Investigación periodística revela por primera vez todas las empresas que han aportado a candidatos e instituciones políticas en los diez años de elecciones regidas por la ley de financiamiento. El análisis de las 1.123 compañías revela la entrega de más de $2 mil millones de la Papelera, las redes de Penta y SQM para financiar la política, la presencia de bancos, isapres, AFPs, casinos y sanitarias y el rol de actores clave: Hernán Büchi y Jorge Rosenblut.
Son 1.123. Un largo listado que se lee como un completo quién es quién de la gran empresa chilena. Están las eléctricas y las mineras, el retail y los casinos, los bancos, isapres, AFPs y compañías de seguros. Esta nómina es la primera mirada global a las empresas que han financiado la política en Chile en la última década, mediante donaciones directas o a través del mecanismo secreto, aunque no ilegal, de los aportes reservados, obteniendo beneficios tributarios.
EL PODER DE LOS GRANDES GRUPOS
La presencia de los grandes grupos económicos en la lista es abrumadora. Todos los grandes conglomerados del país -18 en total-, listados según en el ranking de riqueza de la Universidad del Desarrollo (UDD) de septiembre de 2014, sin ninguna excepción, han entregado dinero a campañas o entidades políticas, y han pedido al Servicio de Impuestos Internos (SII) las franquicias tributarias a las que tienen derecho para descontar esos aportes de sus impuestos.
La lista es liderada por el Grupo Matte, con 33 empresas aportantes. Entre ellas, están la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y varias compañías ligadas a la emblemática Papelera, el Banco Bice, la eléctrica Colbún y Entel.
La Compañía Industrial El Volcán es la más constante: ha aportado en todos y cada uno de los años electorales desde 2004, cuando entró en vigencia la ley de financiamiento electoral, es decir, en periodo de elecciones presidenciales y parlamentarias, y también municipales.
¿Cuál es el monto de los aportes? Una pista la entrega una investigación previa de CIPER, que, revisando actas de los directorios, descubrió donaciones totales por $215 millones para la campaña de 2013, a través de dos de sus filiales: Colbún Transmisión y Río Tranquilo.
Mucho mayores son las donaciones de la CMPC. En un hecho que hasta ahora había pasado inadvertido, su “reporte de desarrollo sostenible” de 2013, publicado en agosto del año pasado, lista dentro de las “inversiones de carácter social” sus “aportes a campañas electorales”. El monto total es de US$1 millón 345 mil ($823 millones al cambio actual).
La ley establece un aporte máximo por empresa de 10 mil UF ($247 millones) por tipo de elección, pero esa cifra puede multiplicarse en un año electoral como 2013, con aportes simultáneos para cuatro elecciones distintas: Presidente, senadores, diputados y consejeros regionales. Además, la ley que regula los beneficios tributarios para aportes políticos, establece que “la donación deducida” no puede superar el 1% de la renta líquida imponible de la empresa.
Además, hay otra manera sencilla de evitar el tope legal para financiar campañas: el Grupo Matte distribuye sus platas entre varias compañías. En el caso de la Papelera, además de la matriz Empresas CMPC y de la accionista Cominco, también entregan dinero a la política sus filiales Forestal Mininco, Forestal CMPC, Papeles Cordillera, CMPC Celulosa, Cartulinas CMPC, CMPC Tissue, Industrias Forestales, Bioenergías Forestales, Portuaria CMPC, Forsac, Envases Impresos e Inversiones CMPC, distribuyendo así las platas políticas de la forestal entre 14 firmas vinculadas.
En años anteriores, los reportes de desarrollo sustentable de la CMPC también incluyen algunas cifras de aportes según la ley de donaciones políticas: US$205.354 en 2004; US$669.268 en 2005; US$50.000 en 2006; US$304.000 en 2008 y US$789.000 en 2009. En total, en los seis años informados, la Papelera suma US$3,7 millones. Al tipo de cambio actual, equivalen a poco más de $2 mil millones.
Así, sumando a las filiales de Colbún y de la CMPC, las platas políticas del Grupo Matte suman al menos $2.287 millones. Esa cifra incluye los montos de sólo 16 de las 33 empresas donantes de los Matte en un solo año electoral de los siete en que ha regido la ley (exceptuando a la CMPC). Del resto, no existe información pública.
Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte aparecen en el puesto 683 en el ranking mundial de billonarios de Forbes, con una fortuna de US$2.800 millones. El 17 de abril, Eliodoro Matte reconoció que “hemos financiado a candidatos a través de aportes reservados”. También descartó categóricamente que su grupo aporte por medio de boletas, y negó presiones para los candidatos beneficiados por la billetera de sus empresas. “Yo jamás he llamado a un parlamentario para pedirle que vote en tal o cual sentido un proyecto”, afirmó.
