La derogación de la Ley Reservada del Cobre, repuesta por la compleja situación económica de Codelco, ha sido defendida transversalmente por diversos diputados y abordada en distintas instancias de la Cámara. El próximo informe de la Comisión Investigadora sobre fraude al Ejército y el trámite del proyecto que exige la publicación en el Diario Oficial de la Ley 13.196 reanudarán la discusión.
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Varias voces se han levantado en el último tiempo desde la Cámara de Diputados en pro de avanzar en una derogación definitiva de la Ley 13.196, Reservada del Cobre, no solo como una forma de transparentar y regular de mejor forma el gasto del Estado en la Defensa Nacional, sino también como respuesta a los llamados de los ejecutivos de Codelco, que piden terminar con una obligación financiera que complica la caja de una empresa hoy con claras dificultades económicas.
El tema ha sido demandado principalmente por las bancadas de la Nueva Mayoría, donde los DC y los PPD han sido los más insistentes. Entre ellos, han destacado las opiniones del presidente de la Comisión de Defensa, Jorge Tarud (PPD), y de quien lideraba la Comisión Investigadora sobre fraude al Ejército con recursos de la Ley Reservada del Cobre, Jaime Pilowsky (DC), instancia que aprobó un texto único, por la unanimidad de sus integrantes, que sugiere entre sus conclusiones la derogación de este marco legal.
Desde la oposición no existe una negativa per sé, de hecho, contribuyeron con su voto al ya citado informe de la Comisión Investigadora, aunque más explícitamente se han referido sobre el asunto los diputados Felipe Ward (UDI) y Paulina Núñez (RN), quienes no se manifestaron en contra de una modificación legal, pero que sí pidieron cautela al tratar el tema y claridad respecto de cómo se pretendería financiar a las Fuerzas Armadas y capitalizar a la estatal.
La preocupación por el asunto ha sido tomado en la Cámara desde diversas instancias, resaltando las sesiones dedicadas a ello por las Comisiones de Minería, la última semana de agosto, y de Hacienda, la semana pasada. En esta última cita participaron los Ministros de Hacienda y de Minería, Rodrigo Valdés y Aurora Williams, respectivamente, y el presidente del directorio de la minera, Óscar Landerretche.
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En Hacienda, Landerretche fue enfático en observar a los legisladores que el problema financiero de Codelco radica en una descapitalización estructural, que pasa porque «el dueño (fisco) retira la caja generada de manera agresiva, sin amortizar deuda».
Su observación apuntó a la necesidad de la empresa de endeudarse para poder financiar sus proyectos de inversión estratégicos, que son base para mantener su posición internacional y para su propia subsistencia como negocio, en circunstancias que podría reintegrar parte de sus ganancias para ello.
Según detalló en su exposición, Codelco presentaba en 2009 una deuda financiera bruta de US$4.668 millones, que comenzó a incrementarse hasta llegar a un pick, en 2015, de US$14.831 millones.
En este punto, Landerretche hizo ver que los US$10.163 millones de expansión de la deuda se asemeja mucho a los US$12.166 millones que la minera entregó por efectos de la Ley Reservada, entre 2006 y 2015.
El ejecutivo de la estatal recalcó que el problema no solo está dado por el hecho que la norma legal obliga a la empresa a entregar un 10% del ingreso en moneda extranjera de la venta al exterior de la producción de cobre, sino que también garantiza un piso mínimo a ser percibido por las Fuerzas Armadas, hecho que calificó como muy exigente, especialmente en un momento en que no se tienen excedentes. Los resultados al primer semestre fueron negativos en US$ -97 millones.
Ventajas de una modificación o derogación según la cuprífera
Óscar Laderretche planteó que una derogación de la Ley implicaría un efecto inmediato para la empresa, con un mejoramiento de las utilidades (antes de impuestos) estimado entre US$ 700-800 millones anuales para los años 2017 y 2018. Planteó que esta alternativa debería venir acompañado con una ley de retención (40%) que asegure que parte de esas mayores utilidades queden en la Corporación.
En caso de no avanzarse en la línea de la derogación, consideró viable realizar ajustes parciales a la ley, como por ejemplo: eliminar el piso; que se tribute sobre las utilidades y no sobre las ventas; o que se entere la recaudación a final de año y no en los momentos en que se liquidan los cargamentos de cobre.
