por Francisco Herreros.
En Chile se verifica la comedia de la ovejuna fuente. Si en el clásico de Lope de Vega, el pueblo asume la culpabilidad colectiva pues la ejecución del comendador era, en último término, un acto de justicia; en la república neoliberal los culpables de graves violaciones de los derechos humanos durante la revuelta se declaran inocentes mediante el sumario expediente de la vía administrativa.
La comedia en pasos cambiados entre las graves y prolongadas violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social, y las instituciones del Estado que las perpetran o permiten, tuvo dos nuevos episodios.
De una parte, estudios internacionales confirman que elementos químicos usados en carros lanzaaguas de Carabineros causan quemaduras en la piel; lo cual, por cierto, Carabineros desmiente. De otra, las declaraciones del ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, por querellas de víctimas de la revuelta, que constituyen una ratificación de la vieja ley de la omertá.
Carabineros niega utilizar soda cáustica o químicos similares; sin embargo, diversos estudios internacionales confirman que el gas CS, elemento presente en el agua del guanaco, provoca quemaduras a la piel, a determinada concentración.
Según el artículo Evidencia científica global muestra que gas CS usado por guanaco causa quemaduras en la piel del portal Interferencia, en Francia, el doctor en biología molecular, Alexander Samuel, en conjunto con el presidente de la Sociedad de Toxicología francesa y director honorario de investigación del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), André Picot, estudiaron el químico y sus efectos.
Samuel y Picot descubrieron que el gas CS genera cianuro en la sangre, transformándose en un “gran factor de riesgo para el cerebro, hígado, riñones, ojos y el sistema gastrointestinal para quien se vea expuesto”.
“De 9.261 personas cuyo contacto con el gas CS -además del gas OC, también utilizado por Carabineros- resultó en problemas a la salud y fue documentado, más de 3 mil presentaron lesiones dérmicas, siendo la consecuencia más común, seguida por daños oculares. De estos, sobre 500 presentaron lesiones moderadas o severas en su piel”, agrega el reportaje.
Por su parte, un estudio del Chemical Defense Establishment en el Reino Unido, también demostró una serie de daños en la piel:
“El gas CS fue aplicado al antebrazo de militares, quienes fueron examinados una hora, seis horas y 24 horas después. En su estado seco, no se observó ningún tipo de irritación salvo en concentraciones sobre 20 mg de CS. En estado húmedo, irritación leve pudo presenciarse en cuatro los cuatro sujetos, la cual empeoró considerablemente a los 20 mg”.
En Chile parecen coexistir universos paralelos.
En uno de ellos se agolpan las evidencias de graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos perpetradas por la policía militarizada chilena.
En el otro, el gobierno, la policía, el partido del orden y el sistema mediático simulan ignorarlo, amparados en la premisa de que el primer deber del gobierno y la policía es garantizar el orden público; y por tanto, las víctimas son en último términos culpables, pues reciben las consecuencias de alterar ese orden.
Esa versión estereotipada no es sino un sofisma maniqueo que mete en el mismo bolsillo de payaso la expresión de protesta multitudinaria, la legítima autodefensa, la violencia del lumpen y la infiltración policial.
En el artículo Blumel admite que el Gobierno le solicitó a Carabineros aumentar el material represivo y el personal operativo durante el estallido, de El Mostrador, el ex ministro del Interior vuelve una y otra vez sobre el tópico.
En la investigación por querellas por delitos cometidos contra civiles durante el estallido social, Blumel, declaró el pasado 17 de noviembre ante los fiscales Claudia Perivancich y Claudio Rebeco, de la Fiscalía Regional de Valparaíso, para entregar su versión.
La Fiscalía preguntó «si el Ministerio del Interior impulsó acciones para favorecer el conocimiento y capacitación de los funcionarios de Carabineros acerca de la nueva normativa de la circular 1.832 sobre uso proporcional de la fuerza».
Blumel ni se arrugó para afirmar:
«Desde que se dicta esta normativa se llevan a cabo acciones para dar a conocer la nueva regulación entre los funcionarios de Carabineros. El 29 de octubre recién asumido como ministro del Interior, me reuní con las policías -Carabineros y la PDI- reforzando, desde el Gobierno, le necesidad de que se cumplieran estrictamente las reglas del uso de la fuerza respetando las garantías individuales».
En el primero de los universos, se registra un trágico balance de 3.203 víctimas de vulneraciones; 1.615 por golpizas o tortura y 1.334 por disparos, incluyendo 343 víctimas de trauma ocular, dos con ceguera total, y siete víctimas fatales.
