Aparte del neoliberalismo, hay otra característica común en los tres ex presidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos Escobar y Sebastián Piñera Echenique: los tres perciben una «dieta parlamentaria», que sumadas otras asignaciones y gastos, supera los 18 millones de pesos mensuales, abuso que el abogado Roberto Avila, intentará revertir. A modo de ejemplo, Sebastián Piñera, sólo por este concepto, se ha embuchado 832 millones de pesos en los últimos cuatro años.
El abogado Roberto Ávila anunció una acción judicial para intentar la nulidad de la norma aprobada en el año 2000, que otorga una millonaria remuneración mensual a los ex mandatarios.
Para el autor de la iniciativa, abogado Roberto Avila, la norma que establece una dieta de unos 18 millones de pesos a los ex presidentes, se trata de «una reforma constitucional hecha para garantizar una buena vejez al dictador Augusto Pinochet”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado confirmó que presentará una acción judicial en los tribunales civiles para anular dicha norma dado que señala “es un privilegio inaceptable»:
«La moción parlamentaria que se presentó establece la creación de una nueva dignidad, algo más cercano a las monarquías que a la República».
De acuerdo al sitio web del Senado, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle recibe una dieta mensual que alcanza los $9.121.806, sumado a las asignaciones por traslado y gastos de oficina que llegan a los 9.610.842 pesos.
Similares cifras reciben también los ex mandatarios Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.
En total, desde que dejaron la primera magistratura, Frei habría recibido un monto cercano a los 6 millones de dólares por este concepto; Ricardo Lagos 4 millones de la divisa estadounidense y Sebastián Piñera cerca de 832
millones de pesos.
Para el abogado Roberto Ávila, a esto hay que sumarle el beneficio del fuero judicial, lo que atenta contra el principio de la igualdad dictada en la Constitución:
“Chile se independizó de España no solo para separarnos de la metrópolis, sino que por la nueva concepción que existía en el mundo basado en los principios de la igualdad y la fraternidad. Aquí lo que se establece es un
privilegio inaceptable”.
Para el jurista esta situación podría constituir incluso un fraude al fisco:
“Por lo pronto, a mi juicio, jurídicamente lo que hay es una ley dictada bajo sanción de nulidad de derecho público. Se ha establecido un privilegio, se provocó un desembolso sin causa al Estado y esto se puede anular con un juicio en los tribunales civiles”.
Concluyó:
“El dictador Augusto Pinochet estaba convencido que él era el Estado, el problema fue que la clase política que hizo la transición terminó pensando lo mismo. Llos ciudadanos no pueden permanecer pasivos al respecto, este es un tema transversal; estoy seguro que gente de derecha, que tiene como referente al austero Jorge Alessandri, esta situación les debe repugnar”.
La dieta de los tribunos
