El fraude en el Ejército con los recursos de la ley reservada del cobre, que se estima en 5.360 millones de pesos, llevó a la institución a la contratación inédita de una auditoría externa a los procesos tras los fondos del metal rojo que detectó seis debilidades.
El comandante en jefe, Humberto Oviedo, que este lunes entregará su reporte anual de una gestión marcada en el último año por este caso, detalló el informe realizado por Surlatina.
En primer lugar, respecto a los procesos internos, se dejó en evidencia la necesidad de romper un «paradigma» según el cual los procesos del Ejército están más ligados a la jerarquía que al flujo natural de los mismos.
Además, Oviedo dio cuenta que la gestión del riesgo de las amenazas que pueda enfrentar cada actividad «también estaba más débil», justamente porque la estructura compleja del Ejército «no está estructurada como la teoría dice».
La auditoría también concluyó que controles internos existen y que estos fueron reforzados a nivel de las divisiones, pero el comandante en jefe sostuvo que con la matriz de riesgo levantada «nos va a permitir tener una alerta, porque la gracia es ir en advance».
Otro punto fue que se recomendó mejorar y profundizar la inducción de las personas que ocupan cargos sensibles, en especial en los proyectos, y mejorar la gestión del recurso humano, lo que Oviedo ve complejo «por la rotación que tenemos de personas, especialmente de oficiales», que no permanecen largo tiempo en un cargo.
Se criticó, además, al personal de cuadro permanente por la vulnerabilidad que generarían sus extensas destinaciones en una misma función.
La otra debilidad detectada está en que si bien los flujos de información requieren normas estrictas y reglamentos que conversen entre sí, «muchas veces no hay trazabilidad de la información entre unos y otros, y eso muchas veces causa confusión».
Finalmente, sobre la seguridad de la información, la auditoría dio cuenta que se requiere de un soporte informático institucional más robusto.
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Fraude a Ley del Cobre: Las Debilidades que Detectó la Auditoría Contratada por el Ejército
Iván Martinic
Hace medio siglo, Humberto Oviedo Arriagada tenía siete años y estudiaba en el Liceo San José, en Punta Arenas, donde su padre, Jaime Oviedo Cavada, era oficial de Ejército. Ahora está de vuelta en Magallanes. Como comandante en jefe del Ejército, hoy entregará un reporte sobre su gestión del último año, el que estuvo marcado por un fraude a la Ley del Cobre que, por ahora, se estima en $5.360 millones.
Una de las medidas que tomó fue la inédita contratación de una auditoría externa a los procesos tras los fondos del cobre. Si bien estos detectaron el fraude, el propio Oviedo admite que «a lo mejor pasó mucho tiempo».
Luego de los seis hallazgos de la auditoría de Surlatina (ver nota relacionada) y los cambios hechos hasta ahora, plantea, «creemos que vamos a atacar el fondo del problema (…) Vamos a ver otras barreras que tal vez no estuvieron y que a lo mejor dieron la posibilidad de que personas, haciendo fraude y vulnerando la ley, pudieron hacer, en concomitancia con proveedores civiles legalmente constituidos, este fraude al fisco».
-¿Por qué se llegó esto?
-Hay procesos que tienen muchos años, que han tenido una tecnología distinta, muchas cosas manuales, por tanto aquí hay un tema de tecnología que a lo mejor ha quedado obsoleto. Lo otro es no haber experimentado una revisión de estos macroprocesos, que nos está diciendo que hay una debilidad en ello. Y por otro lado, mejorar las investigaciones de seguridad de personal que debemos hacer con nuestra propia gente (…) Por eso, desde junio somos parte de la Unidad de Análisis Financiero, donde podemos denunciar acciones sensibles o riesgosas (…) De ahí surgió la denuncia del Ejército sobre AC Inversiones».
-¿Es compatible un mayor escrutinio al uso de los fondos del cobre con preservar las capacidades militares del país?
