Las dos cámaras del Congreso aprobaron por amplias mayorías el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de despenalización en tres causales. En cualquier país normal, la decisión del Congreso se transforma en ley; salvo en la peculiar «democracia» de este país, que tiene una tercera cámara para que la derecha gane por secretaría lo que no consiguió en votos en sala. Una razón más para terminar con el espurio «Tribunal» Constitucional.
Con 70 votos a favor, 45 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados ratificó la propuesta de la Comisión Mixta que repuso el texto relativo al procedimiento que debe seguirse en el caso de las menores de 14 años de edad que apelen a la causal de violación para la interrupción del embarazo.
La norma establece que, en ese caso, la decisión debía ser adoptada con autorización de su representante legal o, de no estar o denegar el permiso, a través del tribunal, pero con los antecedentes entregados por el médico.
La propuesta de la Comisión Mixta, que en el caso de la Cámara fue integrada por los diputados Claudia Nogueira (UDI), Víctor Torres (DC), Marco Antonio Núñez (PPD), Leonardo Soto (PS) y Nicolás Monckeberg (RN), será vista ahora por el Senado y luego remitida al Ejecutivo.
El proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales podrá aplicarse en caso de peligro de la vida de la madre; por inviabilidad del feto y por violación.
El texto legal dispone que, mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano ante las tres situaciones señaladas:
En primer lugar, cuando la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.
La segunda causal ocurre cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal.
En tercer término, se despenaliza el aborto cuando sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.
En todas las causales, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo.
Además, el texto detalla el procedimiento en caso que la mujer por razones de salud no pueda expresar su consentimiento; en el caso de personas con discapacidad sensorial, ya sea visual o auditiva, y para las personas con discapacidad mental psíquica o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictas y que no puedan darse a entender por escrito.
Si la mujer ha sido judicialmente declarada interdicta por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla.
Otra de las materias aprobadas es el programa de acompañamiento al que tendrá derecho la madre, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión, que comprende el tiempo anterior y posterior al parto o a la interrupción del embarazo.
Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y se activarán las redes de apoyo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión. En caso de violación, se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar una denuncia.
Las prestaciones incluidas en el programa de acompañamiento serán reguladas por un decreto, donde se establecerán los criterios para la confección de un listado de instituciones sin fines de lucro que ofrezcan apoyo adicional al programa de acompañamiento. La madre podrá siempre solicitar que el acompañamiento sea otorgado por instituciones u organizaciones de la sociedad civil, pudiendo elegir libremente tanto la entidad como el programa de acompañamiento más adecuado a sus convicciones.
El texto legal también establece que el médico cirujano podrá abstenerse de realizar la interrupción del embarazo cuando haya manifestado su objeción de conciencia al Director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. El mismo derecho tendrá el resto del equipo médico que asista el procedimiento.
El establecimiento deberá, en este caso, reasignar otro profesional no objetante al paciente o, de no existir, derivarlo a otro recinto.
Sin embargo, en el caso de la primera causal (riesgo de vida de la madre), el médico objetante no podrá negarse a realizar la interrupción del embarazo cuando no exista otro cirujano que pueda realizar la intervención.
En el senado, el informe de la Comisión Mixta obtuvo 22 votos a favor y 13 en contra
En concreto, la Comisión Mixta repuso las normas introducidas por el Senado, que exigen que, tratándose de una niña menor de 14 años y previo a proceder a la interrupción del embarazo por cualquiera de las tres causales, será necesario además de su consentimiento, el de uno de sus representantes legales, pudiendo este último ser suplido por una autorización judicial, conforme al procedimiento que se señala.
También se repuso la norma que permite prescindir de la solicitud de autorización de los representantes legales cuando, a juicio del médico, ello pudiera producir una reacción negativa en aquéllos, exponiendo a la menor de 14 años, o a la mujer judicialmente declarada interdicta por causa de demencia, a un riesgo grave de maltrato físico o psíquico. En este caso se solicitará una autorización judicial sustitutiva, guardándose las reservas procedimentales que se establecen.
Reacciones
La Presidenta Michelle Bachelet defendió el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales que finalizó su tramitación en el Congreso este miércoles, restando aún su revisión por parte del Tribunal Constitucional (TC) debido a los recursos anunciados por Chile Vamos.
Durante una actividad del Injuv, la Mandataria aseguró que la sociedad chilena tiene la madurez suficiente para tener una ley como esta.
«Sabemos que han pasado muchos años y que la espera ha sido larga, pero hoy la sociedad chilena tiene la madurez necesaria para responder con una ley clara que apoya y no deja solas a las mujeres y les da la posibilidad de tomar sus decisiones voluntariamente, ese y no otro ha sido el espíritu de la propuesta responsable que el Gobierno y la mayoría del Congreso ha hecho a Chile y a sus mujeres», sostuvo.
Antes de estos dichos, la jefa de Estado se había referido a la iniciativa en su cuenta de Twitter al responder a una usuria de la red social, en la cual manifestó su esperanza de que el TC se manifieste positivamente al proyecto.
«Las tres causales tienen un amplio y transversal apoyo social. Confío que el Tribunal Constitucional acoja la voz de la mayoría», expresó la Mandataria en la red social.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, destacó la aprobación en el Congreso este miércoles de la despenalización del aborto por tres causales asegurando que se trata de un paso histórico:
«Este ha sido un paso tremendamente histórico en nuestro país que le ha permitido durante dos años y medio no solo dar el debate en la posibilidad de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de estas tres circunstancias concretas y específicas, sino que también hablar de temas tan complejos en nuestro país y que no estaban puestos en la agenda pública como es la violencia sexual que existe», dijo la titular de la Mujer.
«A su vez, también poder fortalecer nuestro servicio público de atención generando un programa de acompañamiento declarado como bien público que nos permita también atender tanto a las mujeres que tienen seguro de salud Fonasa e isapre», añadió.
Consultada por la presentación de un requerimiento de la oposición en contra de la iniciativa, Pascual consideró que la iniciativa tiene «fuertes argumentos de constitucionalidad».
«Hemos hecho un proyecto que tiene fuertes argumentos de constitucionalidad, lo hemos hecho pensando en poder abrir alternativas para las niñas adolescentes y mujeres, colocando en el lugar de ellas y que ellas puedan manifestar estas voluntades y en ese sentido esperamos que, dado que es la institucionalidad que tenemos imperante en el país, se pueda ceñir a lo que le corresponde, entendemos que esos son los ámbitos en los cuales el tribunal siempre manifiesta su opinión», sentenció.
