La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su preocupación por la decisión de la Corte Suprema chilena de dejar en libertad condicional a siete exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Chile de otorgar la libertad condicional a condenados por graves violaciones a los derechos humanos”, manifestó la CIDH en un comunicado.
Hace dos semanas, la Corte Suprema emitió una polémica sentencia, otorgándole el beneficio de libertad condicional a siete exagentes que se encontraban encarcelados, argumentando buen comportamiento y haber cumplido más de la mitad de su condena.
Diversos sectores de la sociedad se manifestaron en contra de la decisión, y un grupo de parlamentarios de oposición le hizo llegar una solicitud formal a la CIDH para que se pronunciara al respecto, lo que ocurrió finalmente este viernes.
“La CIDH recuerda que en relación con penas impuestas por graves violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido al deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia”, señaló el organismo.
La CIDH hizo hincapié en que ninguno de los condenados ha manifestado conciencia del delito cometido ni del daño ocasionado, y que incluso en algunos casos, justifican sus conductas criminales.
DERECHO INTERNACIONAL
Cuando la Corte Suprema otorgó el beneficio a los exagentes, señaló que tanto el derecho internacional como los tratados suscritos por Chile, permiten reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos de libertad condicional.
Sobre esto, la CIDH admitió que si bien, el derecho internacional permite otorgar este beneficio incluso a los violadores de derechos humanos, “la obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción”.
Además, el organismo señaló que “al contemplarse una medida que afecte el cumplimiento de la pena por delitos de graves violaciones a los derechos humanos, se requiere realizar una ponderación respecto de la afectación que ocasione a los derechos de las víctimas y sus familiares”.
“Se debe considerar (…) la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados; su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares”, consignó.
Esta afirmación tiene particular importancia, debido a que diversas organizaciones sostienen que algunos de los exagentes liberados podrían tener información sobre el paradero de los miles de detenidos desaparecidos que fueron ejecutados en dictadura, y que aun no han sido encontrados.
Por último, la CIDH aseguró que la aplicación de esta medida podría “llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar”.
“Para graves violaciones a los derechos humanos los Estados deben, por tanto, asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción que adopten los tribunales internos, considerando que la imposición de las penas debe contribuir verdaderamente a prevenir la impunidad como mecanismo que impida la repetición de los ilícitos”, cerró.
La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene por objetivo, defender los derechos humanos en la región.
Cerca de 28.000 personas fueron torturadas durante la dictadura de Pinochet, 3.197 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.