«No soy defensor de ninguna ley, porque no me corresponde. Yo debo cumplir la ley (…) Me quedo con lo que la Presidenta (Bachelet) dijo en su clase magistral del año académico de las FF.AA. el año pasado: lo que no se puede vulnerar en nuestro Estado es la capacidad militar que Chile ha logrado».
«Si ese escrutinio va a permitir asegurar la capacidad militar, se estaría cumpliendo con el objetivo final. Lo triste sería que por una discusión muy inmediata se vaya a vulnerar lo trascendente, que es la capacidad militar».
-¿Teme que el caso del fraude pueda generar eso?
-No. Creo que lo que el fraude ha generado, y debemos tomarlo como una oportunidad, es justamente revisar los procesos internos para evitar casos como estos, porque los fraudes no solo se van a dar con la Ley 13.196. Se pueden dar con cualquier ley».
-Usted ya está en el «segundo tiempo» de su gestión. ¿Imaginó que esta iba a ser su gran batalla como comandante en jefe?
«No. Creo que mi gran batalla es poder generarle al Ejército las mejores condiciones para cumplir con su misión trascendente, que es la defensa. Por lo tanto, todo lo que sea interferir en eso siempre será una batalla importante del comandante en jefe».
-Hablamos de personas que juraron defender la patria…
«Es mucho dolor, frustración también, porque uno ha hecho todos los esfuerzos por formar personas. Nuestras escuelas matrices hacen un trabajo dedicado (…) Por otro lado, como también apostamos al honor, a la entrega sin claudicaciones -como es el juramento a la bandera-, nuestro sistema de justicia, muchas veces criticado, da las penas y rigores por vulnerar ese juramento. Y por eso estas personas llevan presas casi dos años».
-Una prisión preventiva, porque aún no hay condenas.
«Pero si hubieran estado en otro sistema ya no estarían presos».
-En la justicia civil…
«Exacto. Vulnerar un juramento de prestar servicio a la patria, de cumplir con las leyes y reglamentos, se paga con eso. Por eso el Código de Justicia Militar es particularmente diferenciador respecto del ciudadano normal, porque nuestra tarea tiene una sensibilidad especial».
-¿Que el cabo Juan Carlos Cruz apostara $2.273 millones en Monticello en cuatro años (2011-2014), según un informe de la Superintendencia de Casinos, no era detectable?
«Obviamente que no es normal. (…) Tiene que ver con los controles que puedan determinarse en el sumario que puedan haber sido vulnerados en una parte de la cadena de mando».
-¿Por qué sí detectaron a AC Inversiones?
«Hay información que tiene que ver con movimientos de dineros que son ahorrados o puestos en estas oficinas que, a la visibilidad de la información pública, daban a conocer indicadores que, al menos, eran para poner en alerta en cuanto a los intereses que ofrecían entregar mensualmente (…) En este ámbito, una obligación que tenemos es cuidar a nuestra gente. Los comandantes deben saber lo que pasa con las personas (…) En esa alerta los comandantes lograron interpretar que había un riesgo».
«Y eso fue lo que hicimos como cualquier otra organización grande, de emitir boletines para advertir situaciones que podrían traer alguna ilegalidad. La primera circular fue en agosto de 2014, la segunda en enero de 2015 y la última en enero de 2016».
-¿Hubo funcionarios que ayudaron a Patricio Santos a organizar reuniones con militares?
«Las circulares fueron súper claras en eso. No podemos inmiscuirnos ni castigar qué hace la persona con su sueldo, pero sí la podemos orientar y educar. También fueron explícitas en cuanto a que en el ámbito del trabajo que uno puede desarrollar en horas de servicio e incluso fuera de las horas de servicio, uno tiene que solicitar permiso para tener un trabajo remunerado (…) Por lo tanto, cualquier persona que cayera en la denominación de captador formal, de contacto con la empresa X, iba a ser sancionado».
