El pueblo movilizado conquistó una gran victoria y propinó una dura derrota al gobierno de Piñera, al obligarlo a retirar el requerimiento presentado al Tribunal Constitucional, y promulgar la ley sobre el tercer retiro de fondos previsionales de las AFP´.
El que había sido hasta ahora el baluarte de la derecha para detener los avances progresistas y respaldar las intentonas reaccionarias, no se alineó esta vez con el gobierno de los superricos, ratificando su orfandad política y la envergadura de la aguda crisis político-institucional detonada por la decisión de acudir al TC luego que el Parlamento aprobara la ley del tercer retiro por una aplastante mayoría, incluyendo votos de parlamentarios de Chile Vamos.
Recurrir al TC concitó el rechazo de organizaciones sociales y políticas, protestas y paralizaciones de trabajadores, incluyendo los portuarios y la Federación de Trabajadores del Cobre, y la amenaza de una acusación constitucional a Piñera.
Parlamentarios opositores y oficialistas pidieron insistentemente al gobierno retirar el requerimiento, lo mismo hicieron los presidenciables derechistas Mario Desbordes, Evelyn Mathei y Joaquín Lavin. Incluso al momento de adoptar la decisión, hubo ministros del Comité Político que no estuvieron de acuerdo –botón de muestra es la renuncia del subsecretario de la ministra Rubilar-, y el presidente de RN reconoció públicamente sus diferencias con el gobierno, señalando que Piñera no acogió su petición de patrocinar el tercer retiro.
Los sufrimientos del pueblo
Los sufrimientos del pueblo no dan para más, cunden la incertidumbre y la desesperanza, para muchos chilenos esta es una crisis de sobrevivencia.
El Mercurio ha publicado que el 38% de las personas no posee ahorros para cubrir el consumo básico por más de un mes. El desempleo en el Gran Santiago llegó a 11,3% en marzo de acuerdo al Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. La Séptima Encuesta de Protección Social de la Subsecretaría de Previsión Social indica que el 54% de las personas disminuyó sus ingresos durante la pandemia, el 39% aumentó su endeudamiento, el 69% de los trabajadores ocupados vieron modificadas negativamente sus condiciones laborales el año 2020, y la depresión aumentó en los hombres de un 10% al 25%, y en las mujeres desde un 22% a un 39%.
El último Barómetro del Trabajo, encuesta llevada a cabo por FIEL y MORI, señala que el 51% de los chilenos tiene problemas de dinero, solo el 43% es feliz con su trabajo, solo el 32% declara comer 3 comidas calientes al día. El 51% recibe ingresos que oscilan entre los $301.000 y ls $500.000. Los temas más importantes para los asalariados son la falta de recursos, el desempleo, la inestabilidad laboral. Todo ello ha llevado a que, a diferencia del acendrado “sentido común” instalado por el sistema, hoy el 59% de la población se considera de clase “baja o media baja”.
En cuanto a la pandemia, si bien los contagios parecen haberse estancado, se sigue careciendo de medidas preventivas suficientes, en primer lugar, un mejoramiento de los servicios de salud que están colapsados, con mayores inversiones en personal, camas críticas, descanso y atención sicológica a los funcionarios cuya labor es reconocida por todos y todas, y entregar ayudas efectivas de protección social pues cientos de miles de personas siguen saliendo de sus casas en cuarentena a buscar el sustento para sus familias.
En medio de las penurias del pueblo, resulta incomprensible que dirigentes empresariales se burlen públicamente de los sufrimientos de los trabajadores. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, ha dicho que “las ayudas del gobierno son tan buenas que las personas prefieren no salir a trabajar … es la idiosincrasia del trabajador chileno”.
Antonio Errazuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, declara que “el tercer retiro nos dificulta atraer trabajadores a empleos … vamos a tener que mejorar los ingresos”.
Igualmente lo es que la única respuesta del gobierno a la crisis es el autoritarismo y la represión, el indulto de Piñera al ex director de la DINE condenado por los últimos 5 desaparecidos de la dictadura, y el respaldo a las declaraciones deliberativas y antidemocráticas de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, culpables de hechos de corrupción y crímenes contra el pueblo. En una declaración conjunta, los candidatos presidenciales Gabriel Boric, Paula Narvaez, Marcelo Díaz, Jaime Mulet, Daniel Jadue, Heraldo Muñoz, Carlos Maldonado y Pablo Vidal, han expresado su rechazo a esas declaraciones.
Pero además, de nuevo arremete contra los diputados comunistas, y particularmente, contra el diputado Hugo Gutiérrez, ordenando su detención en un acto de venganza política por el papel que éste ha jugado en las denuncias de corrupción contra Isasi y Orpis, y en la denuncia de la sedición de los altos mandos de las FF.AA.
La encuesta Monitor de Seguridad, de la Fundación Chile 21, indica que el 51% de los chilenos tiene una mirada crítica sobre la actuación de las FF.AA. durante la pandemia, lo cual en los jóvenes aumenta a 57%. Un 58% cree que el Ejecutivo ha abusado del Estado de Catástrofe sanitaria para ejercer acciones de seguridad sin relación con la pandemia. El 75% dice que nunca o casi nunca la policía trata a las personas por igual, independientemente de su situación socioeconómica o clase social, el 71% señala que nunca o casi nunca controlan el narcotráfico, y el 62% no aprueba el actuar de Carabineros.
Crisis política aguda
La crisis actual es comparable a la de noviembre de 2019, cuando el gobierno estuvo a punto de caer. Hay un quiebre del bloque hegemónico que sustenta el modelo neoliberal, no solo la derecha y el gobierno se dividen, y también han fracasado hasta ahora los esfuerzos de los sectores opositores para conciliar y contener la crisis.
Pone de relieve el aporte de Lenin a la ciencia política, al referirse a las condiciones objetivas que posibilitan cambios revolucionarios: la imposibilidad para las clases dominantes –“los de arriba”- de seguir gobernando como antes, así como la decisión de “los de abajo” de no tolerar la agravación de sus penalidades en condiciones de crisis económica y política del régimen, e intensificar su actividad de masas. Hasta ahí Lenin, que calza en buena medida con la crisis que el gobierno atraviesa y el pueblo sufre.
La última encuesta Cadem, siempre favorable al gobierno, indicó que la aprobación de Piñera cayó al 9%, el nivel más bajo de su segundo gobierno; lo cual extrema la preocupación de la derecha ante el “tercio frágil” en la Convención que vaticinan sus propios estudios.
La encuesta Data Influye, de abril de 2021, registra que el 50% de los consultados asegura que no ha recibido ninguno de los beneficios sociales dispuestos por el gobierno durante la pandemia. Frente al requerimiento presentado ante el TC contra el proyecto del tercer retiro, el 61% se inclina por la idea de que lo hizo para proteger los recursos que invierten las AFP en el sistema financiero. El 33% de los consultados usará los fondos del tercer retiro para el pago de deudas, el 22% para la compra de alimentos o artículos de primera necesidad y otro 22% para ahorro o inversión. El 45% califica su situación económica como mala o muy mala, 6 puntos más que en la encuesta anterior.
El 81% desaprueba la forma en que el presidente Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno, 5 puntos más que el sondeo anterior. El 79% desaprueba al gobierno, 4 puntos más que en la encuesta anterior. El 9% lo aprueba.
El 71% declara una alta probabilidad de ir a votar en las elecciones del 15 y 16 de mayo. En caso de mantenerse los actuales niveles de contagios y fallecidos por covid-19, el 59% señala que concurrirá de todas maneras, con precauciones. Solo un 7% considera que ir a votar puede ser un factor de riesgo de contagio de coronavirus.
Respecto de preferencias presidenciales, Daniel Jadue alcanza 16,8%, Pamela Jiles 15,5%, Joaquín Lavín 9,8%, Evelyn Matthei 4,8%, José Antonio Kast 4,5%, Sebastián Sichel 4%, Gabriel Boric 3,8%, Paula Narváez 3,4%, Heraldo Muñoz 3,4%, Mario Desbordes 2,4%.
También de abril, la encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, indicó por su parte, que el 68,8% considera que Chile vive su peor crisis política desde el retorno a la democracia, y el 63,5% estima que el gobierno es el principal responsable. Y la encuesta Criteria Research establece que el 82% dice que Piñera ha actuado peor de lo que esperaban, y la aprobación al presidente cae 2 puntos, ratificando los primeros lugares en preferencias presidenciales para Jiles, Jadue y Lavìn.
De nuevo, “diálogo” y acuerdos de salvataje/h2>
Para atenuar la crisis, el gobierno recurre a maniobras y busca los acuerdos que antes lo han salvado. Piñera inventó a última hora un proyecto propio de “retiro”, que no tuvo respaldo por lo que debió retirarlo.
Desplegando sus recursos mediáticos, y después de un largo receso, apareció la encuesta CEP, instalando un empate de “desconfianza ciudadana” del gobierno, el congreso y los partidos políticos, instituciones que generan menor nivel de confianza en la ciudadanía.
Si bien ello es parcialmente cierto, evade el tema de fondo, que es la aguda orfandad política del gobierno debido a la oposición a su política. De paso, en una frívola maniobra anticomunista, y contradiciendo todas las demás encuestas, ubica a Jiles como la presidenciable mejor evaluada en la oposición, muy por encima de Jadue.
Asimismo, el gobierno convocó a las presidencias de la Cámara y el Senado, de derecha y DC respectivamente, a una reunión para “buscar acuerdos”, el mismo día de la Huelga General Sanitaria convocada por la CUT. Al término de la reunión, la presidenta del Senado se esforzó en declarar que la reunión no fue ninguna cocina, que no se sellaron acuerdos, que se estableció una “agenda de mínimos comunes” que se trabajará en el Parlamento y “de cara a la ciudadanía”, y señalando que es necesaria una Renta Básica Universal, demanda levantada por los comunistas y Chile Digno, la CUT y numerosas organizaciones sociales, que se ha hecho absolutamente mayoritaria.
Es que ya nadie confía en los “diálogos” con la derecha y el gobierno, que siempre se desdibujan y terminan en estafas mediáticas, como sucedió en noviembre de 2019, y como está ocurriendo ahora. El gobierno señala claramente que iniciativas como la Renta Básica Universal desordenan el diálogo, y en su reemplazo apuesta por el bono de $200.000 que beneficiará a 3,5 millones de personas, pero reintegrando los fondos, y asimismo ha resuelto aumentar en $10.000 el sueldo mínimo, dejándolo en $337.000, mientras la CUT, la Fundación SOL y varias otras instituciones proponen $500.000 o más.
Paulsen dice que respeta” la propuesta de Renta Básica Universal, pero pide “priorizar” la agenda de mínimos comunes, y se plantea como condición para un acuerdo detener los proyectos de impuesto a los superricos y de royalty minero. Con razón, ha surgido la duda en sectores de Unidad Constituyente sobre la conveniencia de firmar pactos con un gobierno debilitado, en vísperas de elecciones. El senador Montes ha declarado que “no estamos para defender a Piñera”.
Confirmando la desconfianza en el gobierno, diputados de la DC, del FA y del PC, propusieron el proyecto de Renta Básica Universal en el Parlamento. Los comunistas, que declararon al inicio que no participarán de ninguna negociación, y que los hechos dirán si es cocina o no. Así lo ha señalado también el Frente Amplio.
El desafío es construir más condiciones subjetivas
Retomando el concepto de Lenin, no bastan las condiciones objetivas para la consecución de cambios revolucionarios, en nuestro caso transformaciones antineoliberales. Es necesario que se agreguen las condiciones subjetivas, es decir, la voluntad de los sectores más avanzados del pueblo para una lucha audaz y abnegada, y la capacidad de las fuerzas políticas transformadoras para unirse y conducir la lucha de manera acertada.
La revuelta popular sostenida en la que vivimos desde el 18-O de 2019, reconfiguró el cuadro político, cuyas potencialidades han sido contenidas hasta ahora por las cuarentenas obligadas de la pandemia, cuyas restricciones aprovecha la derecha junto con la ayuda de una fuerte dictadura mediática, y por el recurso al diálogo y a los acuerdos con la derecha, como el del 15 de noviembre, y los actuales intentos.
A pesar de ello se han seguido desarrollando las movilizaciones populares, las llevadas a cabo el 8 de marzo en ocasión del Día Internacional de la Mujer, y las manifestaciones, cacerolazos, y protestas realizadas el 30 de abril durante la Huelga General Sanitaria convocada por la CUT, y las llevadas a cabo el Primero de mayo.
El PC y Chile Digno, más otros sectores opositores, han logrado con su presión que avancen demandas como el impuesto a los superricos, 8 de los cuales en plena pandemia aumentaron en 73% sus fortunas, entre ellos Ponce Lerou y Piñera, las propuestas de royalty a la gran minería privada, de aumento del impuesto a las grandes empresas y de disminución al IVA para los bienes esenciales, y de Renta Básica Universal.
