Papeles de Coyuntura y Tendencias
EL CARACTER ESTRATEGICO DE LA ENCRUCIJADA DEL PLEBISCITO
Documento N° 18
Octubre 2020
¿Derecha errática?
En vísperas de la madre de las batallas por la democracia del último tiempo: el plebiscito constituyente del 25 de octubre, la derecha sigue recurriendo a todo tipo de maniobras para no llevarlo a cabo, o para disminuir la participación popular al mínimo si se realiza. Pero al mismo tiempo, ante la fuerza incontrarrestable de la exigencia de Nueva Constitución, se sube al carro del Apruebo con la mirada puesta en el debate en el mecanismo constituyente.
Aspiran a derrotar a la opción ‘Convención Constitucional’ (CC), incluso votando, algunos de ellos, ‘Apruebo’, y se preparan para el debate en una eventual ‘Convención Mixta Constituyente’, que significaría la permanencia y participación de los sectores que han estado en el poder desde 1973 hasta nuestros días, maniobrando mañosamente con el quorum-veto de los 2/3 para evitar cualquier cambio sustancial del modelo.
Esa es la estrategia propuesta por Longueira -dirigente histórico de la UDI, hasta ahora en segundo plano por su probada conexión con hechos de corrupción-, quien declaró que votará apruebo, pero no a partir de cero. Anticipando la segura derrota del Rechazo, persigue defender la Constitución pinochetista con el 38% de los votos y el 46% de los escaños en el parlamento, que la derecha conserva gracias a la transición pactada con la Concertación.
Si se impone la opción Convención Constitucional, busca alcanzar un tercio de ella para la derecha, y no descarta que el proceso se aborte en la discusión del reglamento de funcionamiento de la Convención. Cuenta además con entenderse con “gente muy razonable” de la centroizquierda, que es probable que defienda el veto del tercio de la derecha, y busque una salida pactada que contenga avances cosméticos, a partir del acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, que en todo caso no tiene valor legal alguno.
Su confianza en el sector opositor concertacionista es bien fundada, pues siempre acude a salvar al gobierno, como lo hace el ex presidente Ricardo Lagos al defender de la acusación constitucional en su contra al ex ministro Mañalich, quien al buscar deliberadamente diseminar el virus Covid-19 para alcanzar la “inmunidad de rebaño”, es responsable de ocasionar tantas muertes y contagios durante la pandemia.
Paralelamente, JVR, Coloma y otros, en acuerdo con Acción Republicana, mantienen una posición cerrada contra el plebiscito y por el Rechazo, lo cual lleva a preguntarse si hay realmente una división en la UDI, si puede haber visiones o estrategias distintas, en una coyuntura en que se cuestiona su hegemonía, o son roles autoasignados dentro de una táctica común.
Lo que es seguro es que se rompió el monolitismo en la votación sobre el retiro del 10% de las AFP, que plantea como desafío al movimiento popular proyectar esta ruptura en los proyectos de segundo retiro del 10%, de impuesto a los súper ricos o en otras iniciativas.
Es determinante ganar el plebiscito
De ganar la opción Apruebo y la de Convención Constitucional (CC), este avance significará un gran logro, pero ésta será sólo una batalla en la lucha general, ideológica y de masas, para derrotar en el debate político de masas en la Convención Constitucional a los sectores neoliberales, condición sine qua non para avanzar a una Constitución que represente los intereses y derechos de la mayoría.
Está por verse cuál será el impacto del desconfinamiento, que en la RM alcanza al 97% después del 28 de septiembre, restando solo las comunas de Paine y Renca en cuarentena. Hasta ahora el aumento de la actividad económica, las fiestas patrias y la necesidad de muchos de salir a ganarse el pan, han ocasionado un deterioro en la evolución de la pandemia en la última semana, según señala la octava versión del informe Icovid Chile, que realizan coordinadamente la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción.
En el marco de la caída de la economía en un 11,3% en agosto, índice peor de lo esperado, y de la correlación entre letalidad por Covid-19 y pobreza, la pandemia ha aumentado ostensiblemente el nivel de vulnerabilidad socioeconómica de más de 660.000 hogares. El 25% de los hogares que perdieron ingresos en la pandemia sufre inseguridad alimentaria, y la Fundación Red de Alimentos ha dicho que hay un aumento del hambre en el país.
