Al día de hoy, muchos políticos están investigados y/o formalizados por el delito de subdeclarar rentas para evadir impuestos. Sin embargo, mucho antes que ellos la familia Pinochet utilizó el mismo método. De hecho, en estos mismos instantes se tramitan al menos tres juicios tributarios por deudas de integrantes de la familia Pinochet-Hiriart que suman más de tres mil millones de pesos, equivalentes a 4,5 millones de dólares, al cambio de hoy.
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La deuda de más de $3 mil millones que el Estado reclama a la familia Pinochet
Nicolle Peña
La Corte de Apelaciones ordenó al Primer Tribunal Tributario, en mayo de este año, repetir un juicio que declaró prescrita una deuda de Verónica Pinochet por $ 64 millones, mandato que según su abogado “vulnera derechos humanos”. La Corte Suprema está a punto de dictar sentencia en una causa que tuvo a su hermana Inés Lucía al borde del embargo y los abogados de Marco Antonio Pinochet preparan los alegatos que tendrán lugar en la Corte de Apelaciones dentro de las próximas semanas. Al incumplimiento tributario de los hijos perseguido por el Fisco, se suma la deuda de $2.500 millones que según el SII arrastró a su sucesión el ex general Augusto Pinochet.
La víspera de la Navidad pasada tuvo un tono diferente para una de las integrantes del clan Pinochet. El 21 de diciembre, a las 11:40 horas, Inés Lucía Pinochet Hiriart, primogénita del exgeneral Augusto Pinochet Ugarte, recibió en su domicilio de la calle Los Dominicos, en la zona oriente de Santiago, una notificación de embargo emitida desde la Tesorería General de la República por una deuda de $354 millones en impuestos.
La hija mayor de Pinochet apeló en varias ocasiones y, por ahora, el embargo de sus bienes y el fallo sobre su caso se mantienen pendientes.
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Pero el desenlace de la causa tributaria que enfrenta a Inés Lucía Pinochet con el Fisco está lejos de ser la única que afecta al núcleo familiar del exdictador. En los últimos meses una serie de diligencias reactivaron las casos por impuestos impagos que se judicializaron en 2006 tras el estallido del caso Riggs (2004) y a las cuales Radio Bío Bío tuvo acceso.
En ese entonces, el Servicio de Impuestos Internos (SII) activó fiscalizaciones que concluyeron que el exgeneral y parte de su familia subdeclararon rentas, pagando así menos impuestos. El organismo procedió a la emisión de liquidaciones -acto que determina el impuesto adeudado- que arrojaron deudas del exgeneral y, al menos, tres de sus hijos, por más de $3 mil millones.
Factor común en todos los casos fue la incapacidad, a juicio del SII, que tuvieron los contribuyentes para justificar ingresos. Ante esto, el artículo 70 de la Ley de la Renta estipula que “se presume que toda persona disfruta de una renta a lo menos equivalente a sus gastos de vida y de las personas que viven a sus expensas (…) si el interesado no probare el origen de los fondos con que ha efectuado sus gastos, desembolsos o inversiones, se presumirá que corresponden a utilidades afectas al impuesto de primera categoría (…) atendiendo a la actividad principal del contribuyente”.
Lejos de acatar, los contribuyentes objetaron los cálculos del SII y presentaron reclamos. Estos dieron origen a procesos judiciales que siguieron un camino paralelo y silencioso al de los otros que involucraron al círculo de Augusto Pinochet.
Inés Lucía, con embargo y sentencia pendiente
Dos días antes del año nuevo recién pasado, el abogado de Inés Lucía Pinochet Hiriart, Christian Plass Encina, presentó ante la Corte Suprema una solicitud de suspensión del cobro por $354 millones que la Tesorería -organismo a cargo de recaudar los impuestos – emitió en diciembre, logrando mantener congelada, tras otras sucesivas apelaciones, la orden durante todo este año.
En las liquidaciones emitidas el 23 de agosto de 2006, el SII detectó que entre 2000 y 2005 Inés Lucía Pinochet recibió rentas que no tributaron. Estas se vinculan principalmente a movimientos en pesos y dólares de las cuentas bancarias en Chile y en el extranjero por unos $1.094 millones. Entre ellos, $815 millones correspondientes a egresos desde cuentas corrientes suyas y de la sociedad Redwing en la cual participaba.
Además, y según consta en otros anexos de las liquidaciones reclamadas, desde las cuentas bancarias que Inés Lucía Pinochet mantenía en el extranjero ingresaron a su patrimonio intereses por unos $18 millones.
“Debido al volumen de ingresos de fuente indeterminada, sin que la contribuyente ejerza regularmente algún tipo de profesión o actividad remunerada estable y justificada, sólo se puede concluir que los ingresos que percibió no han tributado en la oportunidad ni a las tasas correspondientes”, dictaminó la Corte de Apelaciones en octubre de 2015, confirmando así la postura del SII.
Por eso en noviembre de ese año Inés Lucía Pinochet acudió a la Corte Suprema para dejar sin efecto los cobros en cuestión. Los alegatos por esa solicitud se materializaron el 17 de agosto recién pasado y las partes están a la espera de la sentencia que redactará el ministro Milton Juica.
Descargue el recurso de casación de Lucía Pinochet Hiriart
María Verónica Pinochet y el fallo que “vulnera derechos humanos”
El SII le atribuyó una deuda tributaria por impuesto a la renta, reintegros y donaciones entre los años 2000-2005 por $64,9 millones.
