A cuarenta años de ocurridos los hechos y tras 15 años de investigación, en la que destacó la actuación de los ministros Juan Guzmán y Víctor Montiglio, la justicia dictó las primeras condenas por los crímenes de la denominada ‘Caravana de la Muerte’. Así, el ministro Leopoldo Llanos , condenó a la pena de 15 años de cárcel por los homicidios ocurridos en Antofagasta a los ex oficiales de Ejército Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud, quienes serán notificados en los próximos días.
Los cuatro ex uniformados que aparecen como autores de 14 homicidios calificados registrados en la ciudad de Antofagasta tras el golpe militar de 1973.
Cabe recordar que la mítica comitiva recorrió gran parte del país tras el golpe militar de 1973. Y su comandante, el general Sergio Arellano Stark, tenía la siguiente orden: “Oficial Delegado del Comandante en jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno” para “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia” de los prisioneros.
En 17 días recorrieron en un helicóptero Puma 16 ciudades, dejando como saldo a 71 detenidos muertos.
La investigación se abrió en 1998 en manos del entonces ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, quien el año 2006 logró desaforar a quien emitió la orden que llegó a manos de Arellano, el general Augusto Pinochet.
Luego, la causa pasó al ministro Víctor Montiglio, quién logró notables avances.
El actual investigador de los hechos, el ministro Leopoldo Llanos, condenó a 4 ex uniformados a la pena de 15 años de cárcel por los homicidios ocurridos en Antofagasta.
Por lo anterior, Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud serán notificados de la alta condena.
Al respecto, Rosa Silva, hija de uno de los 14 ejecutados sin juicio, Mario Silva, lamentó la tardanza de la justicia.
En tanto que el abogado que representa a la mayoría de las familias de las víctimas, Cristián Cruz, reconoció lo lento del proceso, pero agradeció el esfuerzo que hicieron los jueces.
Mientras que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, no hizo comentarios ante estas críticas y optó por destacar las garantías que le han dado a los jueces que instruyen causas por violaciones a los derechos humanos.
Vale añadir, además, que las condenas afectan también a Pablo Martínez Latorre como cómplice, a cinco años de cárcel, y a tres encubridores.
De todos modos, vale destacar que el general Sergio Arellano Stark no aparece entre los sentenciados, ya que fue declarado inimputable por demencia.
Finalmente señalar que las indemnizaciones, según el fallo del juez Llanos, se fijaron en 100 millones de pesos para las viudas o madres de las víctimas y 50 millones para cada uno de sus hijos.
Notificaciones
A partir de este lunes serán notificados por parte de la justicia los militares retirados que participaron en el episodio Antofagasta del denominado caso Caravana de la Muerte y que recibieron penas de cárcel que van desde los cinco a los quince años de presidio.
El ministro en visita en calidad de juez especial, Leopoldo Llanos, notificará a los coroneles en retiro del Ejército, Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y al mayor en retiro Patricio Ferrer Duco, por la pena de quince años de cárcel debido a su responsabilidad en catorce muertes ocurridas en la capital de la segunda región el 18 de octubre de 1973.
Además fue condenado con cinco años de presidio el teniente (r) Pablo Martínez Latorre en calidad de cómplice.
El juez Leopoldo Llanos dispuso también el pago de 100 millones de pesos para las madres o viudas de las victimas y otros 50 millones para cada uno de los hijos.
Conocido el dictamen, el Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, valoró la resolución indicando que Chile es uno de los pocos países que ha abordado judicialmente materias de Derechos Humanos con dedicación exclusiva y sentencias.
«(Chile) es uno de los pocos países en el mundo que afrontó el problema de los Derechos Humanos y que designó jueces para investigar las infracciones, y jueces que son miembros de las Cortes de Apelaciones son magistrados con experiencia», afirmó.
«Esta acción del Poder Judicial y por lo tanto del Estado chileno no se encuentra fácilmente en muchos países. Hubo algunos que obviaron esto y simplemente no hicieron nada», agregó la autoridad indicando que espera el pronto cierre de más causas relacionadas.
Cabe recordar que en esta ocasión el general (r) Sergio Arellano Stark, de 88 años y con varias condenas a su haber, no fue sentenciado por poseer calidad de inimputable debido a que padece Alzheimer.
El caso Caravana de la Muerte aborda la ejecución extrajudicial de supuestos detractores a la dictadura, detentando un oficio reservado del entonces comandante en jefe del Ejército y presidente de la junta militar, general Augusto Pinochet Ugarte, por parte del general (r) Sergio Arellano Stark.
Se estima que la comitiva dio muerte en todo el país al menos a 97 personas.