Igualmente es claro que un acuerdo con la derecha, como el del 15 de noviembre ya no es aceptado por todos quienes concurrieron en ese momento.
En este contexto, constituye un elemento subjetivo muy importante que el Comité Central del Partido Comunista resolviera formalizar la candidatura presidencial del compañero Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, que ya desde hace un tiempo ha sido reconocido y respaldado por amplios sectores populares que lo consideran parte de sus luchas, de sus esperanzas y de sus propuestas, porque expone ideas y una gestión popular democrática y realizadora en favor del pueblo, que ratifica la posibilidad de que vivir mejor es posible.
Han manifestado asimismo que no quieren ser parte nuevamente de un gobierno cuyo programa sea boicoteado desde su interior, y exigen hoy el compromiso de quienes se pronuncian por la unidad opositora, de un acuerdo programático en sintonía con las demandas mayoritarias de transformaciones estructurales al modelo, y garantías de su cumplimiento.
Igualmente, junto a otros sectores, plantean que la Convención Constituyente debe definir soberanamente su reglamento de funcionamiento, modificando el quorum de los dos tercios acordado el 15 de noviembre.
Chile necesita un gobierno nacional de emergencia que enfrente la crisis. De allí que los comunistas llaman a la unidad de las fuerzas opositoras en torno a transformaciones antineoliberales, y han dicho que comparten la propuesta de que “se apoye al presidenciable opositor que pase a segunda vuelta” y que, si hay primaria amplia, tiene que haber una declaración clara de que votarán por Jadue cuando sea el único que pase a segunda vuelta.
Gobernadores regionales
En este periodo también ha llamado a preocupación una carta de la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, Sra Nayade Aguirre Mancilla, a sus asociados, advierte dificultades en el proceso de instalación de las/os nuevas/os Gobernadoras/es Regionales que serán elegidos democráticamente por sufragio universal los días 15 y 16 de mayo próximo. La carta señala que las autoridades de gobierno, nacionales y regionales, están por que prevalezca la autoridad designada, el Delegado Presidencial Regional, por sobre aquella que es elegida democráticamente, el Gobernador Regional.
Ello viene a confirmar que el gobierno de Piñera carece de voluntad para asegurar un adecuado desempeño del nuevo órgano de poder regional, y que no está realmente comprometido con el proceso de descentralización.
La elección de gobernadores regionales que está por realizarse significó la aprobación de nuevas leyes, como la Ley Ley N° 21.073, que Regula la Elección de Gobernadores Regionales y Realiza Adecuaciones a Diversos Cuerpos Legales, y la Ley N° 21.074, de Fortalecimiento de la regionalización del país. Pero hay consenso que ese proceso no terminó, y requiere completarse.
De acuerdo a nuestro programa de gobierno regional, entendemos el nuevo órgano de poder regional como un órgano independiente del poder central, con patrimonio propio, y que goza de elevado grado de autonomía sobre la región.
Para ello debe contar con las herramientas necesarias, entre ellas más atribuciones y recursos, y desde luego condiciones básicas para el funcionamiento administrativo.
La asunción de los gobernadores regionales requiere de mayores atribuciones y recursos para las regiones, del impulso a la descentralización fiscal e impuestos regionales, la diversificación productiva mediante políticas y planes resueltos con amplia participación ciudadana.
El traspaso efectivo de competencias necesita una ley de rentas regionales, porque hoy las regiones sólo se quedan con los pasivos o elementos negativos de la riqueza que generan las inversiones; el impuesto hay que pagarlo donde está la actividad productiva, no donde está la casa matriz de la empresa.
El éxito de este proceso implica desplegar de manera armónica la descentralización administrativa, fiscal y política. En materia de descentralización administrativa es muy importante generar un reordenamiento de las competencias y estructura de los servicios públicos, pues en la actualidad hay una gran cantidad de servicios que intervienen en el territorio a través de programas nacionales que no siempre recogen la realidad y necesidades de las regiones y sus distintos territorios.
En este sentido es necesario crear Servicios Públicos Regionales que permitan una mayor eficiencia del gasto público y que generen políticas y programas diseñados y ejecutados desde el territorio.