LUKSIC, ANGELINI Y FALABELLA
Al Grupo Matte le sigue el Grupo Luksic, el mayor conglomerado económico de Chile. Con una fortuna familiar de US$13 mil 500 millones es también uno de los principales “mecenas” de los políticos chilenos. Los Luksic -en estos días en el ojo del huracán por el negocio de Caval y la estrecha vinculación entre Andrónico Luksic y la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon-, aportan mediante 18 empresas diferentes, incluyendo al Banco de Chile, CCU, y las mineras Los Pelambres, Antofagasta PLC y Esperanza. También la matriz del holding, Quiñenco, hace sus propios aportes a campañas y entidades políticas.
Un nombre que se repite en la entrega de platas políticas es el de Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet, director de varias empresas y estrecho colaborador de Julio Ponce Lerou, controlador de Soquimich. Además de ser director de SQM, Büchi también interviene en las decisiones del grupo Luksic. Es así como aparece en la sesión del directorio de Quiñenco del 6 de junio de 2013, que decide la entrega del aporte a campañas, aunque sin consignar su monto. Antes, en septiembre de 2009, Büchi había sido “especialmente invitado”, en calidad de asesor, al directorio de la CCU, en el que se aprobó la entrega de platas políticas por vía secreta, aunque legal. CCU ha entregado dinero en todos los años de campañas presidenciales, y en 2009, con Büchi actuando como “invitado”, además sumó a dos filiales, Cervecera CCU Chile y Embotelladoras Chilenas Unidas.
El caso de Minera Los Pelambres es especial, no sólo por el conflicto que ha enfrentado este año con vecinos de Caimanes y Salamanca por el uso del agua. También, porque en este caso, el directorio de la empresa acordó en 2013 un aporte “no superior” a los $825 millones, especificando que debía resguardarse “el criterio de equidad”. Los generosos aportes a la política de parte de la minera no son una novedad: ya había entregado dinero en 2004, 2005, 2008, 2009 (años electorales) y 2011 (cuando no hubo elecciones).
Empatado con el Grupo Luksic está el Grupo Solari-Cúneo-Del Río con 20 empresas que financian la política. En el negocio del retail se cuentan Sodimac y cinco compañías filiales de Falabella. Según las actas de directorio reveladas por CIPER, sólo en la última campaña Falabella Retail donó $80 millones, mientras que Sodimac entregó $196 millones. Esta última ha repetido sus aportes en: 2008, 2009, 2012 y 2013, todos ellos años de elecciones.
También Plaza S.A. y ocho malls del grupo aparecen en la lista: Plaza Antofagasta, Plaza del Trébol (Talcahuano), Plaza El Roble (Chillán), Plaza La Serena, Plaza Oeste, Plaza San Bernardo, Plaza Tobalaba y Plaza Vespucio (los cuatro últimos en Santiago). Ellos han donado tanto a campañas municipales como parlamentarias.
Con 16 empresas donantes lo sigue el Grupo Angelini. El ámbito de Celulosa Arauco es especialmente activo en política, con aportes de Celco y de otras seis compañías del grupo relacionadas al negocio forestal.
Corpesca, actor fundamental del debate en la última Ley de Pesca, también aparece en la lista, junto a otras dos pesqueras del Grupo Angelini: San José y Orizon. Tras la aprobación de la ley que favoreció los intereses de Angelini y los demás empresarios dueños del mar chileno, CIPER reveló que Corpesca además entregó -al margen del conducto legal del Servel- $25 millones a un asesor de la diputada Marta Isasi, quien respaldó la posición de las grandes pesqueras en la tramitación en el Congreso. El CDE se querelló contra Isasi, su ex asesor Georgio Carrillo y el entonces gerente de Corpesca, Francisco Mujica, por cohecho y soborno.
LAS CAJAS PAGADORAS DE SQM Y PENTA
Más atrás aparece un nombre célebre por estos días: el Grupo Penta. Aparte de los ya conocidos aportes ilegales, el grupo de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano también montó una amplia operación de donativos políticos, que involucra a 14 compañías de su propiedad. Las más constantes en sus aportes son las isapres: Banmédica (con donaciones en 2005, 2007, 2008, 2009 y 2012), y Vida Tres (en 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2013).
