Cuando se destapó el caso de fraude al FUT, nadie pensó que tomaría los ribetes que hoy tiene. Todo se inició a finales de 2013, cuando se dio cuenta que la Fiscalía Oriente detectó que empresas habrían incurrido en un millonario fraude para no pagar los Fondos de Utilidades Tributarias. En primera instancia se dijo que esto se logró concretar debido a fallas en el servicio informático del Servicio de Impuestos Internos, SII, que no habría detectado el mal uso de esos dineros.
Fue cuando la autoridad detectó que empresas maquinaban formas para evitar los pagos del FUT, en vez de ser fondos de reinversión, se hacían boletas fraudulentas para que los dineros siguieran en la empresa; muchos de ellos terminaron por llegar a manos de candidatos parlamentarios y presidenciales. Ellos dicen que no sabían de dónde venía el dinero.
La investigación siguió avanzando hasta que el Ministerio Público descubrió que el grupo Penta también era uno de los que cayó en la mala práctica. El director del conglomerado de ese entonces, Hugo Bravo, debió pagar más de mil millones de pesos en un intento de compensar el daño hecho. Debió abandonar la empresa en julio de 2014.
Matemáticas del mal
La empresa habría maquinado una forma en que por medio de emisión de boletas de honorarios, con información falsa (prestación de servicios inexistentes) reducían su patrimonio imponible). Esto, en términos legales, es falsificación ideológica, cuando un documento oficial emitido correctamente es fraudulento en su contenido. Tal delito es sancionado con penas de presidio desde 10 a 15 años. En el caso de parlamentarios, podría significar desafuero.
La Fiscalía Oriente luego informó que la investigación por fraudes al FUT dentro del grupo Penta alcanzaba hasta los fundadores del conglomerado, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, junto a otros 36 ejecutivos.
Según trascendió a la prensa, tras la desvinculación de Bravo, el grupo cortó lazos con él, dejó de recibirlo, a pesar de los llamados que él hizo al nuevo director, Carlos Bombal, exsenador de la UDI, a quien finalmente le envió una amenazante carta en que lo enfrentaba por no recibirlo, en la que terminaba diciendo «no tengo ébola, pero sí mucha información».
Tras esa carta, la querella de la Fiscalía tomó carácter de criminal, incluyendo a las cónyuges de Délano y Lavín. Semanas después, se conocía que la investigación se ampliaba al ámbito político. Esto porque se detectó que la fórmula era también utilizada para financiar campañas parlamentarias y presidenciales.
El complejo escenario de la triangulación
Las empresas tienen un tope para hacer sus donaciones, ésta consiste en 1% de la renta líquida Imponible del Impuesto de Primera Categoría que afecte al donante según el SII. Penta utilizó esa capacidad totalmente, por lo que debió buscar una forma de seguir llevando dineros a los candidatos de la UDI.
La fórmula sería encontrar terceros que emitieran boletas en su nombre, con tal forma, la empresa evita el pago de impuestos. Entonces, para que la empresa pudiera dar aún más dinero a sus candidatos, se usó triangulación. Es decir, terceros emitieron boletas de honorarios por montos millonarios a Penta, y el dinero que recibían del grupo económico, era derivado «por dentro» al candidato.
Es así como el chofer del senador, Iván Moreira, uno de los acusados, habría subido su renta mensual de un millón a una cifra multimillonaria. Mismo punto por el que fue llamado a declarar por la Fiscalía, al igual que la secretaria de la sede de la UDI.
A las acusaciones de recibir dineros desde Penta, se suman, hasta ahora: Ena von Baer (UDI), Jaqueline van Rysselbergue (UDI), Pablo Zalaquett (UDI), Lawrence Golborne (ex abanderado presidencial y Andrés Velasco (Independiente)
No estaban solos
El senador UDI, Iván Moreira, salió a enfrentar a la prensa tras la información conocida y pidió que quienes los acusan «no se saquen los pillos con el chofer». Es más llamó a que si se van a investigar las candidaturas, que se empiece por las que ganaron, también en las presidenciales.
Esto se suma a los dichos del presidente de la Cámara de Producción y Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, quien dijo que la UDI no es la única que pidió colaboración del empresariado para financiar sus campañas, sino que hubo un «desfile» de políticos de distintos sectores.
De ser efectivas las acusaciones, los antecedentes se llegarán a conocer por medio de la investigación del Ministerio Público. Será sólo entonces que se conozcan las reales magnitudes que el caso, ya denomiando Pentagate, tuvo en el último periodo y que tan profundo logró llevar sus redes dentro del mundo parlamentario.
Parece que no era sólo la UDI: caso Penta sigue cobrando víctimas y se amplía el escenario político
El grupo económico habría incurrido en falsificación ideológica de boletas de honorarios, situación que se da cuando un documento oficial del SII es emitido, pero con información falsa. Esta táctica habría sido la utilizada por el conglomerado para dar millonarios aportes financieros a campañas políticas.
