No deja de llamar la atención que a la fecha aún no se haya indagado en profundidad las fuentes de financiamiento de que se valió la DINA y que le permitieron implementar un estado de terror tanto en Chile como en el extranjero. La siniestra organización se valió de múltiples fuentes de ingresos ilícitos. Ricardo Claro, Alfredo Ovalle y otros empresarios colaboraron en ello.
Inmediatamente después del golpe de 1973, en Chile operaban de manera autónoma diferentes organismos de seguridad asociados a cada una de las ramas de las fuerzas armadas: el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) del Ejército, el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) y el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), fueron rápidamente sobrepasados por la osada arremetida del entonces Teniente Coronel Manuel Contreras, por aquella época a cargo del Regimiento Tejas Verdes, en San Antonio.
La DINA, el poder del puño
Contreras, implementó un intrincado plan de seguridad -que venía trabajando durante años- que reforzaba el poder de Pinochet y que implicaba, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, inculcada por la llamada Escuela de Las Américas, desarrollada en Panamá por Estados Unidos, una rápida desarticulación y exterminio de los partidos y movimientos que respaldaron al depuesto gobierno de la Unidad Popular.
La información «dura» acerca de los líderes, cordones populares y estructuras políticas de la izquierda, no eran de manejo expedito de la FFAA y por lo mismo, el plan de Contreras de unificar la inteligencia y represión, pareció en 1974 a la Junta de Gobierno y a Pinochet en particular, el más adecuado y se dio luz blanca y financiamiento con cargo de dineros provenientes de los gastos reservados del Estado. Pero en los hechos la DINA ya funcionaba desde el 12 de noviembre de 1973.
Así nace en junio de 1974, formalmente, la fatídica DINA en Chile. En los hechos esta había empezado a funcionar casi inmediatamente después del 11 de septiembre del 73 implementada por Contreras a partir de Tejas Verdes. Todas y cada una de las actividades que posteriormente aplicaría la DINA ya habían sido llevadas a cabo por ambicioso Contreras en esa especie de «laboratorio del terror», incluido el obtener fuentes de financiamientos al margen de la ley.
Los costos de la represión
Más de mil hombres de planta y cerca de 50 mil informantes a nivel país, demandaban una fuerte inversión que no se satisfacía con los dineros provenientes del fisco. Es más, los agentes civiles no eran parte de la nómina. Sume a eso que la DINA alargó su garra más allá de nuestras fronteras financiando los asesinatos del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa en Argentina, del excanciller Orlando Letelier en Estados Unidos, el atentado a Bernardo Leighton en Roma, el Plan Cóndor y una decena de operaciones que incluyeron ataques, seguimientos e inteligencia en el exterior. También cientos de agentes en embajadas y organismos internacionales.
Si se agrega que era necesario mantener decenas de recintos de detención, conocidos y secretos, que recluyeron a miles de chilenos (29 mil según las cifras oficiales de aquel entonces), estamos frente a un verdadero Ministerio del Terror que demandaba más dinero que el que se le entregaba con cargo a fondos públicos.
Debían sostener a Villa Grimaldi Tres y Cuatro Álamos, Londres 38, José Domingo Cañas, la «Venda Sexy», Simón Bolívar 8800, República 475 y decenas más de otros lugares. Agregue el resto del país.
La DINA también asentó clínicas como London en Almirante Barroso que reemplazó a la clínica Santa Lucía ubicada en la calle del mismo nombre y disponía asimismo de una amplia red de casas de seguridad para agentes e informantes, usados en labores administrativas y de reclusión o exterminio solo en la capital, y que dan cuenta de la infraestructura de esta temida asociación ilícita. El organigrama fue creciendo constantemente entre 1973 y 1977, en que la DINA llegó a contar con agrupaciones, unidades, brigadas, departamentos y cuarteles.
