La principal estrategia de la derecha para evadir su complicidad con la violación de los derechos humanos, consistente en el empate moral o la teoría de los dos demonios, conforme a la cual todos los sectores políticos fueron responsables del «clima» que condujo al golpe de Estado, omitiendo que esa fue la estrategia política que persiguió la oposición al Gobierno de Salvador Allende, experimentó otra fenomenal derrota con la declaración pública difundida hoy por la Asociación Nacional de Magistrados, en la cual no sólo asume la responsabilidad de ese Poder del Estado en los atroces crímenes de la dictadura, sino que pide perdón a todas las víctimas y a sus familiares, y aún más, exhorta a la Corte Suprema a hacer lo propio.
«No es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación a la vulneración de los derechos básicos de la persona humana producidos durante el régimen dictatorial. Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal», sostiene en parte la declaración.
Agrega: “sin ambigüedades ni equívocos, estimamos que ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena por no haber sido capaces, en ese trance crucial de la historia, de orientar, interpelar y motivar a nuestra institución gremial y a sus miembros, en orden a no desistir de la ejecución de sus deberes más elementales e inexcusables, a saber, el cumplimiento de la función cautelar que en sí misma justifica y explica la existencia de la jurisdicción”.
La entidad sostiene que “no es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación a la vulneración de los derechos básicos de la persona humana producidos durante el régimen dictatorial. Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal”.
Y enfatizó que “nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención. La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo, la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura, sin duda alguna, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período”.
La Asociación de Magistrados considera que “este perdón que hoy se pide, lejos de constituir una actitud de animadversión gratuita hacia algún sector, persona o grupo, constituye la genuina expresión de un compromiso férreo y claro en el presente y hacia el futuro de nuestra judicatura con la tutela, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana, incluso y muy especialmente en contextos en los cuales estos se vean más expuestos y vulnerables, como garantía de que nunca más a las personas que habitan el territorio de nuestro país les será vedado el acceso a la justicia”.
El papel de la Suprema
También extendió una “invitación” a la Corte Suprema a que también realice “la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado, mediante las cuales no dispensó a los perseguidos ni a las víctimas la protección jurisdiccional que tanto y reiteradamente le fue reclamada”.
“Abrigamos la esperanza de que la actual Excma. Corte Suprema, cuyo rol de tutela de los derechos fundamentales ha quedado de manifiesto en el ejercicio presente de su función, no desoiga la sentida solicitud de los jueces que aspiran a distanciarse de un oscuro pasado que involuntariamente han recibido como herencia. La respuesta que esperamos aliviará a las actuales y futuras generaciones de magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a este capítulo de nuestra historia, una de cuyas páginas más innobles habla de quien, ejerciendo en marzo de 1975 la Presidencia del más alto tribunal, no sólo negaba la existencia de las torturas y atrocidades que sufrían nuestros compatriotas, sino que al mismo tiempo expresaba que las Cortes estaban abrumadas por los numerosos recursos de amparo que, en sus palabras, habían traído perturbaciones a la administración de justicia”, enfatizó.
Finalmente, sostiene que “nos parece que se trata, por último, de un paso esencial destinado a contribuir al reposicionamiento de la tradicional dignidad moral y republicana de nuestro Poder Judicial, en el seno de nuestra aún joven democracia”.
El siguiente es el texto completo:
Declaración Pública
Con ocasión de cumplirse 40 años desde el quiebre de nuestra democracia el año 1973, con la consecuente instauración de una dictadura militar bajo la cual se perpetraron,
indiscutiblemente desde el Estado, sistemáticas, ex tendidas y brutales violaciones a los derechos humanos de los habitantes de nuestro país, el Directorio de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile ha decidido no seguir al margen de la necesaria reflexión que a todas las instituciones esenciales de la República cabe en torno a estos hechos.
Estimamos que no es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación a la vulneración de los derechos básicos de la persona humana producidos durante el régimen dictatorial. Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal.
Nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a
quienes reclamaron una y otra vez su intervención.
La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo, la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura, sin duda alguna, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período.
El Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto.
Establecido lo anterior, como Asociación Nacional de Magistrados, sin ambigüedades ni equívocos, estimamos que ha llegado la hora de PEDIR PERDÓN a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena por no haber sido capaces, en ese trance crucial de la historia, de orientar, interpelar y motivar a nuestra institución gremial y a sus miembros, en orden a no desistir de la ejecución de sus deberes más elementales e inexcusables, a saber, el cumplimiento de la función cautelar que en sí misma justifica y explica la existencia de la jurisdicción.
Este perdón que hoy se pide, lejos de constituir un a actitud de animadversión gratuita hacia algún sector, persona o grupo, constituye la genuina expresión de un compromiso férreo y claro en el presente y hacia el futuro de nuestra judicatura con la tutela, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana,incluso y muy especialmente en contextos en los cuales estos se vean más expuestos y vulnerables, como garantía de que nunca más a las personas que habitan el territorio de nuestro país les será vedado el acceso a la justicia.
