Por Francisco Rivera Tobar (*)
Junio de 2014: al interior de las dependencias de Redbus ubicadas en la comuna de Huechuraba, el trabajador Marco Cuadra Saldías, cumplió la amenaza que había realizado a uno de sus compañeros y se prendió fuego, resultando el 90% de su cuerpo con quemaduras. Los otros conductores que se encontraban en el lugar lograron salvarle la vida sofocando las llamas con extintores, pero a los pocos días murió internado en la Posta Central.
Hasta dos semanas previas al acto, Marco era el Presidente del Sindicato 2 de Redbus y contaba con más de veinte años de experiencia como conductor de microbuses. Antes de inmolarse, exclamó que su acción era “por los trabajadores, para marcar un precedente”.
Esta situación, motivó que la Ministra del Trabajo, Javiera Blanco y el Ministro de Transporte, Andrés Gómez-Lobo, se reunieran con dirigentes sindicales de la empresa a analizar la situación en que se encontraba el dirigente. De esa reunión salió la conformación de una mesa tripartita para mejorar las condiciones de los operarios del sistema.
La respuesta de una parte de los trabajadores fue un tímido paro de actividades.
En el mismo mes, se verificó el paro de maquinistas del sistema de ferrocarriles de la Región de Valparaíso, MERVAL, que en un contexto de negociación colectiva demandaban mejoras en sus condiciones laborales. Por otra parte, los aires mundialeros desnudaron los secuestros de buses, práctica delictual a la que se encuentran sometidos los conductores de superficie del Transantiago en días de partidos de selección, pero que también se han presentado cuando semana a semana juegan los equipos de más alta convocatoria de la capital.
Bajo amenazas, los conductores deben llevar a los ‘hinchas’ a Plaza Baquedano o a la cancha, el destino es aleatorio, pero la violencia la misma. Esta situación motivó la amenaza de paro de los choferes en la antesala al partido de Chile con Holanda y que, tras el resultado, sólo quedo en eso: una amenaza.
En el mes de julio cambió el tenor de los acontecimientos, presentando carácter de acciones terroristas, pues a la bomba instalada en un vagón de tren que detonó en la estación de metro Los Domínicos, le sucedieron otros tres artefactos incendiarios instalados en la vía pública y numerosas amenazas de bomba en el Ferrocarril Metropolitano.
Así, en agosto ocurrió un corolario de estos acontecimientos que, lejos de estar aislados, dan cuenta de que alcanzan continuidad temporal: dos desperfectos graves en menos de quince días, ciertamente terminaron por poner en duda el eslogan de “…cómodo y seguro” levantado por la administración de Metro S.A.
La grieta en el riel de la Línea 4 y el corte de energía de la Línea 5, completaron un conjunto de manifestaciones que desnudan la marcada vulnerabilidad de los trabajadores, pero también de los usuarios del transporte público subterráneo y de superficie en la capital.
La respuesta por parte de la empresa fue solicitar la renuncia del Gerente de Mantenimiento, Raúl Elgueta. La misma renuncia que habían solicitado en el mes de abril los trabajadores agrupados en la Federación de Trabajadores de Metro, y que a fines del mes de junio los llevó a hacer una protesta en los talleres de Estación Neptuno donde -aún cuando la administración mandó a grabar a quienes participaron de la protesta- se estiró un lienzo con la leyenda: “NO a la externalización, fuera Elgueta”.
Las motivaciones de los trabajadores estaban dadas precisamente por la mala evaluación que hacían de los procedimientos, por la precarización y el maltrato laboral.
Dada esta situación, la renuncia del Gerente de Mantenimiento parece insuficiente y se esperan explicaciones y medidas desde la administración referidas a las responsabilidades vinculadas con Rodrigo Terrazas, Gerente de Operaciones de la entidad, quien validó decisiones tomadas por el área administrativa de Mantenimiento. El gobierno respondió llamando a una comisión de expertos y una mesa tripartita que revisara los procedimientos y diseñara un plan de mejoramiento del servicio basado en el diálogo entre los trabajadores y la administración.
Esperemos que este escenario sea refundacional para los trabajadores de Metro, empresa que en la actualidad sólo cuenta con un Gerente General interino.
De este modo, tanto el gobierno como la administración pueden generar de esta crisis una oportunidad. Sin embargo, que esto ocurra sólo es posible, en la medida que se tenga una visión de conjunto del sistema integrado del transporte público que opera en Santiago y que se reconozca la especificidad de las funciones que realizan sus trabajadores, el estrés al que están expuestos debido a la responsabilidad de llevar de forma segura desde sus puntos de origen a los de destino a los usuarios, el alto número de interacciones diarias entre trabajadores y público, el alto grado de vulnerabilidad expresada en agresiones físicas a trabajadores, falta de políticas salariales, de horarios y de descripción de cargos, externalización de funciones y flexibilización de las relaciones laborales.
En suma, y volviendo al origen de esta columna, ¿Qué ocultan las tragedias iniciadas con Marco Cuadra y culminada con la evacuación los cincuenta mil usuarios/trabajadores del ferrocarril? Dramas humanos, extensivos al conjunto de la sociedad chilena, pues son en gran medida resultado de la flexibilidad, desprotección laboral amparada en la legislación vigente que tiene como fin principal la generación de mayores tasa de rentabilidad económica, aún a riesgo de la seguridad de trabajadores y usuarios.
Entonces, el paso siguiente debe ser orientarse, de forma cada vez más urgente, a la aprobación de un Estatuto Laboral específico para los trabajadores y trabajadoras del transporte público, como una fórmula para corregir las arbitrariedades a las que se encuentran expuestos y dar respuesta a las particularidades de su trabajo.
Pero sobre todo para ir abriendo las discusiones referidas al derecho que tienen los ciudadanos de gozar del transporte público como Derecho Social, que integre de forma efectiva y democratice el uso del espacio urbano. Ambos aspectos, deben ser variables a considerar en la anhelada discusión sobre las reformas laborales anunciada para este semestre. De lo contrario, la crisis del sistema no estará resuelta.
(*) Profesor de Historia, Director Área Labora lInstituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL
Fuente: ICAL