Como parte de sus esfuerzos para relativizar el plebiscito, el gobierno ha prolongado el Estado de Emergencia, aumenta la represión policial indiscriminada y persigue generar temor a través del manejo mediático.
Sin embargo, a pesar de ello, todas las señales, incluidos los resultados de las encuestas, indican que, a pesar de la pandemia, del miedo al contagio y de la campaña de terror y mentiras de la derecha, habrá una alta participación popular en el plebiscito, y el Apruebo y la Convención Constitucional ganarán por amplia mayoría.
La encuesta Barómetro del Trabajo (FIEL-MORI) de septiembre de 2020, señala que hay una alta probabilidad que vote entre el 58% y el 60% de los electores, y hay un 66% que votaría por el Apruebo, y un 51% por la Convención Constitucional (solo un 27% lo haría por la Convención Mixta).
Por su parte, la encuesta Pulso Ciudadano (CRITERIA), indica que un 63% dice que irà a votar, y la opción Apruebo obtendría un 72%, y un 59% se inclinará por la Convención Constitucional, versus un 28% que lo hará por Convención Mixta.
Junto con todas las medidas para garantizar una votación segura, el Servel ha declarado que “Ir a votar no será más peligroso que ir a un supermercado. Lo que está en juego es demasiado importante para que nuestros ciudadanos se resten”. También son importantes señales la entusiasta y masiva campaña por el Apruebo que se ha venido realizando en todos los confines del país, la franja televisiva del Comando Apruebo Chile Digno, que está consagrada totalmente a las organizaciones sociales y ciudadanas que con su movilización conquistaron este logro democrático.
El gran desafío entonces es asegurar con la movilización popular la realización segura del plebiscito, y trabajar hasta el último minuto para que haya una abrumadora expresión de respaldo, tanto al Apruebo como especialmente a la Convención Constitucional, respecto de la cual hay que hacer mayor claridad.
En definitiva, los avances en la perspectiva de una nueva Constitución, dependerán de la fuerza y decisión con que el movimiento popular rechace una constitución vetada por una minoría, que tendrá tan poca validez e imperio como la constitución de Pinochet, pues en ese caso, el objetivo de un nuevo contrato social, validado por una constitución aprobada legítima y democráticamente, permanecería pendiente. Dependerán también de la rearticulación del movimiento social y su creciente unidad de acción con las fuerzas políticas progresistas en torno a una plataforma antineoliberal, que contempla en primer lugar abrir paso a una nueva Constitución.
A propósito de las encuestas ya mencionadas, aunque sea a modo de digresión, también dejan como interrogante cual sería la causa de la disminución, aunque leve, de la desaprobación al gobierno. Además de la manipulación mediática, podría ser un factor que, en el cuadro de vulnerabilidad socioeconómica de un importante sector de la población, han pesado los ingresos adicionales provenientes de las insuficientes ayudas recibidas del gobierno, y el retiro del 10%, porque no todos tienen claro que esto último solo fue producto de la movilización popular, que debió luchar contra la cerrada oposición del gobierno.
Agudización de la lucha de clases
Los sectores neoliberales despliegan simultáneamente sus esfuerzos por toda la coyuntura para preservar su hegemonía que quedó en disputa desde el 18/0, conscientes que el triunfo de la alternativa anti neoliberal en el plebiscito significará un avance histórico y estratégico para los sectores populares.
Entonces es claro que es la movilización popular la que garantizará la consecución del triunfo en el plebiscito, y será decisiva para cambiar en la Convención Constitucional el veto del tercio con que la derecha cuenta para detener el avance hacia una nueva Constitución, imponiendo así el pleno imperio de la soberanía popular, que está muy por encima del acuerdo del 15 de noviembre.
Tal avance, a la vez, podría derivar en un escenario similar al que se precipitó el 4 de septiembre de 1970, cuando la derecha sintió fuertemente amenazados sus intereses de clase.
