por Cristián Castillo Echeverría (*)
La semana pasada el gobierno presentó a la opinión pública las resoluciones de una mesa de trabajo por la Seguridad Pública, integrada por una diversidad de actores políticos e institucionales.
Dicha instancia habría realizado una serie de recomendaciones en la materia, entre otras, la constitución de un supra organismo de inteligencia el cual denominarían Consejo Nacional de Inteligencia, cuya sigla, CNI, provocó la inmediata reacción de las organizaciones de defensa de los DD.HH. y el manifiesto repudio al traer a la memoria la Central Nacional de Informaciones, ese siniestro organismo de represión política, tortura y exterminio utilizado por la dictadura cívico militar.
Si bien la polémica por la sigla, aguó la presentación de las recomendaciones de la mesa de Seguridad Pública, también desvió la atención del fondo de esta propuesta: la construcción de una entidad de inteligencia que engloba a una institución ya existente, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y que asesora directamente al Presidente de la República.
Tal esquema trae a la memoria la cercanía y reuniones casi diarias entre el dictador Augusto Pinochet y su jefe de inteligencia, el coronel Manuel Contreras, y genera la duda de cuáles son los peligros inminentes para la seguridad de este país que ameriten construir un mega aparato y que se relacione directamente con el mandatario.
¿Se trata de un organismo que prestará alguna utilidad real o bien es una iniciativa estilo ‘comando jungla’, aparatoso, espectacular, intimidante, pero inservible para abordar en profundidad la solución -no el sofocamiento violento-, de conflictos sociales y políticos?
Las dudas sobre este organismo de inteligencia, ahora denominado Consejo Asesor de Inteligencia (CAI), se acentúan al leer los considerandos que lo justifican, donde se hace referencia a amenazas difusas a la seguridad internas y externas, al “crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, ciber-ataques y protección de la infraestructura crítica del Estado”.
En la lista se echa de menos el peligro concreto y comprobado de la corrupción como un mal enquistado en el Estado y sobre el cual parecen no existir soluciones reales y concretas. Entre otros casos, el de los altos mandos del Ejército y de la policía uniformada, los cuales, incluyendo sus organismos de inteligencia, montaron la denominada Operación Huracán, con todas las consecuencias que ya todos los chilenos conocemos.
Aparte del robo de dineros públicos, en el caso de las FF.AA. y Carabineros, se suma su empecinamiento en no entregar información sobre las graves violaciones a los derechos humanos, abriendo y entregando los archivos de inteligencia que permitirían resolver muchos, sino todos, los casos de detenidos desaparecidos que aún no se logran aclarar.
Este contexto tiende a incrementar las dudas sobre el verdadero sentido de la CNI-CAI y la preocupación razonable de que la centralización y control de la información de inteligencia pueda ser usada para fines distintos a la defensa de nuestro territorio y nuestro pueblo, con un sesgo ideológico peligroso para la sana y justa convivencia entre todos quienes habitan nuestro país.
(*) Vicepresidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Fuente: Piensa Chile
