Por primera vez, después de 25 años, Chile se abre a discutir democráticamente la posibilidad de que las mujeres interrumpan en forma voluntaria un embarazo cuando su vida se encuentre en peligro, cuando exista inviabilidad fetal letal o cuando sea el resultado de la violencia sexual.
Este es un debate que el país quiere dar, más del 70% de las chilenas y chilenos está de acuerdo con despenalizar la interrupción del embarazo en estas tres causales, tal como lo indican diferentes estudios de opinión en el último año (CEP, julio de 2014; Adimark, julio de 2014; Cadem, enero de 2015). En la comisión de Salud de la Cámara de Diputados fueron escuchados más de 68 expertas y expertos, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, iglesias, gremios profesionales y universidades, entre otros.
El país merece un debate informado y con altura de miras sobre un tema que, sin duda, interpela y alude a convicciones personales, pero sobre el que es necesario establecer márgenes que aseguren el respeto a la voluntad y a los derechos.
A las realidades concretas del embarazo con riesgo vital de la mujer, con inviabilidad fetal letal y producto de violación aspira responder esta legislación, que siendo el primer proyecto presentado por un gobierno, espera hacerse cargo dando la posibilidad de ofrecerles una alternativa a las mujeres que viven estas dolorosas circunstancias.
En este camino, ofrecer información oportuna y veraz en relación a cada una de las opciones posibles, así como un acompañamiento adecuado sea cual sea la decisión que la mujer tome, constituyen también una forma de acoger, proteger y resguardar sus derechos, como también la posibilidad de diseñar políticas públicas que aborden a cabalidad estas situaciones.
Esta iniciativa legal, que sólo despenaliza en estas tres causales, se enmarca dentro de un conjunto de esfuerzos del Estado de Chile, iniciados en la década del 60, por impulsar políticas de salud sexual y reproductivas, que incluyen la dictación de la Ley N°20.418 que garantiza la educación sexual y el acceso a todos los mecanismos de regulación de la fertilidad disponibles para la población, incluyendo la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE).
Cabe destacar que entre 1931 y 1989 el Código Sanitario contemplaba el aborto terapéutico y era una prestación de salud ampliamente aceptada.
De cara al debate en particular y a la presentación de indicaciones al proyecto, es importante tener en cuenta que esta iniciativa legal en ningún caso obligará a una mujer a interrumpir un embarazo, sino que sólo le ofrecerá alternativas que ella, conforme a sus principios y convicciones, será libre de ponderar.
Como Gobierno sabemos que la ciudadanía seguirá con atención este debate y confiamos en que el proceso legislativo en curso culminará con un proyecto fortalecido, capaz de entregar protección, respuestas y certezas a las mujeres y a la sociedad en su conjunto.
(*) Ministra del SERNAM
Fuente: Publimetro