50 años después del triunfo de la Unidad Popular, celebrado en los pasados días, la agudización de la contradicción entre capital y trabajo entra en escena una vez más. Como en ese tiempo, en que el triunfo de Allende significó un cambio radical en la agenda de la clase dominante y de la administración norteamericana, la lucha de clases cotidiana se agudiza, y la derecha, en su esfuerzo para adecuarse al nuevo escenario, se reconfigura, en medio de tensiones, contradicciones, y cambios en la correlación de fuerzas entre los sectores ultra conservadores y aquellos más moderados.
El surgimiento de Acción Republicana, el accionar de bandas paramilitares en la Araucanía, la aparición de pasquines fascistas y anticomunistas como El Libero, en que el golpista Orlando Saenz viene llamando al gobierno a la represión antipopular, los cambios en el gabinete, las incursiones represivas policiacas y militares en las poblaciones populares, la intensificación de la represión de Carabineros a quienes se manifiestan por el Apruebo, mientras resguardan a los del Rechazo, la subversión manifiesta del Alto Mando de Carabineros que respalda, con el apoyo del gobierno, a los 7 generales investigados por la Contraloría General de la República, son parte de un proceso de reconfiguración de la derecha que está en marcha ya desde hace un tiempo.
En ese sentido, la aparición de un estudio de Mauricio Morales y Fabián Belmar, de la Universidad de Talca, afirmando que, a diferencia del pasado, la raíz de los actuales tensionamientos y recomposiciones de la derecha sería producto del perfil socioeconómico y educacional de sus integrantes, no es más que análisis engañoso que intenta esconder cuestiones más de fondo.
Son los mismos fenómenos ocurridos hace 50 años, cuando los antiguos partidos de la derecha: Liberal y Conservador, fueron reemplazados por agrupaciones conservadoras y filo fascistas: Partido Nacional y Patria y Libertad, con un programa sedicioso proclamado públicamente por pasquines sediciosos como Tribuna, PEC, pagados por el gobierno de Estados Unidos, con campañas del terror, desestabilización, terrorismo y finalmente, el golpe de estado.
En tal situación, habrá que derrotar las escaladas antidemocráticas de la derecha y de sus sectores más conservadores, que como ayer, acudirán a consignas en defensa de la democracia y la paz social. Deberemos considerar muy centralmente ese probable derrotero de estos próximos dos años, dada la profundidad de la lucha popular desde el 18 de octubre de 2019.
Por eso es decisivo que los sectores populares y progresistas entiendan, tan bien como la derecha lo entiende, que la discusión constituyente es de una profundidad estratégica como pocas veces se ha dado en la historia de Chile. Por lo tanto, el debate debe apuntar a desarmar completamente la institucionalidad neoliberal, y al obtener la victoria, prepararse para defenderla.
La lucha del pueblo mapuche
Como resultado de las movilizaciones populares iniciadas el 18/O, ha habido un aumento del conocimiento y respaldo a las demandas del pueblo mapuche.
La lucha por la libertad, autodeterminación, autonomía, preservación de la cosmovisión y del sentido de pertenencia a la tierra del pueblo mapuche, data al menos del Siglo XV, desde el intento de invasión al territorio mapuche por parte del imperio Inca, rechazada y derrotada en el Río Maule, y luego la invasión de la monarquía española a inicios del Siglo XVI, que fue derrotada a fines del siglo XVIII, reconociendo la independencia territorial desde la frontera norte del río Biobío hacia el sur, hasta lo que hoy sería la región de los Lagos.
Pero el origen del conflicto actual en el Walmapu comienza con el nacimiento y posterior desarrollo de la República de Chile, y con la expansión del naciente capitalismo hacia la Araucanía a través de la invasión militar a la nación mapuche. La emergencia del Estado chileno y la paulatina formación de relaciones capitalistas que se van articulando con la decadente formación feudal heredada de la colonia y expresada en el ciclo rural de la hacienda, fue lo que llevó a la expansión territorial del estado chileno hacia el norte y hacia el sur, exacerbada por la codicia y obsesión por la riqueza de la aristocracia chilena, lacaya del imperialismo inglés, y embriagada con las bondades de la acumulación capitalista que se desarrollaba en Europa, lo que había que replicar en Chile.