La Misión
Al instaurar la Junta Militar en Santiago, Augusto Pinochet tornó su atención a sus mandos en provincia, donde autoridades civiles y militares se conocían más estrechamente, quienes no ejercían la misma mano dura ya conocida y temida en la Capital. Para asegurar que los comandantes blandos provinciales acataran la política represiva de la Junta, Pinochet encomendó al General Sergio Arellano Stark la misión especial de «uniformar criterios de administración de justicia y acelerar procesos» de los prisioneros políticos. Para facilitar su tarea, Pinochet le designó «Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno,» otorgándole a Arellano autoridad para actuar en su nombre.
En 1999, Arellano explicó al Ministro de Fuero Juan Guzmán el propósito de su delegación:
«La preocupación fundamental era que todos los procesados pudieran tener una defensa adecuada. Además que no se abusara del poder que se tenía en esos momentos, para dejar una buena imagen de las Fuerzas Armadas en la población civil.»
No obstante el declarado propósito humanitario que Arellano consigna a su misión, los hechos hablan de un propósito siniestro. Sin ninguna pretensión de crear una fachada de legalidad, como fueron los Consejos de Guerra, los prisioneros fueron sacados y fusilados bajo la oscuridad de la noche, la mayoría de las ejecuciones atribuidas a «intento de fuga.»
El teniente coronel en retiro Marcos Herrera Aracena, quien sostuvo contacto con Arellano cuando la comitiva llegó el 18 de octubre de 1973 a Antofagasta donde era auditor militar de la 1ra División de Ejército, declaró en este respecto al Ministro Guzman:
» El general Arellano me informó que lo que quería el general Pinochet era terminar luego con los procesos que permanecían pendientes… O sea, cortar de una vez por todas los procesos.»
El teniente coronel en retiro Olagier Benaventes Bustos, el segundo comandante del regimiento Talca cuando, el 30 de septiembre de 1973, Arellano inauguró su gira en esa ciudad, da cuenta de otro objetivo (citado en el libro «La misión era Matar.»):
«Pienso que una de las razones de la misión fue sentar un precedente de drasticidad para atemorizar la presunta voluntad de lucha del pueblo chileno. Pero sin lugar a dudas, fue también para infundir miedo y terror en los mandos. Para que no tuvieran ningún tropiezo, hasta la última jerarquía: ¡señores, esto les puede pasar a ustedes!»
Acompañado por una comitiva de diez oficiales del Ejército, Arellano recorrió desde el sur hasta el norte del país entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1973. El paso del helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército con su comitiva a bordo dejó a 26 personas muertas en el sur y otras 71 en las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, y Calama al norte del país, un recorrido escalofriante bien merecedor del apodo, la «Caravana de la Muerte.»
Señala el abogado querellante Hugo Gutiérrez (en el Prólogo al libro «La misión era matar»):
«Existía para Pinochet la necesidad de rectificar penas bajas impuestas a los prisioneros de guerra que ya estaban ejecutoriadas, sancionar a aquellos jefes militares que las habían aplicado y de crear la convicción entre los integrantes de la Fuerzas Armadas de que se estaba en guerra.»
En tanto, la comitiva de Sergio Arellano Stark estableció lo que fue el marco fundacional de la dictadura, al implantar el terror en la población y el acatamiento total de los militares. Además de la secuela de prisioneros ejecutados sumariamente, los siguientes oficiales militares fueron castigados por «blandos»:
– En Talca el teniente coronel Efrain Jaña Giron, oficial constitucionalista, encargado del Regimiento de Montaña N.16 fue destituido el 30 de septiembre de 1973 por «incumplimiento de deberes militares» y reemplazado por el segundo comandante del regimiento, teniente coronel Olagier Benavente Bustos. Estuvo dos años preso en Santiago.
– El Mayor Fernando Reveco Valenzuela presidió los primeros Consejos de Guerra en Calama, hasta fines de septiembre de 1973. El 2 de octubre fue relevado de su cargo de presidente del tribunal por aplicar condenas demasiadas «blandas.» Fue llevado a Santiago donde se le condenó por incumplimiento de deber militar. Fue torturado en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea en Tacna y encarcelado por 15 meses.
La Comitiva de los Responsables
Cómo y quien eligió a los integrantes de la comitiva ha sido un foco polémico. Sin embargo se puede discernir que los once oficiales del Ejército seleccionados para la misión compartían la característica de haberse comprobado en su accionar después del golpe, como militares de sangre fría, muchos en la Agrupación de Combate Santiago bajo el mando de Arellano. En los años posteriores a la campaña sangrienta de la Caravana de la Muerte, el silencio que guardaron con respecto a estos hechos comprobó además que eran hombres confiables y leales a su jefe máximo Augusto Pinochet.