Ajuste presupuestario afectó al 20% de dotación civil
El ajuste fiscal ordenado por el Ministerio de Hacienda también impactó al Ejército. La institución recibió el mandato de reducir su presupuesto 2016 en un 0,8%, lo que puso a prueba al Estado Mayor y a la Dirección de Finanzas, porque la Comandancia en Jefe puso tres condiciones: no afectar la operatividad de la fuerza, la cantidad de contingente ni la contratación de soldados profesionales.
-¿Dónde se hizo el ajuste, general Oviedo?
«Fue un ajuste que hicimos proactivamente en la plantilla de personal civil de apoyo en la institución. Eso requirió hacer un 20% (de reducción)».
Según explican en la institución, se trata de 700 funcionarios cuyos contratos no fueron renovados, lo que significó un ahorro de unos $2.119 millones.
Oviedo lo atribuye no solo al ajuste fiscal, sino también al plan de desarrollo institucional que al año 2026 pretende racionalizar los elementos que no sean exclusivos de la fuerza militar, buscar la mejor funcionalidad y completar capacidades.
Así, a algunos profesionales se les ha dado más funciones y también se ha aumentado la complementariedad entre civiles y militares.
«La fuerza militar, los 40 mil que somos, no pueden ser todos militares. En ninguna parte es así. Hay un soporte civil y también hay unos outsourcings que no están considerados en la fuerza. Esos no están en el 20%, pero obviamente teníamos que optimizar la plantilla de empleados civiles», plantea el comandante en jefe.
-¿Esto no afecta la operación de la fuerza?
«No».
Las seis áreas de mayor riesgo
1 Procesos internos. La revisión dejó en evidencia la necesidad de romper un «paradigma» según el cual los procesos del Ejército están más ligados a la jerarquía que al flujo natural de los mismos, como ocurre en otras organizaciones. «Eso no significa que se pierdan las jerarquías, sino que distintos niveles de jerarquía se hagan responsables de los procesos; que no son estancos. Los procesos cruzan la organización. Muchas veces incluso pasan por toda la organización, y eso es lo que a lo mejor nos impidió tener una eficiencia en los controles», dice Oviedo.
2 Gestión del riesgo. Un esquema como el descrito posibilita reconocer las defensas de una estructura compleja, como el Ejército, y a la vez gestionar el riesgo de las amenazas que pueda enfrentar cada actividad. Según el comandante en jefe, «esa segunda defensa también estaba más débil, justamente por lo primero, porque no estaba estructurada como la teoría dice».
3 Auditorías internas. La auditoría concluye que los controles internos existen, y que fueron reforzados a nivel de las distintas divisiones. Cuando la matriz de riesgo esté levantada, precisa el general Oviedo, «nos va a permitir tener una alerta, porque la gracia es ir en advance, no ex post. La idea es detectar posibles amenazas o acciones indeseadas que vengan en el futuro».
4 Rotación de personal. El informe recomienda mejorar y profundizar la inducción de las personas que ocupan cargos sensibles, en especial en los proyectos, y mejorar la gestión del recurso humano. El comandante del Ejército advierte que es complejo «por la rotación que tenemos de personas, especialmente de oficiales», que no pueden permanecer largo tiempo en un cargo. Respecto del personal del cuadro permanente, sobre el que también recaen críticas por la vulnerabilidad que generarían sus extensas destinaciones en una misma función, Oviedo plantea que es necesario profundizar y optimizar los elementos de fiscalización.
5 Trazabilidad de la información institucional. Los flujos de información requieren normas estrictas y reglamentos que conversen entre sí. Si bien los manuales están, admite el jefe castrense, «muchas veces no hay trazabilidad de la información entre unos y otros. Y eso muchas veces causa confusión, porque hay una guía con una norma y luego otra que se contradice».
6 Seguridad de la información. Se requiere un soporte informático institucional más robusto, «que hemos ido perfeccionando con sistemas de información logística que ya tenemos implementados hace un par de años», dice el general Oviedo. Con todo, aún falta integrar algunos sistemas informáticos que no se comunican entre sí.
Fuente: El Mercurio
