Todo el lío que se ha armado como consecuencia del financiamiento ilegal que empresarios ligados a la derecha hicieran a candidatos gremialistas, utilizando facturas y boletas falsas, tiene a la UDI en un estado de grave crisis, con insospechadas consecuencias. Las denuncias también han alcanzado al independiente Andrés Velasco. Nadie duda que se trata de una situación delicada y que recién comienza. Sus alcances, en cuanto a involucrados y daños, nadie se encuentra en condiciones serias de pronosticar. Tres son los temas que este trance ha puesto sobre el tapete: En primer lugar, la nociva relación de empresarios, dinero y política. En segundo término, las delictuales prácticas de falsificar boletas para burlar la ley, y por último, los alcances que tendrá esta situación en el futuro político de quienes resulten involucrados.
Yo te doy, tú me das…
Si bien la ley permite efectuar donaciones en tiempos de campañas electorales por parte de las empresas, no es menos cierto que esta práctica es percibida por la ciudadanía como una relación espuria que compromete al elegido frente a sus mecenas. Tampoco pasa inadvertido que quienes tienen más acceso a percibir esos apoyos monetarios son los partidos de derecha, natural afluente al que pertenecen la mayoría de los empresarios en el país.
Las cifras que se conocen respecto a dineros aportados por empresas en el Servel, dan cuenta que la UDI por lejos ha sido el partido más favorecido con las erogaciones «secretas» y también «de las otras». La sigue Renovación Nacional, llevando entre ambos partidos, cerca del 73 por ciento del total de donaciones hechas a políticos en general.
Si bien se pretende que no se conozca al autor de la donación ni el monto de ella, desde la misma derecha han reconocido que ello no es así y que tiene claro cada candidato el quién le aporta y cuánto. Sería interesante saber si también tienen claro el «por qué» o «para qué» le aportan. Sin embargo ha quedado demostrado que las campañas, en especial en la UDI, se han transformado en un verdadero «saco roto» sin límite, o al menos sin el límite legal para recibir donaciones.
Es el momento de decir ¡basta!
Lo anterior ha conllevado este trámite delictual de pasar platas «por abajo» mediante «boletas de favor» por trabajos no realizados y montos millonarios, que implican burlar la ley electoral, defraudar al fisco y enriquecer aún más a los empresarios y políticos involucrados. Qué decir del manejo grosero para intentar torcer con dineros ilegítimos la voluntad popular.
Ya no es posible seguir haciendo vista gorda frente estas prácticas indeseables que solo desprestigian al país e invitan a la corrupción. Es cierto que no resulta popular que sea el Estado el que financie la política, pero parece de toda lógica que esa sea una alternativa a estudiar seriamente. También el dotar al Servel y al SII de herramientas concretas de fiscalización no solo de eventuales erogaciones particulares sino que además del gasto electoral. Si hubiera límite en ello, disminuiría la voracidad por allegar más recursos a las campañas.
Por último, debe revisarse con altura de miras si corresponde que una empresa, persona jurídica con entidad ficticia, done dineros a la política. Los dueños de las empresas pueden ser muchos más que sus controladores, como en las sociedades anónimas abiertas, en que los socios minoritarios no tienen poder de veto sobre las decisiones de los mayoritarios. Parece sano que de permitirse donaciones, éstas deben ser de personas naturales, con nombre y apellido y limitadas en cuanto a su monto y fiscalizadas en cuanto a su uso.
Prácticas delictuales
Injusto sería decir que todo empresario es un delincuente. Sin embargo le hacen un flaco favor al gremio empresarial las conductas de los Délano, los Lavín y tantos otros que con ninguna ética, no trepidan en defraudar al fisco, los consumidores, los clientes, los socios minoritarios o a la misma democracia chilena, intentando manejar con dinero sucio los hilos del destino del país.
¿Qué puede llevar a un empresario multimillonario y a políticos destacados a falsificar boletas e involucrar en ello a trabajadores dependientes como choferes o secretarias e incluso a sus propias cónyuges? El caso Penta FUT partió por boletas rechazadas por 2 millones de pesos, aumentó a 400 millones con las boletas impugnadas entre otros a las mujeres de Lavín y Délano y a miles de millones de pesos con las falsificaciones relacionadas con la UDI, de acuerdo al SII.
Los políticos son el estamento más desprestigiado en Chile, según las encuestas de opinión que se conocen. La UDI y sus líderes, de acreditarse por sentencia su participación en estos ilícitos, le habrán hecho un nuevo daño a la democracia, de tremendas y nefastas consecuencias.
Las relaciones familiares entre los empresarios cuestionados y los dirigentes de ese partido son por sí mismas ya escandalosas. ¿Qué independencia podría existir en el probable ocultamiento de datos relevantes para la investigación? Esa pregunta frecuente se escucha en la calle, las oficinas y en todos los lugares.
Pase lo que pase, nadie saldrá limpio de esto. Y ello es una verdad que desgraciadamente parece inevitable. La duda, la sospecha ya están instaladas. Para mayor infortunio de la UDI, este tipo de denuncias a su respecto o al de algunos de sus dirigentes no es nuevo. Tampoco para los empresarios involucrados.
Quizás lo novedoso esté por una parte en que las denuncias hayan alcanzado a Andrés Velasco, adalid de la transparencia y asiduo denunciante de las malas prácticas. Por otra, que al parecer la Fiscalía no está dispuesta a echar tierra al caso. Al menos eso parece de las rápidas acciones emprendidas por el fiscal Carlos Gajardo, que tanto irritan a los gremialistas.
El circo de haber terminado con dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados sobre un mismo tema, las platas ilegales, no hacen más que hartar a la opinión pública, que se percata el afán desembozado de la UDI por tratar de «empatar» estos ilícitos. La prensa afín a la derecha se ha jugado por ocultar el hecho, recordando viejas prácticas de estos medios durante la dictadura, que inventaban enfrentamientos para ocultar crímenes de lesa humanidad.
Aún es pronto para saber cuántos más resultarán salpicados en la investigación que se lleva adelante judicialmente. Pero es necesario que no se violente con un manto de impunidad la demanda de una ciudadanía empoderada que exige ¡Transparencia, caiga quien caiga!
Fuente: Cambio 21
