En su Declaración de Intereses y Patrimonio, Piñera reconoció poseer acciones en AntarChile, grupo económico mediante el cual la familia Angelini controla Corpesca, Copec y Forestal Arauco. Por tanto, emerge un nuevo y morrocotudo conflicto de interés: en su gobierno se promulgó la cuestionada Ley Longueira, orientada, como se sabe, a entregar las riquezas del mar de Chile al sector de la pesca industrial, uno de cuyos mayores exponentes es, precisamente, Corpesca.
El diputado por Coquimbo, Daniel Núñez, acusó al ex Presidente Sebastián Piñera de “un evidente conflicto de interés” en la Ley de Pesca, toda vez que reveló en su declaración de patrimonio que tiene inversiones desde 2008 en AntarChile, matriz del grupo económico que controla Corpesca:
«Piñera nunca deja de sorprender con sus conflictos de intereses. Exalmar no era la única inversión que tenía en el sector de la pesca. Ahora conocemos que antes, desde el 2008, posee inversiones en Corpesca. Resulta evidente el conflicto de interés, ya que bajo su gobierno se hizo la corrupta Ley de Pesca. Fue un traje a la medida. Piñera hizo ley de Pesca para enriquecerse».
Según la información que proporcionó Piñera en su Declaración de Patrimonio e Intereses, la segunda mayor inversión que posee en Chile se encuentra en AntarChile, grupo económico mediante la cual la familia Angelini tiene negocios en Corpesca, Copec y Forestal Arauco.
El ex mandatario hizo su primera inversión el 17 de julio de 2008 y actualmente posee acciones valorizadas en 23,6 millones de dólares.
El diputado por la Región de Coquimbo estudia acciones legales para que se investigue el conflicto de interés de Piñera.
Moción apunta a anular licencia pesquera de Corpesca y otras empresas corruptas
Los diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, presentaron una moción parlamentaria que busca poner fin a las licencias de aquellas empresas pesqueras que han estado vinculadas a los casos de corrupción y cohecho, tal como Corpesca y las que se agrupan en Asipes.
El texto declara la nulidad de los actos administrativos en cuya virtud se hayan concedido licencias transables de pesca, a que se refiere la ley Nº 20.657, a las empresas Alimentos Marinos S.A., Congelados Pacífico S.A, Camanchaca S.A., Blumar Seafoods S.A., Foodcorp S.A., Landes S.A., todas pertenecientes a la Asociación de Industriales Pesqueros A.G. y a la empresa Consorcio Pesquero del Norte S.A.
Igualmente, la moción parlamentaria plantea que la nulidad se extienda a los actos administrativos que otorgan licencias transables de pesca a empresas filiales de estas sociedades o que pertenezcan al mismo grupo económico. Esto, especificando que la nulidad no contemple ninguna indemnización.
“Hemos encontrado un artículo en el código civil que permite al legislador anular actos administrativos que se hayan dictado para defraudar. En consecuencia, hemos estimado que estas licencias transables de pesca, que hoy benefician a todos los corruptos pesqueros y se enriquecen con la llamada Ley de Pesca, esas licencias tienen que ser anuladas”, afirmó el diputado Hugo Gutierrez.
El diputado Hugo Gutiérrez, sostuvo que “es este Congreso tiene que tomar medidas”, en torno a los casos de corrupción de empresas pesqueras. “Hemos encontrado un artículo en el código civil que permite al legislador anular actos administrativos que se hayan dictado para defraudar. En consecuencia, hemos estimado que estas licencias transables de pesca, que hoy benefician a todos los corruptos pesqueros y se enriquecen con la llamada Ley de Pesca, esas licencias tienen que ser anuladas”, recalcó.
Para Gutiérrez, la presentación de la iniciativa “es un compromiso ético de este Congreso, abocarse con urgencia a poner fin a estas licencias transables de pesca”.
Por su parte, el diputado Daniel Núñez recordó que el Gobierno comprometió una revisión a la Ley de Pesca, que espera se cumpla en los cerca de 7 meses que quedan para el cambio de administración.
“Creemos que estos elementos deben estar contenidos en una reforma profunda a la ley de pesca. Una empresa que obtuvo beneficios económicos en forma corrupta, que se apropió de lago en forma ilícita, debe dejar de tener esos beneficios”, detalló Núñez.
El diputado por la región de Coquimbo explicó que con la anulación de los actos administrativos, no existe derecho a indemnización a las pesqueras vinculadas a casos de corrupción:
“Nosotros queremos que estas empresas que se roban el patrimonio pesquero de todos los chilenos, después el estado no tenga que además indemnizarlas”.