El origen del dinero para matar
Eso lo entendió Contreras y comenzó a implementar -de manera artesanal primero y luego de forma sofisticada- fuentes para mantener esa costosa estructura. La DINA no solo financió sus propias tareas, también aparecieron en la nómina, según investigaciones de la Corte Suprema a propósito del caso Letelier, agencias, revistas y periódicos de derecha e incluso la propia Junta de Gobierno y organismos militares.
«El General Pinochet estaba al tanto de todo lo de la DINA. Era el jefe de la DINA», declaró Manuel Contreras el 11 de Septiembre 2013.
Es cierto que muchas veces se usaron recursos y medios provenientes de las FFAA, como regimientos, buques y comisarías para retener o secuestrar personas y que también se ocuparon helicópteros del Ejército para desaparecer cuerpos de muchos hoy detenidos desaparecidos, vehículos fiscales para detener etcétera, y también privados ayudaron a esos fines, como los buques El Lebu o El Maipo cedidos por la Sudamericana de Vapores o los camiones de Pesquera Arauco o Pesquera Chile u otros establecimientos que les ayudaron a «ahorrar», pero igual no daba abasto para pagar los gastos.
Incluso se sabe que hubo oportunidades en que el pago de la «nómina» a los agentes sufrió varios días de retraso y debieron recurrir a empresarios que se transformaron en financistas del terror. Al principio se obtuvo dinero de robos a las casas de los detenidos, allanamientos, expropiaciones de empresas, decomisos a los partidos, etcétera, pero luego se pasó a otra etapa y se comenzaron a administrar y crear empresas donde la labor de civiles fue determinante, como palos blancos.
Con olor a pescado
El testimonio judicial de muchos detenidos que sobrevivieron al exterminio, daba cuenta de haber sido trasladados entre los distintos centros ilegales de detenciones en camiones y camionetas de Pesquera Arauco. Investigaciones posteriores han logrado demostrar que la señalada empresa puso su flota a disposición de Manuel Contreras y no solo eso, también sus productos que terminaron siendo comercializados por la DINA y sus agentes, para recaudar fondos para ese organismo.
El ex agente de la DINA Enrique Fuenzalida Devia confesó judicialmente:
«A Londres 38 llegaban camiones tres cuartos cerrados y acondicionados para la mantención de pescado en frigoríficos, que eran de la Pesquera Arauco. En ellos se traía y sacaba detenidos. Preciso que estos camiones frigoríficos de la Pesquera Arauco sacaban desde Londres 38 a prisioneros de la DINA».
Augusto Pinochet traspasó el 25 de enero de 1974 directamente a la DINA la estatal Pesquera Arauco, al punto que su primer directorio era presidido por el propio Manuel Contreras y lo integraban además Pedro Espinoza como vicepresidente y Cristopher George Willike como director. El alto mando del órgano represivo.
También hubo civiles como lo reconoció el mismo Manuel Contreras judicialmente: «Hubert Fuchs y Marco Acuña Ramos estaban relacionados con la DINA; el primero era gerente de la pesquera de la que yo era coordinador y en la que Humberto Olavarría (Aranguren) me prestaba asesoría desde el momento en que él era además, jefe de inteligencia económica de la DINA», confesó el Mamo al ministro Adolfo Bañados.
Ovalle y la DINA empresarial
Fue justamente a partir de Pesquera Arauco que Contreras fue tejiendo la enmarañada estructura empresarial que sostuvo la represión en nuestro país y que llegó a mantener importantes inversiones hasta en el banco Riggs.
«En un comienzo la DINA no mantenía cuentas corrientes en dólares. Posteriormente sí, quizás algunos meses después de su constitución… No recuerdo el banco en Estados Unidos, pero sí personalmente he mantenido una cuenta en el Banco Riggs de Washington de la cual retiré 25 mil dólares, aporte de mis amigos norteamericanos para mi defensa en el caso de la extradición», declaró en el mismo proceso.
