drásticos cambios en la ley de distribución eléctrica.
El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, calificó como «inaceptable» la duración de los cortes de energía eléctrica en la zona central, y apuntó a la necesidad de modificar la ley para mejorar el esquema de la distribución eléctrica en el país:
«Lo ocurrido en las últimas horas nos parece inaceptable. No es posible que cada vez que tengamos este tipo de eventos climáticos tengamos estos cortes tan masivos y, sobre todo, prolongados, que es lo que ha sido el sello de este evento, pero también de lo que sucedió hace algunas semanas, con todas las alteraciones en la vida familiar, incluso el efecto comercial y económico en lo que significa no tener suministro eléctrico».
A juicio del ministro, «hay que pensar en algo que es ineludible en función de lo que ha venido sucediendo, que es cambiar las reglas del juego».
«Hemos hecho mucho en el sector de energía, hemos cambiado la generación, tenemos energías más verdes, más baratas, cambiamos la ley de transmisión, pero la Ley de Distribución Eléctrica todavía data de los años 80», dijo.
Rebolledo aseveró que el Gobierno espera presentar un proyecto para modificar esta ley «antes de marzo»,lo que tendría que producirse en la antesala del cambio de mando presidencial:
«Hay que avanzar en eso: éste es un sector monopólico regulado, tarifado, por lo tanto, las inversiones en ese caso se reflejan en la tarifa, Si, por ejemplo, queremos avanzar para soterrar las líneas de distribución, si son 10 veces más caras, hay que buscar un modelo de negocios innovador, porque de lo contrario, eso se va a reflejar en la tarifa».
Entretanto, al menos cinco municipios de la zona oriente de Santiago preparan acciones legales contra la distribuidora eléctrica.
En el caso de la comuna de La Reina ya se han recolectado 500 firmas en el Juzgado de Policía Local, y continuarán con la recolección en estaciones de Metro, mientras que en Ñuñoa ya hay 300 firmas, según confirmó el alcalde Andrés Zarhi.
José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, indicó que «nosotros junto al equipo jurídico le estamos prestando todo el apoyo a nuestros vecinos para que se haga justicia y que realmente Enel tome las acciones que tiene que tomar en este tipo de sucesos».
El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), llamó a los afectados de su comuna a concurrir al edificio municipal de calle Apoquindo este martes entre las 19:00 y las 20:30 horas para firmar su participación en la demanda.
«A todos los que estén escribiendo porque llevan 50 horas sin luz, o porque pasaron 40, 30 horas sin luz, que se echaron a perder artefactos, que perdieron alimentos, que perdieron medicamentos, a todos ellos los esperamos para firmar la demanda contra Enel».
Este dato no es menor, porque Lavín, autor del panegírico del modelo neoliberal, denominado La Revolución Silenciosa, apuntó a la «modernización» del sector enérgético de los años ochenta, es decir, su privatización, como uno de los grandes éxitos de la dictadura.
En consecuencia, sólo hay dos opciones: o Lavín se dió vuelta la chaqueta, o está actuando de manera oportunista.
Doble contra sencillo por la segunda opción.
A su turno, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao señaló que se interpondrán dos demandas colectivas en contra de la empresa.
Ante este panorama, el diputado Lautaro Carmona, integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, señaló que lo ocurrido en Santiago, y que también sucede frecuentemente en la Región de Atacama, le parece muy grave, por cuanto se trata de servicios que debieran estar garantizados por el Estado, que se le entregaron a empresas que lucran con ellos, y que al cliente que no paga la cuenta, no le aceptan explicaciones, como las que brindan profusamente por estos días, sino que sencillamente le cortan la luz.
El diputado Carmona agregó que corresponde ahora que los usuarios se organicen para exigir a la empresa que cumpla con sus obligaciones, y que se actualice la legislación,
«La legislación siempre debe estarse actualizando en función de los datos de realidad, porque se trata de leyes que regulan la convivencia real y concreta de un país; y cuando empiezan a ocurrir fenómenos que muestran vacíos en cuanto a responsabilidad, espero que el Ejecutivo tenga iniciativas precisas y concretas para abordar un tema que a esta altura es dramático».
En su opinión, son las empresas eléctricas las que deben asumir como pasivos los costos de soterrar los cables de distribución.
Añadió que pondrá el tema en discusión en la próxima sesión de la Comisión, y que tomará contacto con el Ministro de Energía para establecer las debidas sinergias, pues asume que a esta altura, ya nadie puede estar por defender el actual modelo energético.
Escuche las declaraciones del diputado Carmona:
