Miguel Krassnoff, Marcelo Moren y Manuel Contreras recibieron nuevas condenas. 31 agentes del Comando Conjunto fueron sometidos a proceso, lo que también sucedió con 25 militares por el denominado caso del asalto al polvorín del Regimiento Tucapel, en 1973. Se agolpan los casos que están cerrando y las condenas por graves violaciones a los derechos humanos. ¿Es qué se acabó la impunidad?. Nada de eso. Entérese de qué está sucediendo en el frente judicial de los derechos humanos.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una sentencia por el delito de tortura en contra de Miguel Krassnoff, uno de los ex integrantes la cúpula de la DINA, informó el Poder Judicial.

La Corte confirmó en un fallo, publicado por el Poder Judicial en su página web, la condena de 541 días de presidio contra Krassnoff por las torturas a que fue sometida Guacolda Raquel Rojas, simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenida en septiembre de 1975 en el centro clandestino Villa Grimaldi.

Sin embargo no es el único. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en segunda instancia una nueva condena contra los ex líderes de la DINA, encabezada por el general (r) Manuel Contreras. El fallo corresponde a la causa por el asesinato de Luis Arias Pino, un tornero mecánico y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en 1975.

Contreras fue condenado a 15 años de cárcel como autor de homicidio calificado y a otros 3 años por asociación ilícita. Con las mismas penas y por iguales delitos fueron sancionados el ex coronel Marcelo Moren Brito y el ex oficial de Carabineros Gerardo Godoy García, todos integrantes de la cúpula de la DINA.

Con esto, se acrecientan los casos que están cerrando y las condenas que se han ido dictando en temas de violaciones a los derechos humanos; y sin duda la curiosidad es porqué se están
generando esta situación.
Frente al tema, el abogado de derechos humanos, Héctor Salazar, aseguró que «indudablemente se pueden producir nuevos procesamientos a medida que se van investigando los casos, y sin duda algunos casos de ellos puede afectar a nuevas personas».

«Cada proceso tiene su propia dinámica, y cada juez actúa de acuerdo a su criterio y según su información. Por ello puede ser muy variado lo que suceda, en algunos casos quizás no hayan resultados, pero también puede existir una especie de hemorragia de procesamientos», mencionó el profesional.

Por otra parte, dijo a Cambio21 que «una de las cosas que hemos ido mejorando es la profundización de los casos. Ell trabajo que se ha realizado ha podido revelar gran parte de la situación criminal que se vivió durante la dictadura».

Casos pendientes por cerrar

Quien también tuvo palabras para poder explicar esta situación, fue el abogado Eduardo Contreras, quien dijo que «todo lo conseguido no es mérito del gobierno, es mérito de las agrupaciones que hemos sacado adelante cada caso. Los casos comenzaron en 1998 y recién ahora están saliendo a la luz, estamos muy atrasados, no es que se hayan presentado ahora los casos y ahora hayan salido», agregó el abogado.

Por último dijo a Cambio21 que «ahora están en juicio la querella por golpe de Estado, la cual es muy importante porque por primera vez logramos sentar en el banquillo de los acusados a los que cranearon el golpe».

Por su parte, el también abogado Nelson Caucoto tiene una opinión distinta, y aseguró que «si bien se han dictado varias condenas, para tener un avance de las causas de derechos humanos y una resolución de las mismas mucho más ágil, habría que volver a la designación de jueces con dedicación exclusiva».

«Este tema lo planteamos alguna vez, que pudieran restituir esta figura, que -según su juicio- ha sido una de las más exitosas en derechos humanos, y ahora pudo haber sido igualmente porque existe un número alto de casos pendientes», explicó el profesional.

Además, el defensor dijo que «igualmente los jueces tiene una sobre carga de trabajo al ser ministros. Pero si queremos avanzar realmente, necesitamos jueces que estén 24 horas pendientes del caso».

El abogado agregó a Cambio21 «esperamos que le dediquen tiempo porque realmente es agotador llevar este tipo de causas. Aunque reconozco que es una medida positiva».

Los casos que vienen

Los casos que están pronto a ser cerrados con sentencia por parte de la justicia son al menos cinco. La mayoría son emblemáticos y llevarían más de 100 nuevos detenidos en Punta Peuco.

Caso Calle Conferencia: Entre el 30 de abril y el 6 de mayo de 1976 la DINA desarrolló un procedimiento de detención y desaparición que tenia como objetivo la cúpula del Partido Comunista de Chile.

Entre estos días un grupo de agentes de las fuerzas represivas de la dictadura militar se encontraban en dos casas ubicadas en calle Conferencia una y en la casa ubicada en la calle Alejandro del Fierro 5113, esperando por los 5 dirigentes comunistas que permanecen hasta hoy en calidad de detenidos desaparecidos.

En ese contexto se ha procesado a más de medio centenar de ex agentes de la DINA, quienes permanecen detenidos en diversos recintos militares, dado que la Corte de Apelaciones ha rechazado en diversas oportunidades otorgarles la libertad provisional, esgrimiendo que por los delitos que están procesados constituyen un peligro para la sociedad.

Entre los oficiales procesados y ya retirados del Ejército que cumplieron misiones operativas en la DINA, al menos están César Manríquez Bravo, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Sovino Novoa, Humberto Chaigneau Sepúlveda y Sergio Castillo González. Este último es uno de los ex agentes represores que continúan recibiendo un sueldo mensual del Ejército, recontratado como empleado civil.

Caso Torres San Borja: El día 25 de marzo la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol 1520 2011, mantuvo la sentencia de primera instancia del 6 de abril de 2011, donde fueron condenados Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, cada uno a la pena de 10 años de presidio sin beneficios por seis homicidios calificados por el caso conocido como Torres de San Borja.

Las víctimas son Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero (matrimonio de turistas argentinos) , Víctor Garretón Romero, Jorge Salas Pararadisi, y Julio Saa Pizarro . Todos fueron detenidos ilegalmente por miembros del Ejército en la noche del 16 de octubre en la torre 12 del complejo de viviendas San Borja en el centro de Santiago y ejecutados en el túnel de Lo Prado el 17 de octubre de 1973, simulando una situación de fuga para cubrir el crimen.

Ya en 1976 las Naciones Unidas se pronunció con una resolución condenando la acción, por figurar entre las víctimas un funcionario del Fondo Monetario Internacional (Ricardo Montecinos). En cuanto a la demanda civil acompañante, el Fisco fue condenado al pago de 100.000.000 de pesos chilenos (USD 210.000) a cada uno de los familiares querellantes de la causa.

Caso Paine: El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís sometió a proceso a un total de siete personas -seis civiles y un militar (r)- por los secuestros y homicidios de un total de 26 opositores al régimen militar, que fueron detenidos en Paine entre septiembre y octubre de 1973 y cuyo destino aún está siendo investigado.

En cuatro resoluciones distintas, el magistrado procesó a los civiles Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas. Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado.

Finalmente, el ministro Solís procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.

Estas 22 víctimas fueron detenidas en la localidad de Paine, en octubre de 1973, de ahí fueron trasladadas a la quebrada de Los Quillayes en las cercanías del lago Rapel, donde habrían sido ejecutados.

Caso Comando Conjunto: – La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas por los secuestros calificados de Alfredo Salinas Vásquez el 3 de noviembre de 1975, y de José Sagredo Pacheco y Juan Antonio Gianelli Company, el 2 de junio de 1976 en la Región Metropolitana.

La sentencia aplicada el 4 de febrero de 2011 en contra de 6 ex agentes del denominado Comando Conjunto, elevando la pena en tres de ellos condenados y sobreseyendo a uno por fallecimiento. De acuerdo al dictamen, Freddy Ruiz Bunger está sentenciado a 5 años y 1 día de presidio, misma pena que cumple César Palma Ramírez, Juan Saavedra Loyola y Manuel Muñoz Gamboa. Ninguno puede optar a beneficios por ser co-autores de los delitos reiterados de secuestro calificado.

