Ramón Angel Ossa Infante nació en el Octavo Juzgado Civil de Santiago y fue dado a conocer oficialmente el jueves 1 de agosto de 1991. Antes se llamaba Ramón Ángel Guzmán Rojas. Ese es uno de los datos que hace peculiar la historia de este egresado de la Universidad de Las Condes que ha podido ganarle a la minera de los Luksic en la Corte Suprema. Es el abogado líder de la oficina que le ha ganado juicios importantes a la minera Los Pelambres, el brazo minero de la familia Luksic.
A simple vista, Ossa Infante parece un buen abogado que está por favorecer al más débil. Él mismo menciona que formó parte de la defensa de 27 conscriptos sobrevivientes del desastre de Antuco que recibieron una indemnización por $10 millones por parte del Ejército tras un fallo de la Corte Suprema en 2013, o de los trabajadores de la quebrada línea aérea AeroContinente. Y los archivos de la época avalan sus dichos.
Aunque también tiene los pies en la tierra a la hora de hablar de honorarios. Indica que “en un juicio indemnizatorio, normalmente se estila cobrar entre un 20% y un 30% de lo obtenido”. Esta última es la tarifa que suele cobrar Ossa y Cía., porque no recibe remuneraciones anticipadas, por lo tanto, considera que es un valor “prudente”.
Sobre todo porque los pleitos se pueden eternizar. Este es el caso del litigio de la comunidad de Caimanes contra la minera del grupo Luksic, Los Pelambres, que ya lleva 6 años desde que cayó en manos de Ossa y Cía., que se suman a otros 8 años cuando lideraban el movimiento Víctor Ugarte y el abogado Fernando Dougnac. Si bien estos últimos llegaron a un avenimiento económico en 2008 por US$ 23 millones (US$ 5 millones de los cuales fueron donados a 117 integrantes de la comunidad por Ugarte), no se concluyó con el conflicto.
Ramón Ossa Infante dice que este caso lo ha “humanizado” y que, a diferencia de otros colegas, su oficina va a perseguir un “acuerdo económico para la comunidad, pero también el cumplimiento del fallo” que ganaron en octubre pasado. No obstante, hay piezas que no calzan en la historia de Ossa Infante. Hay retazos de su pasado que mueven a dudas y muestras de “humanidad” que llaman la atención.
Los Pelambres muerde el polvo
El 21 de octubre de 2014 es una fecha memorable para el estudio Ossa y Cía. Ese día la Corte Suprema dictó una sentencia que echó por tierra los argumentos ganados en primera y segunda instancia por Minera Los Pelambres, dando la razón a los abogados Sandra Dagnino –mujer y socia de Ramón Ossa– y Roberto Arroyo, que interpusieron una denuncia de obra nueva en contra de la compañía.
El tribunal ordenó a la sociedad de los Luksic “permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes de tranques de relaves El Mauro”. Para este objeto, la empresa debería proponer un plan de ejecución de obras para llevarlo a cabo, “las que podrá ejecutar por medio de la demolición o remoción, total o parcial”, del muro de contención construido por la minera.
Ossa Infante dice que este fallo es objeto de estudio en las escuelas de derecho. La verdad es que dejó estupefactos a la mayoría de los abogados especialistas en temas medioambientales porque la minera contaba con todos los permisos, no sólo para la construcción del depósito de relave sino que para almacenar allí residuos industriales y, sin embargo, la Corte Suprema señaló que “el muro de contención de depósitos de relaves El Mauro se construye día a día”, por lo que acogió la denuncia por obra nueva; y, en segundo término, declaró “el derecho fundamental de las personas a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación”.
El raciocinio de la Suprema le causó al mundo empresarial una especie de parálisis, porque cayó en la cuenta de que contar con las autorizaciones de los organismos gubernamentales no le asegura poder operar las obras aprobadas. No es raro entonces que Endesa haya desistido de su proyecto Punta Alcalde por los resquemores existentes con la comunidad o que Colbún tampoco se atreva a darle el visto bueno final a otra generadora por la incertidumbre que aprecia.
Los Pelambres, mientras tanto, mira con cautela otro juicio que está en la Corte de Apelaciones de La Serena, esta vez por obra ruinosa, que ya Ossa y Cía. ganó en primera instancia.
