El abogado Roberto Celedón y el diputado Sergio Aguiló acusaron al magistrado Juan Cristóbal Mera, quien aumentó la pena de Enrique Villanueva Molina, de actuar con “despotismo judicial” en afán de venganza, y de ser un reconocido partidario de la dictadura de Augusto Pinochet.
El juez Mario Carroza condenó a Villanueva a cinco años de libertad vigilada, por su presunta y nunca probada participación en el asesinato de Jaime Guzmán. Sin argumentos razonables ni pruebas, y aplicando leyes derogadas, Mera elevó esa condena a cadena perpetua, la cual, inexplicablemente, fue confirmada por una Sala de la Corte de Apelaciones. Hoy terminaron los alegatos del recurso de queja ante la Corte Suprema, interpuesto por la defensa de Villanueva.
En su alegato, el abogado Celedón explicó una a una las leyes que se aplicaron contra Villanueva, las cuales están derogadas, lo que demuesta la arbitrariedad del procedimiento y lo que significa el hecho que en democracia se apliquen los mismos procedimientos que utilizo la dictadura y la justicia militar, violentando los derechos de las personas.
Celedón expuso que en este caso se está utilizando tanto la Ley de Seguridad del Estado como la Ley Antiterrorista, pero sin las modificaciones realizadas en 2002:
“Estamos frente a un cuadro de despotismo judicial. En esta causa está comprometido el Estado de Derecho en Chile, porque se ha seguido un procedimiento que está expresamente derogado y se ha aplicado un procedimiento ultra inquisitivo, realmente cavernario, donde las posibilidades del perseguido se limitan de manera extrema y se le priva de una serie de garantías procesales”.
Demostró, que durante todo este proceso se han ido acomodando intenciones y acusaciones, con la finalidad de transformar presunciones en pruebas, basándose en una de las aberraciones mas significativas de este proceso, que es la no obligación de los jueces de presentar las pruebas para demostrar la supuesta culpabilidad de Villanueva.
Celedón resaltó la desigualdad de ver a Villanueva enfrentado a poderes facticos que utilizan la justicia como un instrumento de poder y en este caso, para llevar a cabo una venganza política.
Finalmente, Celedón dijo que “si se materializa la decisión del señor Mera, Chile quedará como un Estado completamente incumplidor de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos”, y recordó que Chile ya ha sido cuatro veces condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Villanueva ha sostenido invariablemente su inocencia y ha argumentado que fue marginado de la dirección general del FPMR en agosto de 1989, dos años antes de la muerte de Guzmán.
A la salida de los alegatos, Villanueva pidió a la Justicia “reestablecer el Estado del Derecho en esta causa”, y pidió «que la ley se aplique, que se llegue a la verdad y eso implica que se actúe en derecho”. Reiteró que es “absolutamente inocente” y que “no hay ninguna prueba que diga lo contrario”.
El propio Villanueva aseguró que “el caso ha sido cerrado y reabierto a raíz de publicaciones de prensa, que incluyen un tendencioso reportaje de televisión” y que “buscaban encontrar nuevas responsabilidades en la muerte del senador para generar la idea de un empate político”.
En la audiencia estuvo presente el diputado Sergio Aguiló, quien se reconoció amigo del ex frentista, además de querer dar una señal política ante la preocupación por el uso de las leyes en este caso:
“Hay en la judicatura gente que fue muy partidaria de la dictadura militar de Pinochet, de la UDI y todos sus seguidores, y uno de ellos es el señor Mera, que es un pinochetista reconocido y que ha pasado por encima de todas las normas en un ánimo revanchista, donde quiere tomar venganza política contra un ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que nunca desconoció su membresía, pero que salió de allí antes de que se cometiera el crimen”.
Aguiló planteó que en democracia han ido derogando y modificando varias leyes que son consideradas “enclaves de la dictadura”, pero indicó que en el Poder Judicial “aún hay ministros que fueron abiertos y obsecuentes partidarios de la dictadura”.
En esa línea, hizo un llamado a estar atentos al desarrollo de este proceso, porque “aquí hay más que la condena de un ex frentista en juego”.
El mércoles terminaron los alegatos en la Segunda Sala de la Corte Suprema , por el recurso de queja que presentó el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Enrique Villanueva Molina.
Este martes, la defensa del ex frentista pidió dejar sin efecto el aumento de la pena a presidio perpetuo simple y este miércoles expusieron la familia del ex parlamentario, el Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La abogada del CDE Lupi Aguirre aseguró que no existe ningún elemento para rebajar la condena, porque no existe prescripción del delito por el que fue sentenciado Villanueva.
El fallo quedó en acuerdo, por lo que se debería conocer durante las próximas semanas.