También aparecen en la nómina la Clínica Santa María, la Clínica Dávila, la aseguradora Penta Security, Penta Las Américas, Inversiones Banpenta, Penta Administradora General de Fondos, Penta Capital de Riesgo, Penta Corredores de Bolsa, Penta Propiedades, Vida Íntegra y la matriz Empresas Penta, dando cuenta del uso de toda la red de empresas relacionadas para allegar fondos a campañas o partidos, aprovechando de paso las exenciones tributarias.
La familia Von Appen sigue en el ranking con 13 empresas. El grupo entrega dinero por medio de la naviera Ultramar, el Terminal Pacífico Sur Valparaíso y el Puerto de Mejillones, entre otros.
Wolf von Appen, líder del grupo naviero, es al mismo tiempo director de SQM. Y la compañía controlada por Julio Ponce Lerou también aparece en este listado, entregando financiamiento en todos los años de elecciones (excepto en 2009), mediante cinco sociedades: Soquimich Comercial, SQM Salar, SQM Potasio, SQM Nitratos y SQM Industrial.
Así, Penta y SQM utilizan formas complementarias para entregar financiamiento político: al mecanismo legal de los aportes reservados -y, eventualmente, las donaciones legales- se suma el uso extensivo de boletas por servicios no prestados para fines políticos, un ilícito que actualmente investiga el Ministerio Público y que les permitió a Penta y a la minera controlada por Ponce Lerou evadir impuestos.
Según declaró ante la Fiscalía el actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, el aporte reservado del holding en la última campaña presidencial y parlamentaria fue de US$1,1 millón. Julio Ponce Lerou dio un margen mucho mayor en su declaración ante los persecutores: “El directorio de la compañía decide efectuar aportes de campañas políticas mediante la ley de aportes reservados. La cifra exacta no la manejo, pero debiera ser más de un millón y menos de US$10 millones”, declaró –según La Tercera- el controlador de SQM.
LOS MILLONES DE ENERSIS
El Grupo Enersis decidió una donación por un monto que impresiona: US$2,5 millones para las campañas de 2013 ($1.274 millones en ese momento). Una cifra aún más relevante considerando que es una práctica habitual: Enersis ya había hecho aportes los años electorales de 2004, 2005, 2008 y 2009. Entre los proyectos más controvertidos de la multinacional en Chile se cuentan Ralco, Punta Alcalde e Hidroaysén.
Las actas del directorio de su filial Endesa Chile, del 30 de agosto de 2013, prueban la entrega de US$1 millón ($509 millones en ese momento), pero no se explicita cómo se repartieron los dineros para cumplir con el tope legal de $247 millones por tipo de elección. Para esos efectos, en campañas anteriores el grupo usó otras dos compañías, Chilectra y Luz Andes, para canalizar aportes reservados a campañas.
El uso de múltiples filiales de la misma empresa se repite una y otra vez en los casos de grandes compañías y de los mayores grupos económicos, lo que constituye una forma de burlar los límites legales a los aportes vía Servicio Electoral.
En el caso de Endesa, el directorio mandató a su entonces presidente Jorge Rosenblut para distribuir el millón de dólares entre los candidatos. El empresario (ex PPD), tiene vínculos de sobra con el mundo político. En 2005 fue el líder del equipo recaudador de la primera campaña de Michelle Bachelet. Antes había ejercido como subsecretario de la Presidencia en el gobierno de Eduardo Frei, y actualmente es pareja de la secretaria general de la Presidencia, la ministra Ximena Rincón (DC).
En la última campaña, Rosenblut volvió a actuar como recaudador del bacheletismo, y en 2012 se reunió con el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, mano derecha de Julio Ponce Lerou, para “promover un apoyo económico” a la aún no declarada candidatura de Bachelet, según reconoció en entrevista con El Mercurio.
Así, Rosenblut estuvo simultáneamente en ambos lados del mesón en el tránsito de platas entre las empresas y la política: repartiendo dinero desde una compañía y, al mismo tiempo, recaudando para una candidatura. Una doble militancia que aparentemente fue bien vista por sus empleadores: en 2014, ya con Michelle Bachelet en La Moneda, Rosenblut fue ascendido a la presidencia del holding Enersis, cargo que ocupa en este momento.
PAGA LA BANCA
El poder de los bancos en el proceso político ha sido objeto de debate desde el regreso de la democracia. El sector bancario ha influido fuertemente en la regulación que lo afecta asegurando suculentas ganancias para su actividad (US$2,7 millones sólo entre enero y agosto de 2014). Un poder que el entonces presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad (DC), resumió públicamente cuando se declaró “el papá de la guagua” tras el acuerdo por la reforma tributaria.
