El fallo de la Corte Suprema argentina, que confirmó seis maños de presidio´e inhabilitación perpetua para la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, constituye, desde la sentencia de Luloa en el caso Lavajato, la mayor expresión de lawfare, o persecución judicial, en la historia reciente de América Latina.
Pero, también como en el caso de Lula, el fallo, lo que en verdad hará, será abrir un nuevo capítulo en la historia del país.
En una decisión dividida, el máximo tribunal anuló el sobreseimiento que la Cámara Federal había dictado a su favor en la causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. El fallo reabre el caso conocido como «Vialidad», en el que se le acusa de ser la jefa de una asociación ilícita.
Qué resolvió la Corte Suprema
La Corte decidió que el sobreseimiento dictado sin juicio oral en 2021 fue «prematuro y violatorio del debido proceso». Con esta resolución, se ordena que Cristina Fernández vuelva a enfrentar un juicio oral y público por supuesta corrupción, junto a exfuncionarios como Julio De Vido y José López.
La votación fue dividida: los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron a favor del fallo, mientras que Ricardo Lorenzetti se manifestó en contra.
El argumento principal del fallo es que el juicio oral es una instancia «esencial para garantizar la publicidad, contradicción y defensa».
Reacciones políticas y sociales
La decisión desató una oleada de reacciones. El peronismo la calificó como una «clara maniobra de persecución política» y denunció que la Corte actúa como brazo judicial de sectores del poder económico.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, escribió en su cuenta X:
«Hoy condenan a @CFKArgentina, un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial. Esta condena termina de consagrar una auténtica infamia. Se trata de un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo y a quienes, como ella, se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías.
Durante el gobierno de Macri, se montó un sistema de espionaje ilegal, se armaron causas y se manipularon pruebas para perseguir a Cristina, a su familia y a sus exfuncionarios.
El lawfare y la estigmatización del campo popular se convirtieron en políticas de Estado. Y hoy, con un presidente para quien “la justicia social es una aberración”, el clima de odio, autoritarismo y hostigamiento se ha intensificado. Tanto Macri como Milei desprecian la democracia con la misma intensidad con la que desprecian la dignidad del pueblo. Y por eso, hoy celebran.
A lo largo de todo el proceso judicial, fiscales y jueces actuaron con ánimo revanchista, sin el menor apego por la verdad y por la justicia. No investigaron hechos: ejecutaron un plan, o en otras palabras, y dado el carácter mafioso de quienes la persiguen, una vendetta.
Buscan, en realidad, disciplinar a la dirigencia y garantizar privilegios económicos. Hoy esa democracia queda profundamente herida. Y nuestra responsabilidad histórica es defenderla».
El conocido polítólogo, Atilio Borón, pronosticó una dura protesta social, en la calle:
Asu turno, en expresidente de Ecuador, Rafael Correa, comparó los casos de lawfare en América Latina, con la Operación Cóndor, de la década de los 70:
«El lawfare contra Correa, Lula da Silva, Evo Morales, Cristina Kirchner y Fernando Lugo, no es casualidad. Esto es coordinado y es, por lo menos, permitido o impulsado directamente por los Estados Unidos».
Cristina Fernández, por su parte, emitió un mensaje en redes sociales:
«No me perdonan haberles tocado los intereses. No buscan justicia, buscan disciplinamiento político».
Agregó:
¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y que van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a subir el salario a los argentinos? ¿Van a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a pagar la deuda con el FMI y con los bonistas?
La expresidenta salió al balcón de su casa a saludar a miles de militantes y simpatizantes, que mantienen una vigilia en la puerta del edificio ubicado en Constitución desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema.
El kirchnerismo convocó a movilizaciones en todo el país bajo el lema «Con Cristina no se jode».
De hecho, miles de manifestantes marcharon esta tarde hacia Plaza de Mayo, en una movilización que nuclea varios reclamos: al pedido de aumento en los haberes de los jubilados de todos los miércoles, y al pedido de aumento de los trabajadores del Hospital Garrahan, de los científicos y de los universitarios, se sumó en esta oportunidad el repudio al fallo de la Corte Suprema que ratifica la condena a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner en la Causa Vialidad.
