La Contraloría General de la República tendrá un plazo de 15 días hábiles para entregar una resolución relacionada a la salida de Roxana Pey del cargo de rectora de la Universidad de Aysén. De esta manera, antes del viernes 19 de agosto habrá una postura final tras la firma del decreto de remoción por parte del ministro del Interior, Mario Fernández, en su calidad de vicepresidente.
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Gobierno ingresó a Contraloría decreto que destituye a rectora de la U. de Aysén La medida se adoptó luego de que Roxana Pey se negara a renunciar, como le había solicitado el Mineduc.
El Gobierno firmó el decreto que destituye de su cargo a la rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey. El documento ingresó ayer en la mañana a Contraloría para su toma de razón, según confirmaron en este organismo.
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La Contraloría tiene ahora un plazo de hasta 15 días hábiles para realizar el proceso. En tanto, el 6 de agosto se promulgan los estatutos de la nueva Universidad de Aysén y –según indica la ley– hasta ese momento la Presidenta de la República «podrá, por motivos fundados, remover al rector».
El Ejecutivo firmó el decreto luego de que la rectora se negara a renunciar, como le había solicitado la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
Ante su negativa, la única vía jurídica para removerla es a través de un decreto presidencial. No obstante, la rectora argumenta que la destitución debe ser por «motivos fundados», lo que, a su juicio, no se cumpliría en este caso. También afirmó esta mañana que sólo dejará su cargo cuando sea notificada por Contraloría de su destitución.
Presidente de Codesa: “Gobierno quiere borrar la gratuidad, la equidad en la admisión y la gobernanza regional de la Universidad de Aysén”
El presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, reiteró que el proceso de la instalación de dicha casa de estudios superiores estatal “ha respondido desde un principio a una mirada centralista, impositiva, en circunstancias que esta se visibilizó luego del Movimiento Social por Aysén, viniendo de una aspiración previa e histórica de los ayseninos”.
En este sentido expresó que “debemos ser claros, tanto la designación como esta remoción, y otras acciones que se han llevado adelante, responden a dicha lógica, donde se cree que los habitantes del territorio son un paisaje y no actores y protagonistas de su destino”.
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El dirigente, quien integra el Consejo Social de la Universidad de Aysén, expresó que “esta controversia es relevante en términos de autonomía universitaria, pero hay aspectos relacionados con los principios que el Ejecutivo quiere eliminar de los estatutos prontos a ser promulgados, y que para nosotros son esenciales. Los argumentos del ministerio de Educación hacen dudar de los valores que defiende el gobierno con la reforma, al ver que quieren borrar la gratuidad, la equidad en la admisión y la gobernanza regional de la naciente universidad”.`
Es así que señaló que “la gratuidad es fundamental, más allá de que este gobierno esté claudicando en este principio. Los derechos sociales se garantizan, no se mercantilizan y la educación es parte de aquello.
Y, por favor, que el ministerio de Educación no nos salga con el cuento que 300 estudiantes de la Universidad de Aysén con educación gratuita van a generar un descalabro en las finanzas del país”.
Agregó que “este Estado que fue solícito para condonar a Johnson’s 59 mil millones de pesos pero reacio para asegurar educación a 300 estudiantes, tiene un problema de prioridades”.
En segundo lugar, “nos parece fundamental buscar mecanismos de admisión que asuman la equidad para el acceso dadas las características regionales y también potencien que sean los jóvenes de Aysén quienes se formen en su universidad. Si no fuera así, debiéramos haber implementado el sistema de voucher privado e individual que gusta a algunos”.
Y, tercero, “una gobernanza interna que combine excelencia académica con participación democrática para que el sentir regional, relacionado con el territorio y comunidad en que está inserta, tenga un grado de injerencia en la marcha de la universidad. Y eso es algo que los gobiernos, gracias a actores regionales funcionales a cuanta cosa se le ocurra a Santiago, no entienden”.
Segura puntualizó que debe incorporar también la universidad “la visión de sustentabilidad acorde a lo que ha dicho la región en diversos procesos de movilización, porque en el tema ambiental es en el cual tenemos ventajas comparativas y tal característica se debe profundizar mucho más.
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Por ello, el foco en este momento está en los estatutos que el gobierno pretende que se aprueben, donde creemos que estos principios, concordantes con el trabajo del Consejo Social de la Universidad de Aysén, deben estar representados”.