En 2014, y a diferencia del resto del clan, María Verónica Pinochet Hiriart decidió trasladar el juicio que derivó de ese monto a los -en ese entonces recientemente estrenados- Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). Estos, fueron creados para garantizar imparcialidad en la justicia tributaria que hasta ese entonces había estado radicada en el mismo SII, entidad que por ello era calificada como “juez y parte”.
Materializado el traspaso, la causa inició su tramitación en el Primer TTA de Santiago el segundo semestre de 2014. Fueron los más de ochos años transcurridos desde su génesis lo que llevó a que en abril de 2015, el juez declarara la prescripción de la deuda, dejando sin efecto las liquidaciones del SII.
“Desde 2006 a la fecha, han transcurrido más de ocho años, constituyendo esta falta de juzgamiento una conveniencia para el fisco mantener el proceso sin resolverlo, toda vez que a mayor tiempo más se incrementa el monto a pagar, existiendo una especie de enriquecimiento sin causa para el Estado, derivada de su propia falta de servicio”, sentenció el TTA.
Pero tras un pronunciamiento solicitado por el organismo público, la Corte de Apelaciones no tuvo la misma apreciación y el 12 de mayo de 2016 revocó la resolución de primera instancia, ordenando al Primer TTA a repetir el juicio.
La Corte precisó que al haber ejercido el derecho a opción, el juicio se reinició en los TTA, cirscunstancia que hace inviable jurídicamente toda la argumentación del juez”. Por ende, “no habiendo resuelto la controversia el magistrado llamado a ello, debe entonces acogerse el recurso, en cuanto dejar sin efecto la sentencia (…) junto con revocar la sentencia se dispondrá que el juez a quo no inhabilitado conozca los antecedentes de este juicio y dicte la sentencia definitiva de acuerdo al mérito y lo obrado en el proceso”, mandató la Corte de Apelaciones.
No contentos con ello, María Verónica Pinochet y su abogado, Oscar Otazo, presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema, insistiendo en la prescripción de la acción del SII y precisando que todos los ingresos cuestionados tenían “calidad de ingresos no renta por tratarse de alimentos”. Es decir, habrían correspondido a la pensión alimenticia extendida por el ex marido de Verónica Pinochet -el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou- y a una ayuda para el mismo fin y para su mantención personal que le otorgaban Augusto Pinochet Ugarte y Lucía Hiriart.
Otazo recalcó ante la Suprema que estos montos “guardan perfecta armonía con los verdaderos gastos de la vida familiar que por principios de lógica y de realidad económica son muy superiores a los presumidos convenientemente por el servicio”.
Pero la defensa de Pinochet fue más allá y acusó ante el máximo tribunal que la sentencia de la Corte de Apelaciones “vulnera derechos humanos esenciales del contribuyente (…) como lo son el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a ser oído oportunamente en el ejercicio de sus derechos”.
Pese a los esfuerzos, el recurso de casación fue declarado inadmisible por la Corte Suprema en julio recién pasado. Tras ello, el juicio retornó al Primer Tribunal Tributario de Santiago.
Descargue el recurso de casación de Verónica Pinochet Hiriart
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Marco Antonio y Augusto Pinochet Ugarte
En noviembre del año pasado y a petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Corte de Apelaciones decidió unificar la tramitación de las cinco causas por impuestos impagos entre el SII y el exgeneral Augusto Pinochet y la de su hijo, Marco Antonio.
Esto, “por razones de economía procesal” y para obtener una “visión de conjunto”. De acuerdo a fuentes vinculadas al proceso, las deudas tributarias del fallecido dictador ascienden a $2.500 millones, mientras que la de su hijo a $380 millones.
“Cuando los impuestos no se pagan en vida, se arrastran a su sucesión. Cuando un contribuyente fallece, sus herederos adquieren sus pasivos y activos”, explicó uno de los abogados que participa en este juicio.
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De toda la familia, este es el caso que registra los movimientos más recientes. De hecho, los alegatos de estaban agendados para la primera semana de este mes, pero la renuncia del abogado de Pinochet Ugarte, Fernando Barros Tocornal, ralentizó el avance.
El 23 de agosto pasado Barros oficializó su decisión ante la Corte, cerrando un capítulo de larga data ligado a la familia Pinochet. Socio del estudio Barros y Errázuriz, asesor de Sebastián Piñera en la venta de LAN, e integrante de los grupos empresariales más influyentes, en 1998 estuvo a cargo de la defensa de Augusto Pinochet cuando éste fue detenido en Londres. Barros también notificó de su renuncia a la albacea de la sucesión de Pinochet Ugarte, ya que éste es el encargado de “pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante”.
Por eso, el 1 de septiembre las partes pidieron suspender el procedimiento por 10 días hábiles. El plazo se cumplió la semana pasada y tras la definición del nuevo abogado, habrá una nueva fecha para los alegatos. Desde el Fisco estiman que tendrá lugar antes de fines de octubre.
Todo esto ha causado preocupación en el abogado de Marco Antonio Pinochet, Christián Plass, quien expuso ante la Corte de Apelaciones que su causa se puso en tabla el 06 de mayo de este año “y todavía no puede verse por los problemas que surgen en las otras causas (…) de estimar que esta parte está en lo correcto en su argumentación seguirán los inconvenientes”.
En el Fisco aseguran que inicialmente la deuda de Marco Antonio, detectada principalmente por movimientos bancarios y venta de acciones, llegaba a $490 millones. El hijo del exgeneral Pinochet habría recibido una rebaja luego de que presentara antecedentes ante el SII en las etapas previas.
Descargue el téngase presente de4l abogado Cristián Plass
Fuente: Radio Bío Bío
