El lunes culminó el plazo para solicitar audiencia por glosa de gratuidad ante el Tribunal Constitucional. Entre los inscritos destacan los diputados PC Camila Vallejo y Daniel Núñez, en representación de la bancada PC-Izquierda Ciudadana de la Cámara Baja, para exponer sus ideas frente a la observación planteada por los representantes de Chile Vamos y que busca impugnar la entrega de recursos mediante Ley de Presupuesto.
Este lunes también se anotó para exponer el vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones), Ricardo Paredes. Los estudiantes quieren “influir en la decisión y en el proceso del Tribunal Constitucional”.
Paredes refutó los argumentos presentados por los parlamentarios de Chile Vamos, principalmente el referido a una eventual discriminación contenida en el proyecto: “Lo que hoy la derecha considera como discriminación no es tal, lo que está haciendo el Gobierno es que, como en toda política pública, es una discriminación respecto de ciertos atributos que tienen que tener las instituciones, hemos dicho que la gratuidad no puede ser para aquellos privados desregulados que no quieren someterse a reglas básicas”.
También arribó hasta el Tribunal Constitucional el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores (Cruch) Aldo Valle, quien sostuvo que son partidarios de implementar un régimen de gratuidad, “urgente e impostergable”, permitiría favorecer las oportunidades y las condiciones en que los jóvenes podrán estudiar.
Con el cronograma de las audiencias cerrado, el TC dará paso a oír a los inscritos, lo que se iniciará este miércoles a partir de las 9.15 horas. Proceso que continuará con los alegatos de las partes enfrentadas, que quedaron fijados para este jueves 10 de diciembre.
El plazo final para que el Tribunal decida sobre la constitucionalidad de entregar presupuesto vía Ley se dará a conocer el 23 de diciembre, tan solo cuatro días antes que se entreguen los resultados de la Prueba de Selección Universitaria y que se abra el periodo de postulaciones a las instituciones de educación superior.
PC-IC prepara defensa de la gratuidad ante el Tribunal Constitucional
La bancada de diputados del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana acudió el pasado viernes al Tribunal Constitucional para entregar un “téngase presente” y solicitar su participación en las audiencias respecto del requerimiento presentado por la derecha para declarar inconstitucional la glosa presupuestaria que otorga gratuidad en la educación superior a 200 mil estudiantes de los cinco primeros quintiles.
A juicio de los parlamentarios, el argumento esgrimido por la oposición no tiene sustento jurídico y solo se enmarca en la decisión política de ese sector de impedir que se implemente la gratuidad.
El abogado que representará a la bancada PC-IC ante el Tribunal Constitucional, Luis Cuello, explicó que ninguno de los argumentos presentados por la oposición ante el tribunal tienen una base sólida de fundamentación.
En cuanto a la postura de que la glosa se apartaría de la naturaleza de la Ley de Presupuesto, el abogado sostuvo que “carece de todo fundamento, porque lo que hace cualquier glosa del presupuesto es precisar y determinar cuáles son los requisitos y condiciones para asignar o ejecutar una determinada partida presupuestaria.
Eso es precisamente lo que hace esta glosa al establecer requisitos en cuanto a los estudiantes que pueden acceder al financiamiento gratuito y respecto de las instituciones que son elegibles. Por lo tanto, el Gobierno ha sido mucho más transparente al determinar con mayor precisión y rigurosidad, cuáles son las condiciones precisas para que las universidad accedan a este programa especial de financiamiento”, sostuvo Luis Cuello.
Sobre el segundo argumento de la oposición que plantea una “discriminación a ciertas universidades”, el abogado explicó que no existe vulneración alguna al principio de igualdad, “toda vez que este principio no es absoluto y se aplica respecto de personas y sujetos que están en una misma condición.
Lo que acá tenemos es que hay categorías diferentes de universidades. Los requerientes omiten completamente que hoy existe un sistema de aporte directo a las universidades y que consta en la misma partida de la Educación Superior. Por lo tanto, esto es una política pública de larga tradición, donde el Estado ha tomado una decisión de fortalecer las universidades estatales y aquellas universidades públicas no estatales que conforman el Consejo de Rectores. Por lo tanto no hay aquí una discriminación como se plantea”.
Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, diputada Camila Vallejo afirmó que “nosotros estamos acá para defender la gratuidad 2016. Los intentos de la derecha desde unos meses atrás , han sido permanentes por boicotear el avance en materia de gratuidad y de entender la educación como un derecho social y este ultimo intento al recurrir al tribunal constitucional vuelve a reafirmar que lo que busca la derecha es matar la gratuidad 2016”.
Camila Vallejo agregó que los mecanismos alternativos que propone la derecha en el caso hipotético que el tribunal acogiera su requerimiento, lo que harían es reducir el universo de beneficiarios y solo favorecería a las instituciones debido a que se tendrían que cubrir los aranceles reales por medio de becas y añadió que “esto sin un mecanismo regulatorio lo que hace es seguir profundizando la lógica de privatización de la educación superior, de subsidio a privados que con o sin el amparo de la ley hoy hacen negocios con la educación de los mas vulnerables y con los recursos que pone el Estado de Chile.”
Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, diputado Daniel Núñez, sostuvo que “nos asombra la insensibilidad social y la crueldad que está haciendo hoy en día la UDI con estos 200 mil jóvenes chilenos y 4 mil 800 de la región de Coquimbo que tienen la expectativa de estudiar gratis y que al día de hoy no saben qué va a ocurrir”.
El representante de la región de Coquimbo agregó que este recurso no debe ser aceptado, pues en la práctica se acabará la posibilidad de implementar la gratuidad en el año 2016. “Nosotros pensamos que no existe ninguna razón que justifique esta actitud que no sea la obsesión que tiene la derecha de boicotear a la presidenta Bachelet. Por eso vamos a defender la gratuidad y entregar los argumentos, porque es totalmente lógico, coherente y un derecho social que estamos retornando a los jóvenes chilenos, el que tiene que ser respaldado por toda la sociedad”.
La Bancada PC-IC participará en la audiencia del miércoles 9 de Diciembre, al igual que otras organizaciones interesadas en el asunto, mientras que el 23 de Diciembre el TC dará a conocer su fallo.
Estudiantes advierten posible judicialización de gratuidad ante decisión del TC
El próximo 22 de diciembre vence el plazo para que las instituciones de educación superior declaren si adscriben o no a la gratuidad propuesta por el Gobierno, a través de una glosa en la Ley de Presupuestos.
Sin embargo, un día después se cumple el plazo para que el Tribunal Constitucional (TC) dicte sentencia sobre el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por diputados de la oposición, recurso que busca dejar sin efectos dicha glosa.
Además, entre el 27 y el 31 está programado el proceso de postulaciones a las universidades del Consejo de Rectores y a aquellas adscritas al proceso de admisión mediante la PSU.
Un escenario complejo en el que, en caso de que efectivamente el TC fallara a favor del requerimiento de inconstitucionalidad, significaría una importante reducción de los beneficiarios, según lo anunciado por el Ejecutivo, puesto que quedarían fuera varias universidades, así como los institutos profesionales y los centros de formación técnica.
“Si se restringe la glosa, si se cae la glosa, se nos pueden quedar instituciones afuera. Igual con los mecanismos que tenemos, puede que no podamos hacerlo para todos”, ha reconocido el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Desde la oposición, en tanto, el diputado de la UDI Jaime Bellolio ha planteado que “el Gobierno está intentando presionar al TC y hacer una venganza política contra nosotros, perjudicando a miles de estudiantes y amenazando con dejarlos fuera de la gratuidad”.
En ese contexto, desde el Ejecutivo ya anticipan otra posibilidad. La idea sería entregar recursos directamente a las universidades del Consejo de Rectores. Esto, considerando que se trata de los únicos planteles legalmente autorizados para recibir aportes basales.
“Nos preocupa que nuestros compañeros no tengan la información necesaria para postular. Puede que muchos postulen a una casa de estudios pensando que serán beneficiados con la gratuidad y verse, en el momento de la matrícula, con la postulación hecha y aceptado en una casa de estudios, que en realidad nunca tuvieron ningún derecho, por lo que tendrán que funcionar con créditos o con otros medios de pago”.