El Estado chileno, a cargo siempre de terratenientes en el Siglo XIX, no respetó la frontera en el sur, que se había establecido y reconocido por la Corona. Sus intentos por doblegar a los mapuches y desconocer su independencia como pueblo, como nación, culminó con la invasión definitiva de su tierra en 1883, que fue un intento de exterminio de este pueblo. Aquellos que no murieron, quedaron reducidos y encerrados en reducciones indígenas, en las peores condiciones de vida que podrían haber imaginado.
El pueblo mapuche había sido una sociedad libre, que gozaba de un buen vivir, primero, a través de su existencia en un modo de caza y recolección nómade, de su cosmovisión y de una intensa integración con la naturaleza. Más tarde, manifestaban, a pesar del conflicto bélico, buenas condiciones de vida, de bienestar y armonía social, muy lejos de lo que conocemos como pobreza y precariedad en la calidad de vida, como experimentan hoy.
Por lo tanto, el conflicto de hoy comienza el año 1883, cuando se consuma la invasión. Han transcurrido desde entonces 140 años, 4 generaciones de mapuches. Fueron los aristócratas chilenos antepasados de los actuales, los que han despojado, explotado, denigrado, robado y humillado a los mapuches, los cuales han dado su vida luchando y resistiendo los embates de la clase dirigente chilena. Otras y otros, se han visto en la necesidad de emigrar de sus amadas y extrañadas tierras.
La única posibilidad de reparar este tremendo daño social, cultural, económico e histórico de un pueblo, que apenas subsiste en un modo producción que podemos denominar como una ‘economía agraria de subsistencia familiar’, al que contribuye hoy la invasión de empresas forestales que destruyen la naturaleza y cultura de la que fueron parte, es logrando su plena libertad como pueblo.
En conclusión, pareciera ser que la única solución de carácter definitivo al problema, pasa por:
Primero, el reconocimiento por parte del Estado capitalista y patriarcal chileno de su inhumana invasión e intervención hasta ahora del territorio mapuche que no le pertenece, y su impostergable petición de un ‘perdón histórico’ a este pueblo por el tremendo daño provocado (como se ha hecho en otras naciones con los pueblos originarios).
En segundo lugar, una nueva Constitución Política debe inmediatamente proceder a cambiar el carácter del Estado chileno de uno mono cultural a uno plurinacional y multicultural, en el que los nueve pueblos originarios que habitan en lo que hoy es Chile, puedan gozar del status de pueblo con grados de auto determinación y autonomía dignos a su historia y derechos como seres humanos. Esto en el caso de los mapuches, debe proceder a materializarse en la recuperación de las tierras del sur ya señaladas.
En tercer lugar, a la devolución de sus tierras, se debe agregar la reparación humana y material. Reparar el daño social, psicológico y económico causado por estos 140 años de despojo y represión, reparación que debe consistir en recursos necesarios para que los mapuches puedan desarrollarse social y económicamente, en las modalidades que sean coherentes con sus propias raíces culturales, políticas y económicas, en que tengan autonomía en la toma de decisiones respecto a ellas y puedan relacionarse de modo fraternal con el estado chileno a través de políticas interculturales que crucen un estado federado y multicultural.
Por último, y en conclusión a lo ya señalado, es necesario enfatizar que el conflicto terminará sólo cuando se tomen acuerdos de esta magnitud, porque ellos serán la manifestación práctica de que los mapuches han vuelto a ser libres, de que se les reconoce su condición de pueblo independiente y de su identidad como tal, y la constitución de un Estado plurinacional garantizado por la nueva Constitución.
Los 50 años de la victoria de la Unidad Popular
La movilización popular ha estado muy presente en la celebración de los 50 años de la victoria de la Unidad Popular y los homenajes al Presidente Salvador Allende en todo Chile el 4 de septiembre; en la marcha del 11 de septiembre, en las manifestaciones en todo Chile en torno al 4 de septiembre, las movilizaciones los días viernes en Plaza de la Dignidad. Y seguirá jugando un papel determinante el 5 de octubre, en el aniversario del plebiscito de 1988; el 18 de octubre, primer aniversario del inicio del estallido social; y en otras movilizaciones sociales.
