El Mercurio parece convencido de la inevitabilidad del triunfo de Michelle Bachelet en las próximas elecciones presidenciales y se muestra empeñado en ponerse el parche antes de la herida o, lo que viene a ser lo mismo, ejercer su influencia para descalificar propuestas programáticas de la Nueva Mayoría que podrían cambiar el statu quo y corregir ostensibles déficits políticos, sociales y económicos de nuestra democracia.
Las páginas editoriales del decano de la prensa nacional muestran en los últimos meses un compendio de alarmas a propósito del “innecesario afán refundacional” que implica una Asamblea Constituyente y de la emergencia de un “sentimiento antiempresarial y estatista” que pone en peligro “el crecimiento logrado gracias a la economía de mercado”, para mencionar los dos tópicos principales de la preocupación mercurial, que coincide obviamente con el discurso de la Alianza por Chile.
En los últimos días El Mercurio añadió un nuevo tema que, a decir verdad, ha estado soslayado en la vitalicia transición chilena por los cuatro gobiernos concertacionistas y la administración de Piñera: el de la industria mediática. El jueves 30 de julio, el matutino dedicó su principal editorial, bajo el título “Riesgo para los medios de comunicación”, a los planteamientos que al respecto contiene el documento “Compromisos para el Chile que queremos”, elaborado por la Comisión de Programa de los partidos de la Nueva Mayoría.
Se debe celebrar que por fin las colectividades de la llamada centroizquierda aborden este vital asunto, y si bien habría que agradecerle al “diario de Agustín” por contribuir a su manera a hacer visible un problema que viene afectando profundamente la calidad de la democracia, no cabe sino impugnar la forma en que lo hace, con un discurso fundamentalista que desconoce los datos de la realidad y cae livianamente en la descalificación, recurriendo a dos términos que el lenguaje derechista utiliza majaderamente como estigmas: chavismo y kirchnerismo.
En una suerte de postre del plato fuerte editorial, el lunes 5 de agosto, también en la página 3 del decano, se incluye una columna de opinión de la periodista Tamara Avetikian (“Hegemonía mediática ¡no!”), acerca del enfrentamiento en Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro y el diario El Nacional. La columnista cierra su texto diciendo que se le encendieron “alarmas” a propósito de las propuestas programáticas sobre los medios recibidas por Michelle Bachelet, que podrían replicar en Chile la situación venezolana.
En los “Compromisos para el Chile que queremos” se postula “el derecho a una información plural, veraz y transparente, lo que nos lleva a luchar por establecer las condiciones para democratizar el actual sistema de medios de comunicación, que ha permitido concentrar en pocas personas o empresas, nacionales o extranjeras, el control de los medios de comunicación masivos”.
“También resulta necesario incentivar en los medios de comunicación tradicionales un auténtico pluralismo tanto en los contenidos como en la propiedad”, añade el documento de las comisiones programáticas de los partidos de la Nueva Mayoría.
En la visión mercurial el diagnóstico sobre la concentración de la propiedad de los medios y las aspiraciones de pluralismo vendrían a ser consignas chavistas o kirchneristas, que amenazarían el sistema de medios de comunicación en Chile, que por oposición a esos oscuros designios no tendría rasgos monopólicos ni oligopólicos y sería garantía de una información veraz, plural y transparente.
Ha sido este propio sistema de medios de comunicación el que se ha encargado de construir visiones sesgadas, estereotipos, demonizaciones y estigmas sobre las experiencias políticas de Venezuela y Argentina, así como de Ecuador y Bolivia (seguidores del “modelo chavista” en el discurso editorialista de El Mercurio). Así, viene a ser casi un pase de prestidigitación dar por cerrado el debate acerca del paisaje mediático chileno con el simple expediente de calificar de chavistas a quienes reclaman su democratización.
Para que la operación sea completa, los medios de comunicación tradicionales (prensa escrita, radio y televisión) han ignorado, o censurado, los numerosos informes y estudios que documentan la concentración de la propiedad de los medios en Chile, elaborados por investigadores a salvo de cualquier sospecha de chavismo. “Los magnates de la prensa”, de la Premio Nacional de Periodismo María Olivia Mönckeberg (Random House Mondadori, 2009), fue mencionado por El Mercurio, contra su voluntad, solo en los rankings de altas ventas de las librerías.
La lista de ejemplos similares es demasiado extensa. Basta citar dos casos recientes. La prensa tradicional ha silenciado las “Propuestas del Colegio de Periodistas de Chile sobre Políticas Públicas para la Comunicación Social”, dirigidas a candidatas y candidatos presidenciales y parlamentarios presentado el 11 de julio. Según los cánones mercuriales, este documento estaría también contaminado con el virus del chavismo, pese a su aprobación por unanimidad en el Consejo Nacional de esta orden, donde están representadas diversas corrientes ideológicas y políticas, algunas francamente identificadas con la oposición venezolana. (Nota: el texto puede leerse en www.colegiodeperiodistas.cl/images/documentos/propuestapolitica.pdf).