Pues bien, los cuatro mayores bancos privados de Chile, listados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) según su participación en colocaciones, también aparecen en la nómina de financistas de la política. El Santander tiene aportes por $320 millones en 2013, para ser repartidos “velando por un razonable equilibrio”.
El Banco de Chile, del Grupo Luksic, ha hecho aportes permanentes: en 2004, 2005, 2012 y 2013. Estos se suman a las donaciones de sus filiales: Banchile Corredores de Bolsa, Banchile Factoring y Banchile Administradora General de Fondos.
El Banco Crédito e Inversiones (BCI), del Grupo Yarur, financió directamente la política en 2005 y 2008, pero ha estado presente en todos los años de elecciones a través de los aportes de ocho de sus filiales. En la última campaña, las elegidas para entregar dinero fueron BCI Asset Management, BCI Corredor de Bolsa y BCI Factoring. En este caso, el directorio autorizó entregar “el máximo que la normativa establece”. Multiplicando el tope legal de $247 millones por los cuatro tipos de elección simultánea y las tres filiales, ese máximo podría llegar a $2.964 millones.
Corpbanca, del Grupo Saieh, ha entregado dinero en todos los períodos electorales: 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 y 2013. De hecho, el acuerdo de fusión firmado el año pasado entre Corpbanca e Itaú especifica que “los accionistas se comprometen a que Corpbanca haga donaciones políticas a beneficiarios que serán propuestos y acordados con los accionistas y que serán consistentes con las prácticas pasadas de los últimos cuatro años”. El mismo acuerdo detalla que durante 2013, el grupo hizo aportes a la política por $1.005 millones, los que desglosan así: Corpbanca, $866 millones; Corpbanca Corredores de Bolsa, $12 millones; Corpbanca Corredores de Seguros, $90 millones, y Corpbanca Administradora General de Fondos, $37 millones (Álvaro Saieh, cabeza del grupo, aporta el porcentaje más importante del financiamiento de CIPER).
Así, sumados a otras entidades financieras, como el Bice, el Security y el Banco del Desarrollo, los bancos que son mecenas de la política dominan ampliamente el mercado: acaparan más de dos tercios de las colocaciones del sistema, por un monto total de unos US$146 mil millones, según las cifras a junio de 2014 de la SBIF.
CASINOS, ISAPRES Y SANITARIAS
¿Y los demás grupos económicos? Ya está dicho que el Grupo Yarur aporta mediante ocho empresas, todas vinculadas al Banco BCI y sus negocios de seguros, corredores de bolsa, factoring, administración de fondos y asesorías financieras. En la lista de donantes figuran tres empresas del Grupo Said, incluyendo el Parque Arauco y dos del Grupo Cueto: Latam Airlines y Lan Cargo. El Grupo Security aparece con seis, partiendo por el banco del mismo nombre.
El Grupo Paulmann financia campañas mediante ocho de sus empresas: Cencosud, Easy y Costanera Center, entre ellas. El Grupo Hurtado Vicuña figura con cinco vinculadas a Consorcio Financiero. El Grupo CGE suma diez compañías, con presencia de las empresas eléctricas de Arica, Iquique, Atacama, Melipilla-Colchagua-Maule, Antofagasta y Talca. Aparte de las cuatro empresas financieras ya mencionadas del Grupo Saieh que aparecen con aportes a la política, en la nómina del SII figuran otras tres empresas del mismo grupo.
Otros empresarios conocidos por su actividad política también lideran grupos económicos relevantes que han hecho aportes a candidatos. Rafael Guilisasti, estrecho colaborador de Andrés Velasco, donó a través de Viña Concha y Toro. Andrés Navarro, amigo y jefe de campaña de Sebastián Piñera en 2005, aportó mediante Sonda y la Viña Santa Rita. Guilisasti ha reconocido haber “pedido y recibido” aportes reservados para sostener la campaña de Velasco, mientras que Andrés Navarro admitió haber entregado dinero de manera irregular a campañas: “Estas facturas las tiraba a gastos… es una irregularidad, pero afortunadamente están todas prescritas”, afirmó a Radio Duna.
La lista de los 18 mayores grupos del país según la UDD, todos los cuales han realizado donaciones políticas, se completa con el Grupo Fernández León (cuatro empresas donantes, sin contar su participación como socio de Penta en las empresas Banmédica); y con Sigdo Koppers (a través de Puerto Ventanas).
