El presidente de la UDI, Patricio Melero, ha justificado la nominación de Laurence Golborne como candidato al Senado por Santiago Oriente, paradojalmente después que ese partido había decidido bajarlo de la carrera presidencial cuando estuvo cuestionado por el fallo de la Corte Suprema contra Cencosud por los cobros abusivos a sus clientes de tarjetas de crédito Jumbo Mas, en 2006, período en que él se desempeñaba como gerente general y, también, por haber omitido en su declaración patrimonial la sociedad Sunford Management Corp constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
Melero manifestó que “él siempre actuó de buena fe en base a las normas y al derecho que la industria y el mercado tenía en el país”.
Recordemos que a propósito del caso Cencosud se necesitó un fallo de la corte Suprema para ver cuál era la fórmula correcta y ese fallo se demoró siete años. Y la fórmula que se usaba en ese tiempo de la aceptación tácita y no explícita…hoy el regulador ha cambiado”, y sobre las dineros de Golborne en las Islas Vírgenes, señaló que “cualquier chileno puede ganar dinero y depositarlo donde quiera”.
El diputado Melero nos sorprende en su defensa de Golborne sustentando su alegato en un relativismo moral, doctrina que sostiene que no hay bien o mal absolutos, sino que comportamientos dependientes de las circunstancias concretas, o sea, que las conductas de las personas pueden variar en función del ambiente (social o normativo) y de una persona a otra.
De esta manera se está negando la existencia del Bien objetivo, por lo que habría que prescindir de la Ética en la actividad política.
El señalar que Golborne, en los cobros abusivos a los clientes de las tarjetas Cencosud en 2006, actuó en base a una aceptación “tácita y no explícita”, puesto que la ley no lo prohibía expresamente, muestra un desprecio al hecho mismo de que tenemos palabras tales como “correcto,” “incorrecto,” “deber,” “mejor,” etc., que nos guían para actuar en la sociedad, aunque la legislación no sea explicita al respecto.
Si la moralidad fuera verdaderamente relativa, estas palabras no tendrían significado. Por tanto, desde un punto de vista ético las prácticas anteriores de un Sujeto, sea este sujeto individual o colectivo, pueden y deben ser juzgadas ex post, independientemente del contexto histórico.
Nadie podría catalogar como “subdeclaración involuntaria” la declaración patrimonial de Golborne sin mencionar la sociedad de su propiedad establecida en las islas Virgenes, pues el contaba y aún cuenta con reputados expertos tributarios que lo asesoran en estas materias, lo que hace verosímil presuponer que las causas para tal “lapsus” era reducir el pago de impuestos, lo que implica un acto deliberado por parte de este contribuyente de evadir sus obligaciones tributarias.
Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al Estado. Sin los impuestos el Estado no podría funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos); prestar los servicios públicos de salud, educación, defensa, sistemas de protección social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales).
Por consiguiente, los impuestos se pueden definir como una exacción pecuniaria forzosa para proveer Bienes Públicos, por tanto aquellas personas naturales o jurídicas que evadan su pago están eludiendo su obligación social.
Si la ética determina lo correcto y lo incorrecto, ¿cómo debemos juzgar a las personas que actúan de acuerdo a la “ley” aunque esa acción puede ser considerada socialmente reprochable?
No se puede relativizar benignamente, como lo hace Melero, el comportamiento de Golborne en el caso de de las tarjetas Cencosud esgrimiendo como razón que no existían normas que prohibieran subir unilateralmente los cobros por la tenencia de las tarjetas Jumbo Mas en esa fecha, puesto que al hacerlo se estaba incurriendo en un evidente abuso a los clientes y, en el caso de tener una compañía en un paraíso fiscal, está ampliamente documentado que en estos “centros financieros offshores” cuentan con un complejo entramado económico y legal para evadir el pago de impuestos de parte de sociedades, fideicomisos o un trust.
Es por eso que la Unión Europea y el G-20 han acordado poner en marcha un nuevo sistema para intercambiar información bancaria y acabar con la ocultación de las rentas del capital.
La desregulación efectiva que todavía pervive en la actividad económica chilena, incluyendo no sólo el relajamiento o desaparición de los controles regulatorios del Estado sobre el comportamiento del sector financiero y el retail, ejemplarizado en la flexibilización para que las empresas privadas aprovechen el Laissez faire et laissez passer -dejad hacer, dejad pasar – para maximizar las ganancias, no justifican las acciones incorrectas, particularmente en una persona que aspira a un cargo público.
El hecho es que todas las personas nacen con una conciencia y todos sabemos instintivamente cuando hemos hecho algo malo o cuando se lo hemos hecho a otros. Aún como niños, sabíamos la diferencia entre “justo” e “injusto”. Una persona “de conciencia recta” no comete actos socialmente reprobables. Conciencia es la facultad del ser humano para elaborar juicios personales de carácter moral y ético sobre lo que está bien y lo que está mal, con relación a sí mismo y a los demás.
La percepción evaluativa de la UDI sobre sí misma en estos hechos carece de una auto comprensión de las reglas y conductas que deben ser asumidas por los partidos políticos en una democracia, delatando, de paso, una desinhibición normativa en temas tan sensibles como es la transparencia y los conflictos de interés, transformándose en una colectividad con una “conciencia” enteramente cínica.
Al justificar lo injustificable, los dirigentes de la UDI demuestran padecer de una incapacidad patalógica para reconocer y ver con una luz distinta a como lo vieron los ministros de la Corte Suprema lo acontecido con las tarjetas Jumbo Mas y, en el suceso de los depósitos bancarios en los paraísos fiscales, como lo está viendo la Unión Europea.
Lo anterior no es de extrañar, ya que la conciencia política de los “controladores” de la UDI viene determinada por una experiencia y un mismo problema común: la negación y la exculpación de los crímenes de la dictadura de Pinochet.
Fuente: El Quinto Poder
