por Mario Rivas (*).
Una deuda de $2.400 millones; una Dirección de Administración de Educación Municipal técnicamente quebrada; el alcalde de Copiapó preso por no poder pagar esa deuda, profesores en paro indefinido y más de 21 mil alumnos sin clases.
Esa es la síntesis de la compleja crisis por la que atraviesa la educación municipal de Copiapó, y cuya solución requerirá, necesariamente, de la voluntad constructiva de todas las partes involucradas.
Independiente de que la deuda fue contraída por la administración municipal, hay un fallo judicial, y hay que cumplirlo.
El bono SAE (Subvención Adicional Especial), es una conquista de los profesores de colegios municipales y particulares subvencionados, destinada a mejorar sus remuneraciones, como establece la Ley 19.410, art. 10, letra C y Ley 20.158, Art. 6, 7 y 8).
El conflicto se origina con la interpretación de ciertos alcaldes, en el sentido de que el bono debía pagarse sólo a los profesores que se desempeñaban en sistema particular subvencionado.
Del total del bono, un 80% se debía pagar de forma mensual y el 20% restante en el mes de diciembre. Se trata de aproximadamente $50 mil mensuales por cada profesor, que multiplicados por los aproximadamente 900 docentes en conflicto, genera una deuda de aproximadamente $2.000 millones, más unos $400 millones por concepto de intereses.
El municipio, que tiene una deuda de arrastre de más de $7.000 millones, también generada en la administración anterior, carece de recursos para traspasar a la técnicamente quebrada Dirección de Administración de Educación Municipal.
La consecuencia inmediata de todo esto, es que el alcalde, Marcos López, está encarcelado.
Hasta aquí los hechos, y dentro de ellos, quiero resaltar tres aspectos.
Primero, reconocer el derecho de los profesores. Es una lucha justa, los docentes no exigen nada que no sea de ellos. Por lo demás, no es un tema de Copiapó, sino nacional. Convengamos que la propuesta municipal, de 70 cuotas a partir de 2018 es impresentable, por más que refleje lo que el municipio está en condiciones reales de ofrecer.
Porque, y este es el segundo punto, el municipio heredó una deuda de $7.000 millones, producto de la desastrosa gestión anterior. Ese es un hecho objetivo e indiscutible. El alcalde ha reconocido la deuda, y está empeñado en una solución de mediano plazo, consistente en la venta de un terreno a la Universidad de Atacama, para instalar allí la Facultad de Medicina. De lograrse la venta, los profesores estarían en el primer lugar de la prelación. Pero no es algo que vaya a ocurrir mañana.
Tercero, es un conflicto que afecta a la comunidad y a las familias. Estamos hablando de unos 21 mil alumnos son clase, con todo lo que ello significa.
Por tanto, se trata de un problema extraordinariamente complejo que no puede solucionarse al margen de la voluntad constructiva de todas las partes, ejemplo de lo cual es la instalación de una mesa de trabajo, acordada en una asamblea del Colegio de Profesores, con asistencia de diversas autoridades, y con una intervención muy contribuyente del diputado Lautaro Carmona.
Pero necesitamos que se incorporen nuevos actores. Pienso que no pueden seguir ausentes la Intendenta Regional y la Secretaría Regional Ministerial de Educación, por poner sólo dos ejemplos.
En mi opinión, esta crisis no hace sino reflejar el problema de fondo: hay que terminar con la educación municipal, y devolverla al Estado, a quién le corresponde garantizar una educación pública universal y de calidad, entendida por un lado como derecho social, y por otro, como un factor de igualación de oportunidades en una sociedad democrática; sin perjuicio de su contribución a la formación de los cuadros técnicos y profesionales que demanda el desarrollo del país.
El Gobierno envió una reforma en esa dirección, la misma que relativizó en la negociación con la derecha. Esta crisis nos indica que no hay espacio para soluciones intermedias.
(*) Contador público; ex Gobernador de Copiapó; candidato a diputado por el Partido Comunista,