El mencionado Olavarría Aranguren, es un oficial en retiro de la Armada y amigo personal del exdirector de la DINA, y fue el encargado de administrar la logística financiera de la DINA. También fue socio de diversas empresas que han sido acusadas de blanquear dineros para ese organismo. Olavarría (hermano de Mario Olavarría UDI) junto al abogado Alfredo Ovalle Rodríguez, aparecen en 1976 creando distintas compañías que se imputa sirvieron de fuente de ingresos a la DINA.
Alfredo Ovalle llegó a comandar la Sociedad Nacional de Minería, a la que renunció sorpresivamente cuando se destapó su participación en el engranaje económico que solventaba a la DINA.
También fue presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Ovalle no solo aparece relacionado en sociedades con Olavarría, sino que también con Guillermo Endara, ex presidente de Panamá y quien constituyó diversas empresas para la DINA en su país y que sirvieron para financiar la Operación Cóndor.
Como se recordará, Ovalle cayó preso en 1982, al intervenirse el Banco de Fomento del Bío Bío, del cual era presidente y también aparecía como socio Humberto Olavarría, siendo posteriormente sobreseído.
Ambos han sido sindicados como administradores de platas negras que «recolectó» la DINA. A ello se debe -se sostiene-, la explosiva riqueza que salió de la nada tras su vínculo con Contreras. Ovalle cuando ha sido interrogado sobre ello ha optado por guardar silencio o ha señalado que es otra la fuente de su riqueza.
Entre las sociedades están Inversiones Mineras Foram Limitada de la que provenía Ovalle y que se asoció con Humberto Olavarría. Más tarde vienen Sociedad Inmobiliaria Cabildo Limitada (1978), Sociedad Legal Minera Las Cenizas Uno de Cabildo, Inversiones Mineras Norte Limitada (junio 1981), Compañía Minera Las Luces Limitada y Minera Oro Andino Limitada, en sociedad con María Teresa Cañas Pinochet, la sobrina de Pinochet.
Dinaservice y Dinar las pagadoras
El 4 de enero de 1974 ante el notario Andrés Rubio Flores, nacía Servicios Industriales Villar y Reyes Ltda., cuyo nombre de fantasía fue Dinaservice Ltda y sus socios fueron el oficial de Ejército Lautaro Villar Requena y Leonardo Reyes Herrera, oficial naval. Tras la sociedad estaban también Olavarría y Contreras.
Esta empresa sería a través de la cual se canalizarían los pagos a los agentes de la DINA en el país, función que pasaría a cumplir más adelante Elissalde & Poblete y Cía. Limitada. Cuyos socios eran el coronel (r) de Ejército Alberto Elissalde Müller, y el abogado Miguel Ángel Armando Poblete Rodríguez.
El 25 de ese mes, las principales empresas pesqueras de San Antonio pasaron legalmente a manos de la DINA. Se trataba de Compañía Pesquera Arauco y Productos Congelados del Mar.
Ambas empresas constituyeron una tercera, Compañía Atunera de Chile Limitada. Ese mismo día se crea formalmente la DINA reconocida más tarde por Pinochet el 18 de junio de 1974. Hubert Fuchs, gerente de Arauco, era un marino retirado que había sido gerente de Savory y que se transformó en nexo entre la DINA y la empresa Standard Electric.
El caso Letelier dejo al descubierto otra arista, la existencia de la cuenta corriente y los pagos de «DINAR», la que tenía el número 13280724 y pertenecía al Banco de Crédito e Inversiones, correspondiente a la sucursal de Plaza Baquedano-Alameda y Vicuña Mackenna-Santiago, la que quedaba a muy corta distancia del cuartel general de la DINA, en Belgrano 11 casi al llegar a Vicuña Mackenna.
Contra esa cuenta Contreras, que era el habilitado para firmar los cheques, giró el año 1975 la suma de 1.598.496.520 escudos cuando el «sueldo vital» (hoy mínimo) en Chile era de 27 mil escudos. Dimensione usted, unos 59 mil sueldos mínimos o si quiere, $9.172.140.000 de ahora.