La cantidad y diversidad de actividades celebratorias realizadas en ocasión de los 50 años de la victoria de la Unidad Popular, y la amplitud de quienes participaron en ellas, hablan del impacto y el nivel de instalación que tuvo en la ciudadanía, y de la vigencia que sigue teniendo el proyecto de desarrollo nacional anticapitalista que encarnó la Unidad Popular, más aún en el contexto mundial de la actual pandemia y crisis económica.
Así lo expresaron los saludos e intervenciones de los participantes, tanto de los connacionales como de los 27 extranjeros de 16 países: Venezuela. México. Cuba. Nicaragua. Brasil. Uruguay. Argentina. Perú. Guatemala/Alemania. España. Francia. Italia. Suecia. Inglaterra/República Arabe Saharaui Democrática; destacando entre otros especialmente la presencia del Presidente Nicolás Maduro, del Canciller Jorge Arreaza, Joan Garcés, Atilio Boron, Heinz Bierbaum, Clacso y Mónica Valente del Foro de Sao Paulo.
El Seminario Internacional, que enfatizó la importancia del proceso constituyente, y coincidió con la derrota del intento derechista de destituir al diputado comunista Hugo Gutierrez, contribuyó a instalar en la opinión pública el significado histórico del proceso de la Unidad Popular, incidió para que otros sectores se sumen a la conmemoración, y para afirmar la verdad histórica en medio del caudal de mentiras anticomunistas, incluyendo las de aquellos que renegaron de la Unidad Popular y del allendismo.
Se cumplió el objetivo de ir más allá del recuerdo y la memoria. Junto con relevar las realizaciones del Gobierno de la Unidad Popular, la mayoría de los participantes reafirmaron la validez para hoy del proyecto de cambios anticapitalistas. Varios de ellos enfatizaron el rol determinante de la o las izquierdas en la amplia confluencia unitaria de fuerzas necesaria para la lucha por cambios democráticos antineoliberales.
En concordancia con ello, ha quedado en evidencia la tendencia persistente del fuerte respaldo popular a Daniel Jadue, lo cual anticipa nuevas correlaciones de fuerza, sintonizadas con las demandas del movimiento social. A nivel nacional es el primer candidato desde el 90 a la fecha, no impuesto por la máquina política, que propone una ruptura con el modelo y que podría incorporar tras sí al movimiento 18/0, lo cual agudiza la contradicción de clase. Es una candidatura con insospechadas posibilidades, recoge e impone una propuesta programática, sin perjuicio de las exigencias de dos años con ocho elecciones, un liderazgo real al que no se puede renunciar, pues aun con insuficiencias y profusos desafíos, no surge impuesto por la manipulación mediática y las encuestas, como Lavín, o por la derecha por cuestiones de oportunidad (Matthei), o por el fundamentalismo neoliberal fascistoide (Kast).
El Chile que viene o el que fue
La centroizquierda, preocupada porque carece de un liderazgo de este tipo, ha levantado una fuerte crítica a Jadue por “presidencializar” el proceso constituyente y “polarizar” al país. Esa es también en parte la explicación de la nueva exclusión que surge del reciente acuerdo acerca de primarias.
Luego que los partidos políticos de oposición no pudieran ponerse de acuerdo en una primaria común para las candidaturas de alcaldes y gobernadores, han aparecido las explicaciones de todos los incumbentes, pero más allá de la casuística, la imposibilidad de las alianzas viene de un diagnóstico que aún no ha hecho síntesis, que dice relación con cuál es la evaluación de los gobiernos de Concertación para el país y con cuanta fuerza vuelve la ciudadanía a las elecciones.
El estallido social dejó en la retina una frase, “no fueron 30 pesos fueron 30 años”, para dejar en claro que el malestar empezó con la salida de la dictadura, pues si bien se entiende que la dictadura impulsó y aplicó las nefastas políticas neoliberales, lo que se cuestiona es por qué en democracia esas mismas políticas no se revirtieron.