Daniel Guimpert Corvalán, en tanto, está en libertad vigilada tras la condena por 4 años como co-autor de secuestro calificado en la persona de Juan Antonio Gianelli Company.

Por fallecimiento fue sobreído Jorge Cobos Manríquez, sentenciado en 2011 en primera instancia a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional.

Fuente: información de Cambio 21

La tortura no se olvida

El grueso manto que ocultaba la realidad de la tortura ha comenzado a descorrerse. En ello ha influido, notoriamente, la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Chile, por negar el derecho a la justicia a Leopoldo García Lucero.

Este hombre, que vive en el Reino Unido desde 1975, fue víctima de torturas reiteradas –en diversos recintos–, entre el 16 de septiembre de 1973 y el 12 de junio de 1975, fecha en que salió de Chile, gracias a un decreto del Ministerio de Interior.

La CIDH no castigó el delito de torturas en sí, si no el hecho que Chile no hiciera una investigación de oficio, pese a conocer lo ocurrido con García Lucero desde 1994.

Este ex prisionero había remitido -el 23 de diciembre de 1993– una misiva al estatal Programa de Reconocimiento al Exonerado Político en Chile, en la que narraba lo sufrido. Este ente estatal acusó recibo de la carta un año después.

Aunque, en octubre de 2011, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una denuncia de García Lucero y ordenó que se iniciara una investigación judicial por su caso, el tiempo transcurrido entre cuando fue informado de los hechos y comenzó el juicio –16 años, 10 meses y siete días– fue considerado demasiado largo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Debido a la excesiva demora en iniciar la investigación de las torturas, Chile es internacionalmente responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”, señala el fallo condenatorio. El citado tribunal internacional ordenó a Chile continuar y concluir la investigación “dentro de un plazo razonable” y pagar la cantidad fijada por daño inmaterial (cerca de 20 mil libras esterlinas).

La memoria pertinaz

Este fallo condenatorio, en el caso García Lucero, ocurre en un momento de despertar de la memoria colectiva respecto del drama de la tortura. Ese fenómeno se desplegó, con fuerza nunca antes vista, en el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe militar. Numerosos programas de televisión abordaron esta temática. Víctimas de la tortura entregaron minuciosos detalles de lo sufrido. El País entero se enfrentó a una realidad que se mantenía oculta, bajo la alfombra.

Dos semanas antes del 11 de septiembre, se presentó en la ciudad-puerto de San Antonio el libro El despertar de los cuervos [Editorial CEIBO], del periodista Javier Rebolledo. El auditorio del nuevo centro cultural de esta ciudad –con capacidad para 500 personas– se repletó, y cientos quedaron afuera. El hecho causó conmoción, quizás porque –a pesar de haber sido una de las ciudades más afectadas por la represión política– sus habitantes nunca se han podido liberar del todo del yugo que significó haber sido sometidos por el entonces coronel Manuel Contreras.

Este genocida era, en septiembre de 1973, comandante del Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes, que fue el laboratorio que dio forma a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de la que fue creador y director. Según se señala en el referido libro, Tejas Verdes fue “el nido de la DINA”. Allí se capacitaron en métodos de tortura cientos de uniformados, que pasaron a integrar las filas de la DINA.

Cosme Caracciolo, líder histórico de los pescadores artesanales chilenos, entregó el testimonio del horror vivido por él en dicho centro de detención, tortura y exterminio. “Tejas Verdes representa, para mí, una de las cuestiones más tristes, más turbias y más oscuras que se pueda recordar de la Dictadura. Fíjate que cualquier persona que pasaba por el puente Las Rocas, hacia San Antonio o hacia Las Rocas de Santo Domingo, podía ver el campo de concentración, podía ver las torretas con las ametralladoras. Era igual que las imágenes que guardábamos de las terribles películas de los campos de concentración nazi. Eso era lo que la gente veía y yo creo que eso se hizo para infundir terror en la población”.

