Durante los períodos de post-dictaduras en América Latina, los gobiernos se vieron en la necesidad de impulsar procesos de transición que intentaron superar, con diversos matices, la etapa autoritaria de nuestro continente. Las dictaduras habían impuesto un concepto de gobernabilidad orientado más que a la ampliación de la capacidad de respuesta del Estado, a la disminución de la demanda ciudadana. En muchos países, incluyendo Chile, la construcción democrática heredaría de su etapa dictatorial una concepción restringida de la democracia como régimen político electoral.
Por lo tanto, en muchos países entra en cuestionamiento dicha concepción de la gobernabilidad, logrando sortear con regular éxito la superación de este modelo de democracia.
Siguiendo con el contexto latinoamericano, surge una primera contradicción entre la concepción de gobernabilidad democrática impulsada por la sociedad política, que a grandes rasgos buscaban generar una estabilidad política perdida durante la etapa autoritaria, mejorar el funcionamiento de las instituciones y su vinculación con la ciudadanía, y a la vez una reducción de las presiones sociales; y la (re)construcción democrática demandada por la sociedad civil.
Esta contradicción se ve agudizada también por la aplicación de paradigmas democráticos, sin la consideración necesaria de condiciones sociales de inclusión, factor fundamental en América Latina tomando en cuenta las enormes desigualdades sociales características de nuestro continente.
De esta manera, podemos decir que las tensiones sobre las democracias se caracterizan por un lado por un contexto de exclusión, desigualdad y pobreza, y por otro lado la necesidad de estabilidad política y crecimiento económico.
Muchos autores reconocen que actualmente nos encontraríamos en un proceso de disputa por la construcción democrática en América Latina, post-autoritaria y post-transicional, destacando la emergencia de gobiernos que han resuelto esta contradicción proponiendo variantes al modelo neoliberal impuesto a finales del siglo XX.
Chile es uno de los casos paradigmáticos de los procesos de transición, en donde el crecimiento económico y la estabilidad política post dictatorial son la justificación precisa para catalogar a nuestro proceso como exitoso.
Este modelo tenía como objetivo principal su propia estabilidad, enfocando las políticas públicas en la generación de gobernabilidad, entendiendo este último concepto como la acción del estado acotada a las tecnologías de provisión de servicios y solución de problemas.
Estos fueron los cimientos para lo que podríamos denominar “democracia elitista”, en donde existe una elite política que junto a diseñadores de políticas públicas y operadores políticos son los protagonistas de la acción y las decisiones políticas. Ese es el modelo de democracia construido durante el período de transición en Chile.
De esta manera, y entendiendo la participación como la disposición subjetiva a actuar para incidir en las decisiones que afectan a una comunidad, en Chile el fomento estatal de esa disposición subjetiva, es decir, las políticas públicas de participación, se han enfocado a reproducir el carácter elitista de la democracia.
En este marco, la participación adquiere un carácter preferentemente instrumental y de baja intensidad.
Durante todo el período post dictadura se aprecian nulas iniciativas de participación directa (mecanismos de democracia directa como plebiscitos vinculantes, iniciativas populares de ley o mandatos revocatorios no existen), un debilitamiento de los mecanismos de representación tradicionales (elecciones), una complejidad y tecnificación del proceso de toma de decisiones (participación de baja intensidad), fomento del clientelismo y la desarticulación del tejido social a nivel local, y finalmente una participación reducida a la ejecución de programas sociales, todo lo cuál nos lleva a caracterizarla como una “participación tutelada”, y uno de los principales ejes del sistema político chileno.
Hacía la transformación del modelo democrático chileno
Luego del ascenso de las movilizaciones sociales a partir del 2006 la participación ha estado desbordando los limitados canales establecidos institucionalmente, poniendo en cuestionamiento el “exitoso” modelo de gobernabilidad democrático chileno.
Dentro de ese contexto, el año 2011, poco antes del ascenso del movimiento estudiantil, se aprueba la Ley 20.500 que regula la participación y asociatividad de la ciudadanía, y que busca una institucionalidad más clara tanto en el plano municipal como de los distintos servicios públicos y ministerios.
A pesar de sus buenas intenciones, esta ley sigue considerando la participación solo en un nivel informativo y consultivo, sin embargo abre algunos caminos para el fortalecimiento de la participación y la inserción de los actores sociales en el plano local, dejando abierta la posibilidad de otorgar un rol (institucional) más relevante a las organizaciones sociales para el control de la política municipal.
Entendiendo que el objetivo de toda política pública es encontrar soluciones locales para problemas sociales, percibidos desde un análisis de las particularidades del entorno local, consideramos 3 ejes fundamentales para aportar a mejorar y transformar el modelo democrático chileno:
– Democratización desde la base, a través de la inserción de los actores sociales en el poder local
– Fortalecer la vinculación de problemas sociales y locales (politización de lo local).
– Fortalecimiento de la sociedad civil: construcción de actores y sujetos sociales, formación de dirigentes.
De esta forma, lo local y el municipio en particular aparecen como un espacio propicio para canalizar la participación ciudadana y fortalecer la democracia. Junto a un proceso de alfabetización política desde lo local, es necesario promover la organización y movilización social como base de la planificación, sentando las bases para una mejor sociedad, basada en relaciones sociales solidarias y procesos productivos que estén en armonía con el medioambiente.
(*) Sociólogo, Área Local de ICAL