Todo un mérito para una oficina de abogados formada en 1999 por un egresado de la Universidad de Las Condes, con múltiples diplomas de universidades tan diversas como la Mariano Egaña, Yale, Pedro de Valdivia, Los Andes, del Desarrollo, Católica y Alberto Hurtado, entre otras, que tapizan las paredes de su oficina ubicada en plena calle Agustinas, a pasos de la Papelera, el centro neurálgico del grupo Matte.
Los esfuerzos de la minera por derribar a este grupo de profesionales la llevó a acusar a los socios Ramón Angel Ossa, Sandra Dagnino, Roberto Arroyo y al abogado Iván Sanhueza de los delitos de prevaricación de abogados, de suscripción engañosa de documento y de asociación ilícita. Cargos de los cuales fueron absueltos por el tribunal de Ovalle, que también desestimó los que iban en contra de Cristián Flores, dirigente que era denunciado por desorden público y asociación ilícita. Finalmente, en mayo de 2013, la Corte Suprema terminó de poner la lápida al caso al rechazar el recurso presentado por Los Pelambres.
Basta mirar las escenas posteriores a la lectura del fallo en Ovalle para darse cuenta de que los denunciados por la compañía quedaron elevados a la calidad de personajes míticos.
De hecho, el escritor Ramón Díaz Eterovic acaba de sacar una novela de ficción que se llama La música de la soledad, que trata sobre la muerte de un abogado en manos de una minera que construye un embalse en el Norte.
El nacimiento de Ossa Infante
Ramón Ossa es moreno, de pelo cano, 49 años, 5 hijos y un nieto. Es amable, cercano y en las dos oportunidades que se le entrevistó nunca, pero nunca, perdió la calma.
Pese a sus apellidos rancios, él señala que tuvo una infancia humilde, que estudió en una escuela de la calle Brasil y luego en un instituto comercial de donde egresó como contador general. Comenzó derecho en la Universidad Central, pero terminó en la Universidad de Las Condes (hoy Universidad del Desarrollo).
Dice haber militado en el PPD, “pero terminé en el Partido Radical porque me sentía cercano a la socialdemocracia”. En sus inicios fue procurador de Hernán Vodanovic, en el estudio Vodanovic y Mellado, cosa que es ratificada por el ex ministro constitucionalista, quien señala que hace años que le perdió la pista.
La mayor parte de estos datos son verdaderos, pero hay algunos detalles que cambian un poco el sentido de la historia. Empezando por el hecho de que Ramón Angel Ossa Infante nació en el Octavo Juzgado Civil de Santiago, según el Diario Oficial del jueves 1 de agosto de 1991. Antes se llamaba Ramón Angel Guzmán Rojas y sólo cuando se le pregunta en la segunda entrevista de manera directa sobre las razones de su nueva identidad, entrega mayores antecedentes.
-¿Por qué cambió su apellido?
-Por un tema familiar. Mi papá era hijo natural y fue reconocido por un señor Guzmán, pero su verdadero padre era un señor Ossa. Mi padre fue quien rectificó mi partida de nacimiento…
¿Pero por qué su padre también rectificó su apellido materno?
-Es que hubo un problema familiar. Mi madre no tuvo una relación buena con su familia, que era más bien acomodada. Cuando se casó con mi papá, que era una persona bohemia, su familia la excluyó. Mi madre supo que había fallecido su padre diez años después y que no la incluyeron en la posesión efectiva, donde había un predio en Algarrobo como parte de la herencia. Mi madre nunca quiso reclamar… Mi rectificación de partida ya tiene casi 25 años.
Eso ocurrió en 1991, el mismo año en que se trasladó de la Universidad Central a Las Condes. Según él, una de las razones que pesó en la decisión de transferirse era que en la Universidad Central el currículo era rígido y él ya trabajaba y estudiaba, pues se había casado con Sandra Dagnino y necesitaba un currículo más flexible, que se lo daba la Universidad de las Condes. Un argumento que tiene lógica; sin embargo, también tuvo un problema interno, según los archivos.
