El Censo se tiene que repetir. Esta fue la afirmación de la Comisión Externa Revisora del CENSO 2012, el que comenzó a planificarse en 2007 y que pasó por cuatro coordinadores desde su inicio como proceso. Un año antes del inicio de su levantamiento, se decidió hacerlo de derecho, lo cual conlleva una movilización de personal y de recursos bastante grande, donde sólo para el 2012 fue de $17.040,6 millones.
El levantamiento de derecho a diferencia del de hecho (el levantamiento de un día que se había realizado hasta ahora), contempla la definición de residencia habitual, donde se vincula vivienda con residentes, y por lo tanto, se puede realizar en más de un día. Esto supone: personal capacitado, un pre-censo óptimo (un padrón de conteo de viviendas total), recursos financieros e infraestructura –profesional y física- para sostener tal movilización de personas.
La Comisión planteaba que con un criterio de calidad, ésta debería ser de 10 viviendas diarias por encuestador, lo que requería contratar a 560 mil personas (cantidad que podría alcanzar al número de personas desempleadas a nivel nacional, que según el INE es de 510 mil). Tanto los aspectos preparatorios, como los operativos y los de contenido fueron criticados por dicha Comisión. Consecuentemente, tanto la administración anterior como la actual participan de esta crisis. Es el Estado y su planificación lo que está en cuestionamiento, no sólo tal o cual gobierno, tanto el CENSO como la Constitución de la República, son instituciones que sintetizan el cuerpo social de una nación.
En el caso de la Constitución, es el “espíritu normativo” de los cuerpos legales, políticos y normativos que rigen la totalidad de nuestro funcionamiento social, político y económico. En el caso del CENSO, en su realización se sintetiza las necesidades de información, conocimiento y transformación de la sociedad en su conjunto. Cuando el CENSO está en crisis, lo que está en juego es el sistema de información estadístico de la sociedad.
No es que el CENSO sea el insumador exclusivo de información estadística, pero sí es la infraestructura mínima desde el cual se construye todo el conocimiento para la aplicación de políticas públicas, investigaciones de universidades y centros de estudios. ¿De qué forma esto afecta al sistema estadístico? En primer lugar, la función del CENSO no es sólo contabilizar a las personas, viviendas, hogares y atributos sociodemográficos como edad y sexo, que alimentan las estadísticas de proyección de población territorial, sino que también funciona como proveedor de información para la construcción del sistema estadístico nacional, compuesto principalmente por encuesta de hogares.
Pongámoslo de esta forma: si un Estado tiene interés en realizar reformas profundas al sistema de relaciones laborales, ha perdido una fuente importante para construir una encuesta de empleo con un diseño muestral que se ajuste a la realidad efectiva de los territorios.
La Encuesta Nacional de Empleo en la que el INE mes a mes entrega información, es consultada a una muestra de la población total. Esa muestra se construye bajo supuestos estadísticos de que logra medir su fenómeno de interés, sea éste la tasa de desocupación o sea la calidad del empleo, para ello necesita conocer el fenómeno real, el que se conoce gracias al CENSO (dado que se consulta a TODA la población).
No es necesario que el CENSO sea una encuesta de empleo, pero sí es necesario que variables básicas de interés estén incluidas y de esa forma aplicar técnicas estadísticas apropiadas para diseñar y seleccionar a la muestra (un subconjunto de la población total), según los atributos de interés. El Comité menciona como ‘problemas de cuestionario’ que preguntas como “Rama de Actividad” (en qué sector económico trabaja) y “Grupo Ocupacional” (en qué oficio se desempeña) no se encuentren en el CENSO. Esto se realizó por medio de un criterio técnico de una comisión que estaba encargada del diseño y contenidos del cuestionario. El criterio técnico decidió no incorporarlo.
La pregunta es, si es un grupo de técnicos quién lo decide o es una deliberación pública asociada a un Plan Nacional Estadístico, que contempla un diagnóstico de necesidades de información o de reforzamiento de temas estratégicos para el desarrollo del país.
El INE, como Institución Pública, no es sólo un organismo de excelencia técnica también expresa la institucionalización en la cual una sociedad se sostiene para conocerse a sí misma. Cuando la población no especialista cuestiona instituciones que entregan información (llámese Ministerio de Desarrollo Social, CASEN, pregunta Y11, IPC, etc.), existe un problema mayor de desinterés por el conocimiento de la realidad nacional por parte de las diferentes autoridades gobernantes, en el cual, el ojo de la población pone su crítica.
Problemas de gestión se encuentran en todos los instrumentos, en todos los CENSOS, están contemplados en todo estudio estadístico, incluso con técnicas para su medición. La discusión no puede simplemente recaer en errores puntuales propios de cualquier entidad pública y de cualquier estudio de tales magnitudes, deben cuestionarse las instituciones que como sociedad nos hemos asignado para conocernos y transformar nuestra realidad.
Hoy, en un momento álgido de cuestionamiento a diversas instituciones, debe primar la discusión informada, seria y racional y la forma que el público sin poder alguno podía hacerlo, era dando cuenta de los déficit –por medio de indicadores- con los que cuenta la sociedad. El CENSO alimenta los diversos instrumentos que usamos a diario para monitorear diversos aspectos de nuestra realidad y establecer incluso aspectos críticos.
Hoy no existe diagnóstico compartido ni en lo relativo a la pobreza, ni a la calidad del empleo, la educación, las pensiones, etc. Parte de los insumos para dar cuenta de lo crítico de nuestra situación actual está actualmente siendo cuestionado, la pregunta es si esto se soluciona haciendo un CENSO en dos años más, o se soluciona tomando en serio la visualización democrática de necesidades de información según un diagnóstico discutido y consensuado por todos, que finalice en un Plan Estadístico Nacional Integrado.
Al parecer las élites políticas, económicas y técnicas de este país, no están interesadas en dar mejoras sustantivas en este aspecto y continúan en discusiones con usos políticos electorales que juegan con la credibilidad de los datos e información; en definitiva del conocimiento con el que podemos plantear los requerimientos para transformar la situación actual. Más que el INE, está en juego el futuro, y por sobre todo, el futuro de quiénes no pueden valerse de otra cosa que de un conocimiento acabado de la realidad para dictar por medios racionales el mandato político de transformación. Por eso el CENSO, al igual que la Constitución, no es sólo patrimonio de Abogados Constitucionalistas o de Estadísticos o Economistas, está la soberanía pública de decisión sobre los asuntos.
Fuente: El Dínamo