En el mismo orden de ideas, con serenidad y firmeza, invitamos a la Excma. Corte Suprema a realizar también la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado, mediante las cuales no dispensó a los perseguidos ni a las víctimas la protección jurisdiccional que tanto y reiteradamente le fue reclamada.
Abrigamos la esperanza de que la actual Excma. Corte Suprema, cuyo rol de tutela de los derechos fundamentales ha quedado de manifiesto en el ejercicio presente de su función,
no desoiga la sentida solicitud de los jueces que a spiran a distanciarse de un oscuro pasado que involuntariamente han recibido como herencia. La respuesta que esperamos aliviará a las actuales y futuras generaciones de magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a este capítulo de nuestra historia, una de cuyas páginas más innobles habla de quien, ejerciendo en marzo de 1975 la Presidencia del más alto tribunal, no sólo negaba la existencia de las torturas y atrocidades que sufrían nuestros compatriotas, si no que al mismo tiempo expresaba que las Cortes estaban abrumadas por los numerosos recursos de amparo que, en sus palabras, habían traído perturbaciones a la administración de
justicia.
Nos parece que se trata, por último, de un paso es encial destinado a contribuir al reposicionamiento de la tradicional dignidad moral y republicana de nuestro Poder Judicial, en
el seno de nuestra aún joven democracia.
Rodrigo Cerda. Presidente
María Francisca Zapata. Vicepresidenta
Cecilia Vega. Tesorera
Luis Aedo. Secretario de Actas
Alvaro Flores. Protesorero
Nancy Bluck. Directora
Patricio Souza. Director
Diputado Hugo Gutiérrez: “El Poder Judicial necesitaba hacer un Mea Culpa”
El parlamentario por la Región de Tarapacá valoró la petición de “perdón” de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, por sus “omisiones” durante el régimen militar. También se refirió a los mensajes que han surgido desde diversos sectores en el marco de la Conmemoración de los 40 años del Golpe Militar.
Tras reunirse con integrantes del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos, que agrupa a ex presos, familiares de ejecutados y ex menores víctimas de prisión y tortura, el Diputado Hugo Gutiérrez (PC), se refirió al mensaje de perdón emitido esta tarde por la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial.
“Creo que el poder judicial necesitaba hacer un Mea Culpa. Ahora, sin duda el mejor Mea Culpa que ha hecho fue a través del máximo tribunal de la República en algo que es inédito y que para mi forma de entender es la mejor forma de pedir perdón: el señalar que todas las víctimas que constan en el Informe Rettig debían ser sujeto de una investigación. Esa es la mejor contribución que puede hacer el la Corte Suprema, el haber permitido que se investigasen las causas de los derechos humanos, determinar quién eran los responsables de estas violaciones y haberlos condenado”, aseveró el parlamentario.
Sobre los planteamientos del Primer Mandatario, Gutiérrez manifestó: “Los dichos del Presidente de la República, el Ministro del Interior y tantos otros, han sido una contribución de lo que yo llamo una sociedad ética del nunca más, la que se construye con el reconocimiento de las propias responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos. Reconozco y valoro esas declaraciones porque ellos no asocian este perdón a dar vuelta la página ni a pedir impunidad”.
Sin embargo, respecto de la petición de perdón realizada por el Senador socialista Camilo Escalona, el parlamentario por la Región de Tarapacá fue bastante más duro:
“Creo totalmente impertinente lo que hace el Senador Escalona. Él con su pedido de perdón, pareciera buscar provocar un empate que es inaceptable. Aquí las víctimas no tienen porqué estar pidiendo perdón porque ellas no han provocado ni el Golpe de Estado ni que se instalara Pinochet con una dictadura de 17 años. Ese pedido de perdón es inadecuado y una ofensa a las víctimas”.
Por último y sobre las responsabilidades del Partido Comunista en la ruptura a la democracia de 1973, el parlamentario explicó:
“Nosotros siempre instamos la vía pacífica al socialismo que había encabezado Salvador Allende, nunca propiciamos la violencia política durante la Unidad Popular, posteriormente lo nuestro fue sobrevivencia y la legítima rebelión a una masacre que se estaba produciendo. Nosotros no tenemos nada que pedir perdón, no fuimos los provocadores del Golpe de Estado ni fuimos parte de la Dictadura militar. Todo lo que hicimos en el marco de nuestra Política de Rebelión Popular de Masas, no fue más que defender al pueblo de Chile, defendernos como partido e instar porque en este país volviera la democracia”.
El Diputado Hugo Gutiérrez, se reunió con diversas organizaciones de ex presos, familiares de ejecutados y ex menores víctimas de prisión y tortura, luego de que la Comisión de Derechos Humanos no alcanzara al quórum mínimo para sesionar.
“Pese a que habíamos sido invitados, no hubo quórum y no fuimos recibidos por la Comisión. En ese marco nos reunimos con el Diputado Hugo Gutiérrez a quien entregamos un documento que hemos estado trabajando con el programa de Derechos Humanos y que realiza un análisis de nuestras demandas, y que concluye que éstas son ajustadas a derecho y atendibles o resolubles por vía administrativa o legislativa”, aseveró Haydee Oberreuter, coordinadora del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares.
