En 1973 había prácticamente la certeza que las convicciones más profundas para hacer un Golpe de Estado provenían de un empresariado que temía perder su patrimonio privilegiado en la economía chilena. Todos los trasfondos ideológicos en fin de cuentas se remitían a que se atentaba contra un irrenunciable derecho a mantener la propiedad de la mayor parte de la riqueza tal como se mantiene hasta nuestros días. Este sector tuvo como personaje símbolo al Presidente de El Mercurio, Agustín Edwards, quien alineó a todos los grandes empresarios -en funciones o momentáneamente “suspendidos”- por el avance de las tomas de fábricas y latifundios que ocurrió entre 1970 y 1973.
Sin duda, la Unidad Popular amenazó el sistema capitalista. Empero, el sistema capitalista comandado por la oligarquía había postergado el progreso de las clases populares por decenios, sino siglos. Había la sensación de abusos permanentes y una distribución muy desigual. Los estudios de la época así lo confirmaban.
La sensación de desprotección de la población frente a los “señores” fue sin duda el leit motiv que permitió a Salvador Allende arribar a la presidencia de la República en 1970. Un clamor de justicia recorría Chile. Este es el único punto de coincidencia entre lo actual y lo pasado. La idea profunda en la sociedad que la actual legalidad no es justa ni legítima.
El Sr Dávalos hace cosas legales pero ilegítimas a ojos de la población Incluso, algunos empresarios, en un ánimo de codicia impúdica sobrepasan los límites y estafan al Estado para transformar sus generosas dádivas en sendas evasiones fiscales. El poder todo lo puede. La impunidad todo lo hace posible. Nadie ni nada podrá evitarlo, creen.
Para eso, como en las lógicas mafiosas se tiene “mojada” a toda o parte de la elite política. Algunos se sorprenden de lo que ocurre en México, pero si Chile hoy no detiene la corrupción estará en menos de lo que piensa en eso. No importa si hoy son “inocentes” empresarios porque si ellos pudieron subvertir la legalidad por dinero no será difícil que a alguno de ellos -o de sus hijos o sobrinos-, primero, se les ocurra incursionar en el gran negocio de los últimos decenios (la droga) y, con la misma lógica que hoy ponen y sacan diputados, senadores y candidatos presidenciales logren armar un círculo de apoyo que, por cierto, no es difícil que alcance a la policía (hay actualmente un par de oficiales del ejército imputados de estafas por realizar facturas falsas).
Con una cuota no menor de cinismo, la Sofofa declara que apoya una reforma a la ley de financiamiento de la política pero nadie de ellos ha dicho que sus destacados pares que financian ilegalmente la política lo hacen porque les conviene y no porque están amenazados u obligados. Ninguno de ellos dijo nada en 45 años. Ninguno de ellos se siente culpable.
Al igual que las violaciones de los derechos humanos fue necesario que la evidencia fuese tan rotunda para que dijesen “parece que existe”. Por el contrario, a nadie le cabe duda que cuando Andrónico Luksic pide que Dávalos esté presente para conceder el ya famoso préstamo, quiere que éste “le mire a los ojos” porque, como dijese el Padrino, nunca se sabe si deberá retribuir el favor a lo cual no podrá negarse.
Para ejemplificar solo con un grupo, el de Luksic, como indica el documento de Hugo Fazio, ha tenido entre sus empleados a destacados ministros del gobierno. Eyzaguire y el Ministro de Hacienda Alberto Arenas en el directorio de TV canal 13, la Sra Aurora Williams, ministra de Minería que fue gerente de administración de la empresa operadora del puerto de Antofagasta también propiedad del grupo; y, hace algún tiempo, estuvo como gerente de Luchetti, empresa del grupo Máximo Pacheco, actual ministro de Energía que, por casualidad, es un furibundo defensor del proyecto Alto Maipo en que tiene intereses el clan Luksic. Pacheco ocupó un puesto en el directorio del Banco de Chile el cual fue comprado por los Luksic a principios de los años 2000 gracias a un generoso préstamo que le concedió el Banco del Estado (así llamado en la época) cuando era gerente general el socialista Jaime Estévez que, vaya casualidad, es actualmente también miembro del directorio del Banco de Chile.
Que quede muy claro que las sospechas de contubernio y tráfico de influencias no nacen de que alguien trabaje en una empresa sino que después, antes, o durante el ejercicio de puestos públicos relevantes se le entreguen puestos de confianza en altos directorios de las empresas. Cuesta saber si los unos o los otros deben poner en alguna parte la tradicional inscripción “gracias por favores concedidos”.
El Grupo Penta acaba de devolver 4.900 millones de pesos “por el daño causado al Fisco” y a todos los chilenos porque uno de los mecanismos usados permitía reducir el pago de impuestos dedicando dineros a sus acólitos en la política. Como le explicamos a la sociedad que ellos (empresarios) “pagan” un delito apenas devolviendo lo robado.
¿Si alguien asalta un cajero automático debiese bastar con que devuelva el dinero si lo pillan? Y claro, ellos financian a honorables diputados y senadores que hacen las leyes para que los castigos sean completamente diferentes según el tipo de delito.
Ellos saben que sus delitos son de otro estilo y que surgen desde el poder y esos no pueden ser considerados como los otros. Una vergüenza más del poder. La ambición por el poder es la madre de todas las desigualdades que están indignando a nuestra sociedad.
No es la política, ni las instituciones ni la democracia lo que indigna, sino aquellas personas que no tienen ética para respetarlas. Ciertamente, con el ánimo de salir una vez más ilesos y campantes, hay quienes confunden el castigo a sus propios errores y delitos con la supervivencia de la estabilidad democrática.
En este contexto, Chile está abriendo un nuevo ciclo en que tendrán que venir nuevas generaciones, otros dirigentes y sobre todo una convicción profunda y ética de la política.
Fuente: Primera Piedra