Entre otros puntos, el Colegio de Periodistas se hace eco de planteamientos de las relatorías para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, en el sentido de que el pluralismo comunicacional se garantiza con la convivencia en pie de igualdad de tres tipos de medios: comerciales, comunitarios y públicos (no gubernamentales).
Segundo caso: cuando en enero-febrero de 2014 se reúna el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su examen periódico universal sobre la situación en los países miembros de la organización mundial, contará cuando analice la situación de la libertad de prensa con la contribución de Reporteros sin Fronteras (RSF), ONG internacional con carácter consultivo en esa instancia.
¿Qué dice RSF sobre la libertad de prensa en Chile? Vale la pena leer el primer párrafo del informe:
“Chile ocupa el lugar 60, entre 179 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013 de Reporteros sin Fronteras. Este país se caracteriza por una concentración excesiva de los medios de comunicación, de allí su flagrante falta de pluralismo. Cerca de 95% de las publicaciones de prensa escrita se encuentran en manos de dos grupos de comunicación privados: El Mercurio y Copesa, únicos beneficiarios del sistema de subvención del Estado instaurado bajo la dictadura –por el que reciben cerca de 5 millones de dólares al año–, en detrimento de los medios de comunicación independientes. Asimismo, cerca de 60% de las estaciones de radio pertenecen al grupo de prensa español Prisa. Así, los medios de comunicación independientes –como las radios comunitarias– se debaten para sobrevivir y asegurar su subsistencia económica, puesto que el país aún no cuenta con un marco legislativo que garantice un equilibrio entre los diferentes tipos de medios de comunicación en el espacio de difusión”.
Difícilmente RSF puede ser acusada de organización chavista. Al contrario, desde sectores de izquierda afines a los gobiernos de Cuba y Venezuela, se la acusa de ser una entidad “pantalla” de la CIA estadounidense y de recibir financiamiento del Departamento de Estado norteamericano. El ranking de la libertad de prensa en 179 países, donde Chile aparece en el lugar 60, relega a Venezuela al puesto 117 y a Cuba al 171. Estados Unidos ocupa la posición número 32, aunque RSF lleva a cabo actualmente una campaña de defensa del soldado Bradley Manning, quien arriesga una condena de 90 años de cárcel, acusado de espionaje por la información que filtró a WikiLeaks.
Lo sustantivo es que el diagnóstico sobre la falta de pluralismo en el sistema mediático chileno es compartido por los más variados sectores y solo desde una mirada tendenciosa, como la que trasuntan los editoriales de El Mercurio, se pueden negar los peligros reales que representa la concentración de la propiedad de los medios tradicionales.
La prensa y la televisión chilenas están contaminadas de afanes censuradores, que incluso alcanzan a un canal supuestamente público como TVN, manejado ya no con criterios solamente comerciales, sino con la lógica empresarial que permea a todo el actual gobierno. La bochornosa censura a la exhibición de “El diario de Agustín”, la clausura solapada del programa “La nueva belleza de pensar” y el patético episodio de los “problemas técnicos” que derivaron en mutilaciones del documental “Nostalgia de la luz”, son actos atentatorios a la libertad de expresión.
No es una simple anécdota que el Canal 13, del grupo Luksic, con un directorio encabezado por el militante del PPD y exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, censure un programa de investigación periodística que denuncia malas prácticas de empresas elaboradoras de alimentos de consumo masivo. Lo que este hecho puso de manifiesto es la contradicción implícita entre la libertad de información y la apropiación de los medios por grandes grupos económicos.
Cuando El Mercurio embiste contra el borrador programático de la Nueva Mayoría, lanza advertencias, implícitos chantajes en términos de sus pautas de cobertura de la campaña electoral y, sin duda, busca también que en el variopinto comando de Michelle Bachelet se impongan figuras moderadas y, obviamente “antichavistas”. Entre ellos, René Cortázar, otro exministro y miembro del directorio de Canal 13, quien según el ex senador Ricardo Hormazábal no está allí representando a la Democracia Cristiana sino al grupo Luksic.
Juan Somavía, hasta hace poco director general de la Organización Internacional del Trabajo, integrante también del comando bacheletista, tuvo el honor en los años 80 de acompañar a Gabriel García Márquez como miembro de la comisión redactora del Informe McBride, documento señero de la Unesco que puso en el debate internacional el tema de la democratización de las comunicaciones. Una asignatura pendiente en Chile que debe ser debatida de cara al país en esta hora de promesas de cambios, al margen de las interesadas “alarmas” de El Mercurio.
(*) Periodista, académico y ensayista; ex director de la Escuela de Periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; ex director de la Agencia IPS.
Fuente: El Mostrador