A excepción de los pilotos del helicóptero Puma, todos los integrantes de la brigada participaron en la gira al sur como también la que recorrió el norte, con participación personal en los fusilamientos. Los integrantes de la comitiva, además de dos suboficiales de la Escuela de infantería, fueron los siguientes oficiales del Ejército:
– Sergio Arellano Stark, general de Brigada y comandante de la Agrupación de Combate Santiago. Fue ascendido el 1 de diciembre de 1973 por Pinochet a general de la II División del Ejército.
– Teniente Coronel Sergio Arredondo González, el jefe de Estado Mayor de Arellano al mando de la Agrupación de Combate Santiago-Centro. En octubre 1973 fue designado director de la Escuela de Caballería.
– Mayor Pedro Espinoza Bravo, del departamento de inteligencia del Ejército, pasó a ser el Jefe de Operaciones de la DINA y sirvió 5 años por autor intelectual del asesinato del canciller Orlando Letelier.
– Capitán Marcelo Moren Brito llegó a ser comandante de Villa Grimaldi, notorio recinto de detención y tortura, donde fueron vistos por última vez con vida a numerosas personas desaparecidas.
– Teniente Armando Fernández Larios, de la Escuela de Infantería de San Bernardo, quien pasó a ser un operativo de la DINA, involucrado en el asesinato del Canciller Orlando Letelier y otros atentados fuera de las fronteras de Chile. Fue condenado por tribunales de Estados Unidos a 27 meses de prisión.
– El Teniente Juan Chiminelli Fullerton, coordinador logístico de la misión, fue ascendido a teniente coronel y se desempeñó en el departamento de operaciones exteriores de la DINA.
– Antonio Palomo Contreras, piloto del helicóptero en la gira del sur. En el 2000 fue señalado como uno de piloto del helicóptero desde cual prisioneros fueron arrojados al mar.
– Mayor Carlos López Tapia, un de los ejecutores, llegó a ser Jefe de División de Inteligencia Metropolitana que operó desde la Villa Grimaldi.
– Emilio de la Mahotiere González, copiloto en el sur y piloto en el viaje al norte.
– Luis Felipe Polanco, copiloto y ejecutor en la gira al norte.
La Renuncia de un General
El 18 de octubre de 1973 Arellano había llegado a Antofagasta. Mientras pasaba la noche en casa del General Joaquín Lagos, comandante de la 1ra División del Ejército y jefe de zona en Estado de Sitio, su comitiva estaba matando a catorce prisioneros. Sin respetar jerarquía y obrando a las espaldas de su oficial superior, Arellano puso en marcha la masacre programada para Antofagasta con colaboración del Servicio de Inteligencia Militar local y algunos oficiales subalternos de Lagos.
En el momento de los hechos, Lagos no sólo era comandante de la 1ra División del Ejército sino también, a partir del golpe militar, el Intendente de la provincia de Antofagasta. A pedidas de Arellano, el coronel Adrián Ortíz Gutmann, director de la Escuela de Blindados bajo comandancia de Lagos, puso a su disposición dos camiones para sacar a los prisioneros por la noche, sin autorización de Lagos, su superior.
La suma de 56 personas fue ejecutada en la jurisdicción de Lagos: 16 en Copiapo el 17 de octubre, 14 en Antofagasta el 18 octubre y en Calama fueron 26 los ametrallados en la madrugada del 19 de octubre.
Los militares ejercieron especial brutalidad, en muchos casos, despedazando con corvos a los prisioneros antes de fusilarlos. Cuando, en años posteriores, se le preguntó por que no había entregado los cuerpos a las familias para entierro, Lagos explicó que le daba «vergüenza» que se descubriera la bárbara forma en que los oficiales del Ejército masacraron a los 14 hombres.
Recién la mañana siguiente del 19 de octubre, después de despedirse de Arellano, supo el general Joaquín Lagos lo que había sucedido esa noche. Unos 28 años después, recordando ese momento durante un programa de televisión, comentó:
«Me sentí con dolor, con impotencia, con rabia, con todo lo que se puede imaginar ante un hecho de esta naturaleza que hicieron en mi zona jurisdiccional y ante mis espaldas.»
Ese mismo día pidió audiencia a Pinochet quien se encontraba de paso por Antofagasta y le pidió que aceptara su renuncia. Lagos se acuerda que en ese momento, el ex comandante en jefe se levantó a telefonear a Arellano. Al no localizarlo, Pinochet dejó el siguiente recado: «Díganle al general Arellano que no haga nada más.»
Se cree que el alto a los asesinatos después de Calama se debe a la denuncia que hizo Lagos a Pinochet.