“En noviembre de 1991 se instruyó una investigación sumaria para determinar la implicancia del Sr. Guzmán Rojas (Ossa Infante) en una adulteración de una nota en el libro respectivo. En definitiva, no se concluyó dicha investigación ni se dictó resolución definitiva, ordenándose archivar los antecedentes ya que, como se ha reiterado, dicho señor no se volvió a matricular en esta Universidad”, señalaba el decano Víctor Sergio Mena Vergara de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central al presidente de la Corte Suprema, don Roberto Dávila Díaz, en carta reservada del 10 de septiembre de 1999.
¿Pero por qué Ramón Angel Ossa Infante podía ser motivo de interés del presidente del máximo tribunal de la República? La única razón plausible era que se llevaba a cabo un chequeo por parte de la Suprema, debido a que Ossa no pudo jurar como abogado el 16 de agosto de 1999 por orden del mismísimo Dávila, aludiendo al artículo 523 No. 4 inciso 2º del Código Orgánico de Tribunales, que autoriza a la Corte Suprema a averiguar sobre los antecedentes de buena conducta de un postulante a ejercer esa carrera.
Hasta el día de hoy, Ossa dice que no entiende lo sucedido. Cree intuir que una funcionaria del tribunal comenzó a hablar mal de él por viejas rencillas de su época de estudiante en práctica. “Un lío de faldas que no era mío, sino de otros”, explica. Le dijeron a Dávila que el certificado podía “ser falsificado y para evitar cualquier cosa me sacaron del juramento”, recuerda.
Se suspende el juramento
La medida fue dura para Ossa, que había recibido su certificado de Licenciado en Ciencias Jurídicas por parte de la rectoría de la Universidad de Las Condes, el 7 de julio de 1999, siendo aprobado por unanimidad.
Así lo describió Ossa en una presentación que hizo al pleno de la Corte Suprema el 18 de agosto de ese mismo año para que se revisara su caso: “Como era obvio concurrí el día 16 de agosto hasta la Excma. Corte Suprema en compañía de mi familia, amigos y compañeros de escuela, desde tempranas horas esperamos el momento en que prestaría juramento ante el Tribunal Pleno. En momentos previo a mi ingreso en la sala plenaria, fui llamado a viva voz por un funcionario de esta Excma. Corte, indicándome que debía concurrir a la Secretaría donde personalmente y en forma verbal el secretario don Carlos Meneses, me informó que mi juramento se había suspendido. La razón dada fue una sanción que habría sufrido el año 1995-1996, cuando cumplí primitivamente mi práctica profesional. Sanción que fue cumplida, luego dicho antecedente no obedece a un problema actual, sino a un lamentable hecho ocurrido hace cuatro años”.
¿Qué lamentable hecho ocurrió en 1995-1996? Como todo estudiante de leyes, Ossa debió hacer su práctica y escogió la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.
Según un acta del 30 de julio de 1998 que consta en los archivos de la Corte Suprema, la presidenta de la Corporación, María Eugenia Jaña, dio cuenta de una apelación que habría presentado Ramón Ossa Infante. Ella les recordó a los consejeros que la práctica de este postulante fue rechazada “por deficiente”, sancionándose con un período complementario de seis meses.
Durante este período adicional, “continuó realizando una mala práctica”, pero además se recibió “la denuncia de una patrocinada que señaló haberle hecho entrega de $300 mil con el objeto de evitar el embargo de sus bienes, lo que no ocurrió, ya que el Sr. Ossa se quedó con el dinero”. El 25 de septiembre de 1995, “se acordó oficiar al resto de las corporaciones para que tomasen conocimiento de la sanción aplicada”.
Ossa en su apelación a la Corporación –según figura en el acta– adujo “problemas personales que dicen relación con la enfermedad de su madre, con su condición de padre de familia y su calidad de profesor de Derecho Tributario”, entre otras cosas.
Casi veinte años después y sin ver el acta que se acaba de transcribir, Ossa recuerda los hechos de manera distinta:
-¿Lo acusaron de que faltaban $ 300 mil?
-Eso nunca fue así. La persona dijo que le tenían que pagar cierta cantidad de plata. La abogada que estaba en la práctica y llevaba cuatro meses…, me dijo: “Esta señora reclama que te pagó $ 300.000”. Yo la mandé a la punta del cerro. No sé si era un pago o si yo tenía que hacerle un pago. Ella (la abogada) señaló que yo le había faltado el respeto y me hicieron un sumario por no haber sido respetuoso con la colega.
