Por Eduardo Contreras
Hace sólo unas horas de nuevo miles de chilenas y chilenos demandaron en las calles algo tan concreto y justo como el cumplimiento de la ley en materia de violación de derechos humanos fundamentales. La dirigencia de las dos más grandes agrupaciones nacionales de familiares, la de detenidos desaparecidos y la de ejecutados políticos, reiteraron la exigencia de verdad y justicia.
Que hablen de una vez los que todo lo saben y que continúen los procesos judiciales por los delitos de lesa humanidad perpetrados por los agentes de la dictadura, aplicándoles penas apropiadas y que las cumplan en prisiones comunes y no en lugares especialmente acondicionados.
Es el grito de años contra el olvido. Una marcha exitosa pese a los sospechosos ultras, encapuchados e infiltrados de la derecha, que recuerdan métodos de grupúsculos fascistas como “Patria y Libertad”.
Hace pocos días los representantes permanentes de los Estados miembros de la ALADI, con sede en Montevideo, Uruguay, aprobamos por unanimidad declarar Ciudadana Ilustre de América Latina a doña Estela de Carloto, la histórica dirigente de las Abuelas de Plaza de mayo de Argentina, a semanas del emotivo encuentro con su nieto, tras tantos años de búsqueda y de lucha contra la mentira de la dictadura de su país y los cobardes asesinos de su hija y su yerno.Ella viajará en fecha próxima al Uruguay a recibir los honores merecidos y una placa recordatoria. Este homenaje en rigor representará a todas las luchadoras en defensa del derecho a la vida.
En la solemne sesión que adoptó el acuerdo recordamoslo sucedido en los países de la región, las dictaduras que mancharon de sangre la historia latinoamericana desde el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, gestado todo por los mismos intereses hegemónicos de la potencia del norte, sus servicios de inteligencia, su aparataje militar y con la complicidad de las oligarquías criollas, de las FFAA nacionales y de las dirigencias políticas de derecha y centroderecha.
A propósito de lo cual y reconociendo la realidad del Uruguay y su historia de los últimos 50 años, con coincidencias y diferencias respecto de la nuestra, caben reflexiones respecto de la relación entre política y dignidad, el respeto a los derechos fundamentales de toda persona, así como los peligros del paso del tiempo y la necesaria lucha contra el olvido.
Cuestión ésta que no tiene nada de nostálgico sino de presente y, más que nada, de futuro. ¿Será necesario reiterar que un pueblo que olvide su historia no tiene futuro?
Para explicarnos,debo señalar que a pocos días de llegar a este país, hace ya 4 meses, concurrí invitado por la Intendenta de Montevideo, Ana Olivares, a una importante actividad como fue la formal declaración de “Monumento Nacional” asignada al Memorial de los detenidos desaparecidos el cual, según se recordó, fue visitado a su solicitud por la Presidenta Michelle Bachelet en su anterior mandato. Un gesto que fue saludado con afecto por la concurrencia.
Sucedió también que un significativo número de personas y autoridades concurrimos en su momento al cementerio montevideano para rendir homenaje a Zelmar Miccelini, el senador uruguayo asesinado en Buenos Aires en 1976 junto al diputado Héctor Gutiérrez.
Por las mismas fechas tuvo lugar un sentido homenaje al jurista francés Louis Joinet, personalidad internacional de los derechos humanos y que fue declarado “ciudadano ilustre” de la República Oriental del Uruguay por su aporte al restablecimiento democrático.
La noche del pasado 20 de mayo bajo intenso frío y lluvia, se realizó la impresionante Marcha del Silencio en homenaje a los detenidos desaparecidos del Uruguay. Más de 30 cuadras repletas de vereda a vereda en la espaciosa avenida 18 de julio ¿40 mil, 50 mil? Para no olvidarlo jamás, muchos jóvenes, sin banderas ni símbolos partidarios, sólo las fotos de las víctimas y lienzos exigiendo saber dónde están y pidiendo castigo para los culpables.Al terminar la marcha – en la que participó el Presidente Mujica y su esposa – se invocaron los nombres de cada una y cada uno de las desaparecidas y desaparecidos mientras la multitud coreaba “¡Presente!”.