Los raspados de olla de DINAR
Varios nombres conocidos aparecieron vinculados en la investigación de la Suprema (que por supuesto no pasó de ser para ella un dato anecdótico, pues en realidad nada hizo para determinar los ilícitos asociados a estas acciones). Los dineros girados incluyen doce cheques que fueron cobrados por la «Junta de Gobierno» por un total de 165.630.800 escudos. También el exalcalde Cristián Labbé, reconocido DINA aparece recibiendo y cobrando cheques de la Dirección Nacional de Rehabilitación (DINAR), lo mismo que el asesor internacional del Instituto Geográfico Militar Pablo Gran López, el ex jefe de la Brigada Electrónica de la DINA, Vianel Valdivieso Cervantes y el ex oficial de la Fuerza Aérea Carlos Ottone Mestre, entre otros.
Varios agentes hoy encarcelados por graves violaciones a los derechos humanos hicieron fila en la oficina de pagadora de la calle Nueva York con La Bolsa en el centro de Santiago. Marcelo Moren Brito, ex jefe del centro de tortura y exterminio Villa Grimaldi, Christopher Willike Flöhl, ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Eduardo Iturriaga Neumann, jefe Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado jefe del cuartel de exterminio Simón Bolívar y Pedro Espinoza Bravo, segundo de la DINA, partícipe de la Caravana de la Muerte y varios crímenes más, entre otros.
Incentivo, mordaza dulce o simplemente soborno, llámelo como quiera, porque es igualmente inaceptable que medios de prensa (todos ligados a la derecha) aparecieran también recibiendo dinero de la DINA. Registran cobros de cheques que llevan la firma de Manuel Contreras, los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Nación, La Prensa, El Día de La Serena y La Discusión de Chillán, los semanarios Qué Pasa y Ercilla, el Consorcio Periodístico de Chile y las agencias de noticias France Press, Orbe y United Press International (UPI).
Claro… que era financista
Las declaraciones de ex agentes de la DINA desnudaron la participación de otro empresario también relacionado a los medios al financiamiento de la DINA. Se trata de Ricardo Claro, el fallecido y polémico dueño de Megavisión. Jorgelino Vergara, el Mocito, señaló a Cambio21 diversos episodios en que la falta de dinero para pagar sueldos de los agentes civiles fueron rápidamente solucionados por Claro, quien sabía que los dineros que entregaba eran para ese fin. Desde los cuarteles de la DINA, impacientes torturadores llamaban a la secretaria del empresario para que apurara los dineros.
Eduardo Cabezas Mardones, otro ex agente ratifica los dichos y fue más allá señalando que también financió a la CNI. El periodista Javier Rebolledo (autor de «La danza de los cuervos» y «El despertar de los cuervos» entre otras obras y trabajos sobre las violaciones de los DDHH), señaló a Cambio21 que dicho personaje testimonió que su jefe, Arturo Ramírez Labbé, funcionario FACH en retiro, se reunió en diversas oportunidades con Ricardo Claro en la Enoteca del Cerro San Cristóbal, justamente para ver temas de financiamiento.
«Ricardo Claro más que un financista, da la impresión que era un colaborador directo», señala Rebolledo.
Claro era amigo personal de Contreras y no era extraño verlo en la «Casa de Piedra» en el Cajón del Maipo (propiedad usurpada al dueño del Clarín, Darío Sainte Marie Soruco, «Volpone») junto al Mamo.
Se creó para blanquear los pagos de Claro a los agentes DINA, una empresa llamada Boxer y Asper Limitada la que más tarde se llamaría Sociedad Administradora de Servicios de Personal Limitada o simplemente «Asper» Limitada. ¿Los socios? El coronel (r) de carabineros Germán Esquivel Caballero (conocido por su participación en el Comando Conjunto y procesado por la desaparición de Reinalda Pereira desde el cuartel Simón Bolívar) y Mario Aguirre Monreal, un contador ligado también el Ejército.
