por Gloria de la Fuente
Desde el 2003 Chile tiene una legislación en materia de financiamiento y límite de gasto electoral, y en pocos meses se implementará la normativa que regula el lobby. Ambas constituyen un paso importante para descubrir los “mantos de opacidad” de la relación entre dinero y política. No obstante, esta materia es todavía asignatura pendiente en Chile, porque es más o menos evidente que el órgano encargado de aprobar o rechazar la rendición de cuentas de campañas, el SERVEL, no tiene atribuciones ni competencias para desarrollar una revisión más allá de aquello que las candidaturas deben por ley informar, dado que la norma no lo faculta para hacer fiscalizaciones de carácter proactiva ni tampoco le entrega los recursos suficientes.
Poner atención en esto es clave para la modernización de los procesos electorales. Sin perjuicio de ello, en el ánimo justamente de encauzar de manera clara la relación entre política y dinero, parece interesante la indicación presentada por algunos diputados que pretende eliminar las donaciones de personas jurídicas.
La tesis de quienes patrocinan la iniciativa es simple: las empresas no votan y, por ende, no tienen por qué financiar campañas, más aún porque una empresa tiene como principal propósito generar utilidades y no aportar al bienestar general.
Así, por más loable que sea la decisión de un directorio de apoyar tal o cual candidatura, es mejor evitar cualquier posibilidad o sospecha que ciertos aportes incidirán en las decisiones de una futura autoridad pública. En tal sentido, llama la atención la serie de argumentos que empiezan a aparecer en el Senado para aplacar esta idea.
El primero, bastante insostenible y hasta un poco torpe, señala que existiría el peligro potencial que vuelva la práctica del “maletín”, es decir, que dadas las restricciones que impondría esta normativa, existirían incentivos importantes para hacer trampa.
Eso, dicho además por parlamentarios en ejercicio, parece aún más grave porque no sólo normaliza la existencia de espacios de vulneración de la ley, sino que además minimiza la necesaria dimensión ética que toda acción en política debiera tener.
Un segundo argumento que ha ido apareciendo es que esta indicación estaría fuera del espíritu de la ley que la origina (que sustituye el sistema binominal), por lo que podría ser declarada inadmisible.
El argumento es peor que el anterior porque sería una evidente demostración de intentar eliminar por “secretaría” una norma necesaria para esta discusión. Las reformas electorales en democracia no son cosas que sucedan todos los días, por lo que abrir el debate a estas materias del régimen electoral parece del todo pertinente.
Fuente: Fundación Chile 21