Es sin duda enorme el apoyo de masas al movimiento de derechos humanos en este país en el que, sin embargo, todavía no ha sido posible avanzar de manera sustantiva en los procesos judiciales. Curiosamente, sin ese mismo apoyo de masas, en el caso chileno se ha avanzado de manera importante en materia procesal penal, aunque falta todavía mucho por hacer como lo testimonia la marcha reciente.
Es lo que nos lleva a estimar que si en nuestro país las organizaciones de masas por ejemplo, los sindicatos de trabajadores, las federaciones de estudiantes, los centros culturales, en fin las organizaciones sociales, políticas y culturales, instalaran entre sus demandas las que dicen relación con verdad y justicia respecto de los años de la dictadura, se podría avanzar de modo más integral y rápido.
Masificar y sostener en el tiempo las demostraciones de solidaridad con la heroica lucha de los familiares de las víctimas y de los ex prisioneros de Pinochet, pasar de la declaración de apoyo a la demostración pública, contribuiría a crear las condiciones necesarias para ajustar el reloj de la historia y ponerlo a la hora.
La primera querella exitosa fue la del 98, la que llevó adelante el juez Juan Guzmán y que hoy ha sumado a otras mil quinientas, las que son sustanciadas por decenas de jueces de dedicación exclusiva desde octubre del año pasado.
Pero han pasado más de 16 años. ¿Cuántos más habrá que esperar para lograr toda la verdad y procesar a todos los culpables? ¿Y cuántos para recuperar los restos de los desaparecidos?
No se trata además sólo de víctimas nacionales. En Uruguay hay decenas de intelectuales, dirigentes políticos y sindicales que estuvieron prisioneros en el Estadio Nacional, en el Estadio Chile o en otras cárceles de la dictadura.Son conocidos acá fallos como el de la Corte de Apelaciones que condenó a los uniformados que en septiembre del 73 asesinaron a 3 jóvenes uruguayos que se encontraban asilados en nuestro país huyendo de la dictadura entronizada en su nación en junio del mismo año.
Chile y Uruguay. Como Argentina, Brasil, Paraguay…la misma matriz, los mismos oscuros intereses que instalaron dictaduras reaccionarias para afianzar modelos económicos favorables a los conocidos de siempre. Sin verdad, sin justicia, ¿alguien será tan ingenuo como para creer en el “nunca más”, en “reconciliación”, o en perdones ad hoc para la televisión? ¿Acaso se ha olvidado el fracaso de la “mesa de diálogo”?
Mientras subsista el pacto de silencio, mientras no cambien las condiciones que abrieron paso a la peor tragedia de la historia de Chile, no habrá certeza de que Nunca Más se repitan sucesos como esos que, desde el 11 de septiembre del 73, han enlutado a Chile.
Parecerá una burla triste de la historia, pero sucede que el mismo día de la marcha se conocía la noticia del requerimiento del Consejo de Defensa del Estado para que los herederos del dictador se decidan a recibir su cuantiosa herencia. Descontado lo del Riggs y faltando en nuestra opinión otras fuentes – todas irregulares – se estima en unos 22 millones de dólares lo que se repartirían sus parientes. De esa suma, se ha informado oficialmente, al menos 18 millones de dólares son de origen desconocido, ilegal. Sólo en impuestos por el caso Riggs, el tirano adeudaba al Fisco unos 2.500 millones de pesos.
Por cierto que no calza con los sueldos que percibía; lamentablemente, tampoco es un caso único como sabemos. Es decir, al crimen se agregó el saqueo. No hay derecho al olvido, nos haría cómplices.
Fuente: Radio Cooperativa