-No quedó así en su hoja de vida…
-No, porque yo renuncié.
-¿Se cambió e hizo la práctica en otro lado?
-La hice tiempo después…
Efectivamente, el 1 de julio de 1999, Gustavo Campaña, quien actuaba como abogado jefe del consultorio jurídico de El Quisco, informó a la Universidad de Las Condes que Ossa Infante realizó favorablemente su práctica entre el 19 de noviembre de 1998 y el 19 de mayo de 1999 con calificación de Buena. Entre los ítems medidos se encuentra la honorabilidad, que fue puntuada con nota 7, al igual que el resto de los 6 aspectos tomados en cuenta.
Ossa Infante no escatimó argumentos para inclinar la balanza a su favor entre los integrantes de la Suprema. A los ministros les hizo ver: “… provengo de una familia que tempranamente fue dividida por la separación de mis padres”; “a los 8 años me vi en la necesidad de salir a trabajar a la calle, cuidando autos hasta por varios años en un lugar nocturno del sector Franklin”; “terminé mis estudios e ingresé a la Universidad, (no) sin antes padecer de los problemas económicos derivados de ser el sostenedor de su familia”; y “el año pasado falleció mi madre de un cáncer terminal”, entre otras razones de índole personal.
Por último, indicaba: “Tengo la fuerza y certeza que soy mejor que antes, que mis errores, imprudencias, han madurado (sic), he sufrido lo suficiente para aspirar legítimamente a ser un abogado y dignificar la profesión”.
Posteriormente, en diversas presentaciones, Ossa se dedicó a dar cuenta de su buena conducta. Por ejemplo, la entonces diputada María Antonieta Saa (PPD) le extendió un certificado de “idoneidad moral y jurídica” con fecha de septiembre de 1999.
Un mes y medio después, el máximo tribunal, en fallo dividido, aprobó que Ramón Ossa Infante jurara como abogado de la República. Votaron 8 jueces en contra y 10 a favor. El joven estudiante de leyes no logró convencer al presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, quien siguió pensando que no cumplía con los requisitos.
La Suprema le dio la razón
Esa no era la primera vez que Ossa Infante les veía las caras a los jueces de la Suprema. Según el archivo de este tribunal, en la Revista del Mes n.° 485, bajo el título: “Engaño materializado en una falsa representación de la realidad…”, se da cuenta de que esta Corte lo había absuelto el 27 de abril de 1999 en un caso de adopción de menores que había perdido en el Primer Juzgado de Menores de Antofagasta y también ante la I Corte de Apelaciones de esa ciudad.
Según estos dos tribunales, Ossa Infante se habría hecho pasar por abogado en la tramitación de siete solicitudes para que menores chilenos salieran del país con el objeto de ser adoptados en el extranjero. Por esta razón, le castigaron con 541 días de presidio menor en grado medio en la Corte de Apelaciones.
Pese a que era un estudiante, quien lo defendió en esa causa en los tribunales de Antofagasta fue Fidel Reyes, el mismo que ha abogado a favor del ex director de la DINA, Manuel Contreras, así como del ex jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schaeffer, y del ex alcalde de Iquique, Jorge Soria. A Reyes lo conoció porque él fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central en 1985. “Tenía una buena relación, pese a que yo era dirigente en la Universidad y procuré que él renunciara”, recuerda hoy.
Si Reyes no convenció a los tribunales de provincia, otra cosa ocurrió con la Corte Suprema, la que de manera categórica señaló, sobre las presentaciones hechas por Ramón Guzmán Rojas (hoy Ossa Infante), “en ninguna de las cuales afirma ser abogado, sino que actúa en calidad de habilitado de derecho, de acuerdo al poder que le fuera conferido”.
De esos tiempos, Ramón Ossa señala: “A mí se me juntaron todas las cosas” en un momento de la vida. Acusa a la minera de “tratar de manchar esta causa con el tema de que me cambié el apellido o que me echaron de la práctica. La verdad es que estuve complicado, pero fue nada más que mala suerte”.
Una respuesta demasiado simplona para un abogado que les ha ganado a los principales estudios de Santiago. Y que, no contento con ello, prepara la solicitud de una indemnización para la comunidad de Caimanes por US$ 120 millones.
Fuente: El Mostrador