En el segundo, a pesar de que Carabineros concentra el 92,8% de las 2.520 querellas presentadas por el Instituto nacional de Derechos Humanos, Blumel declara impertérrito que personalmente reforzó la instrucción de que se cumpliera el uso proporcional de la fuerza, garantizando los derechos individuales.
O fue desobedecido, o los protocolos no funcionan, como prueba el hecho de que Blumel y Rozas no están en sus cargos, sino en el banquillo de los acusados.
Eso no tiene mucha importancia en un discurso preñado de contradicciones.
Detalló que las reuniones de coordinación se sostenían de manera presencial, por videoconferencia, o mediante instrucciones impartidas al alto mando, hacia abajo. Reconoció que Piñera participó en dichas reuniones, pero solo para reforzar los mismos lineamientos: «recuperar el orden público con apego a los protocolos y respeto a los derechos individuales».
Aunque era a todas luces evidente que eso no se cumplía, Blumel descartó todo tipo de intervención a nivel estratégico u operativo, fundado en el argumento de la competencia técnica:
«No hubo intervención en el diseño de las estrategias de control de orden público, porque le insisto que es un tema de competencia técnica de las policías. Solo reuniones de coordinación».
En un nuevo giro discursivo, admitió que una de las solicitudes que hizo el Ejecutivo a Carabineros fue «aumentar el personal operativo y de acuerdo a ello Carabineros adelantó el egreso del personal operativo de sus escuelas de formación. Lo mismo respecto de la adquisición de carros lanza agua, vehículos de reacción táctica, capacitación, reentrenamiento, etc.».
Si eso no es intervención estratégica, entonces qué será.
La fiscalía preguntó sobre las responsabilidades de Carabineros y si se evaluaron, respecto al uso proporcional de la fuerza. Respondió:
«Sí, por cierto hubo evaluaciones respecto de la responsabilidad del alto mando de Carabineros».
¿Cuál fue el resultado de esa evaluación?
«Esa evaluación se hizo entre el ministro del Interior, el subsecretario del Interior y se hizo una propuesta al Presidente de la República para introducir cambios en dos áreas neurálgicas: Fuerzas Especiales e Inteligencia. De hecho, el 11 de diciembre de 2019, anuncié el cambio de estructura de funcionamiento de FF.EE. que dependía del general Jorge Ávila y el general Rodrigo Ramos, director de Planificación y Desarrollo, que tenía a cargo la inteligencia de Carabineros, dos áreas sensibles en el contexto del estallido social. Además, pasaron a retiro otros dos generales por otras circunstancias».
En rigor, una evaluación meramente administrativa.
Respecto a la decisión de mantener en sus puestos al entonces general director de Carabineros, Mario Rozas, y al general Ricardo Yáñez, entonces subdirector de la institución, respondió:
«Porque llevaban menos de un año en sus cargos y ambos estaban comprometidos con el proyecto de modernización y reforma de Carabineros que es un objetivo político fundamental del Gobierno. Además, en el año anterior habían pasado a retiro 40 generales del alto mando».
Respecto a víctimas de derechos humanos del estallido social, puso inmediata distancia:
«Solo tengo conocimiento a partir de las querellas y de la información del INDH. En algunos casos graves y de connotación pública como Ministerio del Interior requerimos información a Carabineros y pedimos adoptar las medidas disciplinarias y entregar los antecedentes respectivos al Ministerio Público. Asimismo, me reuní personalmente en diversas ocasiones con María Eugenia Manaud y Juan Antonio Peribonio, consejera y presidente del CDE, respectivamente, con quienes acordamos que en casos más graves la acción penal del Estado, como querellante, la ejerciera el CDE contra el funcionario policial involucrado. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de Fabiola Campillay».
La fiscalía consultó sobre las querellas por crímenes de lesa humanidad por mano de agentes del Estado:
«Bajo ningún punto de vista yo advertí al interior de Carabineros el diseño de un plan o política para reprimir a los manifestantes a todo evento, más allá de las consecuencias. Carabineros estuvo latamente sobreexigido. Carabineros no había enfrentado nada parecido en las últimas tres décadas. Según informes que recibí hubo más de 1200 eventos graves de orden público en los primeros 100 días, 93 estaciones de metro vandalizadas».
A mayor abundamiento:
«En medio de esa violencia callejera inusitada se hizo muy difícil el control del orden público y quedó en evidencia la necesidad de hacer una reforma profunda a Carabineros, pero en ningún caso puedo compartir la idea de una política, plan o concierto para dañar a la población. En diciembre se convocó a un consejo para la reforma de Carabineros, con participación de destacadas figuras en DDHH».
O sea, la antigua teoría de que a río revuelto, no se puede identificar a los culpables.
Fuenteovejuna al revés.
Por eso estamos como estamos.