La advertencia de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Marta Matamala, apunta a que no solo se trata de algo poco serio, sino que “se está jugando con las expectativas de miles de jóvenes que están seguros que el próximo año podrán estudiar gratuitamente”.
La incertidumbre la lleva a anticipar ciertas situaciones, como que “podría ocurrir el caso que universidades firmen y que posteriormente ni siquiera estén incluidas dentro de la glosa, porque el Tribunal Constitucional las pueda sacar. Por ejemplo, partir con las del Cruch, que es algo que se sabe que podría ocurrir. En ese caso podríamos tener acciones legales de parte de universidades que ya tendrán contratos firmados con el Estado y que no podrán ser cumplidos durante el año 2016”.
Como vocera de la Confech, anticipa que “haríamos todavía más judicial y legislativo un asunto que debería ser de políticas públicas”.
“Tenemos más incertidumbres que certezas. Hasta este momento nadie se atreve a decir cuál será el resultado final”, asegura por su parte el académico Mario Sobarzo, del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile.
Un complejo escenario en el que anticipa que “si el TC llega a negarle la posibilidad de acceso al sistema que está proponiendo el Gobierno, se pasa a las becas, con lo cual, hay personas que hoy habrían tenido el sistema de financiamiento, más de 200 mil estudiantes, que no lo tendrán”.
Asimismo, el también investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) se detiene en las incertidumbres respecto del Consejo de Rectores.
“Tampoco tenemos tan claro qué universidades aceptarán el tema de la gratuidad, ni tampoco cómo el Estado transferirá los recursos extras que no se alcanzarán a cubrir, por efectos de que los aranceles son mayores que lo que el Estado está ofreciendo”.
En ese sentido, agrega que “no es tan claro que vaya a ser positivo para los estudiantes. Además, tiene el costo para el Gobierno de que no hizo una ley, sin lograr un acuerdo dentro de su propia coalición”.
Sí hay certezas, asegura el académico, en que las perspectivas no son las mejores para los estudiantes, para sus familias ni tampoco para el resto del país. “Sería interesante que la derecha se lo explique a los estudiantes de las universidades que quedarán fuera de la posibilidad de acceso a la gratuidad”.
Por ahora, al menos, el mensaje del Ejecutivo insiste en que la gratuidad en educación superior se implementará en 2016 de todas maneras, independiente del fallo del TC.
“Si bien no me gusta cómo está funcionando, sería peor echar pie atrás. Hay universidades que están funcionando en base a proyecciones presupuestarias, pensando en la gratuidad. Así se ha venido trabajando en los últimos meses”, explica Marta Matamala.
La misma que ejemplifica el problema en “planes de crecimiento por infraestructura y otros temas que deben planificar las universidades cada año, los que se pueden ver afectados por esto, por intentar remediar algo que ya viene mal. Si tenemos un 2017 con la misma situación de hoy, quizás cuántas generaciones de estudiantes se verán afectadas, porque nadie sabe cómo terminarán pagando su educación”.
Mario Sobarzo, por su parte, reconoce que se trata de una buena alternativa para los estudiantes de las universidades del Cruch, al considerar que son las mejores del país, donde se concentra la mayor cantidad de doctores y magíster, así como donde está la mayor cantidad de investigaciones. “Qué bueno que sean esas las instituciones que reciban el dinero. Pero mal por el lado de los estudiantes que se habían hecho las expectativas”.
Su advertencia radica en la necesidad de que exista un mecanismo “remedial” respecto del tema del puntaje PSU. “De lo contrario, esto terminará siendo una repetición de los criterios de discriminación social que siempre han existido en Chile y que se han incentivado mucho más desde el neoliberalismo”.
En lo inmediato, este miércoles y jueves se desarrollarán las audiencias donde los interesados presentarán sus argumentos ante los integrantes del TC respecto del requerimiento de inconstitucionalidad por la gratuidad.
