El pasado año 2015 parece haber sido hasta ahora el cénit del fenómeno de la desconfianza y la indignación ciudadanas. Razones no faltan. Casos de platas políticas como Penta y SQM, de evasión tributaria como Caval y colusiones como la del papel tissue pasaron a engrosar una lista que ya contaba con escándalos como el de la colusión de las farmacias.
Sin embargo, además de toda la desafección hacia la institucionalidad y hacia el sistema en general que esto puede provocar en la población común y corriente, hay aspectos que se pueden medir de forma más tangible, y que permiten valorar la dimensión de todos estos casos: el perjuicio fiscal y el perjuicio a los consumidores.
Vale decir, cuánto le ha costado al fisco cada uno de estos casos, si tiene que ver con evasión tributaria, o cuánto les ha costado a los consumidores, si se trata de una colusión.
El monto total asciende hasta más de 1.178.543.921.715 millones de pesos.
A continuación un ranking con los montos que estos escándalos le han costado a la sociedad chilena.
1 – Colusión de los pollos: $830.003.000.000
En octubre del año pasado la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó una demanda colectiva en contra de las avícolas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, involucradas en la llamada colusión de los pollos. De acuerdo a esta demanda presentada por el abogado Andrés Parra se llegó a una cifra de más de 830 mil millones de pesos. Vale decir, que esta astronómica cantidad es lo que habría costado a los consumidores chilenos el cartel avícola. El monto se disgrega de la siguiente forma:
Agrosuper, el holding de la familia Vial, dirigido por Gonzalo Vial Vial, cuyo hijo menor Gonzalo Vial Concha –también socio de la empresa– fue el principal cliente de Caval, habría perjudicado a los consumidores con $506.630.000.000.
Ariztía, la empresa propiedad de la familia homónima y presidida por Manuel Ariztía Ruiz, $255.071.000.000
Don Pollo, de la familia Covarrubias, $72.301.000.000
2 – Colusión del papel tissue: entre $329.850.075.000 y $361.771.050.000
Al mes siguiente, en noviembre, Conadecus presentó otra demanda, esta vez por la llamada colusión del confort. Fue ingresada y patrocinada por el estudio Bravo Abogados, y acompañada por informes en que participaron economistas que trabajaron en la Fiscalía Nacional Económica (FNE), como Andrea Alvarado y Gonzalo Escobar.
El informe de Alvarado avaluó el daño a los consumidores entre 2000 y 2011 en $510 millones de dólares, lo cual al tipo de cambio actual equivale a más de $361 mil millones de pesos. Escobar, en cambio, planteó un monto más bajo, pero igualmente de cifras siderales para la realidad chilena: $465 millones de dólares, equivalente a $329.850.075.000 pesos al tipo de cambio actual.
Según el informe de Gonzalo Escobar, esto se disgrega en $405 millones de dólares de CMPC –propiedad de la familia Matte– y $60 millones de dólares de SCA, actualmente en manos de un grupo sueco y otrora de Gabriel Ruiz-Tagle, ex ministro del Deportes de Sebastián Piñera y presunto “cerebro” de la colusión.
3 – Penta: $2.471.143.470
Esta cifra corresponde al cálculo hecho por el SII a pedido de la Fiscalía en el marco de la investigación del caso, y constituye el perjuicio fiscal que Penta, empresas asociadas, y personas naturales provocaron. En palabras simples, son los impuestos que no pagaron.
Por ejemplo, Penta no pagó $865.434.844; Inversiones Penta III, $125.318.305; Inmobiliaria Los Estancieros, $449.551.466, y así suma y sigue. En cuanto a personas naturales, Carlos Délano Abbott, fundador y presidente de Empresas Penta, ex presidente de la Fundación Teletón y ex consejero académico de la Universidad del Desarrollo, figura con $357.423.805. Su socio Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro aparece con $394.133.200, al igual que su esposa María de la Luz Chadwick Hurtado con $4.627.513 y sus hijos Carlos Eugenio Lavín Subercaseaux y Alejandra Julia Lavín Subercaseaux con $394.133.200 y $1.780.517, respectivamente.
4 – SQM: $750.910.545
De acuerdo al mismo informe del SII que estableció los montos evadidos por Penta, SQM y sus sociedades dejaron de pagar, entre boletas de honorarios y facturas pagadas a 24 supuestos proveedores, más de 750 millones de pesos. El informe hecho por la fiscalizadora Miryam Ollarzún analizó las declaraciones tributarias de SQM y demás empresas entre 2010 y 2014.
5 – Caval: $318.867.700
El caso que hizo que la popularidad de la Presidenta Michelle Bachelet se desplomara, y que tiene a su nuera Natalia Compagnon Soto formalizada y con arraigo nacional y firma mensual por delitos tributarios habría causado un perjuicio fiscal de $318.867.700 en sus diferentes aristas, de acuerdo a lo expresado por la Fiscalía en la audiencia el viernes pasado.
Natalia Compagnon y Mauricio Valero ocasionaron un perjuicio fiscal de $118.602.912. Por su parte, el síndico Herman Chadwick –hijo del abogado y político homónimo y sobrino del ex ministro y ex senador Andrés Chadwick y del ex Presidente Sebastián Piñera– figura con $200.264.788.
Indignación y desconfianza
Si se considera este ‘top five’, la cantidad total de dinero evadido al fisco o cobrado de más a los consumidores es imposible de dimensionar para la mayoría de los chilenos (de hecho, más de alguno se encontrará con problemas a la hora de pronunciar correctamente la cifra). Se trata de 1.178.543.921.715 millones de pesos, lo que equivale a más de 38 teletones, considerando que en su última edición la campaña recaudó $30.601.978.621 pesos.
Traducido en sueldos mínimos, el monto equivale a 4.714.175 de ingresos mínimos mensuales. Lo anterior, unido a una creciente crisis de confianza en las instituciones en general, provoca un clima crítico que es reconocido por la clase política y empresarial.
El Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), Stefan Larenas, quien también ha sido partícipe de instancias de discusión legislativa relativas a materias que atañen a los consumidores, concuerda en constatar la existencia de una crisis compleja:
“Hay una crisis de confianza generalizada que se arrastra hace mucho tiempo, primero por la oscura relación entre política y negocios, que es algo que afecta directamente al consumidor, en la medida en que uno no sabe quién es el que financia realmente las legislaturas”.
El propio Larenas cuenta su experiencia al haber participado de la elaboración de la Ley de Fármacos, y la desconfianza que a él mismo le genera el medio parlamentario: “Yo que participé durante cuatro años en la reforma a la Ley de Fármacos puedo sospechar perfectamente que esa ley sale como sale porque hubo platas espurias. Eso es producto de una crisis de confianza.”
Para Larenas, en lo que respecta a los casos de colusión, las indemnizaciones reales al consumidor son “inexistentes” y “lo que aumenta la desconfianza es que hoy no exista un mecanismo rápido, efectivo y transparente de reparación al consumidor”.
El hecho de que Chile sea un país con un mercado tremendamente concentrado no ayuda a que casos como los de las farmacias, los pollos o el papel se eviten, al contrario. Como dice Larenas, “es más fácil ponerse de acuerdo entre cuatro que entre veinte”, situación que al mismo tiempo provoca cuestionamientos a la verdadera libertad de mercado que puede existir en Chile.
“No se puede hablar con tanta liviandad que en Chile existe una economía de libre mercado. En una economía de libre mercado existe competencia y aquí es muy difícil competir”, asegura.
Fuente: El Mostrador
