Si se mira la educación chilena en el concierto internacional, su rasgo más sobresaliente es su acelerado y extenso proceso de privatización. Esto es extraño, sorpresivo y hasta incómodo para muchos políticos y expertos chilenos en educación, porque en ningún programa de gobierno o discurso de inauguración del año escolar se ha dicho que privatizar la educación sea un objetivo prioritario.
Cuando el gobierno de Pinochet emprendió su reforma en el nivel escolar, se puso énfasis en la descentralización de la educación pública y en la eficiencia que se esperaba ganar financiando todas las escuelas con una subvención por alumno; cuando a inicios de los años noventa se decidió incentivar el cobro de aranceles a las familias extendiendo el financiamiento compartido, se dijo que era para ahorrar recursos
La política educacional ha discutido apasionadamente sobre currículum, formación y perfeccionamiento docente, textos escolares, y –sobre todo– evaluaciones de alumnos y profesores. De privatización, prácticamente nada; simplemente, ocurrió.
públicos que se reasignarían hacia la educación de los más pobres; cuando a mediados de los noventa se decidió entregar recursos públicos para construir o expandir escuelas privadas, se dijo que era para compensarlas por la obligación que les imponía el Estado de extender su jornada escolar; cuando a mediados de la década del dos mil se aumentó el valor del voucher para los alumnos más pobres se dijo que era para corregir las diferencias originadas en los mayores costos asociados a su educación.
Mientras tanto, la política educacional ha discutido apasionadamente sobre currículum, formación y perfeccionamiento docente, textos escolares, y –sobre todo– evaluaciones de alumnos y profesores. De privatización, prácticamente nada; simplemente, ocurrió.
Pero la generación espontánea no existe en estas materias. La clave para entender esta aparente disonancia está en el poderoso dispositivo privatizador que se instaló en la institucionalidad de la educación chilena a inicios de los años ochenta, en la forma de un gran experimento. Éste consistió en organizarla como un mercado. Una vez definido el carácter subsidiario del Estado y creados los instrumentos para echar a andar el mercado escolar, lo demás era cosa de tiempo.
No es que las políticas posteriores fueran irrelevantes respecto de la privatización: el financiamiento compartido, los subsidios a la infraestructura privada, el aumento del valor del voucher de los más pobres, son todas políticas que facilitan la privatización. De no haberse aplicado, seguramente Chile tendría hoy más educación pública. Pero «la mano invisible» estaría igualmente haciendo su trabajo, sólo que con más paciencia.
Por eso es importante poner en perspectiva histórica los debates actuales sobre la privatización de la educación chilena, para comprender bien la naturaleza completamente disruptiva de la reforma neoliberal de la Dictadura y devolverle el sentido a expresiones como «el carácter mixto» (público/privado) de la educación chilena. Apenas se organizó la República y emprendió seriamente la construcción de un sistema educacional (décadas del 1840 y 1850), la educación pública pasó a ser mayoritaria y dominante en Chile, situación que se mantendría durante todo el siglo XX y no se interrumpiría sino hasta inicios del actual siglo, precisamente como consecuencia de la reforma de mercado.
El consenso nacional históricamente alcanzado en torno a esta idea durante nuestra vida democrática era inequívoco, como lo era la idea de que la educación privada podía –bajo ciertas condiciones– colaborar con el Estado en la provisión de este bien público que es la educación.
De hecho, la última reforma educacional realizada antes del quiebre de la democracia fue un claro ejemplo de esta perspectiva: la Reforma de Frei Montalva iniciada en los años sesenta mejoró las condiciones del apoyo público a las escuelas privadas (gratuitas y sin fines de lucro) y las integró plenamente al sistema educacional organizado por el Estado, pero privilegió decididamente a la educación pública en su impresionante programa de democratización educacional. Antes de que los Chicago Boys sometieran a la educación al «disciplinamiento del mercado», Chile tenía un sistema mixto basado en la hegemonía de la educación pública, la libertad de enseñanza y la colaboración recíproca entre la educación privada y el Estado.
Así, entonces, comprender el profundo desbalance que ha significado el sistema de mercado en favor de la privatización educacional, así como sus consecuencias para la educación chilena, es el objetivo final de este libro. En concreto, el texto analiza dos de los rasgos más salientes de la educación chilena, íntimamente relacionados entre sí: su elevado nivel de privatización y el hecho de organizarse abiertamente como un mercado.
El propósito del libro es entregar elementos conceptuales, empíricos y de comparación internacional, para realizar una discusión crítica sobre la experiencia chilena de reformar su educación escolar para hacerla funcionar como un mercado educativo. Así, el libro describe el contexto de las políticas educacionales que se han aplicado en Chile desde 1980 a la fecha, sitúa el debate sobre privatización y educación con fines de lucro en un contexto internacional y discute sus supuestos conceptuales, analiza algunas de las consecuencias de estas políticas en Chile (especialmente la inequidad educativa y la segregación escolar) y relaciona el movimiento estudiantil con estas discusiones.
A pesar de la crítica que el lector encontrará respecto de la privatización educacional chilena de las últimas décadas, es importante aclarar que éste no es un libro «contra» la educación privada. Si algún propósito tiene en ese sentido, ése es mostrar que organizar el sistema educacional bajo una lógica de mercado es profundamente incompatible con el compromiso por la equidad en educación y demostradamente ineficaz para el objetivo de mejorar la calidad educativa.
La educación privada puede cumplir un rol muy importante y valioso en el sistema educacional chileno, pero –a mi juicio– a condición de que se la distancie de las dinámicas de mercado. Por cierto, el libro también muestra (y ése sí es su propósito central) que los principios más fundamentales de la educación pública (calidad, equidad, pluralismo, no discriminación, integración) son inevitablemente lesionados cuando se la somete a las dinámicas del mercado.
(*) El presente texto es un extracto del libro El Gran Experimento (LOM, 2015), cuyo autor es el sociólogo e investigador Cristián Bellei, Centro de Investigación Avanzada en Educación & Departamento de Sociología, Universidad de Chile.
Fuente: El Quinto Poder