El 1 de noviembre Pinochet le devolvió el informe que Lagos le había redactado sobre lo sucedido, ordenando que borrara toda referencia a lo que había hecho Sergio Arellano Stark como su Delegado Oficial. En 1999, el general en retiro Joaquín Lagos reconoció que fue obligado a alterar el informe. También reveló que tomó la precaución de guardar el documento original rechazado por Pinochet. A más de 27 años después, gracias a la cautela del ex general Lagos, se puede comparar los dos documentos. Lagos señala que debajo la lista de los ejecutados fue ordenado a borrar la frase «por orden del Delegado del Comandante en Jefe» y poner su propia firma. Así pasaría a ser el responsable de los crímenes cometidos en su zona jurisdiccional.
Efectivamente, cuando les tocó declarar ante el juez Juan Guzmán, ambos Pinochet (23 de enero de 2001) y Arellano (1999) afirmaron que la responsabilidad por las matanzas era de los «jefes de guarnición», en clara alusión al general Joaquín Lagos. No obstante sus maniobras para desviar la culpa, en junio de 1999 Guzmán procesó a los integrantes de la comitiva Caravana de la Muerte, entre ellos Arellano, por los delitos de secuestro calificado de 19 personas y en enero 2000 a Pinochet como autor inductor de los delitos de secuestro y homicidio calificados.
Momentos claves del proceso
La primera querella criminal en contra de Augusto Pinochet por los crímenes cometidos por la comitiva militar dirigida por Sergio Arellano Stark fue presentada el 22 de enero de 1998 por la familia del abogado Héctor Mario Silva, ejecutado en Antofagasta el 19 de octubre de 1973.
25 de junio de 1998
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Calama presentó la segunda querella en contra Pinochet por los secuestros y asesinatos de 26 personas en Calama el 19 de octubre 1973.
8 Junio 1999
La Corte de Apelaciones procesa a cinco integrantes (Sergio Arellano Stark, Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza Bravo, y Sergio Arredondo Gonzalez) de la comitiva Caravana de la Muerte por los delitos de secuestro y homicidio cometidos contra 19 personas.
8 de agosto 2000
El Pleno de la Corte Suprema, por 16 votos a favor y 4 en contra, confirmó el desafuero de Augusto Pinochet, debido a las «fundadas sospechas» de su participación como «autor, cómplice, o encubridor.»
1 de Diciembre 2000
El Ministro Juan Guzmán dictó auto de procesamiento en contra de Augusto Pinochet en calidad de coautor de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado cometidos por la Caravana de la Muerte en La Serena, Copiapó, Calama y Antofagasta. Abarcó 18 ejecutados cuyos cuerpos no habían sido encontrados y 57 que habían sido identificados y entregados a sus familiares.
9 de Julio 2001
La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones ordene el sobreseimiento temporal y parcial del senador Pinochet, sin que le haya practicado el fichaje. La resolución deja a Pinochet fuera de la investigación que instruye el ministro Juan Guzmán por los homicidios y secuestros que se imputa a la Caravana de la Muerte. El tribunal aplica las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, que aún no entran en vigencia, que permiten excluir del juicio a una persona que sufre de locura o demencia.
Recurso de Casación en apelación del sobreseimiento temporal fue interpuesto por Eduardo Contreras y Hugo Gutiérrez.
9 de enero 2002
La Corte Suprema acogió a tramitación un recurso de inaplicabilidad, interpuesto por Alfonso Insunza. Solicita que se declare inconstitucional el sobreseimiento por razones de salud mental, al aplicar el nuevo Código Procesal Penal que no está vigente en la Región Metropolitana.
15 de octubre 2008
En la primera condena relacionada a la Caravana de la Muerte, la Corte Suprema dicta sentencia de 6 años de presidio efectivo al general en retiro Sergio Arellano Stark. La condena es por los fusilamientos extra judiciales en San Javier el 2 de octubre de 1973 de Teófilo Arce Tolosa, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez, todos miembros del Partido Socialista.
Arellano Stark y su comitiva llegaron a la Escuela de Artillería de Linares donde ordenaron al coronel Gabriel del Río a ejecutar a los cuatro detenidos. Cuando el oficial se negó, Arellano ordenó al fiscal militar Carlos Romero Muñoz a llevar a cabo las ejecuciones.
La Corte Suprema sentenció a Carlos Romero Muñoz a 6 años de cárcel y sentenció a 4 años de libertad vigilada a Mario Cazenave Pontanilla, Jose Parada Muñoz y Julio Barrios Espinace. Además resolvió que el fisco debe indemnizar a los familiares de los víctimas con 80 milliones de pesos.
Los ministros Hugo Dolmestch, Jaime Rodríguez, Carlos Kunsemuller y el abogado Juan Carlos Cárcamo votaron por condenar a Arellano, mientras el ministro Rubén Ballesteros quiso aplicar la prescricpción.