«Todas estas cosas le sirven a la liquidez de Codelco», enfatizó.
Una tercera opción sería a juicio de Landerretche el uso de recursos acumulados del fondo estratégico de las FF.AA. Esta medida de carácter excepcional consistiría en una autorización para invertir US$3-4 billones en Codelco, con una tasa garantizada superior a la de su política actual de inversiones y con un pago secuencial que se produce entre cinco a diez años más.
Sobre estos puntos, el Ministro Valdés ha puesto diversas alertas y ha insistido que el compromiso gubernamental para sostener los proyectos de inversión de la minera avanzará, al menos por el momento, conforme a la ley 20.790, que permitió el año pasado un aporte de US$600 millones y que se replicaría el próximo mes de noviembre con igual monto.
Respecto de la derogación o modificación de la Ley Reservada del Cobre, Valdés optó por no hacer alcances públicos en la sesión de Hacienda y, de hecho, solicitó realizar el debate en sesión secreta, pese a que solo unas semanas atrás había realizado declaraciones a la prensa cerrando dichas vías por ahora.
Según se ha comentado, la complejidad del tema para Hacienda no sería solo la definición de un nuevo sistema de financiamiento para la Defensa Nacional, respecto de lo cual ya habría un camino avanzado con el proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados que definió, junto con la derogación de la ley, un sistema presupuestario plurianual (la iniciativa quedó detenido en su trámite en el Senado).
El problema estaría dado con el artículo séptimo del marco legal que, al derogarse, obligaría a pasar los recursos a la contabilidad general de la nación, lo cual alteraría el cuadro de las finanzas públicas y con ello el balance estructural.
Para un número creciente de legisladores, el asunto está lejos de estar zanjado. Así quedó demostrado al término de la sesión de la Comisión de Hacienda donde diputados llamaron a hacer los cambios necesarios en el corto tiempo.
«Es completamente inadecuado que Codelco se tenga que endeudar para cumplir con una ley. Eso significa que el fisco, porque Codelco es del fisco, pierde plata y ese problema hay que resolverlo rápido», evaluó Pepe Auth (IND).
«No veo una voluntad de reaccionar drásticamente y en el corto plazo. A Codelco hay que capitalizarlo», sentenció Pablo Lorenzini (DC).
El mismo Presidente de la Cámara, diputado Osvaldo Andrade (PS), se ha hecho parte de este debate al manifestar públicamente que la ley debe ser derogada y que pensar en que ello no ocurrirá es ingenuo.
«Insistir en mantener la Ley Reservada del Cobre no tiene, a esta altura, ningún sentido y, además, es completamente imprudente, porque lo que genera es una relación equívoca con la ciudadanía», planteó en una declaración a la prensa.
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A nombre de la Bancada PPD, el el diputado Ramón Farías sostuvo que ahora más que nunca es necesario derogar la normativa y no seguir eternizando un debate que hasta el momento no ha tenido resultados concretos:
“Creemos que ahora más que nunca es necesario derogar la Ley Reservada del Cobre y no seguir eternizando un debate que hasta el momento no ha tenido resultados concretos”.
“Francamente es insostenible que sigamos amarrados a esta trampa que hizo Pinochet durante la dictadura, que es otorgarle a las Fuerzas Armadas el diez por ciento de los ingresos de la principal empresa cuprífera del mundo, a todo evento, cuando existen múltiples necesidades sociales que deben ser satisfechas”, precisó.
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Agregó que actualmente existe un proyecto de ley en el Congreso sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que se encuentra en el Senado.
“Es decir, ya hay avances legislativos sobre esta materia, lo que falta es la voluntad política para sacar adelante esta iniciativa o analizar la posibilidad de presentar otra que genere más consenso entre el gobierno y los parlamentarios”, concluyó.
Los próximos hitos de este debate serían en la Sala de la Cámara, con la discusión del citado informe de la Comisión Investigadora, y con el tratamiento en el Senado del recientemente despachado proyecto (boletín 10518 ) que exige la publicación en el Diario Oficial de la Ley 13.196.
Además, se espera también que esté presente en el contexto de la Ley de Presupuestos, cuyo trámite comenzará el 30 de septiembre. Así, la discusión no solo seguirá abierta, sino que contingente.