Las repercusiones políticas del caso de evasión del FUT del Grupo Penta siguen aumentando en número. Esto tras el anuncio de la Fiscalía Oriente sobre que ampliaría sus investigaciones a una arista política, en cuanto a que se analizarán los destinos de aportes a campañas parlamentarias y presidenciales.
Es un tema conocido que Carlos Alberto Délano -uno de los fundadores del grupo Penta junto a su socio Carlos Eugenio Lavín- es uno de los principales financistas de la UDI, el mismo que hoy está siendo investigado por evasión tributaria y por emitir documentos indebidos a nombre de sus cónyugues.
Fórmula similar se habría utilizado para hacer donaciones a parlamentarios, en que terceros recibían dineros del grupo por medio de boletas de honorarios. Esta ilegalidad es sancionada y con ella es que el senador Iván Moreira se ve envuelto en este mecanismo. Su chofer del Senado pasó por un importante aumento en su renta gracias a que emitió documentos multimillonarios.
A lo presentado, el parlamentario se defendió, diciendo que «hasta donde yo sé, no me están investigando», agregando que «si hay que investigar las campañas electorales, comencemos con las más costosas: comencemos con todas las campañas electorales presidenciales y no sólo con la de (Andrés) Velasco, y sigamos después con las parlamentarias».
Para más remate, el presidente de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, acusó que no es sólo la UDI la que acudió hasta las oficinas de Délano para pedir financiamiento político, sino que hubo un «desfile» de otros sectores también.
«Aquí dicen que las empresas están preocupadas de darles plata a los políticos. Esto es todo al revés: es el desfile de los políticos a las empresas para que les pongan las lucas. Esa es la verdad y todos ustedes lo tienen claro, porque capaz que algunos de ustedes estuvieron en el desfile», afirmó.
El presidente de la UDI, Ernesto Silva, en tanto tras jornadas de reuniones y llamadas dio a conocer la versión oficial del gremialismo a la ciudadanía, destacando que ninguno de los militantes de su casa política tiene una situación de financiamiento de campañas cuestionado, agregando que siempre están por la transparencia.
«Pudimos constatar que todas las cuentas de la UDI están aprobadas sin reparos por el Servel y ninguno de nuestros dirigentes o candidatos se encuentra en alguna investigación», dijo Silva, para luego agregar que «damos por cerrado el tema de acuerdo a la información que disponemos. De haber nuevos antecedentes estamos a su disposición». Eludió en todo caso que el temano es la rendición sino que el origen de los dineros.
Investigación caiga quien caiga
Ante las acusaciones para todo el mundo político, el presidente de la comisión de Economía de la Cámara, Fuad Chahín (DC), pidió no adelantarse a la investigación que está en curso, agregando que «hay que investigar hasta la última instancia», señalando que ésta tiene que avanzar para sancionar a los responsables caiga quien caiga», dijo a Cambio21.
«Lo importante es que aquí se espere el resultado de la investigación. Me parecen estos hechos de la máxima irregularidad, hay una falsificación ideológica de boletas de honorarios para poder pagar o financiar campañas electorales de determinados candidatos, esto está al margen de la ley desde el punto de vista del financiamiento la política y de la legislación tributaria».
Para el diputado, lo que hoy tiene que hacer el Congreso es «hacernos cargos del problema que tenemos de transparencia en el dinero en la política. Tenemos que terminar con los aportes reservados y de los financiamientos de empresas y hacer un eficaz control y fiscalización de ellos.
Sobre el punto de la falsificación ideológica de boletas de honorarios, y que es sancionado desde 10 a 15 años de presidio, y en el caso de un parlamentario podría significar un desafuero, Chahín dijo que «no me quiero adelantar a eso y hay que dejar que la investigación avance».
Una oportunidad
Por su parte el senador socialista Juan Pablo Letelier en entrevista con este medio dijo que ve las acusaciones como una forma de la oposición de sacar provechos políticos, situación en la que dice no va a caer, y prefiere ver esta situación como una oportunidad que tiene el país para mejorar las políticas internas y de aportes a campañas. El tema, dice, es «ver cómo perfeccionar el sistema de financiamiento de campañas».
«El tema es que si de esto queremos hacer guerras de guerrillas, o tratar de sacar provecho político para echarle culpa a alguien. Creo que esto es una práctica generalizada condenar a alguien, hay que buscar fórmulas para que de esta situación ver cómo la aprovechamos para convertirla en una oportunidad para comenzar un nuevo debate sobre transparencia en la política», opinó el senador.
Además, el parlamentario dice no poder descartar que el artilugio de Penta haya sido utilizado en otros partidos. «No voy a decir que ésta práctica haya sido solamente de usar boletas para financiar campañas solo de la UDI. No lo creo, no es así. El problema de fondo es más cómo llevamos más transparencia en el sistema de financiamiento de las campañas. No quiero crucificar ni a Iván Moreira ni a la senadora Von Baer, no me parece correcto».
Fuente: Cambio 21
