En un fallo unánime, la sala Penal del máximo tribunal del país ratificó las condenas en contra de tres suboficiales en retiro de la Armada, por su responsabilidad en el secuestro del sacerdote de origen británico, Michael Woodward, ocurrido en Valparaíso pocos días después del Golpe Militar.
El fallo de la sala Penal rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia que condenó: a José García Reyes a una pena de 5 años y un día de presidio, sin beneficios; a Manuel Leiva Valdivieso, también a 5 años, pero debido a la enfermedad mental que padece quedó al cuidado de su hija; y a Héctor Palomino López, a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.
En el ámbito de lo civil, se ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar la suma de 100 millones de pesos a Patricia Woodward Ireberry, hermana de la víctima, por el daño moral provocado por la pérdida de su pariente.
Al mismo tiempo, los ministros de la Suprema acogieron la solicitud de los querellantes en orden a continuar con la investigación y que se indague la responsabilidad de tres oficiales en el delito.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, el sacerdote Woodward fue privado ilegítimamente de su libertad el 22 de septiembre de 1973, llevado inicialmente a la Universidad Federico Santa María y luego a la Academia de Guerra Naval, sin orden administrativa o judicial que lo justificase.
Posteriormente, debido al grave estado de salud en que se encontraba, fue trasladado al Buque Escuela Esmeralda y, de allí, al Hospital Naval donde se perdió su rastro.