Los militantes se movilizaban desde el Congreso -que amaneció rodeado de un fuerte operativo policial- hacia la Casa Rosada por Avenida de Mayo, por lo que el tránsito estaba cortado en el centro porteño.
Implicancias políticas
El fallo reconfigura el escenario político argentino de cara a las elecciones legislativas de 2025. Cristina, que había anunciado su retiro de la vida política, podría reaparecer con fuerza como víctima de una embestida judicial. Su figura, ya mítica para amplios sectores populares, podría verse revitalizada, lo que complica la estrategia de la oposición y tensiona al peronismo entre la moderación institucional y el liderazgo carismático.
Además, el fallo pone en el centro del debate el papel de la Corte Suprema, fuertemente cuestionada por sus vínculos con el poder mediático-empresarial.
Organizaciones de derechos humanos, como el CELS, denunciaron que la justicia argentina está atrapada en una lógica de lawfare que pone en riesgo la democracia.
Proyecciones e impacto regional
La decisión de la Corte argentina no es un hecho aislado. Se inscribe en una tendencia regional de utilización de la justicia como arma política, una estrategia que ha sido denominada «lawfare».
El caso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil es el más emblemático: fue condenado sin pruebas sólidas, proscripto de las elecciones de 2018 y encarcelado, para luego ser exonerado y volver al poder.
Ambos casos presentan similitudes notorias: Cristina y Lula son líderes populares con fuerte base electoral, enfrentados a élites conservadoras que buscan limitar su influencia. En ambos, las causas se sostienen en pruebas débiles, interpretaciones forzadas y procedimientos irregulares.
Y en ambos, la justicia parece actuar más como poder político que como garante de derechos.
Sin embargo, hay diferencias: Lula fue encarcelado, mientras que Cristina todavía no lo ha sido.El caso de Lula contó con el protagonismo de un juez-estrella, Sergio Moro, que luego se convirtió en ministro de Bolsonaro. En Argentina, el entramado es más complejo, con una Corte Suprema de poder difuso pero inclinada hacia la derecha.
En Bolivia, Evo Morales también fue judicializado tras el golpe de 2019. En Ecuador, Rafael Correa ha enfrentado múltiples causas judiciales; de hecho, hoy está exiliado en Bélgica.
En todos los casos, los líderes progresistas fueron apartados del juego democrático mediante mecanismos judiciales, lo que ha encendido las alarmas sobre la erosión del Estado de derecho en la región.
El fallo contra Cristina Fernández podría consolidar este patrón, afectando los equilibrios institucionales y ampliando la brecha entre el poder judicial y la voluntad popular.
El fallo reabre no solo una causa judicial, sino también una herida política profunda. No se trata solo de una líder en el banquillo, sino de una batalla por el sentido de la democracia en América Latina.
Entre el lawfare y la resistencia popular, el futuro político de la región se juega también en los tribunales.
En el plano judicial, la persecución contra Cristina Kirchner sumó un nuevo capítulo. El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, rechazó el pedido de detención inmediata contra la expresidenta que habían presentado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firmes las condenas en la causa Vialidad.
en lo inmediato, el equipo jurídico a cargo de la defensa de la exmandataria entabló un recurso con la finalidad de que la condena se cumpla en prisión domiciliaria.
Mensaje de la expresidenta
Cristina Kirchner
@CFKArgentina
Ahora, bastó que hace una semana anunciáramos la candidatura para que se desataran los demonios. Porque este modelo tiene fecha de vencimiento. Y hoy en día ya no son necesarios los golpes de Estado, ni instrumentar a las fuerzas armadas en el Partido Militar. Ahora es el Partido Judicial.
Lo que están preparando es cómo desarticular la organización popular y política que se va a producir, porque la historia demuestra que más allá de las proscripción es que el pueblo se termina organizando en defensa propia.
El pueblo siempre regresa. Tal vez con distintos nombres o forma, pero siempre hay un modo de organización popular y esta es nuestra obligación como militantes, pase lo que pase.
Por eso creo que no es casualidad el hecho de estar acá. Nosotros no somos como esa derecha mafiosa que se profuga tres años y cuando vuelven al país, después de haber organizado mesas judiciales para perseguir y encarcelar empresarios, militantes y dirigentes, se profugan a Uruguay, vuelven y los sobreseen.
Los peronistas estamos acá y vamos a seguir estando acá, le guste a quien le guste.
