Según el informe de Shearman & Sterling, Patricio Contesse, ex gerente general de SQM por más de 20 años, dispuso de US$ 30,61 millones de presupuesto entre 2008 y 2014, pero gastó US$ 34,7 millones. El 65% se destinó a asesorías; en otras palabras, sobornos políticos pagados contra boletas y facturas falsas, como ha quedado suficientemente acreditado en la investigación.
El reporte fue presentado a la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos el 7 de enero de este año. Más tarde, fue remitido al Departamento de Justicia norteamericano desde donde la Unidad Antifraudes se comunicó con el fiscal que lleva el Caso SQM, Pablo Gómez.
El trabajo del bufete norteamericano buscaba saber si SQM infringió la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que contempla normas antisoborno y de contabilidad.
Estas prohíben pagos de personas o empresas norteamericanas, firmas listadas (acciones en bolsa o ADRs) en los Estados Unidos o que requieran presentar informes a la SEC, así como extranjeros que se encuentren en el territorio estadounidense y que busquen inducir o influenciar a funcionarios públicos para obtener o mantener determinados beneficios, negocios o contratos.
Según el informe de Shearman & Sterling, el saldo se distribuyó entre remuneraciones, viajes, publicidad, suscripciones, donaciones y varios ítems más.
En asesorías se pagaron US$ 22,74 millones, siendo 2013 el año en que más se gastó y que coincide con la elección presidencial que enfrentó a Michelle Bachelet y Evelyn Matthei. En total fueron US$ 4,5 millones.
Las sanciones para las empresas llegan hasta los US$ 2 millones, mientras que para las personas alcanzan hasta los US$ 250 mil y hasta cinco años de cárcel. Mientras que en el caso de infracción a las normas de contabilidad, las firmas se exponen a multas de hasta US$ 25 millones, y en el caso de personas, a sanciones por US$ 5 millones y hasta 20 años de prisión.
Shearman & Sterling sostiene que no hay evidencia de que se contravenga la FCPA respecto de un supuesto beneficio directo o negocio concreto.
Sin embargo, sí quedaron acreditadas problemas contables y tributarios.
