La sociedad chilena enfrenta en las elecciones de este domingo una disyuntiva relevante para su futuro. Quizás desde 1990 no se apreciaba una distancia tan clara entre las opciones en disputa. Se trata de decidir si seguiremos atados al pasado heredado de la época dictatorial que se expresa en un modelo socio económico que, aunque corregido por los gobiernos de la Concertación, se caracteriza por el predominio del mercado sobre lo público en todos los ámbitos de la vida social y cultural generando profundas desigualdades y concentración y en un sistema político institucional construido para que una minoría impida el cambio de esa estructura o si, por el contrario, iniciamos un proceso que tiene como horizonte la superación de esas dos amarras al pasado.
Las movilizaciones sociales desde el 2006, pero sobre todo el 2011, pusieron el dedo en la llaga. Los jóvenes señalaron con firmeza que no les gustaba la sociedad construida post dictadura y fueron capaces de sumar a gran parte de los chilenos en esa convicción.
El mensaje clarísimo es que si bien en los gobiernos de la Concertación se avanzó en muchos planos, y especialmente en el mejoramiento de las condiciones de vida de sectores populares y grupos medios, no se dio el salto esperado hacia un nuevo modelo económico que genere igualdad y justicia social, que elimine los abusos, que privilegie lo público y que, en lo político, consagre la ley de la mayoría y una democracia efectivamente representativa y participativa.
Las conmemoraciones de los cuarenta años del golpe militar mostraron que ambos elementos están indisolublemente asociados a éste. También reiteraron con claridad la existencia de distintas visiones de país. Una que permanece atada al pasado y se resiste al cambio de ese modelo que les generó tantos beneficios y otra que se ha convencido que se requieren transformaciones profundas.
Hay evidentemente dificultades en esta tarea. Los partidarios del modelo institucional del ’80 cuentan aún con cuotas de poder político y económico muy relevantes. Al mismo tiempo, se advierte, en el otro sector, una ruptura en la relación clásica entre política y partidos, por un lado, y la ciudadanía y la sociedad civil y sus movimientos por otro.
El gran desafío, entonces, es reconstruir una comunidad política, la capacidad de la sociedad de actuar sobre sí misma a través de un marco institucional que sienta propio y construir un modelo de desarrollo que exprese de mejor forma lo que la ciudadanía espera hoy, más igualdad e inclusión, dejando atrás la dictadura y sus resabios.
Es el momento de terminar con este modelo institucional y generar una nueva Carta Fundamental de un modo amplio y participativo; de acabar con el lucro en la educación y dar paso a un modelo republicano, laico; gratuito y de calidad; de fortalecer y modernizar el Estado para asegurar la provisión de derechos básicos; de equilibrar las relaciones laborales, a través de los sindicatos, la negociación colectiva y la huelga; de modificar la carga impositiva para que quienes tienen más aporten más; de hacer ciudad de un modo sustentable y armónico y no al ritmo de las inmobiliarias; de modificar sustantivamente este modelo de desarrollo económico basado en la exportación de materias primas, con privilegios para sectores, como la pesca, que utilizan intensivamente recursos naturales de todos los chilenos y también de avanzar en temas valóricos y libertades públicas.
Las elecciones de este domingo son cruciales para ello. Debemos elegir a Michelle Bachelet con un apoyo contundente en las urnas y en el Parlamento necesitamos legisladores imbuidos y comprometidos a fondo con su programa. Son cuatro años cortos, no habrá espacio para dudas y vacilaciones.
Debemos ganar este domingo y luego, empujar, con todos y desde todos los ámbitos de la sociedad – no sólo desde el Gobierno y las instancias de poder – las transformaciones profundas que esperamos.
(*) Diputado del PS, candidato a senador por Santiago Oriente