A Esquivel lo reemplazó Ernesto Darío Zamorano Barrueto, actualmente miembro de la subsección Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército con contrato indefinido como técnico administrativo en finanzas. A Mario Aguirre lo reemplazó el coronel (r) del Ejército, César Atilio Risi Vignola. A Zamorano más tarde lo reemplazó el mayor de Ejército Luis Isaac Contreras Prieto, uno de los pilotos de helicópteros Puma del Comando de Aviación del Ejército, utilizados para arrojar al mar los cuerpos de los prisioneros.
Esa era la fuente que Claro usaba para pagar agentes DINA.
Cocaína rima con DINA y otras yerbas
Uno de los delicados cargos que se ha imputado a Pinochet y a la DINA, es su participación en la elaboración y comercialización de cocaína en Chile y más específicamente en locales institucionales del Ejército como el Complejo Químico Militar del Ejército en Talagante, conocido como el «Polvorín de Talagante».
Eugenio Berríos, el creador del mortífero gas Sarín y quien fuera asesinado por la CNI en conjunto con militares uruguayos en ese país para silenciarlo, fue considerado uno de los mejores «cocineros», capaz de elaborar cocaína negra.
De hecho el mismo Manuel Contreras denunció al Ministerio público que Augusto Pinochet y su familia, lograron parte importante de su fortuna fruto de la producción y venta de cocaína durante la dictadura.
Así lo ratificó el fiscal Héctor Barros, jefe de la unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía Centro-Sur, quien señaló que «el ex general Contreras estuvo bastante cooperador con el curso de la investigación». Contreras fue querellado por difamación por afirmar que Pinochet y su hijo menor fueron parte de una red de narcotráfico, que producía «cocaína negra», una variedad de la droga que es imposible de detectar y que era producida en recintos militares.
El comercio de armas fue otra de las fuentes que se achaca a Contreras y compañía como fuente de financiamiento institucional y personal. No fueron las únicas que aparecen como tales. Álvaro Corbalán Castilla también habría participado de la lista de «empresarios» que habría allegado dineros a esa asociación ilícita a través de las empresas «Transportes Santa Bárbara» (creada gracias a un préstamo de un millón de dólares entregados por el Banco Estado bajo la dirección de Álvaro Bardón) y de la Agencia de Viajes Cordillera Tours, que operaba en el hotel Crown Plaza.
Las «quitadas» de Contreras
La DINA también recaudaba fondos mediante las platas que «expropiaba» a partidos y movimientos de izquierda, sea que provinieran del exterior o que derechamente fueran fruto de secuestros y asesinatos de dirigentes que manejaban fondos.
El periodista Javier Rebolledo señaló a Cambio21 que «el partido Comunista fue objeto de una fuerte persecución en este sentido por parte de la DINA, siempre fueron tras su aparato financiero, quitándoles mucha plata, como en el caso de la detención y desaparición en Argentina de sus dirigentes Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, quienes traían importantes sumas de dinero a Chile para la resistencia».
«Es más -insiste-, el año 1977 en los casos de calle Conferencia I y II, caen las cúpulas del PC, pero entre una y otra, en agosto de ese año, cayó el aparato financiero del PC e hicieron desaparecer personas y mucho dinero, estamos hablando de millones de dólares -manifiesta-, pero eso a nadie le conviene reconocerlo, porque es muy complicado diplomáticamente. También robaban producto del pillaje y detenciones de personas».
Rebolledo va más allá: «No sabemos si esas platas llegaron solamente a la DINA o también a los bolsillos de Pinochet y Contreras, pero lo que sí todos sabemos es el sueldo de los militares y claramente ello no les alcanza para tener todos los bienes que registran en sus patrimonios, como el fundo Viejo Roble de Contreras en el sur. Con Pinochet acontece lo mismo y su patrimonio simplemente no da, son platas ilícitas. Las dictaduras son caldo de cultivo para todo tipo de corrupción», concluye Javier Rebolledo.
Fuente: Cambio 21