Cosme Caracciolo señala que fue detenido el 10 de marzo de 1975, en una redada que se hizo en San Antonio en contra de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR): “Yo estaba en mi casa; ese día, habíamos estado trabajando en la mar con mi padre y con otro par de compañeros pescadores […] cuando me desperté me di cuenta que los militares estaban dentro del dormitorio y me habían puesto en la cabeza el cañón de la ametralladora […] había uno que me pegaba con el cañón en la cabeza, y yo miro al lado y veo a mi esposa, la Tere, que estaba sentada en la cama: estaba llorando con la guagua [su hijo Luciano] en brazos, y yo les pedía a los militares, que venían con gorro pasamontaña […] que si me iban a hacer algo, me sacaran de ahí”.

“Me sacaron del dormitorio; mi mujer quedó llorando, en la casa; en el patio me golpearon, me amarraron y me vendaron […] Cuando me llevan a la camioneta, sentí el llanto de mi hermana Belinda… ella estaba en la cabina de la camioneta y me pedía perdón… ahí me di cuenta, por sus gritos […] que la habían sacado de la casa para que dijese dónde yo vivía”.

Al llegar al lugar de reclusión y después de tenerlo un par de horas en el piso, iniciaron el `interrogatorio´. “Yo, lo único que pedía era que liberaran a mi hermana: [ella] había tenido un parto hacía muy poco tiempo… entonces. yo lo único que quería era que la liberaran”.

Como a los tres días, uno de los guardias le informó que la habían soltado. Poco después, ella se fue a Suiza, país en el que aún está radicada.

Cosme continúa su narración: “Esa noche me llevaron a sesión de interrogatorio; es decir, de tortura […] Me metieron a una sala con la ropa que estaba no más y me tiraron sobre una camilla, o cama. Me pusieron unos perros metálicos en los lóbulos de los oídos y bueno, ahí [comenzó] una sesión de electricidad. Llegaba el momento en que era tan fuerte la electricidad que uno empezaba como a convulsionarse… y ahí te paraban la electricidad y volvían a preguntarte huevadas, tonteras, estupideces […] Para mí eran cuentos, invenciones; entonces, no podía tener respuestas a esas cuestiones… creo que me desmayé después, porque sentí como me llevaban en el aire y me tiraron entre medio de los compañeros que estaban en el piso”.

“Toda esa noche, estuvieron sacando compañeros y los sometían a lo mismo que me habían sometido a mí […] no podías dormir… no sabías si la luz estaba encendida, o apagada. No sabías si estaban los guardias adentro… de repente escuchabas: ‘aquí viene un huevón, aquí traemos uno’ y lo tiraban al piso […] yo intenté conversar con los compañeros que llegaban, para darle un poco de fuerza […] y nos agarraban a puntapiés y culatazos a los que tratábamos de conversar con los que venían llegando. Esa fue la primera noche, fue una noche horrible y esto continuó así, sin parar”.

El pescador Caracciolo, que durante la primera década de este siglo presidió la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), expresa que, a pesar de lo horrible de las torturas, lo que más le afectó fueron las humillaciones.
Dice que durante los primeros cinco o seis días de reclusión no recibió alimento alguno. Transcurrido ese tiempo, le soltaron las manos a él y a otros cuatro detenidos y los invitaron a comer. “Era sólo una fuente para cuatro prisioneros. Yo, instintivamente, traté de apropiarme de la fuente, y para hacerlo atiné a golpear a mis compañeros”.

Dice que, luego de unos segundos, recapacitó, lloró y dejó de comer. Esa experiencia la recuerda como la peor de toda su vida. “Nos rebajaron a la categoría de seres irracionales, porque podría haber sido un hermano al que le pegaba, por un poco de comida”, manifiesta.

Caracciolo estuvo detenido cerca de tres meses, en los que fue torturado casi todos los días. Al ser liberado, le pidieron a él y a otros prisioneros que contaran que habían sido tratados bien.

A pesar de los tormentos vividos, Caracciolo –que, ahora, tiene 60 años– inició una lucha clandestina contra la Dictadura, que nunca abandonó. De hecho, aún es uno los dirigentes sociales más combativos de Chile.

Fuente: Proceso