por Francisco Herreros
Las inhumanas e inaceptables condiciones de vida de las 130 familias que naufragaron en el campamento de emergencia de Nantoco desde el aluvión de 2015, verificó en terreno el presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Regional, Javier Castillo.
El campamento de emergencia, como indica su nombre, radicó en un inhóspito terreno en la localidad de Nantoco; un erial de unas dos hectáreas cuadradas, un triangulo irregular colindante con terrenos de la minera Candelaria y del fundo Atacama, y delimitado en uno de sus lados por una pandereta; cubierto con estabilizado proveniente de algún relave olvidado de la actividad minera, y por tanto, altamente contaminado, a unas 130 familias provenientes de la localidad de Los Loros, que lo perdieron todo, el día de triste memoria.
Desde entonces permanecen varadas entre una pavorosa incertidumbre, la indiferencia estatal e inhumanas condiciones de vida, que atropellan sus derechos ciudadanos más elementales.
Ejemplo de lo primero: el predio es propiedad de Minera Candelaria, y por tanto inexpropiable sin su consentimiento; empresa que no ha dado señal alguna de estar consciente del problema, como no sea negarle audiencia a los pobladores, e informar que no tiene en venta al terreno.
La indefinición en el ámbito del sacrosanto derecho a la propiedad privada, ha inhibido la acción de las instituciones del Estado, salvo pasarse la pelota unas a otras, al punto que las 130 familias náufragas de Nantoco, ni siquiera figuran en registros oficiales.
Escuche a la presidenta de la Junta de Vecinos, Glenda Silva:
El Estado se limitó a construir 130 viviendas extramadamente precarias, dotadas de un estanque de agua de dos mil litros, de color verde, montado en altura; un rudimentario sistema de alcantarillado, cuyo colapso condenó a estas familias a soportar pestilencias de albañal las 24 horas del día, de las 52 semanas del año, y una frágil red de electricidad, cuyo colapso les desbarata los enseres electrodomésticos, y en al menos un caso causó un incendio; sin que por ello Emelat deje de cobrarles una cuenta a todas luces excesiva.
La respuesta del Estado al grave problema sanitario de las aguas negras se redujo a elevar un par de metros los tubos de aire del sistema de alcantarillado, lo cual le da cierto cariz surrealista al polvoriento paisaje.
El abastecimiento de agua lo proporciona diariamente un camión aljibe de la empresa Alfan. El problema es que Alfan es una subsidiaria de Aguas Chañar, y por tanto el agua está saturada de metales pesados, lo que los obliga, como al resto de los habitantes de la región, a pagar una segunda cuenta de agua embotellada para consumo humano.
La contaminación acosa a los pobladores desde tres frentes distintos, pero simultáneos:
Desde abajo, por el estabilizado que cubre el terreno, una especie de maicillo grueso, gris y polvoriento bajo el sol, un lodazal jabonoso bajo la lluvia, preñado de los metales pesados característicos de los relaves mineros.
Desde abajo, por origen, y por arriba, por medio de los tubos descritos, los ahoga una nube pestilente, particularmente insoportable en verano, que atrae piojos y moscas por arriba, y ratones y garrapatas por abajo.
Desde arriba, la contaminación los asalta por la manguera del estanque de agua. Por más que los pobladores se afanen en limpiar el estanque, jamás podrán con el interior de la manguera, que favorece tanro el cultivo bacteriano, como la acumulación de metales pesados.
La combinación de estos tres vectores contaminantes acarrea severas consecuencias en el plano sanitario.
Las pobladoras declaran dolencias, síntomas y enfermedades típicas de la contaminación, tales como diarrea y gastritis prolongada, cefaleas, intoxicación, insuficiencia respiratoria y expectoración, sin que el deficiente sistema de salud municipal de Tierra Amarilla, siquiera haya intentado esbozar un diagnóstico.
Las pobladoras recuerdan que durante un breve lapso de tiempo, una micro trasladaba a sus hijos a los colegios de Tierra Amarilla. Pero ese servicio también naufragó al corto tiempo, o más propiamente, se diluyó de manera tan tenue como apareció.
Ahora, como no circula locomoción colectiva en Nantoco, tienen que pagar taxis colectivos que les llegan a cobrar tres mil pesos. El colegio que disponen a distancia caminable, tiene hasta cuarta básica, y es de baja calidad, según las pobladoras.
El problema del costo del transporte al trabajo, también afecta a los que lo tienen, quienes deben desplazarse diariamente a Tierra Amarilla o Copiapó; y a las dueñas de casa, que igual deben hacerlo para abastecer el hogar.
Como será la dimensión de la precarización de los sectores más vulnerables de los chilenos, que los náufragos de Nantoco, prefieren enfrentar las hostiles condiciones del campamento, y arraigar allí, en la medida que se les garantice algún título de propiedad.
Ellas, las mujeres, que dominan sin contrapeso la única organización social del campamento, saben que con esmero, amor y dedicación, no hay terreno que les pueda competir.
Sin embargo, siendo terreno particular, no pueden proyectar futuro. En cualquier momento pueden ser objeto de orden de desalojo, o bien, pueden permanecer condenados a la actual situación por un tiempo indeterminado, como en el limbo.
En este punto, los pobladores le reclaman al Estado que hasta el 23 de marzo de 2015 eran ciudadanos con derecho y propiedad, y que después del desastre y perderlo todo, recalaron en este campamento de emergencia, olvidado del Estado, con el compromiso de una permanencia no mayor a dos años, que se cumplió hace rato, firmado por sus autoridades competentes.
El tema de fondo, es que la burocracia estatal, además de olvidarlos, los borró del mapa; sea por ignorancia, indolencia o ineficacia, o como es más probable, por una combinación de las variables anteriores.
Eso también lo saben las pobladoras, pues han acudido a todas las instancias que les franquea la institucionalidad, sin resultado alguno.
Sin embargo, las pobladoras aseguran que no renunciarán a su derecho a luchar. Ya lo hicieron en dos ocasiones: en mayo de 2016, y agosto de 2017, ocasiones ambas en que fueron agredidas en forma desproporcionada por la fuerza policial.
El dramático relato de Glenda Silva, revela las penurias de estos chileno(a)s olvidado(a)s por la mano de Dios y el Estado, náufragos en tierra de nadie
Es así como en la fiscalización en terreno, que ellas solicitaron, el Consejero Regional Javier Castillo, acreditó la veracidad de las condiciones de vida descritas, a las que calificó de indignas de los derechos ciudadanos, y se comprometió con ellas a una lucha conjunta, hasta que el Estado les reconozca sus derechos, y actúe en consecuencia.
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