El problema así definido tiene muchos ámbitos de discusión, como por ejemplo cuál es la evaluación de la política de los consensos, cuál es la evaluación de las privatizaciones y concesiones, cuál es la evaluación sobre las políticas en materia de educación, salud o pensiones, cuál es la evaluación del espacio que se le dio al movimiento sindical, cuál es la evaluación sobre las políticas macro y los tratados de libre comercio, cuáles fueron los derechos medioambientales, etc.
En general, los partidos de la ex Concertación defienden su legado, y paradójicamente lo hacen igual que la dictadura, partiendo de sus logros económicos. Pero además alegan que en esas circunstancias no se podía más, que hacer consensos con la derecha era el camino de darle viabilidad institucional a la democracia reciente.
De manera paternalista, algunos miembros de la ex concertación, piensan que no sumarse al acuerdo es una pataleta, que al final del día son los hijos que no quieren reconocer al padre, que no queda otra opción que la unidad para derrotar a la derecha y que ese objetivo nos debe convocar a todos.
Por otro lado, los partidos de izquierda han construido su épica post dictadura, en el conflicto con las políticas impulsadas por la concertación, denunciando el mercantilismo de los derechos sociales y la ausencia de un Estado que pudiera ayudar a contrapesar el gran poder del empresariado chileno.
Los partidos de izquierda, dudan de la legitimidad de la ex Concertación en el marco del estallido social, pues aparecen como políticos que se tratan de incluir en un proceso del que no son parte, un proceso que los interpela, entonces el desafío es derrotar todo aquello que gobernó durante 30 años con las reglas de la dictadura.
Llevado al desacuerdo sobre las primarias se puede incluir un elemento más, para las últimas presidenciales votaron 6.9 millones de personas, el 49% del padrón y de ellos la Nueva Mayoría (incluyendo al PC) obtuvo poco más del 20% en un empate técnico con el Frente Amplio. Hay quienes piensan que la responsabilidad es de las candidaturas, pero parece más bien un llamado de atención previó al estallido de octubre, la política de los consensos ya no era capaz de estabilizar la amplia desigualdad que vivía el país.
Luego, si tomamos en consideración que el plebiscito podría llegar a tener una participación de hasta un 80%, es decir 11.2 millones de personas y que por lo tanto 4.2 millones de votantes se sumarán a la disputa democrática, con el efecto directo en las municipales donde se espera que la votación doble a lo acostumbrado, entonces el escenario democrático ha entrado en una situación de amplia incertidumbre.
En esta incertidumbre, no es tarea fácil saber qué valoración sobre los gobiernos de la concertación será mayoritaria. Es claro que, si los partidos de la ex concertación reagrupados la derrotan, la izquierda corre el serio riesgo de volver a una zona marginal, como en la política de lo que fue.
Si en cambio, la opinión de las fuerzas de izquierda es mayoritaria, entonces los partidos de la ex concertación corren el riesgo de quedar disminuidos, y habrá sido un gran error volver a conformarse como bloque pues se han expuesto frente a los votantes. En este caso no hacer el acuerdo es un camino acertado y la convocatoria es a derrotar la política de los 90.
Todo esto va a quedar más definido a partir del 25 de octubre, donde una de las principales métricas será el nivel de participación y convención constituyente, que nos dará la nueva dimensión de la derecha y la izquierda, luego en un escenario convulso, la izquierda se disputará entre cuanta profundidad de los cambios es capaz de ofrecer al pueblo cada conglomerado.
Un elemento prospectivo parece ser la nula capacidad de la ex concertación de tener candidatos presidenciales creíbles y la consolidación de la candidatura de Daniel Jadue con un discurso que interpreta el 18 de octubre en clave capital/trabajo.
El problema de la unidad no es solo tener un enemigo común, sino el que exista un punto al cual converger, ese punto político depende de las hegemonías que se construyan en la izquierda, así la unidad queda determinada no solo por el acuerdo con el proyecto político de unidad, también por el abandono del proyecto minoritario, algo que ninguna fuerza política está disponible a hacer, mientras no sepamos si estamos en el Chile que viene o en el que fue.
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