El listado también incluye a Agrosuper. La empresa avícola fue condenada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a pagar US$25 millones por haberse coludido con Ariztía y Don Pollo para limitar la producción y asignarse cuotas de mercado. La empresa de Gonzalo Vial obtuvo franquicias tributarias por aportes políticos en 2005, 2008, 2012 y 2013, todos años electorales.
Entre los aportes reservados a la política llama la atención la presencia de empresas cuyos ingresos provienen de los pagos de cotizaciones por seguridad social de los trabajadores chilenos. Además de las ya mencionadas Banmédica y Vida Tres del Grupo Penta, en la nómina están la Isapre Colmena (2005), y la AFP Cuprum (2004, 2005, 2008, 2009 y 2012). Eso significa que una parte de esas cotizaciones fueron destinadas de forma secreta a financiar campañas políticas, partidos o institutos de formación política.
Y hay más casos en áreas económicas reguladas o sensibles. En la nómina aparecen tres casinos de juegos de la familia Fischer, donando preferentemente en años de elecciones municipales, organismos desde donde son fiscalizados: los de Punta Arenas (2012), Temuco (2012) e Iquique (2008 y 2013).
También hay concesionarias de agua potable: Aguas Araucanía (2005), Aguas del Altiplano (2005 y 2008), Aguas Magallanes (2005 y 2008), Aguas Nuevas (2008), Aguas Patagonia de Aysén (2005) y Aguas Antofagasta (2009). Esta última pertenece al Grupo Luksic, mientras que las cuatro primeras estaban vinculadas, en el momento de los aportes, al Grupo Solari (*).
El traspaso de dinero empresarial a la política es mucho más relevante en años electorales. Pero algunas empresas también declaran donaciones en períodos sin elecciones como 2007 y 2011, lo que devela que también financian actividades corrientes de los partidos políticos. Entre estos financistas permanentes se cuentan Cencosud, del Grupo Paulmann; las isapre Banmédica y Vida Tres, ambas del Grupo Penta; SQM Nitratos, de Julio Ponce Lerou; y Quiñenco, del Grupo Luksic.
No es casualidad que nombres como Luksic, Paulmann, Ponce Lerou y Penta se repitan también en esta última lista: eran, a todas luces, nombres con que los políticos podían contar, no sólo en período de campaña, sino para entregar financiamiento más constante.
LA REBAJA DE IMPUESTOS QUE ABRE LA PUERTA
La Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral que rige desde 2003 garantiza el secreto de los aportes reservados de empresas a campañas políticas. En teoría, esta reserva debía impedir que los candidatos beneficiados pudieran ser presionados por sus donantes. Los últimos escándalos relacionados con el financiamiento de la política han demostrado que esa garantía resultó ser falsa: los candidatos saben qué empresas y cuánto dinero les donaron. Lo que sí es cierto es que los aportes reservados se mantienen en secreto a los ojos de la ciudadanía. A esta ley se suma la normativa que regula las donaciones directas a partidos e institutos de formación política. En ambos casos, los donantes pueden solicitar beneficios tributarios.
Esta posibilidad de descontar impuestos ha sido precisamente la zanahoria que pudo utilizarse en este reportaje para acceder a la nómina de las empresas que han financiado la política desde 2004, a través de aportes reservados realizados vía Servel -presumiblemente el grueso de la nómina- y de donaciones directas a partidos o institutos de formación política.
Durante la investigación para un libro que preparamos con el apoyo del Centro de Investigación y Publicaciones (CIP) de la UDP, y gracias a la asesoría de la Fundación Pro Acceso, solicitamos al SII por Ley de Transparencia la lista completa, año por año, de los RUT que han pedido la devolución de impuestos por donaciones políticas. En octubre de 2014, La Tercera publicó una lista similar, pero circunscrita sólo a las devoluciones del año tributario 2014.
Esta vía indirecta nos entrega la nómina total de las empresas que han pedido devoluciones de impuestos por contribuciones políticas legales, ya sea a través del Servicio Electoral, como directamente a organizaciones políticas. Pero no nos permite acceder a datos clave: a qué candidatos o partidos se hicieron las donaciones, ni el monto de los aportes (ese detalle según el SII es parte del secreto tributario). Con todo, esta manera imperfecta e indirecta es la mejor ventana disponible al mundo del financiamiento hasta hace poco secreto de las campañas políticas en Chile.
* Nota de la Redacción: La cantidad de empresas a través de las que cada grupo económico hizo donaciones políticas, fue calculada considerando el año en que se realizó el aporte y la propiedad de la empresa en ese momento.
(*) Periodista. Ayudante de investigación: Yanara Barra, estudiante de periodismo UDP.
Fuente: CIPER Chile
